Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Lucha facciosa y debilidad institucional

Algunos conflictos de amplia repercusión pública en facultades de la UBA instalaron una discusión sobre las prácticas institucionales: designaciones docentes, apertura de nuevas cátedras, cambios en los planes de estudio, debates en torno a los mecanismos para obtener financiamiento… La universidad vive una lucha facciosa y clientelar que no se diferencia mucho de la que se observa en la política argentina.

Durante los años '90, las instituciones universitarias afrontaron fuertes cuestionamientos, en un clima de severas críticas al manejo de sus recursos y presupuestos. La legitimidad de la existencia de un sistema universitario abierto, signado por el ingreso irrestricto y la gratuidad, pilares de la reconstrucción universitaria iniciada a finales de 1983, fue puesta en cuestión en el marco del auge de las ideas neoliberales sobre la inversión en el sistema educativo y las propuestas elaboradas por diferentes organismos internacionales en torno a la reorganización del sistema universitario. Los temas vinculados al financiamiento, al arancelamiento y a la utilización que las casas de estudios hacían de los fondos estatales ocuparon un lugar central en la agenda del debate académico. Unas pocas instituciones universitarias públicas aceptaron imponer aranceles en sus actividades de grado, aunque las generalizaron en el caso de los posgrados e incluso establecieron en algunas facultades, particularmente en las de medicina, severos exámenes de ingreso. Las universidades sobrevivieron en el marco de fuertes restricciones presupuestarias y en un contexto signado por el aumento sostenido de la matrícula. Durante esa década se impuso también en las casas de estudios un sistema de evaluación con parámetros organizados por el Ministerio de Educación nacional con criterios netamente mercantilistas, que condicionó las actividades docentes y, sobre todo, las de investigación. Las pautas de evaluación impuestas desde entidades hasta cierto punto ajenas a las propias universidades fueron aceptadas a regañadientes, sobre todo cuando se restringía la posibilidad de obtener fondos para incrementar los ya magros salarios de docentes e investigadores o poner en marcha nuevos proyectos académicos y científicos.

Sin embargo, debe reconocerse que las casas de estudios lograron contrarrestar algunos de los intentos más ostensibles de podar sus presupuestos, establecer restricciones masivas al ingreso o arancelar indiscriminadamente los estudios de grado. Cuando en 1999 se anunció un recorte en el presupuesto de casi cien millones de pesos, la comunidad universitaria reaccionó movilizándose en las calles, el ajuste fue descartado y esto llevó al gobierno de Menem a una de sus últimas crisis de gabinete. Una situación similar se produjo en 2001, durante el breve paso de Ricardo López Murphy por el Ministerio de Economía. La decisión, una vez más, de restringir los fondos para las universidades, provocó la cerrada reacción de la comunidad académica, con el apoyo de la opinión pública. Esos episodios reflejaron, en gran medida, el papel que la educación conserva en el imaginario de los argentinos como instancia para el ascenso social y la fuerza de las nociones colectivas en torno a la responsabilidad indelegable del Estado en su promoción. Por otro lado, mostraron la solidaridad interna del cuerpo universitario. Docentes, empleados administrativos y estudiantes se movilizaron en forma conjunta. Obtuvieron un apoyo prácticamente sin reservas en la mayor parte del arco opositor, encontraron un eco significativo en el Congreso y mostraron la capacidad de presión de la comunidad universitaria. Durante estos años y a menudo en circunstancias críticas, la comunidad universitaria manifestó una notable capacidad para defenderse corporativamente y pelear por sus recursos, a veces a expensas de otros segmentos del sistema educativo.

En los últimos tiempos, el debate sobre las cuestiones presupuestarias y el ajuste pasó a un segundo plano, aunque la situación no ha mejorado sustancialmente. La crisis de 2001 y la brutal devaluación que le siguió degradaron aun más los ya disminuidos salarios de los universitarios como los de la inmensa mayoría de los trabajadores argentinos. Pero es indudable que el discurso oficial no proclama hoy la necesidad del ajuste en las casas de estudios y ya desde hace un tiempo no se producen los intensos movimientos de protesta o huelgas asociados a reivindicaciones presupuestarias o salariales que se verificaron durante los '80 y '90. Por supuesto que la necesidad y las expectativas de una mejora de la situación permanecen, lo que indica que esta paz relativa no se prolongará por mucho tiempo. Por otro lado, es notorio que el consenso sobre la relevancia de la inversión en la educación superior ha ido ganando un espacio significativo en la opinión pública y en círculos de diferente orientación política e ideológica. 

Tensiones internas 

Esto permitió que otra clase de cuestiones ganara el primer plano en la agenda del debate universitario. Un conflicto institucional en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que culminó con la destitución y posterior restitución del decano y el episodio vinculado con la creación de una cátedra paralela de la materia Historia Social General en la Facultad de Filosofía y Letras, cobraron un inusitado espacio en los medios de comunicación. Durante los '90 surgieron pocas voces críticas desde el interior de la universidad para debatir los problemas internos, en particular los vinculados con el funcionamiento de sus instituciones, la organización de su gobierno o las formas de reclutamiento de su personal científico y docente. La necesidad de mostrar un frente homogéneo ante quienes procuraban debilitar al sistema de enseñanza universitaria pública restringiendo sus recursos dejó en un segundo plano el problema de las prácticas académicas y políticas en la universidad. Durante aquellos años la discusión sobre la universidad mantuvo un tono excesivamente economicista, que no prestaba atención a otras dimensiones centrales de la vida académica. Pero incluso cuando se ponía la lupa sobre estas cuestiones, se utilizaban criterios excesivamente simplistas, atribuyendo sólo a una excesiva partidización de las estructuras de gobierno universitarias la raíz de los problemas institucionales de las casas de estudios. Los episodios mencionados desnudaron las importantes tensiones internas existentes en las grandes universidades, agudizadas en los últimos años por la inercia que caracteriza su funcionamiento y por su incapacidad para procesar cambios y renovar sus estructuras en lapsos relativamente razonables. Así, son las cuestiones vinculadas con los entramados de poder de las universidades, con la calidad de las prácticas institucionales existentes, con la forma de selección y promoción de sus docentes las que han pasado a primer plano. Los comportamientos individuales y corporativos de sus actores están hoy en el centro del escenario.

Las tensiones que revelan los sucesos de Ingeniería y Filosofía y Letras encuentran su raíz, en cierta medida, en la vigencia de sistemas de gestión e instituciones pensadas para otros tiempos y otras circunstancias de la vida del país y la propia universidad. Los esquemas que rigen el funcionamiento de las instituciones universitarias son para muchos de sus protagonistas casi sagrados y no se pueden ni siquiera discutir. Esto sucede, por ejemplo, con los de la Reforma de 1918 que, con modificaciones posteriores, rigen hoy el gobierno universitario. Los principios de este movimiento se implantaron cuando existían sólo tres universidades nacionales y un par de instituciones provinciales de enseñanza superior y los estudiantes universitarios no superaban, en todo el país, los nueve mil. Cuando entonces se tomó la decisión de sancionar el cogobierno de profesores y estudiantes para las grandes universidades se buscaba otorgar el control de la institución a las fuerzas que efectivamente actuaban en su seno y protagonizaban la vida académica. Los estatutos establecieron, en principio, un gobierno compartido entre los profesores titulares, los suplentes (las dos grandes categorías de docentes con que contaban las Universidades de Córdoba y Buenos Aires) y los estudiantes. Las normas sancionadas otorgaron derechos políticos al grueso de los actores de la vida universitaria y terminaron con el gobierno de pequeños círculos de notables que decidían sobre la vida de las casas de estudios a menudo sin desempeñar ningún tipo de actividad en ellas. Por otra parte estos estatutos eran congruentes con el proceso de democratización que experimentaba por entonces la sociedad argentina, expresado en la sanción de la Ley Sáenz Peña.

 Crisis de representatividad 

Pero las circunstancias de la vida universitaria se transformaron radicalmente. A partir de la década de 1950, la enseñanza superior se masificó. Hoy, solamente la Facultad de Psicología de la UBA cuenta con 22.000 estudiantes. La autonomía en la que pensaban los reformistas de 1918 se ha convertido en garantía del control de la universidad por un grupo muy reducido. Esto ha generado una severa crisis de representatividad, uno de los factores que originan las tensiones en las casas de estudios. Esta circunstancia se explica por la naturaleza de las leyes y los estatutos vigentes, su funcionamiento, y sobre todo por los problemas vinculados con los sistemas de concursos, uno de los fundamentos de la organización universitaria.

La Ley de Enseñanza Superior y los estatutos garantizan la mitad de las plazas en los consejos directivos, en la mayoría de los casos, a un sector dentro del total de los docentes, generalmente los profesores. Por otro lado, el incremento de la matrícula en muchas universidades nacionales ha forzado un aumento de la planta docente de cierta importancia entre los asistentes y auxiliares, pero más restringida en el caso de los profesores, distorsionando así la pirámide docente. Además, la posibilidad de elegir y ser electo para los cargos de gestión y la estabilidad en el cargo están limitadas a aquellos que han accedido a sus puestos mediante concursos. El problema radica en que el número de docentes concursados es extremadamente bajo en relación con quienes efectivamente enseñan. En la Universidad de La Plata el porcentaje de docentes concursados llega a un 48%; en la de Rosario a un 38% y en la de Buenos Aires es menor al 20%. Pero en algunas de las dependencias de la UBA es extremadamente bajo, como en el cuestionado Ciclo Básico Común, donde no supera un 4% del total. El tema merece un análisis en profundidad, pero sería demasiado sencillo atribuir esta situación a problemas burocráticos o presupuestarios. La decisión de poner en marcha o no un concurso está librada a la buena voluntad de los miembros de los organismos que gobiernan la universidad. El otorgamiento de un cargo concursado supone la cesión de espacios de poder, con lo que resulta difícil que se tome voluntariamente. La principal consecuencia de la distorsión de la pirámide docente y del retraso en los concursos reside en que los derechos políticos en las universidades han quedado restringidos a una muy pequeña porción del claustro de profesores.

 Clientelismo 

Hace ya tiempo que no se renuevan los cuerpos de docentes y profesores en diversas unidades académicas, sobre todo en las más grandes. Esto ha permitido que se perpetúe en el poder de las casas de estudios una élite profesoral que actúa en forma corporativa y defiende con dureza sus privilegios. Los intereses corporativos obstaculizan a menudo las discusiones sobre las reformas de los planes de estudio, la conformación de nuevas cátedras y las promociones de auxiliares y profesores. Un grado mayor de dinamismo y apertura en los concursos permitiría la renovación y la democratización del cuerpo de profesores.

El manejo de los concursos y designaciones constituye el centro de los mecanismos clientelares que dominan el cuerpo de las academias. Hay concursos que esperan durante años su convocatoria y otro tanto su sustanciación. Pero la sustanciación de un concurso constituye sólo uno de los primeros pasos, en un proceso mucho más largo. Los dictámenes son examinados primero por los consejos directivos, luego por el los consejos superiores. El trámite puede durar, con suerte, un año, si no existen objeciones de peso. Pero cuando se presentan discrepancias entre los jurados o impugnaciones a sus decisiones es posible que la resolución insuma un tiempo mucho más prolongado. La posibilidad de que el expediente prospere depende, por lo general, de la voluntad política de los consejeros de las diferentes instancias. En qué lugar se ubica el aspirante en relación con las internas políticas de cada Facultad es a menudo una variable central en la decisión que se tomará, finalmente, en relación con su concurso y posterior designación en el cargo al que aspira.

Intelectuales y científicos sociales cuestionan con dureza la práctica del clientelismo en el ámbito de la política nacional. Pero en el interior de las instituciones universitarias la situación no es esencialmente diferente, como señalan algunos académicos prestigiosos. A menudo, los mejores y más talentosos científicos construyen extensas y sólidas clientelas. Es probable que algunas de estas clientelas se encuentren constituidas por docentes más calificados que los que integran otras. Pero esto no elimina la naturaleza perversa del vínculo que las sostiene. La labor de un investigador universitario, sus propias calificaciones y su lugar en la estructura académica no dependen hoy solamente de su trabajo individual, sino también del de sus discípulos. La posibilidad de acceder a los cargos jerárquicos y hacer una carrera política en la universidad depende de los votos de los colegas, pero estos viven inmersos en una extensa red de favores que afecta de manera decidida, aunque a veces indirecta, el funcionamiento de los concursos.

Los problemas de representatividad no se limitan al claustro de profesores. También afectan a los estudiantes. Se ha criticado a menudo el hecho de que las agrupaciones estudiantiles que disputan los cargos en los consejos y en la conducción de los centros de estudiantes se alineen en función de su pertenencia a los grandes partidos políticos nacionales. Pero la política estudiantil en la universidad de masas deja poco espacio para otro tipo de iniciativas. Es muy difícil construir agrupaciones en condiciones de disputar el poder a sectores que cuentan con recursos cuantiosos para hacer propaganda, militantes en condiciones de invertir tiempo en campañas electorales, en obtener avales o en fiscalizar elecciones. Los objetivos de los representantes estudiantiles terminan obedeciendo más a los programas políticos nacionales de sus agrupaciones que a la defensa de los intereses de sus representados o a la construcción de un proyecto específicamente universitario. En algunas unidades académicas este problema está agudizado debido a las particularidades de los enfrentamientos entre los propios estudiantes. Los sistemas de elección han permitido en ciertos casos que grupos extremadamente radicalizados adquieran un rol decisivo en los órganos de gobierno. A menudo esto ha dejado presos a los consejos de las elecciones de sectores escasamente preparados para decidir sobre cuestiones académicas relevantes y dispuestos a establecer en forma oportunista acuerdos con las diferentes facciones de graduados y profesores. Un agudo problema de representatividad también se verifica en el mismo claustro de graduados, por lo general docentes auxiliares que dependen para el desarrollo de sus carreras profesionales de los profesores titulares o adjuntos que actúan como sus jurados en concursos y que son quienes deciden, a largo o mediano plazo, sobre la continuidad o no de sus carreras.

 Debilidad de las normas 

Las designaciones docentes, la apertura de nuevas cátedras, los cambios en los planes de estudio, los debates en torno a los mecanismos para obtener financiamiento, terminan presos de una lucha facciosa y clientelar que no se diferencia mucho de la que se observa en la política argentina en términos generales y que se desenvuelve tanto en las juntas departamentales como en los consejos directivos de las facultades. La construcción de clientelas en el mundo universitario no constituye, por supuesto, una particularidad local. El problema aquí es que la propia debilidad de las instituciones hace que la lucha de facciones se vuelva difícilmente controlable y termine condicionando el desarrollo global de la actividad académica. Por lo general la conciencia de la necesidad de la vigencia irrestricta de normas objetivas y estables aparece entre los actores universitarios cuando se encuentran en la oposición. Cuando llegan a los puestos directivos tienden a adoptar los mismos comportamientos de sus antecesores. Como en otros ámbitos de la vida pública argentina, la universitaria adolece, entre otros problemas, de la debilidad de los marcos normativos que la organizan. La falta de reglas, la transgresión de las normas y la imposibilidad de consensuar ciertos criterios mínimos para asegurar el funcionamiento regular de la institución afectan a la universidad de manera decidida. Así es como con el paso del tiempo el sistema ha generado sus propios excluidos. Las tensiones derivadas de esta situación son las que han estallado en la universidad en los últimos tiempos.

Los problemas presupuestarios e institucionales están estrechamente vinculados. Es indudable que en Argentina se invierte desde el sector público mucho menos de lo necesario en la enseñanza superior y las reiteradas comparaciones con países del Primer Mundo e incluso algunos latinoamericanos así lo demuestran. Pero es cierto que esa inversión requiere de una reversión del proceso de degradación institucional.

En este sentido hay algunas cuestiones que requieren una respuesta urgente. En primer término, en qué medida puede efectivamente revertirse ese proceso desde las propias instituciones académicas. Aunque muchos de los problemas de éstas son similares a los que pueden percibirse en la política y la sociedad argentinas, la universidad conserva en su seno reservas que en la propia sociedad se encuentran en retroceso. Éstas residen en sus estudiantes, que llevan a cabo esfuerzos admirables por construir sus carreras en condiciones extremadamente desfavorables, en la vocación de muchos de sus docentes y profesores que invierten tiempo y esfuerzos en la formación de estudiantes y discípulos. Las universidades siguen siendo uno de los pocos lugares del país en que la cultura de la austeridad, el esfuerzo y el rigor se conservan. Revertir ese proceso de degradación institucional permitiría construir una nueva agenda, que debiera ocupar el centro de la escena en los próximos años, para debatir, por ejemplo, sobre las ya anquilosadas estructuras de cátedra; sobre la reforma de los planes de estudio y estructuras curriculares (que hace casi veinte años que no se renuevan por los propios intereses de quienes han unido sus carreras profesionales individuales a la vigencia de dichos planes); sobre las formas de enseñar y aprender; sobre las habilidades y conocimientos que se esperan de los estudiantes o las preguntas por el qué o para qué de la investigación en la universidad. Quizás esa agenda podría empezar a develar también las formas a partir de las cuales la institución podría liberarse de las facciones y ser devuelta a su sociedad.

Autor/es Pablo Buchbinder
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 63 - Septiembre 2004
Páginas:34,35
Temas Políticas Locales, Educación
Países Argentina