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La OMC no es la solución, sino el problema

Decenas de miles de personas se congregarán a fines de este mes en Seattle para protestar ante las autoridades que se reunirán para negociar aún mayor liberalización en los intercambios comerciales en el marco de la denominada Ronda del Milenio. El creciente movimiento mundial anti-OMC la acusa de "antidemocrática y destructora de las libertades tanto como del medio ambiente".

En los conflictos suscitados por la banana y la carne con hormonas Estados Unidos le impuso su ley a la Unión Europea, por intermedio de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Ahora intenta imponer por los mismos medios el tema de las exportaciones de organismos genéticamente modificados (OGM). Todos estos acontecimientos, entre otros tantos, han contribuido a la movilización sin precedentes de amplios sectores de la opinión en contra de la tiranía de una organización internacional cuya próxima conferencia ministerial se llevará a cabo en Seattle a partir del próximo 30 de noviembre. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué es exactamente esta OMC que irrumpe repentinamente en la vida de los ciudadanos y de la ciudad?

En el comienzo estaba el Acuerdo General sobre Tarifas Aduanera y Comercio (GATT). Desde el año 1947, los embajadores de los países miembros (o "partes contratantes") de esta institución -esencialmente un foro de negociaciones- trabajaban discretamente en una rebaja en los derechos aduaneros sobre las mercancías. Al final del octavo ciclo de negociaciones -la Ronda Uruguay, que se extendió de 1986 hasta 1993- los largos años de esfuerzos dieron por fin resultado: en marzo de 1994, los ministros reunidos en Marrakech firmaron el acta de nacimiento de la OMC, cuyas ochocientas páginas -varios miles con los anexos- imponen al comercio mundial un marco mucho más exigente que el del fragilizado GATT.

En las sombras, los lobbistas de las empresas transnacionales (ETN), presentes desde hace largo tiempo en el entorno de los negociadores oficiales, se frotan las manos: con la OMC disponen finalmente del instrumento ideal para dar los últimos toques a la mundialización e imponer nuevas reglas -las suyas- a todas las actividades humanas, en adelante definidas como objetos de "comercio".

Una radiografía

La OMC, que a diferencia del GATT se beneficia con el estatuto de organización internacional, cuenta con 134 Estados miembros, a los cuales se agregan unos treinta observadores. Comparados con los del Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), los miembros de su secretaría -alrededor de 650 personas- son pocos; tanto que ocupa en Ginebra los mismos locales que el antiguo GATT. Su nuevo director general, designado luego de enfrentamientos tan ásperos como inconvenientes, se llama Mike Moore, un neoliberal neozelandés que dentro de tres años será reemplazado por su desafortunado competidor, el tailandés Supachai Panitchpakdi, quién concluirá el resto del correspondiente mandato de seis años.

A orillas del lago Lemán, la amplia residencia de la OMC alberga actualmente no sólo al GATT, todavía a cargo de la liberalización del comercio de mercancías, sino también a una buena docena de otros acuerdos. Entre los más importantes está el concerniente a la agricultura, que abarca por sí solo a más de 160 sectores y subsectores, entre ellos la educación, la salud y el medio ambiente1. El TRIPS (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC) rige la propiedad intelectual, incluidos la biotecnología y el patentamiento de los microorganismos y de los procesos microbiológicos. El TRIMS (Trade Related Investment Measures), se ocupa de las inversiones "relacionadas con el comercio".

Una de las principales misiones de la OMC, la eliminación de las "barreras no arancelarias" para el comercio, se lleva a cabo en parte gracias a otros dos acuerdos que de técnica sólo tienen la apariencia. Tanto el acuerdo sobre las barreras técnicas para el comercio (TBT) como el acuerdo sobre las medidas sanitarias y fito-sanitarias (SPS) pretenden "armonizar" las normas y las reglas en materia de protección del medio ambiente, de la salud pública y de los consumidores.

En la práctica, esta "armonización" impone topes que tienen por efecto final alinear todas las legislaciones nacionales, sobre todo las más eficaces, siguiendo el denominador común más bajo, y ubicar así el principio de precaución fuera de la ley. Aquel que se niega a importar tal o tal producto, so motivo que puede ser peligroso para la salud o destructivo para el medio ambiente, deberá aportar las pruebas científicas que así lo certifican. No es el productor quien debe demostrar la inocuidad de lo que pretende vender. Una de las batallas de fondo entre los países miembros de la OMC se fundamentará en este principio: ¿a quién le incumbe la carga de la prueba? ¿Cuáles son los estatutos y los límites de la ciencia cuando aún subsisten dudas?

El temible Organo de Reglamento de los Diferendos (ORD), que domina el edifico de la OMC, constituye la fuente de su poder a la vez ejecutivo y jurídico. Antaño, cuando el GATT quería sancionar a un país que no respetaba sus reglas de juego, todos los miembros debían estar de acuerdo…incluyendo al que debía sufrir las sanciones. Es decir que le faltaba algo de autoridad. En cuanto a la OMC, impone una disciplina inversa e implacable: cuando su ORD decreta sanciones, los miembros, incluido el demandante, deben ser unánimes en decidir no aplicarlas.

De allí, por ejemplo, el indiscutible derecho de EE. UU. para penalizar el roquefort, el foie gras y las mostazas de Dijon, gravándolos con derechos aduaneros prohibitivos. ¿Se niegan los europeos a importar carne con hormonas, pese a la conminación de la OMC? Allá ellos, pero deberán entonces compensarles cada año a EE. UU. y Canadá su lucro cesante. Mediante el juego llamado de "represalias cruzadas", estos países eligen productos con fuertes gravámenes, lo que puede hacer reflexionar a adversarios recalcitrantes.

Los grupos especiales (paneles) de la OMC, que han dirimido más de 170 litigios a la fecha, son nombrados en condiciones poco claras. Los nombres de los "expertos" que los conforman (sesionan a puertas cerradas, sin ninguna posibilidad de que personas ajenas hagan presentaciones) no se hacen públicos. No se sabe casi nada de este procedimiento opaco, salvo que es sorprendentemente expeditivo: un conflicto suele zanjarse en doce meses, o como máximo en dieciocho. Canadá, primer productor mundial de amianto, pensaba verse beneficiado por esta celeridad y obligar a los europeos a importar nuevamente esta sustancia cancerígena: la decisión del grupo especial debía anunciarse a principios de diciembre, coincidiendo con el inicio de la Conferencia Ministerial de Seattle. Curiosamente, sólo se conocerá en el mes de marzo del 2000…

Sin el menor aviso previo, la OMC creó así una auténtica corte internacional de "justicia" que decide sobre el derecho y establece una jurisprudencia en la cual las leyes nacionales existentes son otros tantos "obstáculos" para el comercio y deja sistemáticamente de lado toda consideración en cuanto al medio ambiente, lo social o la salud pública.

De este modo, no hace otra cosa que respetar los grandes principios que rigen todo su accionar. Por ejemplo, la cláusula de nación más favorecida exige una paridad de tratamiento entre productos similares provenientes de diferentes países miembros. Sobre esta base, la OMC pudo denegarle a la Unión Europea el derecho de adoptar una política exterior propia en la decisión sobre la banana. Para la OMC, una banana no es más que una banana, provenga de Ecuador o de las antiguas colonias europeas, los países llamados ACP (Africa, Caribe, Pacífico). Al diablo con la convención de Lomé.

La denuncia "banana" fue presentada por EE. UU. (cuyas extensas plantaciones de bananas son bien conocidas), por cuenta de Chiquita Brands, antiguamente United Fruit. Poco importa que los obreros de Chiquita sean notoriamente maltratados o que los agricultores del Caribe no dispongan de ninguna alternativa a la producción de bananas. Lo importante es que el presidente de Chiquita aporte grandes sumas a los dos partidos políticos estadounidenses. El ron y el azúcar, también regidos por la convención de Lomé, amenazan con tener el mismo destino.

La cláusula del tratamiento nacional prohibe toda discriminación hacia productos de origen extranjero, particularmente sobre la base de sus condiciones de producción humanas o ecológicas. En otras palabras, no se debe tomar en cuenta en absoluto los "procesos y métodos de producción" (PMP). La única excepción a las reglas son las mercancías fabricadas por prisioneros… pero no hay que invocar ni el desarrollo perdurable ni los derechos humanos y por ende no se debe ni recompensar ni castigar a países socios comerciales en función del respeto hacia tales nociones. El artículo concerniente a la "eliminación de las restricciones cuantitativas" establece las cuotas y las negativas a importar o exportar. Esta disposición bien podría dejar sin efecto varios acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AME/AMMA) y diversas convenciones sociales.

En efecto ¿cómo impedir el comercio de las especies en peligro o el de los desechos tóxicos? ¿Cómo limitar las exportaciones de cereales, aun en tiempos de penuria alimentaria nacional, o las de troncos de árboles cuando las selvas son devastadas? Los acuerdos sobre las "barreras técnicas" y sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias vienen a potenciar este arsenal legal. Una cantidad incalculable de normas, de reglas o de leyes nacionales, medidas con esta vara, podrán ser facilmente calificadas como "obstáculos al comercio".

Avanzar con el libre mercado

He aquí algunas de las trampas que tapizan el camino hacia la reunión de la instancia suprema de la OMC, la conferencia ministerial de Seattle. Las precedentes (Marrakech en 1994, Singapur en 1996, Ginebra en 1998) fijaron el orden del día: se tratará de reexaminar los acuerdos sobre la agricultura, los servicios y, en principio, la propiedad intelectual. Seattle debe decidir sobre el contenido de lo que se denomina pomposamente, siguiendo a Sir Leon Brittan, la Ronda del Milenio (Millenium Round).

El proyecto consiste en concluir este ciclo por un acuerdo global en los próximos tres años. La negociación debe hacer progresar la liberalización e impedir cualquier retroceso: es la regla en la OMC. En consecuencia, EE.UU. duda en replantear el acuerdo TRIPS y la controvertida cuestión de las OGM (Organismos genéticamente modificados), sobre todo porque los países africanos, en un trámite sin precedentes ante la Secretaría de la OMC, reafirmaron su oposición al patentamiento de lo viviente.

Se pronostica una batalla sin piedad entre el Grupo de Cairns -aliado de EE.UU., que reúne a 15 grandes países agrícolas exportadores- y Europa y Japón sospechosos de proteger "demasiado" a sus agricultores. Para el grupo de Cairns, sólo existen productos agrícolas, que deben competir tanto como cualquier otra mercancía. La Unión Europea, bajo presión de Francia, hace valer la "multifuncionalidad" de la agricultura, puesto que protege la diversidad, el medio ambiente y la vida rural2. Por su lado, los productores estadounidenses alientan a sus gobiernos a "resistir enérgicamente todo intento de introducir el concepto de multifuncionalidad"3.

No se sabe aún en qué orden serán tratadas las diversas áreas que abarca el acuerdo sobre los servicios. Sin embargo, si se escucha la palabra "horizontal", habrá que sacar inmediatamente las garras puesto que, en el lenguaje de la OMC, significa que una medida de liberalización aceptada en un área debe ser extendida a todas las otras. Por ejemplo, una medida de liberalización aplicada a los bancos o las compañías de seguros también debería serlo a la educación y a la salud.

Si los Estados tienen sus prioridades, los círculos de negocios tienen las suyas. La Coalición estadounidense de las industrias de servicio (USCSI/CEUIS) hace hincapié en la distribución, las finanzas, las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, el turismo y la salud. Enfrente, bajo la dirección del presidente del Barclays Bank, el Grupo Europeo de Líderes de Servicios (ESLG/GELS) se ocupa de 21 sectores. Para ayudarlos, la Comisión de Bruselas ha implementado un sistema electrónico que les permite a los "negociadores europeos consultar rapidamente a la industria"4.

La Coalición estadounidense de servicios de energía conmina a Charlene Barshevsky, representante especial del Presidente para el comercio -o sea, negociadora en jefe- a que incluya sus actividades dentro del acuerdo sobre los servicios, donde todavía no figuran. Esta coalición de 27 miembros, que representa centenares de miles de millones de dólares, sin hablar de kilovatios y de termías, amenaza con salirse con la suya. Brasil, Francia y Noruega, todavía adeptos del servicio público en estas áreas, fueron señalados como " posibles opositores"5.

En vísperas de las negociaciones de Seattle, aún se desconoce qué otros sectores podrían agregarse a este orden del día llamado "fijo" (agricultura, servicios, propiedad intelectual). Los europeos quieren estirar esta lista al máximo: inversiones, mercados públicos, "facilitación" del comercio, política de competencia, medio ambiente, derecho del trabajo, trato especial para los países del Sur. Creen que todo es válido para establecer la mejor relación de fuerzas posible con Washington y en consecuencia reducir la tan temida presión sobre la agricultura.

Prudentes, los negociadores estadounidenses prefieren por ahora no incluir la inversión, por temor a alertar el movimiento ciudadano que hizo naufragar el Acuerdo Multilateral sobre la Inversión (AMI) en octubre de 19986. De todas formas, pueden lograr muchas ventajas para los inversionistas mediante un buen acuerdo sobre los servicios que prevea el derecho de presencia comercial: este sector, aún virgen de toda reglamentación, debe permanecer con tarifas aduaneras cero. Los mercados públicos -aproximadamente un 15% del producto bruto nacional (PBN) de la mayoría de los países- son por supuesto un blanco jugoso, con lo cual EE. UU. quisiera que figuren en las discusiones, pero quizás deba conformarse con un grupo de trabajo, sin perjuicio de que se liberalice más adelante.

En cambio, será inflexible en cuanto a la inscripción en el orden del día de la iniciativa llamada ATL/LAT ("liberalización acelerada de las tarifas") que define ocho áreas inconexas en las cuales las tarifas nulas deben convertirse rapidamente en regla. Además de las joyas, los juguetes o el instrumental médico, en la lista se encuentran -de manera mucho más preocupante- los productos forestales y pesqueros, áreas en las cuales las tarifas cero acelerarían la destrucción de recursos no renovables. En cuanto a este asunto, Washington cuenta con el apoyo del conjunto de los países de la APEC /CEPA (Cooperación Económica Asia-Pacífico) que representan el 60% del comercio mundial. Y a nadie le sorprenderá que esta iniciativa de la ATL/LAT haya provocado la formación de una coalición más de empresas, entre ellas Dow, Dupont, Kodak, General Electric, y la American Forest and Paper Association7.

El Sur, relegado

¿Y los países del Sur? La UE no deja de reiterar que deben ser objeto de medidas particulares. Mientras esperan verificar si estas palabras serán seguidas por hechos, muchos de ellos todavía no cuentan con un embajador en la OMC y se quejan de haber hecho a menudo concesiones sin nada a cambio, especialmente en el área de los textiles y de la indumentaria. Su prioridad es que se apliquen los compromisos del Ciclo de Uruguay que los favorecen. Luego habrá tiempo para evocar otros temas. También desconfían de las veleidades europeas y estadounidenses en cuanto a discutir sobre las cláusulas ecológicas o sociales (especialmente el respeto de las convenciones de base de la Organización Internacional del Trabajo). Para ellos, este trámite es proteccionismo encubierto, y podría invalidar las únicas auténticas ventajas de las que disponen los países pobres.

El movimiento internacional que echó por tierra al AMI se movilizó en contra de una OMC fundamentalmente antidemocrática y destructora de las libertades, tanto como del medio ambiente. A menudo acusado por los partidarios del libre intercambio de querer retrotraer el mundo a los años treinta y a las guerras comerciales -cuando no a la guerra propiamente dicha- este movimiento replica que las reglas son necesarias para el comercio internacional, pero no las de la OMC. Existe otro derecho internacional -derechos humanos, acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, derecho del trabajo- al cual deben subordinarse los intercambios. La economía debe estar al servicio de los ciudadanos y de su entorno natural, y no a la inversa. Cuando se liberaliza demasiado, se mata la libertad.

Más de 1.200 organizaciones de 85 países piden que ningún nuevo sector caiga bajo jurisdicción de la OMC y que se decrete una moratoria mientras se aguarda una descripción detallada y una evaluación completa de los resultados y del funcionamiento de esta organización; esto con la participación plena y completa de los ciudadanos. Se está operando un cambio histórico en el seno mismo del proceso de "mundialización": millones de personas se movilizan, nacional o internacionalmente, en torno de un tema en apariencia técnico, complicado y lejano. Varias decenas de miles estarán en Seattle, donde se espera la mayor manifestación en Estados Unidos desde la de Chicago en 1968, cuando la convención del Partido Demócrata.

Las consignas de los organizadores a los manifestantes son muy estrictas: nada de drogas ni de alcohol; permanecer en todo momento en un "grupo afín" de cinco a veinte personas, con responsabilidades adecuadamente deslindadas en caso de arrestos o de provocaciones. Un colectivo de abogados asistirá a todos aquellos pasibles de ser interpelados por fuerzas del orden, que se hallarán literalmente en pie de guerra: tanto los servicios secretos, FBI, la Oficina del alcohol, del tabaco y de las armas de fuego, la Agencia Federal de gestión de urgencias, el sherif del condado como la policía de Seattle han dispuesto un riguroso operativo en contra de este monomio gigante, cuyas armas serán treparse a los edificios, las banderolas, los "teach-in" y el teatro callejero.

Todos están unidos por la misma convicción: hay que luchar unos para otros, si no todos serán vencidos al final. Por ende, el campesino no debe interesarse sólo por la agricultura, el cineasta por las películas y el consumidor por su salud. No existe el problema de la carne, de las bananas, de la diversidad cultural o del patentamiento de lo viviente: el problema es la OMC.

  1. Ver la lista de los servicios en Susan George, "A l´OMC, trois ans pour achever la mondialisation", Le Monde diplomatique, julio de 1999.
  2. José Bové, "Contra la comida basura", Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, octubre de 1999.
  3. Carta de las US Wheat Associates (Asociación estadounidense del trigo) a la embajadora Charlene Barshevsky, 23-7-99.
  4. GATS 2000: Opening Markets for Services, documento sin fecha de la Comisión Europea (DG1).
  5. Carlos Gabetta, "Multinacionales al poder", Revista Trespuntos Nº 34, 19-2-98.
  6. Carta de la Coalición americana de servicios de energía a la embajadora Charlene Barshevsky, 11-6-99; "U.S. to press for new energy agenda in services negotiations", Inside US Trade, Washington DC, 11-6-99.
  7. Carta de la Coalición ATLC a la embajadora Barshevsky, 6-8-99
Autor/es Susan George
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 5 - Noviembre 1999
Páginas:6, 7
Traducción Dominique Guthmann
Temas Deuda Externa, Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Estado (Política), Geopolítica, Movimientos Sociales, Medioambiente
Países Canadá, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Uruguay, Japón, Singapur, Francia, Noruega