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Después del Aguante en la plaza

Corrientes se vio sacudida, desde el 7 de junio hasta el 20 de diciembre de 1999, por el movimiento social conocido como la Plaza del Aguante: ante la falta de pagos, pero también contra la impunidad y la corrupción del gobierno de Pedro Braillard Poccard, del Partido Nuevo, títere del intendente de la capital provincial Raúl "Tato" Romero Feris, decenas de miles de personas se movilizaron instalando carpas en la plaza central de la capital y ocupando el Puente General Belgrano que une Corrientes con Resistencia, en la provincia de Chaco. A partir del 20-12-99 la intervención federal abrió una tregua política tras el fracaso del gobierno de coalición, que había destituido a Braillard Poccard y a Raúl Romero Feris. Pero ¿cómo superará Corrientes su actual crisis?

Cómo puede una ciudad estar tan sola y tan silenciosa. Es difícil no preguntárselo, a pesar de que ya ha pasado el mediodía, a pesar del viento y del frío inusual. Sólo los guardias tiritan en las puertas de los edificios gubernamentales, edificios coloniales tan bellos como derruidos. Y de pronto, en el corazón del casco histórico de Corrientes capital, la Plaza 25 de mayo habla, más bien grita, desde una pancarta negra escrita en letras blancas: "El 7 de junio del 2000 cumplió un año la Plaza de la Dignidad". En contraste con la decaída majestad de los edificios que la rodean y del monumento a San Martín cubierto de ofrendas institucionales que se levanta en su centro, persisten aquí y allá en la extensión de la plaza casetas míseras, hechas de tablas, pintadas con los colores de la bandera nacional, con soles que parecen animados por un pulso infantil. Carteles artesanales, por lo general ya desgarrados, permiten enterarse de las actividades con que se ha celebrado ese aniversario. Una plaza pobre pero viva elige su propio nombre y se superpone a la otra, solemne y muda.

"Fue nuestro mayo del "68"; "Gente que nunca había salido a la calle salió, desbordando todas las estructuras"; "No transformó la realidad de Corrientes pero la gente aprendió a protestar"; "La Plaza del Aguante rompió el silencio, fue un movimiento horizontal, sin dirigencia"; "Sirvió para confraternizar, para convivir, para conocernos". Autoconvocados o insertos en estructuras, quienes protagonizaron desde los más diversos ángulos ese extenso ejercicio de solidaridad que fue la asamblea popular conocida como la Plaza del Aguante la evocan con una mezcla de fascinación, de inquietud y de sorpresa; como un sueño que les reveló potencialidades propias en las que ni ellos mismos hubieran creído, conscientes de pertenecer a una provincia "tan conservadora": "fue la primera provincia con un movimiento de estas características, que impugnó a partidos y sindicatos", dice Elsa Saenz de Sartor, rectora del Instituto de Formación Docente. "Los políticos tenían que rendirle cuentas a la Plaza", recuerda Araceli Ferreira, que trabaja en la gerencia de empleos de la Intervención federal.

Este movimiento liderado por el grupo Autoconvocados, en el que los docentes fueron un sector particularmente activo, contó con el apoyo de gremios estatales y privados, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de comerciantes y vecinos que lograron abastecer a los que ocupaban la Plaza y el puente y mantener sus guardias nocturnas incluso contra el desafío de los temporales. En ese lapso también el periodismo se transformó, hasta el punto de que Mónica Colunga, desde su FM libre, desplazó en audiencia al periodismo complaciente encarnado en personajes como Natalio Aides.

Los factores inmediatos desencadenantes de este movimiento fueron la demora en los pagos de sueldos, la falta de prestación de obras sociales, pero también los reclamos contra la impunidad y la profunda corrupción.

Mario Marturet, de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, presidente de la Convención Nacional de la Democracia Cristiana y ex diputado provincial, apunta que el problema que estalló el año pasado -y que debía estallar en algún momento "con o sin corruptos"- es la rémora económica, la deuda interna del Estado provincial e incrementada por las prácticas del "tatismo", pero cuya raíz está en la no recaudación del impuesto inmobiliario rural, evadido tanto por los pequeñísimos productores agrícolas que se limitan a subsistir, como por ese 2% de grandes propietarios que son dueños del 50% de la tierra.

La intervención

Alfredo Vara, psicoanalista y catedrático en la Universidad privada de la Cuenca del Plata, atiende en su consultorio en una clínica médica privada del centro. A un costado un diván, en el medio la mesa atiborrada y tras de la mesa él mismo tecleando frenéticamente en su computadora el artículo que debe salir el viernes siguiente en el diario El Libertador: Vara está escribiendo desde 1997 una historia económica y social de los correntinos llamada "Ricos y pobres", que se publica en entregas semanales; una historia sumamente amena, escrita de modo que las similitudes entre pasado y presente sean manifiestas. Dice que ha optado por Gilles Deleuze porque "a los correntinos no les importa el análisis de la transferencia". Parece en cambio empeñado en lograr que les importe su propia historia: "Corrientes pierde aceleradamente su memoria histórica", dice. "Lo que pasó en el "99 pasó varias veces en el siglo. La gente se sorprende porque no tiene memoria".

¿Cómo recibió la intervención federal, encarnada en el equipo de gobierno de Ramón Mestre, una población que oscila entre el tradicional aislacionismo y la sensación de la propia "inviabilidad"? Según Araceli Ferreira, quedó en evidencia que "no pudimos arreglar las cosas a la correntina". "Corrientes se entregó harta de la corrupción de Tato Romero Feris, y ahora se pregunta qué está haciendo", dice Elsa Sáenz de Sartor, quien refiere que en el ámbito docente a la intervención se la llama "celofán", porque "es transparente, hace mucho ruido y no sirve para nada". Pedro Luro, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que fue secretario de gobierno de la municipalidad durante el gobierno de coalición conducido por el justicialista Hugo Peiré, define a la intervención de Mestre como "profesionales de la política que vinieron a interrumpir un proceso que se gestaba"; aunque admite que "la gente tuvo valentía y fuerza para destituir a un gobierno capanga pero la dirigencia política que pudo sustituirlo no estuvo a la altura". Juan Carlos González, secretario del Sindicato de Trabajadores Judiciales, gremio considerado "duro" debido a su opción por permanecer en el puente el día de la asunción del presidente Fernando De la Rúa, considera que la intervención fue "la única posibilidad de salida" una vez que el Estado provincial tuvo simultáneamente dos gobernadores: se refiere a lo ocurrido el 13 de diciembre pasado, cuando el gobernador Peiré, cuyo mandato había vencido el 10, se negaba a dejar el cargo y el liberal Carlos Tomasella fue elegido por el "tatista" Partido Nuevo vicepresidente primero del Senado y por ende gobernador interino. "Ni pedimos la intervención ni pedimos que se levante", dice.

La intervención parece haber aplacado al menos temporariamente los ánimos al ponerse al día con los pagos en una provincia donde la abrumadora mayoría de los empleos existentes corresponden al sector público, y también por haber puesto en comisión al Poder Judicial. Si bien Pedro Luro señala que el juez Mario Payes -fortalecido en sus posiciones después de un fallido atentado con bomba- hizo sus denuncias en la época del gobierno de coalición y es el que lleva la mayor parte de las causas contra Tato Romero Feris y el resto de los funcionarios; si bien Juan Carlos González subraya como ambicioso objetivo último la independencia del Poder judicial respecto del poder político y el abogado Fernando Iglesia marca la paradoja de que la intervención también detenta la suma del poder, como Tato, se admite que una de las expectativas puestas en la intervención es que ponga punto final a la impunidad, expectativa que se extiende, claro está, al accionar de la policía.

Si hay un terreno que abona todas las suspicacias es éste: "Desmantelar grupos es clandestinizarlos, no eliminarlos", apunta Elsa Sáenz en alusión al pase a retiro de 73 miembros de la fuerza policial, incluida su plana mayor, llevado a cabo por la intervención federal el 4 de julio pasado en respuesta al asesinato de Marcelo Gonzalez, el 30 de junio último. Mario Marturet recuerda la cantidad de veces que la Brigada de Investigaciones fue disuelta, para quedar intacta bajo otro nombre y reconoce como antecedente histórico de la Brigada, formada en época del dictador militar Juan Carlos Onganía, la tradición de la "policía brava" al servicio de los caudillos. Y señala asimismo la identificación de la Brigada con la "Triple A" en los meses que precedieron al golpe militar de 1976: precisamente en febrero de ese año fue secuestrado en el centro de la ciudad Vicente "Cacho" Ayala, de la Juventd Peronista, y otros dos jóvenes. Al ahora retirado comisario Ulibarrie, conspicuo miembro de la Brigada, Ayala se le "quedó" en la mesa de tortura.

Como fundadora del Foro Multisectorial por la Justicia en 1991, Elsa Sáenz sabe que buena parte de las víctimas de los alrededor de 20 casos de asesinatos policiales no resueltos en la última década son jóvenes analfabetos. El primer caso, el de Abel Solís, es emblemático: un joven ratero que se negó a compartir su botín con la policía, la cual lo hizo entregar por otro ratero, Antonio Velozo, quien una vez muerto Solís denunció a la Brigada y logró que el Foro iniciara un proceso judicial, para terminar asesinado él también por la policía en 1992.

Una sombra que pesa sobre la Intervención es el estancamiento de la investigación sobre las muertes de Francisco Escobar y Mauro Ojeda, acaecidas en el Puente General Belgrano el 17-12-99, a las que se suman 28 heridos con balas de plomo. Los múltiples videos y fotografías, que fueron objeto de una exposición en la Municipalidad durante la primera semana de julio, fortalecen la opinión difundida en Corrientes que atribuye la responsabilidad a la Gendarmería. La causa terminó en la Corte Suprema, tras haber pasado de la justicia provincial a la federal y viceversa. Es que la orden política de reprimir provino del mismo gobierno que dispuso la intervención…

La hermana Martha Pelloni, actualmente coordinadora de la Fundación Santa Teresa, con un proyecto de promoción humana y educación integral para un sector del campesinado de Goya, devastado por la tuberculosis, las parasitoris y la desnutrición, es escéptica en este punto:"No se va aclarar". Mario Marturet tiene un estallido de indignación: "Se lo quiere tapar desde el gobierno nacional". Apunta que el juez de instrucción número 6 Isaías Saade, allegado, es cierto, a Tato Romero Feris, actuó con suma diligencia reuniendo elementos y tomando declaraciones claves, pero fue el primero en ser echado por la intervención de Mestre. Marturet califica de "disparate" la acusación del ministro del Interior, Federico Storani, quien responsabilizó al gobernador de la coalición Hugo Peiré de haber dado órdenes a la policía provincial de armar a la población civil contra la Gendarmería. En todo caso, dice, semejante acusación haría todavía más ineludible la investigación. También el secretario de SITRAJ hace de Storani el principal responsable (por lo que han pedido su renuncia), además de liderar una campaña para que la investigación se inicie.

En otro plano, SITRAJ también se ha opuesto, por considerarlo una forma encubierta de rebaja de salarios, a la emisión de Cecacor (certificado de cancelación de deuda de Corrientes), los bonos que representan entre el 30 y el 50% de los sueldos pagados por la intervención y que sólo son aceptados por el supermercado Impulso y las empresas públicas, no así por la DGI, las telefónicas ni los canales de cable.

Prohibido el disenso

Los tres mil programas de emergencia laboral que está poniendo en práctica la intervención constituyen una ventaja objetiva que se le reconoce sobre el gobierno de coalición, que carecía del apoyo del gobierno nacional (el ex presidente Carlos Menem era un aliado de Tato Romero Feris, y Juan Carlos González no vacila en calificar esa alianza de "complicidad delictiva").

Desde hace tres meses en la Gerencia de empleos, Araceli Ferreira conoce el dilema planteado por los Planes Trabajar: "un enorme gasto social improductivo que permite ocultar el desempleo, pero que no se puede cortar". En efecto, para sus beneficiarios, carentes de obra social, pensiones o subsidios, teóricamente peones sin calificación laboral, pero que en realidad incluye también a profesionales, esos 120 a 160 pesos mensuales son imprescindibles. Considera un adelanto respecto de ese plan los nuevos planes de emergencia laboral productiva, que implican autoempleos o consorcios productivos. Se diferencian en que la ayuda oficial está concebida como refuerzo de pequeños emprendimientos de comercialización de productos o servicios que debieran seguir funcionando una vez cumplido el plazo de ayuda: "Si de 100 emprendimientos sobreviven diez o veinte se consideraría un éxito", dice.

La fuerza de Autoconvocados y la adhesión que recibió se explican por las características de la casta política provincial, donde las distintas facciones tienden a reproducir las mismas prácticas, donde una misma familia de poderosos estancieros gobernó la provincia desde partidos diferentes: Julio Romero, del Partido Justicialista (PJ), gobernador de 1973 a 1976, es el tío de José Antonio y Raúl Tato Romero Feris, pertenecientes al Pacto Autonomista Liberal (PAL, a su vez una alianza entre los dos principales partidos tradicionales) hasta que en 1991 Tato entró en conflicto con su hermano, el senador José Antonio, e inventó un partido propio, el Partido nuevo (PANU)1. Pero hay acuerdo en que el movimiento no cuajó en una conducción clara, ni generó una nueva organización política. Autoconvocados fue un movimiento de clase media, aunque muy empobrecida y declinante. Pero los pobres de toda pobreza siguen adheridos a Tato, a quien nadie niega una enorme capacidad para gobernar mediante prebendas y para hacerse presente en el momento justo haciendo entrega de viviendas, luz, o computadoras. Además, es un maestro de la cooptación: durante su gestión designó subsecretario de cultura al artista de filiación comunista Domingo Kura, quien llamó a sus amigos del grupo Arte Ahora para que ejecutaran los murales, de polémico resultado, que se pueden apreciar por ejemplo en San Juan y Fray José de la Quintana, a una cuadra de la Costanera. "Latinoamérica comienza en Corrientes. Somos la profecía y el origen", reza una de las leyendas. El artista plástico Miguel Niella opina que en ellos "se impone más una visión esterotipada de Billiken que una profundización crítica de la cultura de Corrientes".

Los conflictos internos que socavaron el gobierno de coalición hacen temer que aun preso y habiendo perdido el apoyo de la clase media, Raúl Romero Feris volvería a ganar elecciones. Martha Pelloni hace notar que al suspender toda actividad partidaria en la provincia, la intervención ha dejado a los pobres sin los míseros subsidios con los que están acostumbrados a subsistir, agravando objetivamente su situación. El "robaban pero hacían" y el "antes teníamos para la olla" están a la orden del día. Pedro Luro señala que a mediados del año pasado se realizó una encuesta en la periferia en la que se preguntaba a la gente qué votaba en las elecciones: a un partido, a una personalidad, o a quien paga. La respuesta mayoritaria fue: "a quien paga". "Los problemas estructurales de Corrientes no se resuelven por bajar a un capanga", dice Luro. "Quien asuma en el 2001, anticipa Iglesias, va a encontrar la provincia con la misma crisis estructural, la misma clase política, los mismos personajes y los mismos vicios". Elsa Sáenz describe con dolor "una sociedad que no tolera la crítica ni la infracción", donde "las únicas leyes que no se violan son las que mantienen las formas".

Una característica de esta sociedad sumisa y conservadora es la omnipresencia de la Iglesia católica. Pero aquí también nos espera una paradoja: Elsa Sáenz hace remontar la capacidad de organización comunitaria de los campesinos de Goya y del sur de la provincia a la acción de monseñor Alberto Devoto, partidario de la Teología de la Liberación, quien propulsó las Ligas Agrarias, un movimiento de defensa de los derechos de los trabajadores ya existente entre los algodoneros de Chaco, entre los peones de las tabacaleras. En la localidad de Perugorría viven todavía las hermanas Marta y Ana María, compañeras de congregación de las monjas Léonie Duquet y Alice Domon, secuestradas por la dictadura de Jorge R. Videla el 8-12-77 y desde entonces "desaparecidas". Alice Domon trabajó y luchó en Perugorría desde 1975 a 19772. Hasta hace apenas dos años, cuenta Araceli Ferreira, aviones militares realizaban vuelos rasantes en la zona. Martha Pelloni se define como "hija espiritual" de Devoto, a quien secundó desde 1976, cuando ella llegó por primera vez a Corrientes, hasta su muerte en un accidente automovilístico en 1986.

El apoyo del arzobispo de Corrientes Domingo Salvador Castagna a los reclamos de la Plaza del Aguante la legitimó a los ojos de buena parte de la opinión pública y multiplicó la solidaridad. Martha Pelloni describe a Castagna como "muy comprometido, pero guarda perfil bajo". Para Marturet "mi impresión es que lucha denonadamente, pero no es acompañado".

¿Cómo encontrar la punta del hilo que permita desenredar esta madeja? Elsa Sáenz ha llegado a la conclusión de que hay que trabajar con los chicos y jóvenes, "formar núcleos territoriales fuertes en cada comunidad". Martha Pelloni dice que "hay que articular redes sociales para reconstruir políticamente la provincia". Según Mario Marturet, "Corrientes necesita un organismo técnico-político que trabaje sobre el régimen jurídico de la tierra", dado que el 70% de los pequeños productores agrícolas dueños de minifundios no tiene los títulos de propiedad de sus tierras3.

En respuesta a la crisis del año "99, Miguel Niella instauró en su propio taller del barrio Berón de Astrada un Centro Cultural al que denominó "El paraíso" ("Soy dado a las utopías", explica). Todos los fines de semana el taller se convierte en un auditorio que da cabida hasta a 100 personas, convocadas a debates, recitales de música, proyección de cine, jornadas. "A puro fervor", con el solo recurso de las cuotas de los socios, se propone generar a través de ese espacio un espíritu crítico donde "el desarrollo de los valores potenciales de la región no se resuelva en aislamiento chauvinista sino en una integración a lo universal". Su socio Juan Eduardo Gamarra abandonó hace 6 años el ejercicio de su profesión de agrimensor en la administración pública, que padeció durante 18 años, para dedicarse al diseño de trajes de Carnaval para los pueblos del interior. Ambos deploran la indiferencia del poder político correntino hacia la cultura y la dificultad para encontrar un sponsor. "Apostamos por la cultura, sintetiza Niella, por un desarrollo a largo plazo mediante emprendimientos que logren conectar a la gente", para que aprenda a disentir, a reclamar, a tolerar.

"En 1650, en Corrientes las disposiciones legales eran más o menos trampeadas hasta por las autoridades. En la ciudad las leyes tenían apenas la apariencia de cumplirse; en los inciertos límites entre el campo y el desierto eran algo que bueno, sí, alguna vez este sería un país como la gente, tendríamos títulos de propiedad, pagaríamos impuestos, las autoridades serían respetables, las leyes se cumplirían, el país terminaría por parecerse a Europa…", dice un tramo de la Historia del doctor Vara que los habitantes de la capital se sacan de las manos los viernes, cuando se publica en El Libertador. ¿Cómo no leer eso como una descripción del presente? En otro momento escribe que "la historia se repite pero siempre diferente". Ante las analogías y vuelcos de la historia los lectores pueden percibir que ese estancamiento, esa vuelta en círculo que los enclaustra es angaú (en guaraní: lo que parece y no es). Al fin y al cabo, la historia, como las corrientes doradas del Paraná, nunca dejó de transportarlos en su movimiento constante, y a pesar de todo, nunca dejó de pertenecerles.

  1. Abunda en datos Baltasar Rodríguez Moreira, Ocho años de corrupción, edición del autor, 1992. Se refiere al lapso 1983-1991.
  2. Carlos Gabetta, Todos somos subversivos, Bruguera, Buenos Aires, 1983.
  3. Una situación similar a la de los campesinos del MOCASE, en la provincia de Santiago del Estero. Ver Le Monde diplomatique, Ed.Cono Sur Nº 13, julio 2000.
Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 14 - Agosto 2000
Páginas:10, 11
Temas Corrupción, Deuda Externa, Movimientos Sociales, Políticas Locales
Países Argentina