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La esencial noción de ciudadanos-usuarios

Electricidad, gas, agua, redes cloacales, transporte ferroviario o subterráneo… son algunos de los servicios llamados "públicos" que hoy en día resultan imprescindibles para el desarrollo de la vida de un individuo y por ende de una estructura socio-económica. Durante décadas el Estado argentino fue el responsable de administrarlos. Pero en esta década, la política de privatizaciones en condiciones monopólicas cambió rotundamente el escenario, hasta alcanzar el corazón mismo de la noción de servicio público1. De repente, los argentinos fueron descubriendo que ésta debía conjugarse con conceptos como rentabilidad, ganancias, facturación y productividad, factores que hacen a la circunstancia, legítima por cierto, de toda empresa privada.

Al tiempo que los usuarios asimilaban las necesidades de balance de los flamantes operadores y dueños de las ex-empresas estatales, surgía una sensación de inequidad frente a monopolios que podían abusar de su condición unitaria para imponer tarifas excesivas, no mejorar la calidad de los servicios o directamente desinvertir. Es para evitar estos escenarios que desde las teorías económicas en boga se ofrece la alternativa de contar con un instrumento regulatorio que funcione como controlador y ejecutor de una determinada regulación económica, que simule las condiciones de competencia y permita establecer una relación "razonable" entre lo que gana la empresa prestadora y lo que efectivamente ofrece a sus clientes.

Aquí entran en juego las nociones de consumidor, usuario y cliente, que remiten a quien adquiere lo que desea o necesita a un determinado precio y que, según su capacidad de pago, puede exigir determinada calidad. Un consumidor-usuario-cliente sólo puede exigir contraprestaciones acordes al dinero que paga, con independencia de los problemas de accesibilidad y de las garantías de regularidad y continuidad de los servicios, que quedan sometidas al único criterio de la rentabilidad empresarial. Un ciudadano-usuario, en cambio, enarbola el derecho de acceder al consumo de determinados bienes y servicios públicos con independencia de la capacidad adquisitiva determinada por el mercado. De esta confrontación entre ciudadano-que-consume y usuario-que-puede-pagar surge un fuerte cuestionamiento a lo público entendido como ámbito de lo colectivo.

La gestión privada de los servicios públicos no garantiza per se la eficiencia en general y me-nos aún la eficiencia social. Por caso: un ahorro derivado de una buena gestión empresaria podría ser destinado a fines de interés social como el sostenimiento de los servicios para quienes no puedan pagarlos, su extensión a los sectores que carecen de ellos, el mejoramiento de la calidad de la prestación, o la reducción de los precios. Si se pretende preservar el carácter de un servicio público, cuyo objetivo básico es la integración social, éste no puede quedar librado a las "señales" del mercado. En el contexto actual de desinversión productiva, precarización de las condiciones laborales, aumento de la desocupación y la subocupación y ausencia de un modelo claro de acumulación, la tendencia espontánea y natural de un mercado monópolico y no regulado es a concentrar recursos y esfuerzos allí donde esté asegurada la ganancia más inmediata.

En un contexto monopólico se vuelve necesaria la regulación no sólo económica, sino que atienda a preservar la posibilidad de integración territorial y social y a garantizar la prestación eficiente en términos sociales. Se trata de definir política y socialmente qué bienes se integran a ese concepto de lo "esencial" para la integración social. La asunción de una postura de defensa pública de los intereses de los ciudadanos-usuarios implica asumir una postura de garantía de lo público-colectivo que debe contemplar el aspecto inherente a un derecho ciudadano, como es el acceso a los servicios básicos. Se trata entonces no sólo de resguardar los intereses de los clientes o consumidores con poder adquisitivo, sino también de integrar a los sectores socioeconómicos que estas categorías excluyen de hecho. Se trata de comprender que por encima del criterio económico de "clientela" está la noción republicana de "ciudadanía".

  1. Thwaites Rey, Castillo y López, "El Estado y los ciudadanos usuarios. La regulación de los servicios públicos privatizados" . Realidad Económica Nº 129, Buenos Aires, enero-febrero 1995. Felder, López, Thwaites Rey, "La regulación estatal de los servicios publicos: acerca de los déficits de la experiencia argentina" , Informe de Coyuntura, Año 9 Nº 79, Buenos Aires, 1999.
Autor/es Mabel Thwaites Rey
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 2 - Agosto 1999
Páginas:13
Temas Deuda Externa, Neoliberalismo, Privatizaciones, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Políticas Locales, Consumo
Países Argentina