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El orden jurídico internacional, ¿una quimera?

También en el terreno jurídico, los Estados pierden o ceden derechos esenciales al funcionamiento armónico de las sociedades. A escala planetaria, los nuevos datos económicos, financieros, comunicacionales, hacen necesaria la articulación de un espacio jurídico internacional digno de ese nombre.

Las crisis y guerras que la humanidad padece actualmente -y que amenazan su supervivencia- requieren una respuesta jurídica de la que todavía no hay señales. Mucho antes de estar organizadas en torno al concepto de soberanía, generalizado en Europa a partir del siglo XV, las sociedades humanas habían fundado el orden social en la idea de derecho, que permitía distinguir la "violencia legítima" de la que no lo era. La primera resulta de la ley que confía a las autoridades públicas el poder de coacción militar, judicial, o policial. La segunda es la que se opone a la ley. Esto no significa sin embargo que el derecho sea una garantía automática de justicia o democracia. La justicia, una vez abandonados sus vínculos con la religión, tiene como único fundamento la razón. Para resolver los agravios que los humanos se infieren unos a otros, a nivel individual o grupal, hay que plantear consecuentemente normas objetivas que designen los comportamientos autorizados y los no autorizados. También procedimientos objetivos para aplicar esas normas.

Durante mucho tiempo, el Estado fue el marco de este mecanismo, ya que detentaba el monopolio de la instauración de la ley y por consiguiente del ejercicio de la coerción, atributos de la soberanía que le otorgaba la exclusividad de las competencias sobre su territorio. Esto no significaba que todas las normas procedieran del Estado, ya que las costumbres eran generadas por las sociedades mismas, y los contratos son compromisos que las personas suscriben entre sí. Pero el Estado era el garante de la validez y de la aplicación de todas las reglas, cualquiera fuera su origen, y establecía su jerarquía en función de un "orden jurídico" . Si el poder del Estado era autoritario, incluso dictatorial, este orden era pasible de crítica. Pero no dejaba de ser un orden.

En una evolución más reciente que tiende a limitar la "razón de Estado" , el derecho y la democracia fueron vinculados mediante la noción de "Estado de derecho" . Al someterse a reglas dispuestas previamente, o a principios superiores (con respecto a la separación de poderes, normas fundamentales inscriptas en la Constitución o en los Tratados Internacionales ), el Estado acepta la limitación de su poder. Es una condición necesaria para el ejercicio de la democracia. Sin embargo, no es suficiente, dado que más allá de los mecanismos institucionales, la democracia es la búsqueda, siempre trunca, de la inserción de todos en los mecanismos de decisión.

Ahora, ante nuestros propios ojos y en todo el mundo, los Estados sufren una incontrolable erosión de su soberanía. Este fenómeno histórico es producto, en parte, de la delegación de atribuciones aceptadas por los Estados mismos, que se aceleran desde 1945. El derecho a hacer la guerra le fue encomendado a las Naciones Unidas mediante el ya abortado -en guerras recientes- mecanismo de la seguridad colectiva. El dominio de las relaciones comerciales pasó a manos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el nivel de déficit público de los Estados depende del Fondo Monetario Internacional (FMI) o, en ciertas instancias, de la Unión Europea.

Pero la soberanía se ve más gravemente afectada por la existencia de actores financieros y económicos poderosos que barren los poderes de los Estados así como tantos otros obstáculos que se oponen a un espacio financiero y comercial unificado en armonía con sus intereses. Poco conocidos, los mecanismos de esa dominación maquillan con una máscara de derecho la destrucción del derecho1. Mediante acuerdos sobre inversiones extranjeras, un Estado puede renunciar a legislar en materia fiscal, social, ambiental, o someter los diferentes y eventuales litigios a un arbitraje más proclive a la transacción que a la aplicación rigurosa del derecho (ver "Entes" , págs. 1, 12 y 13). Incapaces de llevar a cabo políticas sociales eficaces, los Estados asisten, impotentes o cómplices, al incremento de las desigualdades. Sin embargo, las soberanías no se ven tan afectadas como para perder el poder de reprimir2. El aumento del poderío de las policías militarizadas, especialmente en los países del sur, y la extensión de las prisiones, particularmente en los países ricos, testimonian esta tendencia3.

La reacción ante esta evolución es contradictoria. La demanda de derecho es grande. Se expresa principalmente en materia de protección de derechos humanos: justicia penal para castigar a los dictadores o denunciar los crímenes internacionales (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra). Los procedimientos son muy limitados, su acceso se ve jalonado de obstáculos y las normas de fondo son incompletas. Atrincherados detrás de lo que les queda de soberanía, los Estados creen que los beneficia entorpecer los progresos del derecho internacional. Las violaciones de los derechos humanos no son más que la cara visible de una realidad cuyo fundamento es la insuficiencia del derecho internacional en el ámbito político, económico, de límites fronterizos, de acceso a los recursos naturales, de respeto del medio ambiente, etc. que dividen a los pueblos. Y donde hay soluciones jurídicas adecuadas, son cínicamente ignoradas.

Frente a esta situación, algunos (los movimientos llamados "soberanistas" ) reclaman que el Estado recupere todos sus poderes. Esto es imposible, dado el grado de integración que ya existe en la economía y las tecnologías mundiales. Además es riesgoso, ya que el poder del Estado no es en sí mismo garantía de emancipación de un pueblo o de justicia entre los individuos que lo componen. Hay una única solución: organizar la cohabitación entre los ordenamientos jurídicos internos -que conservan toda su validez para las cuestiones nacionales- y un bosquejo de orden jurídico internacional que debe ser mejorado con urgencia. Pero este orden necesita por un lado que todo problema encuentre una solución substancial en el derecho existente y, por otro, que todo litigio encuentre un juez. A pesar del carácter imperfecto de la justicia, la arbitrariedad del poder corregida por la arbitrariedad de un juez es preferible a la arbitrariedad de un poder sin correctivo.

Al respecto, el balance es rudimentario. Los jueces nacionales pueden hacer aplicar el derecho internacional en la medida en que todas las constituciones coloquen a los tratados por encima de las leyes. Y luego faltaría que las víctimas, informadas sobre sus derechos, conozcan las jurisdicciones. Además, estas últimas pueden, bajo determinadas circunstancias, juzgar ciertos crímenes sin importar dónde fueron cometidos, o dónde se encuentran los verdugos y las víctimas. Lo permiten las Convenciones de Ginebra de 1949 y de 1984 contra la tortura (bases de la acusación contra Augusto Pinochet). ¿Qué juez intentará perseguir, por ejemplo, a los israelitas responsables de la extensión de las colonias de asentamiento en Cisjordania, acción prohibida por estas Convenciones?4 ¿O incriminar a las autoridades de la Alianza Atlántica, responsables de los daños a civiles causados por los bombardeos en Yugoslavia?

Estados reticentes

Además, las Naciones Unidas instauraron en 1946 una jurisdicción: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en la Haya. Se encarga de enunciar la ley, determinar las responsabilidades entre los Estados y fijar las eventuales reparaciones. Pero su competencia está doblemente limitada: por un lado, sólo concierne a los desacuerdos jurídicos entre los Estados (exceptuando ciudadanos, pueblos sin Estado, organizaciones internacionales o no gubernamentales); por otro, sólo puede juzgar a los Estados que reconocieron su competencia. Cincuenta y ocho Estados sobre un total de 186 aceptaron la autoridad de la CIJ para intervenir en los litigios que puedan surgir entre ellos. De los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sólo Gran Bretaña la aceptó, Francia y Estados Unidos renunciaron (!) luego de algunas experiencias poco afortunadas con la Alta Jurisdicción5.

El proceso por genocidio entablado por Bosnia contra Yugoslavia en 1993 no fue todavía juzgado a fondo porque la Corte tuvo que justificar primero su competencia. Más recientemente, su falta de competencia le impidió intervenir ante la demanda yugoeslava de medidas de urgencia para detener los bombardeos de la OTAN6. Europa es por su parte una zona privilegiada, desde el punto de vista de acceso al derecho, ya que el consentimiento de los Estados no es condición de competencia para la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (Luxemburgo)7, ni para la Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo). Esta última está abierta a los individuos, quienes cuentan con el beneficio de una vía de apelación contra los Estados.

La idea de una justicia penal internacional fue impracticable durante mucho tiempo, ya que los actos llevados a cabo en el marco de las funciones de Estado gozaban de inmunidad, aunque fueran actos criminales. Se inició entonces un movimiento para que esto no desembocara en una impunidad definitiva. Lo ilustra la detención del general Augusto Pinochet y la creación de dos tribunales penales especiales para Yugoslavia y Ruanda, y de la Corte Criminal Internacional. Por otro lado, la reciente acusación contra Slobdan Milosevic marca una etapa importante y esperada. Sin embargo, la justicia penal internacional está en estado embrionario y los Estados de los cuales dependían los progresos en esos procedimientos sólo los aceptaron luego de imponerles múltiples condiciones restrictivas.

En el dominio económico y financiero, la impunidad sigue siendo insultante. Estos crímenes no competen a un juez internacional y los jueces nacionales se sublevan contra los límites opuestos a sus acciones8. En el ámbito comercial, la creación de un órgano de resolución de los desacuerdos de la OMC se celebró como un avance. Pero este no es en realidad más que un cuadro arbitral y Estados Unidos, al mantener la sección Super 301 de su Trade Act (que autoriza sanciones unilaterales si, desde su punto de vista, su interés nacional se ve amenazado), persiste en su desprecio al derecho internacional9. Este ejemplo ilustra con elocuencia la situación: un orden jurídico internacional sólo será digno de ese nombre si tiene carácter universal, sin excepciones.

  1. Christian de Brie, "L´AMI nouveau est arrivé", Le Monde diplomatique, mayo de 1999
  2. Monique Chemillier-Gendrau, "L´universalité des droits humains" , Le Monde diplomatique, diciembre de 1998.
  3. Loic Wacquant, "Ese viento punitivo que sopla desde Estados Unidos" y el dossier "La gestión policial de la miseria" , en Le Monde diplomatique ed. Cono Sur, julio de 1999.
  4. El artículo 49 de la cuarta convención de Ginebra, firmada por Israel, dice: "La potencia de ocupación no puede proceder a transferir ni a deportar a una parte de su propia población civil en el territorio que ocupa" .
  5. Francia en 1974, condenada por sus ensayos nucleares; Estados Unidos en 1986, condenado por su responsabilidad en la colocación de minas en los puertos de Nicaragua.
  6. Ordenanzas del 2-6-99.
  7. Anne-Cécile Robert, "Ce juge méconnu de Luxembourg" , Le Monde diplomatique, mayo de 1999.
  8. Algunos magistrados Europeos emitieron en esa dirección un "Llamado de Ginebra" , el 1º de octubre de 1996
  9. Le Monde, 9-2-99.
Autor/es Monique Chemillier-Gendreau
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 2 - Agosto 1999
Páginas:6, 7
Traducción Yanina Guthmann
Temas Tecnologías, Conflictos Armados, Genocidio, Minorías, Mundialización (Economía), Derechos Humanos, Estado (Justicia), Justicia Internacional, Estado (Política), Geopolítica
Países Estados Unidos, Ruanda, Nicaragua, Francia, Luxemburgo, Yugoslavia, Cisjordania (ver Autoridades Palestinas), Israel