Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Los deportados de la doble pena

En Francia, decenas de miles de personas son víctimas de discriminaciones jurídicas debido a su nacionalidad. El Estado recurre a la "retención" -a menudo en condiciones degradantes- para expulsar a los extranjeros en situación irregular. Para las penas de prisión de los condenados extranjeros, existe el frecuente agregado de la expulsión hacia un "país de origen" donde no necesariamente han vivido. Esta "doble pena" es uno de los aspectos más injustos del sistema actual.

Nunca en mi vida había estado preso y no tenía antecedentes penales. La policía encontró 80 gramos de marihuana en mi casa. Estuve en prisión preventiva durante siete meses, ¿se da cuenta? Cuando pasé a la justicia, el tribunal me liberó. El procurador apeló. Resultado: interdicción definitiva de territorio nacional. Tuve que dejar mis estudios y esconderme como una rata. Finalmente me atraparon y me volvieron a poner preso. Estuve un mes y medio. Después aterricé en Argelia…"

Este ex detenido no es el único en haber sido arrancado de su vida en Francia por un delito menor. Sólo en 1997, se dictaron doce mil Interdicciones judiciales del Territorio Francés (ITF). Esta sanción, denominada "doble pena" cuando complementa a una pena principal, afectaría actualmente a unas 20.000 personas1. Algunas de ellas viven en Francia desde hace más de diez años… o incluso nacieron allí.

Lo proclama la Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos del Hombre: nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito. Sin embargo, en el caso de los extranjeros, a la sanción penal se agrega frecuentemente una ITF cuya vigencia, cuando no es definitiva, es de entre uno y diez años. Presentada en el código penal como pena secundaria o complementaria, la ITF puede ser dictada por un tribunal o seguir a una orden de expulsión procedente del Ministerio del Interior2.

La ITF se remonta a la ley del 31-12-70 y al artículo L. 630-1 relativo a las infracciones a las leyes sobre estupefacientes. En el transcurso de las sucesivas reformas legislativas, su campo de aplicación se amplió considerablemente. La "ley Pasqua" del 24-8-93 abrió una senda ancha para su aplicación, en dos direcciones. En primer lugar la de las infracciones: el nuevo código penal establece una lista de más de 200 pasibles de justificar una medida de alejamiento. En segundo lugar, la de las personas a quienes se les puede aplicar. La "ley Sapin" del 31-12-91 protegía a las personas que tuvieran más de quince años de residencia en Francia. Con la ley Pasqua, en cambio, basta la apreciación de amenaza grave al orden público por parte del magistrado para ordenar una expulsión3. La "ley Chevènement" del 11-5-98 sólo agrega una mínima protección suplementaria a las previstas por su predecesora: la enfermedad grave. Casi todas las protecciones se anulan si el juez decide algo distinto mediante una "resolución con motivos especiales".

De ahí que desde 1993 se haya producido un sensible aumento de la cantidad de ITF. El código penal de 1994 prevé esta posibilidad para unos sesenta crímenes y delitos. ¡Incluso si el "extranjero" fuese nacido en Francia, cónyuge de un francés o padre de hijos franceses!

Por otra parte, si la ITF se dicta a título de pena principal, el único recurso posible es el del indulto presidencial. Para la señorita Liger, miembro del sindicato de abogados de Francia, "esos indultos son tan poco frecuentes que esta vía se puede caracterizar como ilusoria". La abogada señala también que "generalmente se excluye a la ITF de las leyes de amnistía"4.

Por ignorancia, algunos magistrados de buena voluntad evitan la cárcel a extranjeros en situación irregular: los condenan sólo a la ITF, que como pena única presenta el inconveniente de catalogarse como pena principal, por ende no revocable y nunca amnistiable… Una especie de condena a clandestinidad perpetua.

La doble pena se inscribe en una perspectiva de relegación y expulsión y se acompaña de múltiples discriminaciones. En primer lugar, mediante la ejecución de castigos en las cárceles: el condenado no puede mejorar su pena -mediante permisos de salida, libertad condicional, etc.- lo que va en contra del principio de individualización. En contrapartida, es posible la reducción de pena, pero suele servir para ejecutar la ITF. El juez que aplica las penas informa a la policía o a la gendarmería la fecha de salida anticipada. Así, muchas veces esperan al condenado en la puerta de la cárcel para conducirlo al centro de retención, al avión o al barco.

Después, viene la expulsión. Hacia una sociedad de pertenencia -virtual- ¡que algunos no conocen! "Mi familia está acá. Mi padre y mi madre son franceses. Mi padre es ex combatiente, tiene su documento de identidad, su cruz de guerra, un certificado de buena conducta del ejército francés. Mi abuelo participó en la guerra del 39. Mi hermano mayor es francés, mis hermanos y hermanas menores, todos son franceses. Menos yo: llegué a Francia con 18 meses, soy argelino, y me prohíben vivir en territorio francés", afirma nuestro ex detenido.

La doble pena contradice el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege la "vida privada y familiar", y en muchos casos también el artículo 3, que prohíbe el trato inhumano o degradante.

La doble pena provoca angustia y sufrimiento en el conjunto de la familia y los allegados. El extranjero en situación irregular puede ser controlado y expulsado en cualquier momento. "Estoy seguro de que mi familia sufre más que yo. Lucho también por mi familia, porque es la que más sufre. ¿Por qué esta discriminación entre los franceses? Mi mujer es francesa, mis hijos son franceses. ¿Por qué mi mujer no tiene los mismos derechos que las demás?", confía un participante en una huelga de hambre. En ocasión de otra protesta similar, realizada en mayo de 1999 en contra la doble pena aplicada a su compañero, la señora Lila B. representó a las cerca de cien mil víctimas indirectas de esta política, en la que tampoco se duda ya en deportar personas hacia países en los que reinan el terror y las persecuciones.

Las vías de apelación se han vuelto excesivamente complejas y muchos tribunales aplican una política intransigente, que disuade a los abogados y a sus clientes. Aparte de la apelación y del recurso de casación, las personas condenadas a una ITF dictada a título de pena complementaria pueden formular una solicitud de revocación de la interdicción ante la jurisdicción que dictó la sentencia. Vale aclarar que esta demanda sólo es procedente si el condenado está fuera de Francia, en la cárcel, o con lugar de residencia asignado. Además, deben transcurrir seis meses entre la demanda y la sentencia definitiva. Es decir que la anulación de una orden de expulsión se decide muchas veces… después de su ejecución. Así y todo, a partir de la "ley Debré" de 1997, la aplicabilidad de una ITF (siempre y cuando no sea definitiva) caduca al final de su período de vigencia, aunque no haya sido ejecutada. Los condenados también pueden elevar un recurso ante la Corte Europea luego de haber apelado ante el Tribunal de Casación, pero esto representa años de procedimientos…

No satisfecho con generar ilegalidades, el Estado fabrica clandestinidad, empujando a los "doble pena" a llevar una existencia precaria que algunas veces los empuja a la delincuencia. Categorización hostil que conduce a legitimar, trivializar y sistematizar el racismo, "lanzando una sospecha global sobre los extranjeros"5.

  1. Según el Ministerio del Interior, entre el 1-8-97 y el 31-7-98 se dictaron 26.822 medidas de alejamiento, entre las cuales se cuentan 7530 ITF, el 75% de las cuales sancionan exclusivamente el delito de infracción a la legislación sobre extranjeros.
  2. Véase "Étrangers privés de liberté", Dedans-Dehors, Nº9, París, septiembre de 1998 y France-Line Mary, "Étrange justice? La répression des étrangers en France d'après les statistiques institutionnelles", Actas del coloquio "Étrangers en prison", realizado en el Senado francés el 14-3-98.
  3. Véase "Le poids de la raison d'État", Information Prison-Justice, Nº84, París, marzo de 1998.
  4. ibid.
  5. Pierre Bourdieu, sobre la abolición de las leyes Pasqua y Debré, "Ces responsables qui nous gouvernent", en Contre-feux, Liber-Raisons d'Agir, París, 1998.
Autor/es Michel Faure
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 5 - Noviembre 1999
Páginas:29, 30
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Minorías, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Políticas Locales, Migraciones
Países Argelia, Francia