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La lucha por sobrevivir

Libres, populares, barriales, alternativas, ciudadanas, sociales, rurales, educativas… Sin importar su atributo, las radios comunitarias se constituyen como una herramienta de transformación social, de participación ciudadana, para democratizar las comunicaciones, enfrentando situaciones económicas desfavorables, una fuerte concentración de medios masivos y una ley que las condena a un estado de "alegalidad".

"Nosotros tratamos de darle voz a los que no tienen voz" dice Alejandro Ruiz, presidente de la ONG Carlos Mugica que hace once años creó en la capital cordobesa FM La Ranchada como medio de contribución a los sectores populares y ayuda a la organización y desarrollo de la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales, cuyo principal objetivo era la constitución de vivendas populares. Hoy, en un proyecto conjunto con el ministerio de Justicia de la provincia, la emisora provee cursos de capacitación a encarcelados para que puedan producir sus propios programas, con el objetivo de crear una radio carcelaria hacia la sociedad.

FM La Ranchada participó del auge de radios de baja potencia en frecuencia modulada a partir de 1986, consecuencia del bajo costo de la tecnología, pero sobre todo de la necesidad de expresión y de participación ciudadana en una democracia frágil e incipiente. Si en 1987 existían 60 emisoras, eran 1.000 en 1988 y en 1989 el primer interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) de la gestión menemista reconocía -no todas eran radios comunitarias- 2155 emisoras1. Pero al igual que todas las radios comunitarias, FM La Ranchada nacía en situación de ilegalidad.

"Alegalidad"

La Ley de Radiodifusión 22.285 -aún vigente- promulgada el 15-9-1980 por la dictadura militar y cuya redacción se inspiraba en la Doctrina de Seguridad Nacional, estableció en su artículo 45 que "las licencias se adjudicarán a una persona física o a una sociedad comercial regularmente constituida en el país" excluyendo a las personas o instituciones sin fines de lucro, con el claro objetivo de ejercer censura previa sobre toda opinión crítica al modelo. Luego, la Ley de Reforma del Estado, a principios del gobierno de Carlos Menem, se encargaría de allanar el camino para la creación de monopolios. En enero de 1990, el COMFER abrió mediante el decreto 1357/89 un registro para todas las FM que estaban en el aire. A cambio les otorgó un Permiso Precario y Provisorio (PPP) que las autorizaba a funcionar hasta el otorgamiento definitivo de licencias por concurso. Las radios no comerciales debieron inscribirse como Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Según Ernesto Lamas, director del Espacio La Tribu, que nuclea a la radio FM La Tribu del barrio Almagro de Buenos Aires, esto provocó que las radios comunitarias sean "alegales"; no tienen ley, pero tampoco hay una ley que las prohibe explicitamente", y generó otros inconvenientes: "algunas cosas se terminan pagando por dos vías. La asociación civil paga sus cargas impositivas y la S.R.L. también".

El 25 de abril pasado, el gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto de ley de Radiodifusión2 elaborado por el actual interventor del COMFER, Gustavo López. En lo que concierne a las radios comunitarias, éste posibilita a las personas y asociaciones sin fines de lucro presentarse a la licitación de licencias -incluyendo las de alta frecuencia-; además, crea la figura del Defensor del Usuario y establece la publicidad en tandas, eliminando la posibilidad de mezclar publicidad con contenidos de programación. Por otra parte, procura normalizar la situación del Ente regulador, creando un organismo autonómo con cargos estables y controlado por el parlamento. Desde 1983, el organismo se encuentra constantemente intervenido, ya que según la ley vigente su directorio debería estar integrado por un representante de cada una de las fuerzas armadas. El proyecto también reestablece la obligatoriedad de autorización previa para transferir licencias, que había sido eliminada por la administración Menem.

"Lo que se encontró fue un desastre perfectamente organizado (…) no hay registro de radiodifusores", sostiene López. En junio de 2000, el COMFER anuló más del 60% de las adjudicaciones de radios que el gobierno de Menem había otorgado en los últimos días de su mandato: 362 sobre 439 lo habían sido por adjudicación directa. "Todo estaba armado para cristalizar, en los próximos 25 años, un mapa de la radiodifusión cerrado a cualquier posibilidad de disenso" afirmó en ese entonces López3. Si bien la falta de un registro de licenciatarios impide conocer la configuración del radioespectro, existe una fuerte y creciente concentración de medios. En Rosario, el multimedios La Capital, controlado por el grupo Uno de Daniel Vila y José Luis Manzano, posee, además de los diarios La Capital y El Ciudadano, dos de las tres emisoras de AM: LT8 y LT3. Otro ejemplo es el grupo mexicano CIE (Corporación Interamericana de Entretenimiento, que ya fue intimado por el COMFER), que posee nueve radios en la Argentina, -entre ellas Rock & Pop, América, Radio Splendid y Del Plata- cuando sólo se permiten dos en una misma plaza4.

Promoción

El COMFER inició a fines de marzo la normalización del radioespectro, comenzando por las zonas no conflictivas (de las 6.000 radios existentes en el país, el 70% se encuentra en situación irregular). Pero Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y miembro de Radio Encuentro de Viedma, donde figura primera en audiencia, señala que "la normalización no puede hacerse adecuadamente mientras existan discriminaciones". Radio Encuentro obtuvo en 1994 un recurso de amparo de la justicia federal cuestionando la ley por inconstitucional, y actualmente una medida cautelar le reserva el uso de frecuencia. Aunque considera que el nuevo proyecto de ley es un avance importante, Busso señala que "no hay exclusiones, pero tampoco promociones". Alejandro Ruiz también se muestra escéptico: "No queremos que sea la ley del gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual". Desde el COMFER responden que en los nuevos pliegos para el otorgamiento de licencias se establecerá un cupo del 30% para radios no comerciales. El Programa de radios para escuelas rurales y de frontera que el COMFER lleva adelante junto con el Ministerio de Educación -ya inauguró siete emisoras, entre ellas la primer radio bilingüe del país- sería una muestra de esa voluntad. Durante el mes de mayo comenzó a emitir en la provincia de Salta, FM LRK 743 Radio Cheru, que transmite desde la escuela indígena Juan XXIII, en la localidad de Pichanal, a 75 kilómetros de la frontera con Bolivia, y alcanza a una población de 10.000 habitantes, con graves condiciones económicas y sociales, en su mayoría integrantes de la comunidad ava-guaraní.

¿Qué son exactamente las radios comunitarias? "Una herramienta de transformación social", dice Ernesto Lamas. Para Gustavo Videla, fundador de FM Latinoamericana, del barrio Saavedra de la Capital Federal, se trata de "promocionar los sectores de menos recursos, los sectores marginales, contribuyendo a la democratización de las comunicaciones", pero ello no significa "lo local pequeño, porque nos interesa que nuestras ideas circulen por todos lados". Tampoco implica descuidar la gestión económica. "Así como hubo claridad en definir los objetivos políticos y culturales, no los hubo desde el punto de vista económico."

FM Latinoamericana dejó de emitir hace un mes, poco antes de cumplir doce años. Creada por un grupo de jóvenes de heterogéneo origen, la radio creció difundiendo música estrictamente latinoamericana, vinculándose a las organizaciones barriales e incorporándose a la lucha por los derechos humanos. Funcionó gracias a la venta de publicidad, el alquiler de espacios y la ayuda voluntaria de una red de oyentes. Pero acabó por sucumbir. "Hay una diferencia grande entre poner una radio en funcionamiento y sostenerla después", concluye Videla.

No fue el caso de FM La Tribu, que nació en 1989 de la mano de un grupo de jóvenes estudiantes de la carrera de Comunicaciones desencantados de la militancia partidaria. Hoy, el Espacio La Tribu Medios/Comunicación/Cultura emplea a 40 personas y más de 200 voluntarios, produce el 60% de su programación, tiene una audiencia estimada de 50.000 personas y posee una biblioteca especializada en comunicación alternativa, un auditorio, un bar, estudios de grabación y áreas de capacitación en las que, entre otras cosas, se dictan talleres gratuitos para chicos. Lamas entiende que "La Tribu tuvo la suerte de conocer tarde la cooperación. Nos exigió creatividad para sostener esto". Pero la cooperación también le sirvió para dar pasos importantes. Gracias a AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) y fundaciones de Alemania y Holanda, La Tribu pudo ampliar su alcance, obtener un móvil y publicar un libro sobre gestión de radios comunitarias5. Fue también el caso de FM Aire Libre de Rosario, que nació para difundir e integrar el trabajo comunitario de distintas organizaciones sociales y gracias al financiamiento de la Misión Central Franciscana de Alemania pudo equiparse y construir el espacio en el que funciona el Centro de Educación y Comunicación Popular (C.E.Co.P.).

La necesidad de articular la acción con otros proyectos afines se reveló fundamental. "Las redes son importantes por el mismo concepto de Red y lo que eso implica como construcción política alternativa", afirma Lamas. En 1995 un grupo de radios creó FARCO, que hoy agrupa a 70 de las 250 emisoras comunitarias estimadas del país. Si bien no tiene capacidad de asistencia técnica ni económica, FARCO ayuda a las radios en capacitación y gestión legal, haciendo lobby o bien vendiendo publicidad. Recientemente, consiguió que el gobierno publicitara la campaña de LUSIDA en todas las radios agrupadas.

En un artículo reciente, Jeremy Rifkin afirma que en los albores de la Era de la Información, las radiofrecuencias constituyen la propiedad más valiosa: "Quien controle los canales de comunicación por los que un número cada vez mayor de gente llevará a cabo una parte creciente de su actividad comercial y social dictará las condiciones de la vida cotidiana (…) Cuando el mismísimo derecho de comunicarnos unos con otros ya no esté asegurado o garantizado por el gobierno, sino controlado por poderosos conglomerados de medios de comunicación que se mueven en la era comercial global, ¿podrán seguir existiendo las libertades básicas y la verdadera democracia?"6.

La respuesta es obvia. Por esa razón, resulta imprescindible legalizar y fomentar la existencia de medios comunitarios y la participación de los ciudadanos tanto en el diseño y control de las políticas de radiodifusión. Muchos han decidido hacerlo por su cuenta, aún cuando estaba prohibido por la ley, pero amparado por la Constitución.

  1. Carlos Rodríguez Esperón, "Surfeando la democracia", La Tribu, comunicación alternativa, Ediciones La Tribu, Buenos Aires, septiembre 2000.
  2. El nuevo proyecto de ley de radiodifusión supera ampliamente el marco de las radios comunitarias. En este artículo sólo se hace referencia a lo que a ellas concierne. En Internet: http://www.comfer.gov.ar/ley/ley2001/ley2001.htm
  3. Clarín, Buenos Aires, 2-6-00.
  4. La Nación, Buenos Aires, 17-1-01.
  5. Claudia Villamayor y Ernesto Lamas, Gestión de la radio comunitaria y ciudadana, Friederich Ebert Stiftung (FES) y AMARC, Quito, septiembre 1998.
  6. Jeremy Rifkin, "La venta del siglo", El País, Madrid, 5-5-01.
Autor/es Pablo Stancanelli
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 24 - Junio 2001
Páginas:29
Temas Radio, Deuda Externa, Neoliberalismo, Estado (Justicia), Estado (Política), Políticas Locales, Periodismo
Países Argentina, Bolivia, Alemania (ex RDA y RFA), Holanda (Países Bajos)