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La batalla del referéndum

El enfrentamiento de la oposición venezolana con el gobierno legítimo del presidente Hugo Chávez no cesa. El enviado especial de Le Monde diplomatique hace un ilustrativo recuento de lo ocurrido desde el fallido golpe de Estado, en abril de 2002, hasta la lucha actual por la realización o no de un referéndum. El papel de EE.UU. y los medios de comunicación en el conflicto y las razones del apoyo popular a Chávez.

"Algunos reclamaban la organización de un referéndum. Pues bien, lo tuvieron. Y lo perdieron." Sonriente, el presidente Hugo Chávez no puede contener algunas indirectas, el 14 de abril de 2002, durante la conferencia de prensa ofrecida tras su regreso a Miraflores, el palacio presidencial. Víctima de un golpe de Estado ocurrido tres días antes, acababa de ser repuesto en el poder por militares fieles y una fantástica movilización popular 1. En el interior de las villas miseria, una multitud de partidarios se solidariza con el comandante. "Si Chávez es tan malo, ¿por qué el pueblo lo quiere tanto? ¿Por qué hizo que volviera a Miraflores?"

En aquel momento, Enrique Salas Römer, candidato a la presidencia derrotado por Chávez en 1998, comentaba: "La sensación sobre lo ocurrido fue que un gobierno de extrema derecha había tomado el poder e iba a actuar contra el pueblo. Por contraste, eso hizo que Chávez apareciera como un demócrata, algo que no es. Hubo un momento mágico de solidaridad, pero no olviden que Jesucristo fue aclamado una semana antes de ser crucificado". Está todo dicho.

De hecho, abatidos durante un tiempo, los "antichavistas" retoman su venganza. A fines del año 2002 se medirán con el poder en lo que se denominará "la guerra de las marchas". Al igual que en vísperas del golpe, los medios de comunicación "calientan" el ambiente 2. Sin embargo, a cada manifestación masiva de la oposición responde una marea roja igualmente imponente, a veces más, de partidarios del Presidente, que los medios de comunicación se niegan a ver y mostrar. En consecuencia, los opositores -desinformados- ignoran su existencia, y viven al ritmo de los noticieros de televisión extasiándose con "la marcha más grande" (de la oposición), "la inmensa marcha" (de la oposición), la "supermarcha" (de la oposición), "la marcha de todas las marchas" (de la oposición). En síntesis, ¡"todo el país" reclama el alejamiento del Presidente!

Guerra económica

El 11 de julio de 2002, Carlos Ortega, dirigente de la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV), sindicato a sueldo de la patronal, señaló por enésima vez: "No descansaremos hasta que Chávez se vaya". La tensión crece, colmada de incidentes. A iniciativa de los "chavistas", los choques se tornan violentos cuando el 14 de agosto de 2002, por 11 votos contra 8, el Tribunal Supremo de Justicia se negó a enjuiciar a cuatro oficiales acusados de la rebelión militar, convertida por una elipsis mediática en el "11-A" (11 de abril). Los sectores más humildes manifiestan violentamente su rechazo. "¡Es como si se juzgara a Ben Laden y se llegara a la conclusión de que las twin towers se cayeron solas!" Paradójicamente, bajo este gobierno presentado por sus detractores como "autoritario", no se tomará ninguna medida contra los conspiradores del "11-A", quienes se aprovechan de ello, más aun cuando Washington anuncia la creación en Caracas de una... Oficina para la transición.

Agrupada en el seno de la Coordinadora Democrática, la oposición podría desde luego buscar una salida a la crisis institucional. La Constitución permite (artículo 72), al promediar el mandato del Presidente -19 de agosto de 2003-, la organización de un referéndum revocatorio de iniciativa popular. ¿La legalidad? ¡Nada más absurdo! Los dirigentes de la oposición están urgidos, más aun cuando dudan poder ganar cualquier consulta.

El 22 de octubre de 2002 14 militares (que participaron en el golpe de Estado) se declararon en "desobediencia legítima", desde Plaza Francia, en el barrio burgués de Altamira. Pronto, siendo 70, acamparán en ese "territorio liberado" y ofrecerán desde allí, durante varias semanas, un show cuidadosamente orquestado por los medios de comunicación gráficos y televisivos. Todo está listo para el segundo intento, más soft, de golpe de Estado.

Durante la reunión, bajo la égida de la Organización de Estados Americanos (OEA), de una Mesa de Diálogo entre el gobierno y la Coordinadora Democrática, ésta anuncia una huelga general que se extenderá "hasta el alejamiento del Presidente". Parcialmente acatado al desatarse, este lock-out patronal dispondrá sin embargo de un arma imbatible: la compañía petrolera nacional, PDVSA. La única que, al suspender sus actividades, puede afectar al gobierno. En efecto, dejando a los trabajadores en una situación de desempleo técnico, los dirigentes de PDVSA -la "oil-igarquía"- le asestan un durísimo golpe.

Este lock-out, colmado de sabotajes contra los puntos neurálgicos de la economía, que se prolongaría durante 63 días a lo largo de diciembre de 2002 y enero de 2003, causará al país pérdidas por aproximadamente 10.000 millones de dólares. Al igual que en abril de 2002, surgen algunos "mártires" sobre el altar de la "democracia". El 6 de diciembre de 2002, mientras Ortega brindaba su conferencia de prensa diaria en Plaza Francia, cuartel general de los militares rebeldes, un hombre dispara contra la multitud de "escuálidos" 3 causando tres muertos y veintiocho heridos. En directo, mientras los medios de comunicación transmiten las imágenes "de terror y caos" de la "masacre de Altamira", Ortega reclama "la intervención de la OEA en Venezuela" y trata a Chávez de asesino. El general Enrique Medina Gómez (golpista del "11-A") lanza un llamado a las Fuerzas Armadas para derrocar al Presidente.

Al día siguiente, un video aficionado difundido y redifundido en los canales privados de televisión mostrará al presunto asesino, João Gouveia, de nacionalidad portuguesa, en compañía de varios allegados al Presidente, entre ellos Freddy Bernal, alcalde de Caracas, quienes serán considerados responsables del crimen. Silenciado, el examen del pasaporte de Gouveia llevado a cabo en la investigación posterior probará que se encontraba en Portugal en el momento de la supuesta grabación del video 4. ¡Es un impostor! No obstante, la manipulación permite a Ari Fleisher, entonces portavoz de la Casa Blanca, declarar: "Estados Unidos está convencido de que el único camino pacífico y políticamente viable para salir de la crisis es la celebración de elecciones anticipadas" 5. Sin Chávez, obviamente.

Pero el Presidente, democráticamente elegido y reelegido, resiste y, junto con él, el sector de la población que lo apoya. Sin embargo, es éste el que más sufre. Curiosamente, ni la electricidad ni el gas de la ciudad se vieron afectados por la "huelga general". El corte de luz afectaría a los canales de televisión comerciales, que eliminan la programación habitual e incluso suprimen la publicidad para alentar permanentemente el sabotaje económico. ¿El gas? La clase media, instrumento de la oposición, lo utiliza diariamente.

En los barrios pobres, carentes de infraestructura, se cocina con garrafas, que desaparecen de circulación. "Ésta fue una huelga contra los pobres -advierte a fines de enero de 2003 una habitante de Catia, cuyo único mobiliario está compuesto por una mesa cuatro sillas y una vieja heladera-. Tuvimos que cocinar con leña durante un mes. Y aquí no hay leña." Pudo observarse, en esa época, a algunas mujeres calentar la leche de las mamaderas con planchas para la ropa.

Economía de guerra. En las vidrieras de los negocios modestos, aparece un día un cartel: "Hay harina de maíz". Al día siguiente, desaparece. Como desaparecen los productos de primera necesidad. "Pensaron: la gente va a explotar -cuenta Blanca Eckhrout, por entonces directora del canal de televisión comunitario CatiaTV-. Va a haber un estallido." Sin embargo, el objetivo de generar una insurrección que demuestre "un rechazo popular" al gobierno fracasa. No habrá un segundo Caracazo 6. "Hemos tomado la situación con calma -señala un dirigente comunitario de Catia-; tenemos hambre, vivimos un momento difícil, pero seguiremos apoyando a Chávez. Y no bajamos a la calle para generar caos. El enemigo no es este gobierno."

Un desastre. Durante el año 2003 Venezuela registra una caída de la economía del 9,5% que arruina al país y destruye (éste es el objetivo) los programas sociales. Sin embargo, luego de haber gastado millones de dólares para acabar con Chávez, dedicado miles de horas de televisión para desestabilizarlo, la oposición sufre nuevamente una dura derrota.

Mientras la huelga agoniza, y para salvar las apariencias, la oposición lleva a cabo una nueva provocación. Invocando la Constitución, organiza el 2 de febrero de 2003 una recolección de firmas -el "firmazo"- para solicitar un referéndum revocatorio contra el Presidente. La organización material de esta jornada se encomienda a un organismo con un estatuto poco claro: "Súmate". Lo que se sabe, en cambio, es que esta oficina recibió en 2003 -para un programa de "educación electoral"- 53.400 de los 800.000 dólares distribuidos por el National Endowment for Democracy (NED), cercano al Departamento de Estado estadounidense y a diversas organizaciones y partidos de la oposición venezolana durante los dos últimos años 7.

Al cabo de dicha jornada "histórica", "definitiva" y "sublime", caracterizada sobre todo por manipulaciones memorables -¡que tuvo como único árbitro a Súmate!-, la oposición anuncia haber recolectado más de 4 millones de firmas. Más que los 3.757.733 de votos obtenidos por Chávez durante su elección en 2000 (caracterizada por una fuerte abstención). Desde entonces, proclaman algunos, no es necesario el referéndum: ¡el jefe de Estado ya no tiene ninguna legitimidad! Otros juegan una carta más sutil y avanzan sobre la negativa del poder a organizar la consulta. En efecto, habiéndose realizado seis meses y dieciocho días antes de cumplirse la mitad del mandato, este "firmazo" es ilegítimo. Pero, frente a una opinión internacional que desconoce las sutilezas de la Constitución bolivariana, toda organización que solicita un referéndum proviene por naturaleza del sector democrático. ¡Quien lo rechaza teme el veredicto de las urnas! Esta muletilla se escuchará particularmente cuando, el 12 de septiembre de 2003, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declare inadmisible la solicitud por no ajustarse a lo establecido en la Constitución (Resolución Nº 030912-461).

"¡El 70% de los venezolanos repudia a Chávez!" Tal es la letanía difundida por numerosos medios de comunicación internacionales, particularmente en Francia, cuando el 19 de agosto de 2003 el Presidente llega finalmente a la mitad de su mandato. Es verdad que, con el aumento de la inflación y el desempleo, creció la pobreza. También es verdad que, ligados a la vieja cultura política, perduran la burocratización, el clientelismo y la corrupción.

Pero esto significa olvidar que la industria petrolera, recuperada y enérgicamente purgada -18.000 despidos- recobró su capacidad de producción y alimenta las cajas del Estado. Significa omitir los programas sociales lanzados en beneficio de los carenciados. Reforma agraria 8; acceso a la propiedad en los barrios populares; Misión Barrio Adentro (asistencia médica en villas miseria y zonas marginadas con la colaboración de miles de médicos cubanos); Misión Robinsón (campaña de alfabetización que beneficia a aproximadamente un millón de personas); Misión Ribas (destinada a aquellos que debieron abandonar el colegio); Misión Mercal (red de distribución de productos de primera necesidad a precios más bajos que los de mercado); otorgamiento de microcréditos (50 millones de dólares entre 2001 y 2003 a través del Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer); etc. Significa olvidar el apoyo popular a un Presidente que nos declara pronto: "¡Prefiero ser derrocado a terminar como un insignificante presidente socialdemócrata que no hizo nada!".

Al cabo de arduas negociaciones realizadas bajo el auspicio de la OEA y del Centro Carter (dirigido por el ex presidente de Estados Unidos, James Carter), el 29 de mayo la Coordinadora Democrática firma un acuerdo que abre el camino a la organización de un referéndum, esta vez legítimo.

Luego de que la Asamblea Nacional no lograra hacerlo (su aprobación exigía una mayoría calificada), el Tribunal Supremo de Justicia designó en forma inconsulta a los miembros del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), el 25 de agosto de 2003. La oposición se alegró por ello, teniendo en cuenta que la Corte Suprema le era más bien favorable (la prueba: su decisión respecto del enjuiciamiento de los militares que participaron en el "11-A"). Dos de los miembros del directorio del CNE representan al gobierno, dos a la oposición, siendo el Presidente, Francisco Carrasquero, quien debe garantizar el equilibrio. Si bien algunos sectores de la Coordinadora Democrática desconfían de él, muchos lo consideran un "antichavista", ya que miembros de su familia fueron despedidos de PDVSA durante su recuperación. Es sobre este CNE que recaerá la difícil tarea de arbitrar un nueva recolección de firmas, el "reafirmazo".

Éste tendrá lugar desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1º de diciembre de 2003 9. Para lograr la organización de un referéndum debe recolectar por lo menos 2.402.579 firmas (el 20% del padrón electoral) en 2.780 centros habilitados por la oposición. Desde el punto de vista del orden público, todo se desarrollará en un marco de perfecta tranquilidad. Desde luego, a orillas del mar, en Naguata (Estado de Vargas), cerca de la mesa donde firman algunas personas, se producen algunos roces amables entre "chavistas" y "antichavistas". "¡Está haciendo una lista de los que votan! -grita un opositor-. ¡Saca la lista de tu bolsillo!". La mujer interpelada reacciona sonriente: "Llevo la cuenta. No vaya a ser cosa de que nos aparezcan cifras increíbles". Cifras increíbles, ese sábado 28 de noviembre, en ese Estado, seguramente no. Hay más gente en los cajeros automáticos de los bancos que en los centros de recolección de firmas. "Es normal -nos confía un responsable de la oposición local- todo el mundo se apuró para firmar ayer, viernes."

"Según nuestras estimaciones, se recolectaron cuatro millones de firmas", logramos escuchar, al día siguiente, en Chuao (al Este de Caracas, feudo de la oposición), cerca de un centro igualmente abandonado. A lo que siguió un discurso surrealista, en un perfecto francés: todo estaba mejor antes, "cuando ricos y pobres hacían fiestas juntos, se vestían igual, usaban los mismos zapatos, sí, todo estaba mejor antes de la fractura que este asesino (Chávez) provocó en la sociedad".

La única verdadera anomalía en los bastiones de la clase media de la capital, en Chacao, Baruta, Sucre, Chuao, fue el número insuficiente de planillas (hojas en las cuales, en grupos de diez líneas verticales, figuran nombre, número de documento de identidad, huella digital y firma). El CNE sólo entregó a cada sector un número de planillas correspondiente al 66% del padrón electoral. Si bien permite, a nivel nacional, la recolección de 8 millones de firmas, mucho más de lo que la Coordinadora Democrática puede movilizar, este cupo se revela insuficiente en algunos barrios que, sociológicamente, pertenecen masivamente a la oposición. Problema resuelto mediante la implementación de un "puente transbordador" que permite trasladar a aquellos que no pueden firmar a los numerosos centros donde quedan planillas. Lo que, según el secretario general de la OEA, César Gaviria, presente en calidad de observador, "permitió una plena participación" 10.

¡Un torrente! ¡Una avalancha! La transición comenzó, pregona la oposición, comentando, con la imagen de la periodista estrella Marta Colomina, "la desesperanza y la angustia que consumen al Presidente, cuyos días están contados" 11. Audaz. Porque, en ese mismo momento, en Miraflores, nunca se vio a Chávez tan distendido. "Si recogen las firmas -nos confía- se irá a referéndum y, suponiendo que lo ganen, me voy. Logramos traerlos hasta aquí: respetar la Constitución. Pero, según nuestra información, no creo que tengan el número suficiente."

Otra es la campana en el bando contrario, que, luego de algunas actitudes demagógicas, declarará haber presentado 3.467.050 firmas ante el CNE, el 19 de diciembre de 2003. En ese momento, la cifra ya invita a hacer algunas reflexiones: el reafirmazo no recoge en cuatro días lo que Súmate había supuestamente recolectado, el 2 de febrero de 2003, en una tarde. Muy lejos se está, evidentemente, del supuesto "70% de la población hostil al Presidente" 12. A fin de cuentas, en una sola jornada, Chávez obtuvo más sufragios en su elección.

Más inquietante aun: un impresionante silencio reinó la noche del 1 de diciembre en el Este de Caracas. Los líderes de la oposición lucen entonces el rostro de la derrota. El teórico grupo de los cinco candidatos a su dirección (el G5) -Henry Ramos Allup (Acción Democrática), Julio Borges (Primero Justicia), Enrique Mendoza (gobernador del Estado de Miranda), Juan Fernández (Gente de Petróleo) y Henrique Salas Römer- se muestra muy discreto, evita los estudios de televisión, no invita a ningún desfile de la victoria, ninguna celebración...

Mientras tanto, al finalizar el tercer día del "reafirmazo", el presidente Chávez denuncia sorpresivamente, en su estilo muy gráfico, un "megafraude". Recibe la réplica inmediata de César Gaviria, secretario general de la OEA, ex Presidente colombiano pro-estadounidense a ultranza, quien, como es de público conocimiento, se inclina a favor de la oposición: "No encontramos elementos que nos hagan pensar que haya existido un fraude masivo y generalizado".

Sin embargo, hubo fraude. Miembro del CNE, Jorge Rodríguez nos lo confirma el 29 de noviembre: "Las acusaciones son numerosas y arrojan sombras sobre todo el procedimiento. Hubo personas que fueron obligadas a firmar. En el hospital El Llanito, por ejemplo, se les dijo a pacientes: si no firman, no los operamos". Aquí, un centro recibe 200 planillas y entrega 400. Allá, se hace firmar a menores y muertos. Miembro de un grupo de 52 observadores internacionales provenientes de 35 países del mundo, la diputada hondureña Doris Gutiérrez (Unificación Democrática) señala así la existencia (también comprobada por nosotros) de una tarjeta plastificada "producida por una agencia privada (Súmate), en la cual la persona debe identificarse y estampar su huella digital como prueba de su participación". Cabe imaginar el posible uso de un documento semejante que torna público el carácter de las firmas: poder probar a su empleador (ya que la inmensa mayoría firmó el viernes 28 de noviembre, día laborable) que efectivamente uno se pronunció en contra del Presidente (el Ministerio de Trabajo acusó a 124 empresas de haber ejercido presiones sobre sus empleados); obligar a presentarla para poder ser contratado en el futuro.

"A pesar de la claridad de los documentos elaborados por el CNE, que destina "planillas A" para la recolección fija de firmas y "planillas B" para la itinerante (en principio, destinadas a personas que no pueden desplazarse) -señala además Gutiérrez-, se observa la utilización de las primeras hojas para la segunda finalidad. Esto podría transformar la visita domiciliaria en una forma de recolección masiva, que no puede realizarse según las reglas establecidas" (la presencia de un observador benévolo que representa al gobierno).

Subestimando las dificultades, la verificación por el CNE de la validez de las firmas se prolonga y el anuncio de su resultado se posterga varias veces, generando múltiples acusaciones de la oposición. El 26 de enero, el presidente Chávez aceptó sin embargo que miembros de la OEA y del Centro Carter asistan a las operaciones del escrutinio. Por su parte, James Carter, ex presidente de Estados Unidos, felicita al CNE por la calidad de su trabajo: "Mi opinión personal es que el CNE (...) tomará la decisión adecuada y que los resultados políticos ulteriores serán aceptables" 13.

Mientras que el gobierno lo hizo, la oposición se niega sin embargo a comprometerse a aceptar pacíficamente las decisiones del poder electoral. Menos aun cuando el 24 de febrero de 2004 se conoce el resultado: 1.832.493 firmas válidas; 143.930 fraudulentas; 233.573 anuladas por no coincidir con el Registro Electoral; y, sobre todo, 879.000 que figuran en "planillas planas". Se considera así a los grupos de hojas -alrededor de 90.000 en total- que presentan una caligrafía similar, es decir, que fueron completadas (excepto una firma hipotética) por una misma persona. Si bien se autoriza dicha ayuda para los analfabetos y los ancianos, el número completamente exagerado de estas planillas las torna particularmente sospechosas -lo que acredita la tesis del "megafraude"- y lleva al CNE a prever un procedimiento de revalidación por los supuestos firmantes. Éstos deberán presentarse entre el 18 y el 22 de marzo para confirmar que firmaron correctamente.

Perpetuar el caos

"¡La firmas no son negociables!" La Coordinadora Democrática llama a la resistencia civil y multiplica las manifestaciones violentas, reprimidas por la guardia nacional -10 muertos (a menudo, en circunstancias confusas que dan lugar a especulaciones respecto de la identidad de los autores de los disparos), decenas de heridos y al menos 300 detenciones entre el 27 de febrero y el 4 de marzo-. "¡Si estuvieran seguros de la legitimidad de estas firmas, de estas huellas digitales y de estos números de documentos de identidad -señala el vicepresidente José Vicente Rangel- no generarían ningún problema! ¿Por qué le temen a la verificación? Si firmé, voy y confirmo: efectivamente, ésta es mi firma" 14.

¡Argucias procesales! Como corresponde, Washington no tarda en socorrer a la Coordinadora Democrática expresando "su preocupación", denunciando el "tecnicismo" del CNE, y su fiel aliado, Gaviria, sugiere proceder a una verificación "por muestreo". En pocas palabras: ¡aceptar las firmas "por cucharada" o "por kilo"! Como en la época en que en Venezuela las elecciones no se decidían en las urnas, sino en la red de mecanismos instrumentados para manipular a la opinión pública.

Es contando con este aval que, el 15 de marzo, dos magistrados de la Cámara Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pasando por encima de su presidente, Iván Rincón, y de la Corte Constitucional, declaran legítimo el recurso presentado el 8 de marzo por la Coordinadora Democrática. Ordenan sumar al recuento -llevándolo a 2.708.510, es decir, un número suficiente para organizar el referéndum- 876.017 firmas sospechosas que figuran en las planillas planas, invirtiendo la carga de la prueba: corresponderá a los ciudadanos cuyos nombres han o habrían sido utilizados indebidamente venir a declarar que no firmaron, durante la verificación. Lo que desata una nueva batalla procesal y profundiza el clima de inestabilidad 15.

Aun cuando la oposición consiguiera el referéndum, sería necesario entonces que la opción del "sí" obtenga en 24 horas -¡y sin fraude!- un voto más que los recogidos por Chávez en su elección (3.757.733), y sobre todo más votos que los "no" de quienes lo apoyan. Teniendo en cuenta las cifras y las relaciones de fuerza, una hipótesis más que improbable. De ahí la tentación, para los sectores más radicales, de perpetuar un caos que permita vislumbrar, quien sabe, con la ayuda de Washington y del secretario general de la OEA, una suerte de crisis a la haitiana. Con dos obstáculos mayores: Hugo Chávez no es Jean-Bertrand Aristide y Venezuela no es Haití.

  1. "Golpe de Estado abortado en Caracas", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2002.
  2. "Laboratorios de la mentira en Venezuela", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2002.
  3. Forma peyorativa utilizada por el Presidente para referirse a sus opositores.
  4. La muerte de tres soldados de Plaza Francia -Ángel Salas, David Argüello y Félix Pinto-, las novias de los dos últimos y una menor de 14 años dará lugar al mismo tipo de manipulación (y, por ende, de silencio total). Uno de los acusados detenido desde entonces, Sifonte Núñez, afirma haber actuado bajo las órdenes de dos oficiales disidentes -el general Felipe Rodríguez y el coronel Yucepe Pilieri-, que consideraban a las víctimas sospechosas de transmitir informaciones a los círculos bolivarianos (organización popular cercana al gobierno).
  5. BBC, Londres, 13-12-02.
  6. El 27 de febrero de 1989, como consecuencia de un ajuste estructural impuesto por el Fondo Monetario Internacional, la población se subleva y realiza saqueos en Caracas. La represión de los disturbios causará 3.000 muertos.
  7. El NED financiaba en Venezuela a los grupos que trabajaban para desestabilizar a un gobierno legítimo y hacía lo propio, en nombre de la democracia, con un grupo de periodistas cubanos disidentes que fueron detenidos en La Habana entre el 3 y el 7 de abril de 2003. La lista de organizaciones venezolanas beneficiarias puede consultarse en la página del Venezuela Solidarity Commitee: www.venezuelafoia.info/ o en la del NED: www.ned.org/grants/02programs/grants-lac.html#Venezuela.
  8. "Ardua y decidida reforma agraria en Venezuela", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2003.
  9. El artículo 72 de la Constitución concierne también a los alcaldes y gobernadores. El reafirmazo estuvo precedido por una consulta, llevada a cabo del 21 al 24 de noviembre, en la que participaron 35 diputados de la mayoría y 37 parlamentarios de la oposición.
  10. El Nacional, Caracas, 1-12-03.
  11. El Nacional, 30-11-03.
  12. Con un padrón electoral de 12.012.118 electores, se necesitarían en este caso 8.408.483 firmas.
  13. Jimmy Carter, "Venezuela Trip report: Jan. 25-27 2004", The Carter Center, 30-1-04. www.cartercenter.org/
  14. El Universal, Caracas, 4-3-04.
  15. El 23-3-04 la Sala Constitucional del Máximo Tribunal anuló la decisión de la Cámara Electoral acusándola de violar el derecho a la defensa del Consejo Electoral. La Nación, Bs. As., 24-3-04.
Autor/es Maurice Lemoine
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 58 - Abril 2004
Páginas:20,21,22
Traducción Gustavo Recalde
Temas Estado (Política)
Países Estados Unidos, Venezuela