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Mortífera guerra de la policía de Río de Janeiro

Entre el 12 y el 15 del pasado mes de mayo, violentas manifestaciones de los habitantes de tres favelas de Río de Janeiro generaron importantes disturbios. Los ciudadanos protestaban por el asesinato de tres adolescentes no ligados a la delincuencia, a manos de la policía, en el lapso de una semana. Estos acontecimientos nos recuerdan que a menudo la violencia procede de quienes están autorizados para ejercerla, mientras la inseguridad no es una fatalidad sino la consecuencia de las políticas llevadas adelante desde hace años en Brasil.

Río de Janeiro, a cidade maravilhosa, barrio de Sao Conrado, el más elegante. Atrás, en la ladera de la colina, cerca de 100.000 habitantes sobreviven en Rocinha, una favela (villa miseria) cuyas viviendas de ladrillo rojo se apilan sobre parcelas mínimas. De un lado ricos, presas del miedo, que se atrincheran en sus ghettos. Del otro, una masa de pobres, principales víctimas de la inseguridad. Las clases acomodadas hablan mucho más de seguridad, pero su discurso responde más a ciertas angustias que a las estadísticas. En efecto, el 50% de los robos declarados sucede en los barrios elegantes, pero la mayoría de los asesinatos se producen en las favelas, pústulas ignoradas por las instituciones públicas1.

Estos islotes de pobreza, imbricados entre los barrios distinguidos, son vividos como una "amenaza al orden público" , al orden de abajo, el del asfalto, como se llama aquí a la ciudad oficial. Es comprensible. ¿Cómo podrían convivir pacíficamente la riqueza extrema y la indigencia?2. Los sucesivos gobiernos han renunciado a poner en práctica una política social, de educación, de salud3. El Estado padece de déficit crónico, los privilegiados concentran la mayor parte de los recursos, pero pagan relativamente pocos impuestos. No necesitan casi estructuras públicas, salvo… para la seguridad.

"La desigualdad social que impera desde hace siglos es una bomba de tiempo" , dice, preocupado, Ignacio Cano, investigador del Instituto de Investigaciones sobre las Religiones (ISER), especialista en políticas de seguridad. Desde sus miserables colinas "con vista al mar" , millares de jóvenes se aprestan a morir: son las primeras víctimas de esta violencia. A los 14 años, la escuela pública, en quiebra, ya los ha expulsado. La gran mayoría puede elegir, en el mejor de los casos, entre una vida miserable de trabajador remunerado con el salario mínimo (80 dólares por mes) o la inmersión en el tráfico de drogas, con una posible ganancia de 113 dólares por semana. Muchos eligen la segunda solución, aun a sabiendas de que allí empieza la cuenta regresiva de sus vidas.

En 1997, último año cuyas cifras confirmó el Ministerio de Salud, 7000 personas fueron asesinadas en el Estado de Río (la Secretaría de Seguridad Pública da cifras inferiores, del orden de los 5000). Se trata principalmente de jóvenes pobres, en barrios periféricos, víctimas de ajustes de cuentas entre pandillas. Pero también de la policía.

Patrulla rutinaria en Río, a las 23 horas. Seis policías militares (PM) bajo las órdenes del sargento Flavio4, con uniformes de color azul grisáceo, armados con fusiles viejos, cargados con dos pistolas cada uno, y con un cuchillo que cuelga sobre el muslo derecho, están sentados en su patam, un 4x4 cansado y quejoso, en las proximidades de la favela Rocinha. Tienen todas las ventanas abiertas, fuman, ventilan los caños de sus armas mientras conversan. Los fusiles apuntan a la noche, listos para disparar; el sargento Flavio y sus hombres tienen un mapa del conflicto en sus cabezas. Como por casualidad, las líneas del frente rodean la favela, "para que los malvivientes sepan que no pueden tomar el asfalto" . Los policías se dirigen hacia Rocinha. Con 45 años y una barriga incipiente, el sargento corre, se protege detrás de los muros y vuelve a correr, seguido de cerca por toda su tropa. Los escasos peatones se alejan acelerando el paso, con expresión desentendida. Aquí nadie quiere a la Policía. Y la Policía no quiere a nadie, sobre todo no quiere al "malviviente" . Al "malviviente" , el sargento Flavio lo reconoce fácilmente. ¿Cómo? "Intuición" , responde. De tanto insistirle, termina por construir el identikit del criminal… se parece mucho a tomársela con cualquier pobre de la favela: un short demasiado flojo sobre un cuerpo flacucho y una piel bronceada.

Apenas aparece un joven, el sargento le grita que ponga sus manos en alto, lo palpa y acaba por dejarlo ir… a regañadientes. Nos acercamos ahora a un ponto de venta de droga. Los traficantes ya fueron advertidos de la llegada de la policía. Huyeron. Sin embargo, se oye un primer disparo. En la oscuridad, es difícil decir quién tira y contra quién, pero los policías enseguida responden con una salva bien nutrida y se lanzan a la caza de los dealers. Más tiros. Un hombre cae. No está armado, lleva un gorro. Está muerto. Los policías lo arrastran rápidamente a su vehículo y lo llevan al hospital. Nunca es bueno dejar un cadáver en el lugar de los hechos. Podría traerles problemas. "Ese tipo está en el tráfico" , afirma el sargento Flavio. Siempre habrá tiempo de probarlo más tarde… Si por azar alguien preguntara algo.

En Río, los uniformados son responsables del 7% de los homicidios, 490 en 1998 según fuentes no oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública. Un estudio del ISER estima por su parte que los policías son responsables del 10% de las muertes, es decir 7005. La estimación varía, pero incluso ateniéndonos a la cifra mínima, 7%, los policías del estado de Río causan en un año casi tantas muertes como toda la Policía de Estados Unidos. De hecho, no están para defender a los ciudadanos, ni para prevenir la violencia, sino para librar una guerra contra los que ellos mismos llaman "los malvivientes" . Y una guerra siempre ocasiona víctimas.

Entre 1993 y 1996, la justicia registró en sus archivos sólo 301 ocurenças (casos) de muerte o heridas causadas a civiles, es decir el 30% de los casos. Según el examen realizado en colaboración por Human Rights Watch e Ignacio Cano, 295 de esos 301 casos fueron archivados a pedido del procurador, antes de llegar a juicio6. En los casos que sí fueron presentados, el tribunal militar declaró inocentes a los PM, siempre a pedido del procurador. Por último, están los casos de los policías juzgados por crímenes por la justicia civil a partir de 1996. Al día de hoy, nadie sabe cuántos de ellos recibieron condena. Pero la mayoría de los procesos terminaron en absolución por falta de pruebas. Motivos no faltan.

"En un primer momento, la investigación queda a cargo de un colega del batallón. A menudo se observan negligencias. Indicios no relevados, testigos que no se animan a presentarse en el batallón para denunciar, por temor a las represalias" , cuenta James Cavallero, responsable de Human Rights en Brasil. "La impunidad genera un considerable aumento de la violencia. Los policías saben que serán encubiertos por sus jerarquías. Tanto la investigación como el proceso judicial deberían corresponder a la justicia civil" ."

Impunidad policial

El 30 de agosto de 1993, un grupo de policías enmascarados invadió la favela Vigario Geral, en la periferia norte de Río, masacrando a 21 personas, a modo de represalia por la muerte de uno de sus colegas. Al menos por una vez, los habitantes de Río se conmovieron. Pero en Brasil las lágrimas se secan rápido y las autoridades saben sepultar los asuntos: basta esperar. La movilización social es muy débil. Al día de hoy, sólo dos policías fueron condenados -a 441 años de prisión- por este asunto, en abril de 1997. Diez de sus colegas fueron puestos en libertad en noviembre de 1998, a pesar de las numerosas pruebas y testimonios. Todavía falta juzgar a diecinueve de ellos. "Hace cinco años que luchamos por la justicia. Recibimos amenazas. La muerte de mi pobre hijo no vale nada para las autoridades…", se indigna Vera Lucia, madre de una de las víctimas.

Los escasos procesos a policías conciernen o bien a crímenes cometidos fuera de la favela, o bien a exacciones mediáticas como la matanza de ocho chicos de la calle frente a la Iglesia de la Candelaria, el 23 de julio de 1993. Se denunció entonces a los escuadrones de la muerte, compuestos por policías a quienes los comerciantes encargan "limpiar la ciudad" . De los siete acusados, tres fueron absueltos, dos recibieron una condena de 204 años y los otros dos todavía tienen apelaciones en curso. Desde entonces, la misma policía se hizo cargo de abatir a los escuadrones. Oficialmente no existen más. Pero sus prácticas persisten. "La Policía fue creada hace un siglo para atrapar a los esclavos que pretendían huir. No ha cambiado. Sigue defendiendo la propiedad privada de los ricos, no la vida" , reconoce Helio Luz, diputado del Partido de los Trabajadores (PT) que fue jefe de la policía civil entre 1995 y 1996.

Para la antropóloga Jacqueline Muniz, investigadora del ISER y actual miembro del Secretariado para la Ciudadanía del nuevo gobernador de izquierda Anthony Garotinho, en el cargo desde 1999, "la dictadura terminó pero la policía sigue siendo militar7. Tiene una lógica de guerra, de enemigo interno a destruir. De 1964 a 1985, combatía a los comunistas. Y hasta hace poco tiempo, los generales de la dictadura seguían en los mandos" . Este es el caso del general Nilson Cerqueira, que fue Secretario de Seguridad Pública de Río de 1995 a 1998. El enemigo está bien identificado: el traficante de droga, el pequeño revendedor de la favela, no "el caíd y sus cómplices bien posicionados en el gobierno" , ironiza Helio Luz. Mientras tanto, se acepta a los muertos de ambos bandos, policías y civiles, como el tributo que debe pagarse en aras de esta lucha total.

La cantidad de homicidios disminuyó levemente por entonces, pasando de 65 por 100.000 habitantes en 1994 a 60 por 100.000 en 1998, según los registros de la policía civil. Para las organizaciones humanitarias la cifra es más elevada. En contrapartida, la cantidad de policías y sobre todo de civiles muertos en el transcurso de las confrontaciones aumentó brutalmente. Llegó a duplicarse con el llamado premio a la bravura. En efecto, el general Cerqueira hizo votar un sobresueldo, como estímulo para sus hombres mal pagados. El análisis de los distintos expedientes muestra que en la mayoría de los casos este premio recompensó un asesinato, encubierto como confrontación8. En el 65% de los casos, las víctimas habían recibido varios impactos de bala en la espalda. Sobre 700 cadáveres examinados en la morgue, 40 habían sido ejecutados a quemarropa. Además, la mayor parte de ellos había recibido golpes antes de ser ejecutados, lo que hace pensar que ya habían sido dominados9.

Nuevas estrategias

En esta misma época, un civil tenía 3,5 más posibilidades de resultar muerto que herido en un enfrentamiento con la policía. Lo que hace suponer que existía una voluntad de exterminio. "Para el general Cerqueira, erradicar el crimen era sinónimo de matar a los criminales" , afirma Jacqueline Muniz. Opinión que el general refuta, muy discreto, por teléfono. Según él, la policía sólo responde al "salvajismo" de los malvivientes. "Aquí no estamos en Europa, los criminales son bárbaros y no podemos comportarnos como gentlemen. Por otra parte, si tuviéramos que detener a todos los malvivientes, como en Nueva York… (pausa) no podríamos, porque ya no hay lugar en las cárceles" , acaba por soltar.

Oficialmente, el nuevo gobernador Anthony Garotinho quiere transformar a la tropa en policía comunitaria, para la defensa del ciudadano10.El nuevo Secretario de la Seguridad Pública, general Siqueira, se propone insuflar un ánimo distinto. Los oficiales fueron convocados para rever su estrategia. Sus hombres deberán patrullar más las calles y reducir sus operaciones en las favelas, salvo que sean necesarias.

Por otra parte, no deberán disparar sino en caso de recurso extremo y de legítima defensa. "Queremos poner fin a la escalada de las armas. Una vez que disminuyan los enfrentamientos, los malvivientes dejarán de comprar material pesado, porque no tendrán oportunidad de utilizarlo. Vamos a utilizar la técnica para reducir el crimen" , afirma el general Siqueira. La policía apunta a mejorar el seguimiento de las zonas de riesgo y la identificación de los grupos y problemas para poder dar una respuesta pensada, planificada. Mejorando la imagen de las fuerzas del orden, el Secretario de Seguridad Pública espera recuperar la confianza de las comunidades, que son las que pueden denunciar a los criminales.

La experiencia exitosa del proyecto "Favela bairro" , parcialmente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (300 millones de dólares en 4 años), prueba además, en otro terreno, que la represión en sí misma no arregla nada. Desde 1996, la municipalidad urbaniza 90 favelas sobre las 600 existentes en el gran Río. En primer lugar conecta al barrio, abriendo nuevas arterias que reemplazan a las callejuelas. Pero sobre todo, lleva servicios públicos, agua corriente, alcantarillado, recolección de residuos, e implanta una agencia para encontrar un empleo. "Allí donde actúa el Estado, el ciudadano reacciona y hasta el "malviviente" se civiliza" , explica Maria Luisa Peterson, responsable del proyecto. Por supuesto que el tráfico de drogas no desaparece de un día para el otro. Pero la población entra en un ciclo de integración al resto de la ciudad, y rechaza el ghetto de la pobreza y del crimen. "Hemos constatado que menos jóvenes participan en el tráfico y que los crímenes son menos numerosos en estos barrios".

El general Siqueira no es el primero en intentar reducir el combate armado entre policías y malvivientes. En sus tiempos, el gobernador Leonel Brizola (1990-1994) había querido instaurar el respeto de los derechos humanos, incluso en las favelas… Los medios de comunicación y la población lo "lincharon" estimando que se trataba de una rendición ante el crimen. Ahora, desde hace algunas semanas, los diarios han vuelto a insistir en los robos, las agresiones, los crímenes… y el sentimiento de inseguridad torna a incrementarse. Parece ser que un gobierno que pretende construir una policía para todos, o sea una justicia para todos, resulta insoportable para algunos.

  1. Ignacio Cano, "Analyse territoriale de la violence à Rio" , Instituto de Investigaciones sobre Religiones (ISER), Rio de Janeiro, 1998.
  2. El 20% más rico de la población de Brasil concentra el 65,2% del ingreso nacional, contra el 2,5% del 20% más pobre, según el "Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo" , PNUD, Nueva York, mayo de 1998.
  3. Emir Sader, "Le pacte des élites brésiliennes" , Le Monde diplomatique, octubre de 1998.
  4. En Brasil existe una Policía Federal que se ocupa de la seguridad de la Nación, de los problemas entre los distintos Estados, de la protección de las fronteras, de los aeropuertos, de los puertos. Después, cada Estado tiene su propia policía, dividida en dos ramas: la Policía civil que lleva adelante las investigaciones y la Policía militar, encargada de mantener el orden público. Las dos están bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública.
  5. "Analyse territoriale de la violence a Rio" , op.cit.
  6. "Police brutality in Urban Brazil" , Human Rights Watch, New York, abril 1997 e Ignacio Cano, "L'impunité des crimes commis par les policiers" , ISER, Rio, 1999, de próxima aparición.
  7. Fue elegido gracias a una alianza del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT) y el Partido de los Trabajadores (PT).
  8. Ignacio Cano, "Usage des armes à feu par la police à Rio" , ISER, Rio, abril de 1998.
  9. Esta gratificación, conocida como premio Faroueste, fue suprimida finalmente después de una campaña del diputado del Partido de los Trabajadores Carlos Minc, en abril de 1998.
  10. El gobernador anunció en abril último su intención de presentar un proyecto de ley que prohiba la posesión de armas a los civiles (el gobernador de Brasilia, Joaquim Roriz, hizo aprobar, el 13 de mayo, una ley que puso término a la venta minorista en 13 armerías de la ciudad). En consonancia con la preocupación en aumento de la población ante la inseguridad, el gobierno de Rio y la Organización No Gubernamental Viva Rio lanzaron una campaña, "Abajo esa arma" , con objeto de recoger los miles de armas de posesión ilegal en la ciudad y prohibir su comercialización. A principios de mayo, el presidente Fernando Henrique Cardoso solicitó al Ministerio de Justicia explorar las vías legales que permitirían prohibir la venta de armas a los civiles.
Autor/es Cecilia Gabizon
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 1 - Julio 1999
Páginas:27, 28, 29
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Deuda Externa, Mundialización (Economía), Narcotráfico, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Políticas Locales, Seguridad
Países Estados Unidos, Brasil