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Hay opciones ante el FMI

En junio próximo, y luego en septiembre, desembarcarán los enviados del Fondo Monetario Internacional a controlar las cuentas de Argentina y formular nuevas exigencias, que pondrán en la picota los planes de reactivación y la necesidad de amortizar la enorme deuda social. ¿Está Argentina a merced de sus acreedores o existen otros caminos? ¿Qué le conviene más como Nación: aceptar, desligarse, el default? ¿Cuánto cuesta cada alternativa? Existe un conjunto de posibilidades, que deberán seleccionarse en función del interés nacional.

La solución del endeudamiento externo argentino necesita una estrategia que defienda el interés nacional y que, con rigor y creatividad, explore los caminos posibles para terminar con la sujeción política que imponen las condicionalidades de los créditos, así como la apropiación del excedente económico a través de los pagos.

Un ejemplo de acción correcta en defensa del interés nacional es el planteo de la quita del 75% a los acreedores privados. En efecto, esa decisión del gobierno traslada el eje habitual de las discusiones a temas que no figuraban en la agenda tradicional. Se recupera así un factor estratégico esencial, que es la iniciativa, pero en junio y septiembre próximos habrá inspecciones in situ del Fondo Monetario Internacional (FMI), que actuará como lobbista privilegiado de los acreedores externos.

Es previsible que las presiones se intensifiquen, ante las cuales se presentarán varias opciones. La primera, de conciliación y obediencia, es la que el país sigue desde hace al menos un cuarto de siglo, con los resultados conocidos. Significa acceder a las exigencias del FMI a cambio del refinanciamiento de la deuda por capital. En el contexto actual el FMI no ofrece un solo dólar adicional y pretende: a) un aumento del superávit fiscal primario; b) un arreglo conveniente para los bonistas; y c) la sanción de varias medidas de gobierno que satisfagan al establishment financiero internacional y nacional. En síntesis, se trataría de volver a declinar soberanía y perjudicar o impedir la recuperación económica, con los previsibles resultados sociales y, por supuesto, electorales.

La segunda posibilidad es la de hacerse fuerte dentro de las mismas reglas del juego. Significa mantenerse en la negociación, pero no aceptar las exigencias del FMI en materia de política económica interna, ni cláusulas que afecten la soberanía nacional. Por ejemplo, no acceder a modificaciones en cuanto al superávit primario ni a la quita a los bonistas. En este caso, se negociaría en forma separada e independiente con los bonistas y el FMI. Se trata de acreedores con intereses contrapuestos, porque una forma de pagarle más a los bonistas es aplicarle una quita al FMI. Grosso modo, es el tipo de negociación que lleva adelante actualmente el gobierno, que tiene un problema jurídico importante: si el FMI (que no tiene privilegios) cobra el 100% de sus acreencias y los bonistas menos, se está violando la obligación de tratar del mismo modo a todos los acreedores.

Al margen de esto último, el FMI podría insistir en sus pretensiones y romper la negociación. En ese caso, hay dos respuestas posibles; la primera está dentro de las reglas del juego y consiste simplemente en desligarse del control del FMI; la segunda es el default, que plantea una situación conflictiva para las dos partes.

El desligamiento

¿Qué quiere decir desligarse del FMI? A mediados de la década de 1960, el FMI presionó al entonces presidente Arturo Illia por el problema de las patentes farmacéuticas. En la reunión final, Illia preguntó a su ministro de Economía: "¿Cuánto les debemos a estos señores? Hágales un cheque y que se vayan" 1. Por supuesto, los delegados del FMI se deshicieron en disculpas, porque lo último que quieren es perder el control sobre los países "tomados", que se ven obligados a pagar por su libertad, en una situación similar a las de las ciudades medievales cercadas.

Es que -y esto es muy importante que lo sepan los ciudadanos- el FMI sólo puede interferir y formular exigencias en la política económica de un país cuando éste debe cumplir con acuerdos por los que el FMI?le otorgó préstamos. Si se dan por terminados esos acuerdos, no se reciben más préstamos y se pagan las cuotas a su vencimiento, el FMI no tiene posibilidad de ejercer presión.

Por cierto, el desligamiento del FMI no es una solución extrema, que suponga "patear el tablero". El ex ministro Domingo Cavallo acudió a ella el 26 de septiembre de 1994, cuando dio por terminado el préstamo de facilidades ampliadas del FMI y renunció a los desembolsos que Argentina iba a recibir a finales de ese año. El FMI dejó de intervenir en la política económica argentina, a punto tal que levantó sus oficinas, que funcionaban en el Banco Central.

¿Acaso el ministro Cavallo tuvo entonces un rapto de nacionalismo? Por supuesto que no. El FMI, que como acreedor abusivo supervisaba la economía argentina, había exigido una baja en el gasto público y cuestionado el déficit que provocaban las jubilaciones privadas y la rebaja en los aportes patronales. Como iba a ser castigado por no haber cumplido con las metas del FMI, Cavallo se desligó de su control. Pagaría las deudas a su vencimiento y no recibiría más fondos, pero recuperaría la facultad de decidir la política económica (en este caso para favorecer al establishment financiero). Esa situación duró poco, porque el 3 de marzo de 1995 Cavallo se reintegró en plenitud al FMI y le suplicó que lo socorriera durante la crisis del Tequila.

Costos y beneficios

En la situación argentina actual, desligarse del FMI supone dar por terminados los programas existentes; no refinanciar la deuda y asumir los compromisos actuales. Desde ese momento, el FMI quedaría afuera de toda intervención u opinión sobre la política económica argentina. La relación con el Banco Mundial (BM), o con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no se vería afectada.

Por supuesto, hay que evaluar los beneficios y los costos. El beneficio es olvidarse del FMI y rescatar la soberanía económica. El inconveniente radica en que es caro: hay que pagar religiosamente cada cuota.

Los pagos comprometidos con el FMI son los que figuran en el cuadro. Es evidente que la cuenta es muy pesada y que rechazar un refinanciamiento puede parecer una insensatez; pero para evaluar la relación de beneficio-costo deben introducirse otras consideraciones. La primera: ¿cuánto cuesta cumplir con lo que exige el FMI? En términos monetarios, en 2004 subir el superávit fiscal a 4,25% del Producto Interno Bruto (PIB) -como reclama el FMI- significa destinar 16.000 millones de pesos (5.700 millones de dólares) al pago de servicios de la deuda externa; la cuarta parte del presupuesto nacional. La asignación actual del 3% del PIB implica 11.000 millones de pesos (o 4.000 millones de dólares). Pero el costo mayor puede estar en la disminución de la quita del 75% a los bonistas. Grosso modo, el 25% de 88.000 millones de dólares representa 22.000 millones. Si cediendo a las presiones se pagara el 40%, serían 35.200 millones de dólares. Además, habría que ponerse al día con los intereses atrasados a los acreedores, que suman cerca de 12.000 millones de dólares (que en los casos de convocatoria de acreedores no se pagan, como sostienen el gobierno argentino y la doctrina jurídica).

En definitiva, si el FMI introdujera este tipo de exigencias, desligarse resultaría mucho más barato que cumplir sus pretensiones. Hay que considerar además que las sumas que se le deben al FMI se refinancian, por lo que al final igual hay que pagarlas, claro que en plazos mayores. Todo eso sin contar con la recuperación de soberanía que significa la desaparición del control extorsivo del FMI. En su conferencia de prensa del 31 de marzo de 2004, la directora-gerente del FMI, Anne Krueger, reclamó la suba de las tarifas de los servicios públicos -en especial de la energía-, el aumento de la rentabilidad de los bancos, la flexibilización laboral y un cambio en las relaciones con las provincias. Enunció un plan de gobierno, como si hubiese sido votada para dirigir la economía argentina.

Cuando se evalúan los pagos de la deuda pública no sólo deben considerarse los montos, sino quiénes pagarían. Es justo que la carga recaiga en los que se beneficiaron con el negocio de la deuda, es decir, en el sector financiero y en los evasores de capitales. Es obvio que debe implantarse un impuesto a las ganancias financieras (renta de bonos y depósitos a plazo), que si fuera del 30% generaría 5.100 millones de pesos anuales 2. También debería cobrarse un impuesto a las ganancias de capital, que en la Argentina no se aplica, pero que rige en Brasil, Dinamarca, Alemania, Italia, Suecia y Estados Unidos.

Además, debe cobrarse el impuesto a los bienes que los argentinos tienen en el exterior. De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Producción, los activos externos del sector privado no financiero ascienden a 123.017 millones de dólares. El balance de pagos elaborado por el INDEC calcula en 2.700 millones de dólares la renta que cobran los argentinos por sus depósitos o bonos en el exterior; a ellos deberían sumarse los activos que no generan renta y las inversiones. Piénsese en la desmesurada ganancia de capital que tuvieron con la devaluación. Esos capitales no pagan impuestos en el país al que emigraron, porque se trata de residentes en Argentina; y como la mayoría de ellos no declara esos bienes aquí, no pagan en ninguna parte. Los fiscos de los países desarrollados, en primer término Estados Unidos, tienen esa nómina y, convenio internacional mediante, podrían suministrarla al gobierno argentino para que pueda cobrar los impuestos correspondientes.

También importa la forma de pago. Si se tomara la decisión política de asignar hasta el 3% del PIB al pago de la deuda externa, en lo inmediato podría dedicarse el grueso de esa suma al pago al FMI y negociar con los bonistas un período de gracia de 4 años. Por supuesto, se plantearía un conflicto, pero esta vez el FMI sería parte; se vería con nitidez que si cobra el FMI, se posterga a los otros acreedores. Pero no variaría la suma destinada al pago de la deuda.

El default

Otra posibilidad es la del default. Si el FMI mantiene sus exigencias y el gobierno considera que la solución del desligamiento es demasiado costosa, Argentina incurriría en incumplimiento y podría solicitar una quita en el monto de la deuda análoga a la de los bonistas privados. Lo más probable es que el FMI la rechace y pretenda ser un acreedor privilegiado. En realidad no lo es, pues la legislación internacional establece la igualdad de trato para todos los acreedores, excepto que existan privilegios determinados taxativamente, lo que no ocurre en el caso del FMI. Se entraría en un conflicto a tres bandas, entre Argentina, el FMI y los bonistas. En ese caso, la relación de fuerzas no es tan desfavorable para Argentina, pues la capacidad de dañarla es relativamente baja. La principal represalia consistiría en no otorgar nuevos préstamos externos, una amenaza fatal para una economía que vive del endeudamiento, como la Argentina del decenio de 1990. Pero ahora sería una intimidación vana y, más aun, sería perjudicial que entraran capitales especulativos.

En cuanto a las inversiones directas extranjeras, cuya escasez futura se pronostica "si Argentina no se porta bien", éstas siempre han sido complementarias del ahorro nacional y han ido a los países en los cuales invertir es negocio; es decir, cuando el país en cuestión crece. No lo es, en cambio, en las economías que siguen los dictados del FMI, que en general están arruinadas.

¿Cuál es la mejor estrategia para negociar con el FMI? Conviene empezar la respuesta por el revés: la peor actitud es aceptar las exigencias del FMI, que no sólo son muy costosas, sino que enajenan la soberanía económica. Las otras posibilidades tienen ventajas e inconvenientes y, como en toda negociación, dependen de ambas partes.

La posibilidad más fácil es la de negociar dentro de las reglas del juego. Esto es viable si el FMI no insiste en subir los porcentajes del PIB a asignar al pago de la deuda; no pretende una rebaja en el 75% de la quita a los bonistas, ni el pago de los intereses generados durante la mora. Justamente, esos serán los puntos de conflicto en las negociaciones de junio y septiembre.

Si las exigencias del FMI se convirtieran en inaceptables, por lo que significan en términos de soberanía y de costos, podría entrarse a las alternativas de desligamiento o de default. La primera tiene dificultades económicas y la segunda políticas. En el momento de decidir, habrá que recordar aquella frase que Marguerite Yourcenar pone en boca del emperador Adriano: "No hay más que un punto sobre el cual me siento superior al común de los hombres: soy más libre y más sumiso que lo que ellos se atreven a ser. Casi todos desconocen por igual su justa libertad y su verdadera servidumbre" 3.

Ni voluntarismo ni restricciones ruinosas. El arte de la política.

  1. Relatado a uno de los autores por Ricardo Illia, entonces secretario del Presidente.
  2. Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), La Plata, Informe IEFE, N° 127.
  3. Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, Sudamericana, Buenos Aires, 2001.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 59 - Mayo 2004
Páginas:4,5
Temas Deuda Externa, Estado (Política)
Países Argentina