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Jaque a la corrupción en Brasil

En las elecciones municipales del 1º de octubre próximo podría producirse una sorpresa en Brasil. Una ley reciente permite a la justicia electoral invalidar inmediatamente las candidaturas de aquellos a quienes se halle culpables de comprar el voto de los electores. Una red de organizaciones sociales promueve una campaña para educar a la ciudadanía y garantizar la denuncia de tales prácticas. Dada la extensión de la "corrupción electoral", esta nueva ley podría tener efectos devastadores.

Es tentador creer que la fórmula "aprovechar todas las ocasiones" describe el estado de espíritu que guía la práctica política ordinaria de una buena parte de los brasileños. Autorizada por la democratización, la revelación por parte de la prensa de los abusos habituales en el mundo político ha provocado un fuerte sentimiento de indignación; tan grande que hace ocho años causó la caída de un corrupto presidente de la República, Fernando Collor de Mello. Y ahora provoca la multiplicación de comisiones parlamentarias de investigación de delitos flagrantes que desvelan, a todo nivel, la extensión del crimen organizado y del tráfico de drogas, amparados por una corrupción que toca hasta los poderes legislativo y judicial.

Pero hasta ahora la "corrupción electoral" se mantenía intocable. No es casual que la lucha contra este flagelo insuficientemente denunciado no figurara en ninguno de los proyectos de reforma política, ya que la mayoría de los políticos le debe su mandato. En Brasil, como en casi todos los países del tercer mundo, la compra del voto es una práctica corriente que, facilitada por el bajo nivel de conciencia política de la mayoría de los ciudadanos, está en el origen de graves distorsiones en los resultados de elecciones y explica, en gran parte, la fragilidad de una democracia cuyo funcionamientose ve así falseado desde la base. Se trata de un método político perverso e incluso cruel, porque extrae su fuerza de la pobreza y la miseria, para mantenerlas. Esto explica la existencia de verdaderos "ejércitos electorales de reserva", formados por electores dispuestos a vender su voto a cambio de "un plato de lentejas".

Decisión ciudadana

Pero la sociedad ha reaccionado. La adopción de la ley 9840/99, el 29-9-1999, marcó una victoria significativa, porque concluye con un procedimiento muy particular1. Por primera vez en la historia del país, se ha puesto en práctica un instrumento de participación directa de los ciudadanos creado por la Constitución de 1988: la iniciativa popular en materia legislativa. El proyecto de ley anticorrupción electoral fue presentado al Congreso bajo la forma de un petitorio firmado por un millón de electores; o sea 1% del total del electorado, porcentaje mínimo exigido por la Constitución.

Todo comenzó con una encuesta realizada en 1997 por la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos de Brasil (CNBB), impulsada por su campaña de cuaresma "Fraternidad y política", para medir la incidencia de la compra de votos en las elecciones de 1996. Después de una serie de audiencias públicas, organizadas en varios Estados para completar la encuesta mediante testimonios, se elaboró el proyecto de ley y se lanzó la iniciativa popular.

No fue fácil recoger un millón de firmas, cada una acompañada del número de documento del firmante. A pesar de la participación conjunta de más de sesenta organizaciones de la sociedad civil, la obtención de las firmas demandó quince meses de trabajo. La elección de este procedimiento para hacer avanzar el proyecto respondió a una intención precisa: sus promotores pretendían obtener un resultado pedagógico. De hecho, la práctica de la compra de votos es ampliamente admitida entre los electores, muchos de los cuales esperan cada escrutinio para sacarle algo a los candidatos. El problema tiene por lo tanto una dimensión cultural. La recolección de firmas daba la ocasión de discutir acerca del valor del voto, según la consigna de la campaña: "el voto no tiene precio, tiene consecuencias".

Una vez presentado al Congreso, y gracias al peso político del millón de firmas, el proyecto recorrió rápidamente las sucesivas instancias de decisión. Discutido y aprobado en 35 días por la Cámara de Diputados y el Senado, fue inmediatamente validado por el presidente de la República, exactamente un día antes de la fecha luego de la cual la aplicación de la nueva ley a las elecciones del año 2000 no habría sido posible.

No es seguro que todos los parlamentarios hayan estado plenamente conscientes de las consecuencias que implicaba para ellos la ley que votaban, pero les hubiese resultado difícil oponerse a un proyecto respaldado por un millón de ciudadanos y cuyo objetivo simple y claro era castigar más eficientemente un delito. Resistir hubiera sido declarar por adelantado su intención de cometerlo.

Las elecciones legislativas no se realizan por lista: se elige candidatos individuales que, a su vez, apoyan a los candidatos de su partido. Tanto en el legislativo como en el ejecutivo la compra de votos beneficia por eso a los candidatos que disponen de más dinero, lo que está evidentemente en conexión con la corrupción o con la financiación "interesada" de las campañas.

La compra de votos ya era un delito condenado por la ley brasileña. Pero, precisamente a causa de esta severidad, la acción de la justicia electoral era ineficaz: las eventuales y raras condenas no eran dictadas sino al cabo de largos años, cuando aquellos que habían sido elegidos comprando votos estaban ya en su segundo mandato.

Con la nueva ley, dar o simplemente ofrecer a los electores, durante el período de campaña electoral, cualquier bien material, ventajas o dinero con el objetivo de obtener el sufragio, constituye no solamente un delito, sino una infracción electoral que da lugar a una punición administrativa, más rápida y más radical: la invalidación de las candidaturas, antes del día del escrutinio o al menos antes de la asunción del mandato. Los candidatos cuya "corrupción electoral" queda probada se ven así privados del derecho a participar en la elección en curso.

La ley posee un segundo aspecto innovador: la justicia electoral puede invalidar la candidatura de quienes utilicen la máquina administrativa para obtener votos. Esta práctica, también corriente, no era punible más que por una multa; muy poco dinero, en relación con los enormes gastos de los candidatos. Además, el Congreso siempre podía votar, algunos años más tarde, una amnistía general antes de la aplicación de la penalidad… Bajo la presión de la sociedad civil y de la prensa, el Presidente de la República opuso su veto a la última de estas amnistías. El Parlamento todavía no ha decidido si acepta o no ese veto…

A partir de ahora, utilizar funcionarios, autos, servicios públicos diversos para hacer campaña electoral o para dispensar favores a sus electores constituye motivo de invalidación de una candidatura. Esta novedad pesará particularmente en las próximas elecciones, en las que, por primera vez, los prefectos podrán ser candidatos a su propia sucesión sin abandonar su puesto.

"Comités 9840"

Sin embargo, la simple existencia de la nueva ley no es suficiente: la justicia electoral no puede obrar sino sobre denuncias contra candidatos en infracción. En ausencia de tales denuncias, todo continuará como antes y nadie será sancionado. Frente a este desafío, las organizaciones que han llevado al Congreso el millón de firmas se preparan una vez más para actuar conjuntamente, en un vasto movimiento con vistas a que se aplique la ley.

Todos los obispos del país volvieron a movilizarse, a partir de su Asamblea general de fin de abril. Se enviaron cartas a casi cinco mil promotores de la junta de firmas. Por todas partes se crean "Comités 9840" (en referencia al número de la ley). Las publicaciones de las diferentes organizaciones hacen campaña por esta nueva etapa de la lucha y los grandes diarios, radios y cadenas de televisión comienzan a hablar.

La comisión Justicia y Paz publicó una pequeña guía donde se detalla el contenido de la ley y los procedimientos a seguir para crear los comités, así como su modo de funcionamiento. En varios Estados, por iniciativa de promotores locales, esta guía ha sido simplificada para que pueda ser utilizada por el gran público. Aparecen además afiches y obleas. Se trata de hacer fracasar, mediante un trabajo educativo intensivo, las resistencias previsibles por parte de los propios electores, que no ven bien la prohibición de prácticas de las cuales habitualmente obtienen beneficio.

La guía está también disponible en un sitio de Internet creado especialmente para la movilización en curso2. Allí se encuentra información sobre iniciativas, materiales pedagógicos y jurídicos útiles para los Comités, así como afiches y publicaciones para reproducir. El sitio dará además informaciones sobre las denuncias y decisiones de la justicia electoral, destinadas especialmente a los periodistas movilizados por su Federación Nacional, que figura entre las sesenta organizaciones que han apoyado la iniciativa popular. La Orden de los Abogados de Brasil, que también participó en la junta de firmas, envió la guía a todas las secciones y subsecciones regionales y locales, recomendando a sus miembros que den asistencia jurídica a los Comités.

Además de este apoyo directo, los Comités tendrán también acceso a una dirección electrónica habilitada por la Universidad Católica de Brasilia3: así se podrá consultar a expertos en derecho electoral, que responderán a los problemas planteados y ayudarán a aclarar dudas jurídicas.

En algunos Estados, la propia justicia electoral ha enviado la guía a todos sus jueces, por lo que se espera que muy pronto se tomen sanciones ejemplares que traben la elección de candidatos sin otro programa que distribuir dinero o favores a los electores. Uno de los objetivos de la nueva ley -excluir a los candidatos deshonestos de la competencia electoral- habrá sido entonces logrado. Se revertiría la tendencia a no creer más en la democracia: tendencia peligrosa en un país donde las desigualdades son tan profundas y los problemas sociales tan graves.

  1. Leer Combatendo a corrupçao electoral, Camara dos deputados, Centro de documentaçao e informaçao de publicaçoes, Brasilia, 1999; y Vamos acabar com a corrupçao eleitoral, Comissao brasileira Justicia e Paz, Paulinas, Sao Paulo, 2000.
  2. www.lei9840.org.br
  3. consultas9840@ucb.br
Autor/es Chico Whitaker
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 15 - Septiembre 2000
Páginas:13
Temas Corrupción, Estado (Justicia), Estado (Política), Movimientos Sociales, Políticas Locales
Países Brasil