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Esterilización forzada de la población indígena en Perú

Durante la presidencia de Alberto Fujimori se ejecutó un plan de control de la natalidad entre los sectores más pobres de la población peruana, esencialmente indígenas, que con la excusa de mejorar las condiciones de vida de la población devino un plan de esterilización forzada. Cuando estalló el escándalo, organizaciones feministas y no gubernamentales cayeron en la cuenta de que sus propósitos habían sido desnaturalizados y que esa barbaridad era aprovechada por los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica.

Hayllacocha es una comunidad indígena situada en la Pampa de la Laguna, a unos cincuenta kilómetros de Cuzco, en unas altas tierras andinas que el campesino trabaja aferrando con sus manos el arado arrastrado por un buey. En uno de los ranchos con techo de paja asoma una mujer sufrida y con las manos deformadas por la artritis. Hilaria Supa Huamán acaba de llegar de la chacra, una pequeña parcela donde se cultiva trigo, maíz y papa.

En 1991 Hilaria fue una de las fundadoras de la Federación de la Mujer Campesina de Anta, provincia mayoritariamente rural, de unos 80.000 habitantes. Tres años después se convirtió en secretaria general de la organización y como tal participó en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, realizada en Pekín en 1995. En esa ocasión, Hilaria Supa Huamán conversó con el entonces presidente peruano, Alberto Fujimori. "Empezó a hablarme de un programa sanitario de planificación familiar que quería aplicar. Le dije que estaba de acuerdo, a condición de que los maridos y sus mujeres decidieran juntos. A lo que respondió: ‘Sí, por supuesto'."

Unos meses más tarde, urgida por la enfermera del pueblo y sin recibir demasiadas explicaciones, Hilaria aceptó someterse a una operación, de la que le costó reponerse: "Te insultan. Te dicen: ‘Tú quieres tener hijos como los cuyes'. Después te aseguran que te vas a curar rapidito, pero es mentira. La cicatriz sana rápido por afuera, pero adentro no, porque nosotras hacemos trabajo muy duro, con mucha fuerza". Y no es la única que sufre las secuelas. Una amiga suya, madre de familia de Mollepata, le dijo que luego de haber sufrido una ligadura de trompas empezó a sentirse "muy débil".

En esa época, inquietantes noticias llegaban de varias comunidades, como Mollepata, Limatambo o Ancahuasi. Mujeres que habían llegado al dispensario para un control sanitario de sus hijos eran encerradas, a veces en grupos de diez o veinte. Con la excusa de vacunarlas se las llevaba a la sala de operaciones, donde eran anestesiadas. De allí saldrían, una a una, aún aturdidas. Más tarde comprenderían, conmocionadas, que habían sido esterilizadas y que ya no podrían tener más hijos.

Junto a otras mujeres, Hilaria Supa Huamán decidió denunciar públicamente lo ocurrido, por lo cual fueron excluidas de la dirección de la federación campesina. Según ellas, se trató de represalias organizadas secretamente por el ginecólogo Washington Ortiz -que aún ocupa su puesto-, quien incitó a sus pacientes operadas a retirar sus denuncias. Pero el movimiento de protesta crecía. "Nuestro consejo, a escala de la comuna y de la región, denunció las esterilizaciones forzadas", afirma Wilber Rosas Beltrán, alcalde de la ciudad de Anta y dirigente de la Red de Municipalidades Rurales del Perú (Remurpe) 1. Y añade: "Junto a la Defensoría del Pueblo de Cuzco organizamos una acción de resistencia y una ayuda a las víctimas".

Responsabilidad de Fujimori

El 8 de septiembre de 2001, cuando aún no se había cumplido un año desde que Fujimori, luego de ser destituido por el Parlamento, escapó de Perú para refugiarse en Japón, el ministro de Salud, Luis Solari, formó una Comisión especial sobre las actividades del programa Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). Un grupo de personalidades quedó a cargo de la investigación: el doctor Juan Súccar, presidente de la comisión, la doctora Maita García Trovato, presidenta de la Asociación de Médicos Católicos de Perú, la antropóloga Esperanza Reyes y la dirigente Hilaria Supa Huamán.

Ese mismo mes de septiembre el Congreso designó una comisión parlamentaria para estudiar las "irregularidades" cometidas en el marco del Programa AQV durante el régimen de Fujimori. La comisión estaba encabezada por Héctor Chávez Chuchón, diputado de la Unidad Popular (UP, conservador) y presidente de la Federación de Médicos de la región de Ayacucho, Andahuaylas y Huancavelica.

En julio de 2002, los investigadores designados por el Ministerio de Salud (Minsa) hicieron público un "Informe final" de 137 páginas, del que se desprende que entre 1995 y 2000 fueron esterilizadas 331.600 mujeres, mientras que a 25.590 hombres se les realizó una vasectomía. "Esas personas fueron captadas ya sea por medio de presiones, de extorsión o de amenazas, ya sea ofreciéndoles alimentos, y sin ser debidamente informadas, lo que les impidió decidir en total conocimiento de causa", señala el informe.

Todo eso se hizo en nombre de un plan de salud pública, cuyo verdadero objetivo era reducir el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú. Es decir, fundamentalmente entre la población indígena de las zonas con menos recursos: la sierra andina, la selva amazónica y las villas miseria que rodean a la ciudad de Lima.

A pesar de que muchos documentos oficiales fueron destruidos, se hallaron 56 que establecían los hechos y designaban a los responsables. El primero de ellos es el ex presidente Alberto Fujimori, a quien se informaba mensualmente del número de intervenciones realizadas, fundamentalmente por los servicios de los sucesivos ministros de Salud, Eduardo Yong Motta (1994-1996), Marino Costa Bauer (1996-1999) y Alejandro Aguinaga (1999-2000).

Apenas salió a la luz el informe del Ministerio se desató una polémica en torno de los objetivos perseguidos y de las cifras ("aberrantes", según aquellos que reconocían la existencia de 200 a 300 casos en que las cosas terminaron mal). Alejandro Aguinaga defendió enérgicamente el plan, que a su entender permitió a cientos de miles de parejas evitar un embarazo no deseado o un aborto y reducir "ostensiblemente" la tasa de mortalidad materna e infantil.

En el diario La República del 25 de julio de 2002, Costa Bauer se apoyó en una investigación efectuada por una agencia estadounidense entre 1996 y 2000 para afirmar que "un 90% de las mujeres en edad fértil están totalmente satisfechas con los métodos de planificación familiar de que gozaron". Pero en la misma página figura el testimonio de una madre de familia, Ligia Ríos, quien explica cómo fue hostigada por los miembros del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) hasta que aceptó hacerse esterilizar. Desde entonces sufre de fiebre, hemorragias y dolores abdominales, lo que la obligó a dejar de trabajar.

Luego de que el informe final del Ministerio fuera entregado al Congreso, el 23 de julio de 2002, los diputados decidieron acusar a Fujimori y a sus tres ministros de Salud de "genocidio" y "crímenes contra la humanidad". Un año después, para la misma fecha, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por la diputada Dora Nuñez (FIM, Frente Independiente Moralizador), retomó esas acusaciones y solicitó una investigación, que quedó a cargo del procurador general de la Nación. Pero la Comisión permanente del poder legislativo rechazó esa iniciativa. Y de una comisión a otra, el debate se fue empantanando...

Mientras tanto, desde Tokio, donde vive desde que el gobierno le otorgó la nacionalidad japonesa, evitando así su eventual extradición, Fujimori niega haber ordenado esterilizaciones forzadas. Al contrario, sostiene que por primera vez en su historia las peruanas tuvieron los medios para elegir una maternidad responsable.

Sin embargo, hace años que investigadores peruanos o extranjeros, reconocidos por la seriedad de sus trabajos, se ocupan de establecer la verdad 2. La abogada y socióloga Giulia Tamayo realizó un trabajo por cuenta del Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem/Perú) en el que reunió un centenar de testimonios de mujeres de Lima, Cuzco, Loreto, Piura y San Martín. Sus conclusiones, publicadas el 22 de junio de 1998 por El Comercio, el principal diario de la capital, indicaban la existencia de actos abusivos, sin previo consentimiento, complicaciones postoperatorias y abusos de toda índole. Allí se señalaban muertes causadas por negligencia, por malas condiciones de higiene, por insuficiente preparación del personal y por el mal estado de las pacientes (tuberculosis o desnutrición) y hasta por un embarazo no detectado.

Un año después, esos datos fueron reunidos en un libro impresionante -que incluía un documento en video- titulado Nada personal. De allí surge una revelación dramática: lo que al principio aparecía oficialmente como "objetivos a alcanzar" en materia de esterilización, se transformó rápidamente en "cuotas a completar" de manera obligatoria, por cada profesional y cada establecimiento sanitario. Los que obtenían mejores resultados eran recompensados. Los que no, eran castigados. Nada personal habla de una política oficial fríamente establecida. Su autor fue víctima de amenazas e intimidaciones.

En nombre de los derechos femeninos

Las autoridades peruanas de entonces nunca reconocieron que se hubieran fijado cifras a alcanzar. En todo caso, no se puede negar la cantidad y sobre todo el aumento vertiginoso de intervenciones de AQV: se pasó de 81.762 ligaduras de trompas en 1996 a 109.689 en 1997, lo que constituyó un pico, pues al año siguiente la cifra cayó a 25.995. En todo caso, en Perú y en otras latitudes nada se dijo. "Tratan de enterrar este asunto", piensa Hilaria Supa Huamán, preparándose para volver al trabajo en el campo. "Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados, pues hay muchas mujeres que están mal. Porque se engañó a mucha gente. Y los responsables siguen lo más tranquilos."

Arequipa, "la Ciudad Blanca", edificada a 2.300 metros de altitud en los Andes, cuna de muchas revueltas y con una larga tradición de luchas sociales, se alzó contra el fujimorismo. Juan Manuel Guillén, ex rector de la universidad y alcalde local hasta 2003, apoyó las enérgicas protestas de los arequipeños que obligaron al actual presidente Alejandro Toledo a abandonar la idea de privatizar dos empresas eléctricas. "Creo que existe una estrecha relación entre la política neoliberal impuesta a Perú por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el programa de planificación familiar urdido por Fujimori", afirma. Y añade: "A cambio de créditos y de una renegociación de la deuda, el FMI exigió las privatizaciones, incluso en el sector de la salud, y la apertura al capital extranjero, pero también un control del crecimiento demográfico. Eso apuntaba a los sectores pobres o muy pobres, potencialmente ‘peligrosos'. Ello llevó a violaciones de los derechos individuales, familiares y, de manera más general, de los principios éticos sobre los que debería fundarse la sociedad".

Sin embargo, ese famoso programa de salud reproductiva y de planificación familiar había sido muy hábilmente presentado el 28 de julio de 1995. Fujimori declaraba entonces que el Estado permitiría a las familias de bajos recursos y de escaso nivel educativo acceder a los diferentes métodos de planificación familiar de que gozan las clases acomodadas. Y agregaba con audacia: "Hemos sido y seremos un gobierno pragmático, sin tabúes ni ‘vacas sagradas'. ¡Las mujeres peruanas deben ser las dueñas de su destino!".

¿Quién financiaría esos proyectos? El Tesoro Público. Pero no únicamente, por supuesto. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) sería la principal fuente de asistencia técnica y financiera, con una contribución de 36 millones de dólares, siete veces más que el segundo donante, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En realidad, si la USAID tenía el visto bueno del Congreso estadounidense, con mayoría republicana y tradicionalmente hostil a los programas de control de la natalidad, se debía a que sus prioridades eran otras por entonces y se concentraban en temas internos, fundamentalmente en la lucha contra la política del presidente William Clinton. Es de notar también el aporte -de unos dos millones de dólares- de la Nippon Zaidan (Fundación Japón) cuya presidenta -Ayako Sono- sería actualmente la principal protectora de Fujimori en Tokio.

Varias organizaciones no gubernamentales (ONG), como la estadounidense Pathfinder, recibieron dinero, al igual que la organización feminista peruana Manuela Ramos 3. Esos grupos, que junto a militantes de Flora Tristán lucharon por la causa de las mujeres desde la década de 1970, no ocultaban su entusiasmo ante la ansiada ocasión de asestar un duro golpe a las posiciones "retrógradas" de la Iglesia católica, algunos de cuyos miembros están ligados al Opus Dei. 

De hecho, la jerarquía de la Iglesia atacó inmediatamente la decisión de promover el control de la natalidad por vías "artificiales" y de introducir la educación sexual en las escuelas. Posteriormente, cuando las ONG feministas fueron advertidas de las esterilizaciones forzadas, percibieron el peligro que se anunciaba: los sectores conservadores se aprovecharían de esa situación para demoler el programa de planificación. Entonces, sin dejar de condenar ciertos "errores" puntuales, consideraron necesario sostener la estrategia oficial apoyada por los grandes organismos internacionales. Contradicciones y ambigüedades...

A pesar del autogolpe del 5 de abril de 1992 -disolución del Congreso y control del poder judicial- y a pesar también del "Fujishock" -aplicación de medidas ultraliberales presentadas como ajustes necesarios- Fujimori resultó reelecto en 1995 con el 64% de los votos, gracias al prestigio de su victoria contra el terrorismo de Sendero Luminoso. "Es entonces cuando comienza a adoptar decisiones radicales sobre ese tema tabú que es el control de la natalidad", indica Raúl Wiener, politólogo y coordinador del movimiento opositor al ALCA en Perú. "Como buen matemático, Fujimori era un apasionado de las cifras. Reducir el número de nacimientos por cabeza de mujer para reducir la pobreza es algo matemático. Todo sirve para alcanzar las cifras esperadas, incluso los procedimientos más brutales."

El 9 de septiembre de 1995 Fujimori presentó a los legisladores un proyecto de ley que modificaba la Ley general de población, permitiendo así la práctica de la esterilización 4. Ese mismo mes, el Congreso aprobó un texto que autorizaba el empleo de ese método y de otros medios anticonceptivos: inyecciones, píldoras, diafragmas, preservativos, etc. Un punto importante: la esterilización sería gratuita. Comenzó entonces una frenética actividad que involucró a todos los ministerios -en primer lugar al Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (Promudeh, que acababa de ser creado)- y también a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

Los médicos, a los que se contrataba por períodos renovables inferiores a tres meses, ya no estaban autorizados a recurrir a la objeción de conciencia. En algunas zonas rurales y en ciertos "pueblos jóvenes" (villas miseria) se llegó incluso a organizar "Festivales de la ligadura de trompas". Durante los mismos alternaban juegos, bailes, conciertos, teatro, marionetas, fuegos artificiales, pruebas deportivas, abundante comida y hasta atención gratuita del dentista y del peluquero. Los afiches mostraban familias "modernas" (con pocos hijos) opuestas a familias "antiguas" (rodeadas de una multitud de niños). También se veían pancartas anunciando en castellano: "Gratis: ligadura de trompas y vasectomía". Al final de la jornada los médicos venidos de la ciudad habían cumplido su labor. Pero cabe preguntarse qué podían entender esos campesinos que hablaban quechua y esas mujeres en su mayoría analfabetas sobre las explicaciones que les daban o las "autorizaciones" que les hacían firmar.

"Las médicas, las enfermeras y las ayudantes sanitarias conversaban en el dispensario local con las campesinas y se ganaban su simpatía regalándoles aceite, trigo, azúcar o arroz", explica D.W., 35 años, guía turístico en las ruinas de Machu Picchu, diplomado de la Universidad central San Antonio Abad de Cuzco. "Todo eso coincidía con la aplicación por parte del Estado de programas de asistencia alimentaria y con la edificación de infraestructuras en los sitios más apartados. Fujimori venía personalmente a inaugurar esas obras: bajaba del helicóptero vestido con un poncho, frente a las cámaras de la televisión, en medio de la gente que lo aclamaba. Lo adoraban. Lo llamaban ‘el Chino Bueno'."

"Limpieza étnica"

Sin dudas, ese contexto permite entender -en parte- la prudencia demostrada por periódicos serios como La República o El Comercio. Más aun teniendo en cuenta que en el exterior la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ahorraba elogios frente al "éxito" de Perú en el terreno de la planificación familiar 5. En el interior del país, las acusaciones sobre eventuales "abusos" provenían, por supuesto, de la Iglesia católica. ¿Eran éstas fiables y fundadas?

Hubo que esperar hasta el segundo semestre de 1996 para que una periodista del diario El Comercio, Julia María Urrunaga, se interesara en lo que estaba ocurriendo en las provincias más alejadas. Todo comenzó cuando supo de una triste historia ocurrida en Tocache, un poblado amazónico. La periodista viajó entonces al lugar para recoger testimonios sobre la muerte de una joven madre de familia. Luego de haber sido esterilizada en el hospital, había sido enviada inmediatamente a su casa. El trayecto, veinte minutos en moto-taxi por una ruta polvorienta y en mal estado, le produjo una infección que le costó la vida.

"Fui hasta su casa -relata la periodista- y hablé con sus vecinas, que temblaban de miedo. Ellas habían sufrido la misma operación y afrontaban la furia de sus maridos, que tenían permanentemente a flor de labios el mismo insulto: ‘¡Putas!'. Luego vi a los dos hijos de la mujer fallecida. Esos niños abandonados aparecieron en la tapa del periódico y ese reportaje fue el revelador de lo que se ocultaba." Se movilizaron entonces sindicatos, grupos de mujeres, católicos, parlamentarios opositores, como Beatriz Merino (FIM). Pero el conjunto de la sociedad, una población mayoritariamente urbana, apenas si se sintió conmovida. "Y hoy en día todavía menos, a causa de los problemas sociales y de la crisis que enfrentan los peruanos. Predominan el ‘sálvese quien pueda' y una profunda decepción respecto de los dirigentes."

En 1995, el doctor Ramón Figueroa era cirujano en el sector de Salud Pública en ese "museo vivo" de la civilización inca que es Cuzco, a más de 3.400 metros de altitud, en plena Cordillera de los Andes. Era entonces, aún por algunos meses, el director del Hospital Regional. En 1996, junto a otros colegas y por medio de la Federación Médica, denunció las campañas de esterilización, poniendo el acento en su carácter racista. "El clima era tenso. Enfrentar directamente a un gobierno autoritario y represivo, con la red de corrupción que alimentaba, nos valió serias amenazas", declara ese hombre de izquierdas, que hoy milita en el Partido Democrático Descentralista. "Fuimos calificados de ‘agentes de la subversión'. Finalmente, poco a poco, esa política inhumana fue más o menos abandonada por el gobierno, pero sin ninguna autocrítica."

Fernando Robles Callomanay, un aymara de 43 años, es desde hace dos años alcalde de Ilave, la segunda ciudad en importancia de la región de Puno. "El gobierno de entonces hizo una verdadera ‘limpieza étnica', dirigida contra los indígenas y no contra los blancos o los criollos. Las consecuencias afectan varios aspectos de la vida económica y social, en particular la demografía", estima. Se redujeron mucho los nacimientos y las escuelas y colegios están vacíos, por lo que será necesario reagrupar algunos centros escolares, mientras que otros cerrarán por falta de efectivos. Por otra parte, la mayoría de las campesinas que fueron operadas sufren de diversos males y depresión. "Son mal vistas por su entorno. Y a los pocos hombres que se sometieron a una vasectomía los llaman ‘los castrados'."

En Estados Unidos, aunque tardíamente, surgieron algunas reacciones de indignación, principalmente luego de que el Population Research Institute (PRI) envió a Perú a su representante, David Morrison, acompañado de un equipo de filmación. El reportaje que realizaron a fines de enero de 1998 despertó suficiente interés en el Congreso estadounidense como para que se organizaran audiencias públicas durante las cuales las víctimas pudieron testimoniar. Al mismo tiempo, en Lima, la Defensoría del Pueblo analizaba un número creciente de denuncias y acusaciones.

Todo ello llevó al Congreso de Estados Unidos a rever la ayuda destinada a los programas de planificación familiar. El 22 de octubre de 1998 se adoptó la enmienda Tiahrt 6 que regula el uso de los fondos que la USAID otorga a Perú y a otros países: o bien los beneficiarios se pliegan a imperiosas condiciones, o bien se quedan sin ayuda. Loable advertencia en cuanto al respeto de los derechos humanos... Pero a raíz de una segunda misión en 1999 en las provincias de Ayacucho y de Huánuco, el mismo David Morrison demuestra que persisten las maniobras coercitivas, la mala información, las amenazas y los arreglos. Y denuncia: "Sin embargo, la USAID no dejó de enviar dinero al gobierno peruano. Un financiamiento que pasó a ser ilegal" 7.

Desde entonces, las normas que reglamentan las esterilizaciones fueron estrictamente revisadas y corregidas, al igual que toda la política de control de la natalidad. En el seno de la Iglesia católica, las corrientes reaccionarias cobraron mayor importancia y logran ejercer influencia en la vida política. El actual número dos de Perú Posible, el partido del presidente Alejandro Toledo, el diputado Luis Solari, es un médico diplomado en la Universidad de San Marcos. Miembro del Departamento de Defensa de la Vida de la Asamblea Episcopal peruana, se define como un "hombre de fe". Cuando en 2001 se convirtió en ministro de Salud, decidió crear la Comisión especial que un año después publicó el espectacular Informe final sobre las esterilizaciones forzadas.

"De esa manera refutó las anteriores investigaciones -fundamentalmente las que presentaban como punto central del problema la libertad de la mujer-  e impuso sus propias concepciones conservadoras", estima Roxana Vásquez, abogada del Cladem/Perú y directora de la ONG Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus). "Pues en definitiva, nuestra principal preocupación es que sean garantizados los derechos de la mujer. Tomemos el ejemplo del aborto, que está prohibido y penalizado. Una mujer de clase media puede llevarlo a cabo sin riesgos. Las que mueren -porque tratan de abortar con agujas- son las mujeres pobres. Luis Solari y su sucesor en el Ministerio de Salud, Fernando Carbone, se opusieron al uso de anticonceptivos." El ministro actual, Álvaro Vidal, parece más amplio en la materia, pero aún no se vio ningún cambio concreto. Las reformas se hacen esperar, como lo señala la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR).

Esta Comisión intentó resumir y analizar las causas de la violencia política de los últimos veinte años. Según su informe final, publicado el 28 de agosto de 2003, el conflicto reveló las "enormes fracturas sociales que existieron y que perduran en la sociedad peruana" y "la relación que existe entre la situación de pobreza y exclusión y la probabilidad de ser víctima de la violencia". Las víctimas son fundamentalmente campesinos de lengua quechua que viven en las zonas más pobres, personas "insignificantes", cuya suerte no interesa al resto de los peruanos.

"Esta tragedia tiene muchos puntos en común con la de las mujeres esterilizadas a la fuerza", concluye Salomón Lerner Febres, rector de la Universidad Católica del Perú y presidente de la CVR. "Sin embargo, ya no se habla más de ellas. A mi entender, en ese caso espantoso la ideología confundió todo. El empecinamiento de las feministas, el afán del Opus Dei de manejar el tema, la insolencia de los responsables que se basaron en la ignorancia y en la indiferencia general. En nuestra Universidad vamos a fundar un instituto de los derechos humanos y de la democracia. Y volveremos sobre el tema de las esterilizaciones masivas."

Un crimen que finalmente habrá pasado bastante desapercibido...

  1. Fundada en Lima en enero de 2000, esta organización -que se reforzó al fusionarse dos años después con la Red de municipalidades alternativas del Perú- recibe el apoyo de agencias de cooperación técnica internacional, en particular de Francia y Gran Bretaña. Su e-mail: remurpe@hotmail.com y su sitio internet.
  2. Raquel Hurtado, consultante peruana en salud pública, Aplicación de la anticonceptión quirúrgica como política de población en el Perú y violaciones a los derechos humanos: un análisis desde la perspectiva de género, Lima, 2000. Ver también el libro escrito por la politóloga y periodista Maria-Christine Zauzich para la Comisión Alemana de Justicia y Paz. Publicado en alemán en marzo de 2000, fue luego traducido y editado en castellano: Perú: Política de Población y Derechos humanos. Campañas de esterilización 1996-1998, Medios y Enlaces , Lima, abril de 2000.
  3. Se estima que la ONG peruana Reprosalud Manuela Ramos recibió de la USAID unos 25 millones de dólares entre 1995 y 2000.
  4. Promulgada en 1985, la Ley de política de población había prohibido la esterilización quirúrgica. Un Consejo nacional de población fue encargado de hacer respetar esa ley. Ese organismo sería luego reemplazado por el Promudeh (Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano).
  5. Durante el Seminario internacional sobre la reforma del sector de la salud, desarrollado en febrero de 1996, el discurso inaugural del presidente Alberto Fujimori recibió la total aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
  6. La enmienda lleva el nombre de su principal promotor, Todd Tiarhrt, congresista del Partido Republicano (Kansas).
  7. "A pesar de los abusos comprobados, la USAID sigue financiando programas de planificación familiar en Perú", por David Morrison, revista del Population Research Institute, Front Royal, enero-febrero de 2000.
Autor/es Françoise Barthélemy
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 59 - Mayo 2004
Páginas:12,13,14
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Minorías, Ultraderecha, Políticas Locales, Iglesia Católica, Salud
Países Perú