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Perverso circuito de ilegalidad

Atrados por los diferenciales socio-económicos, los inmigrantes de países limitrofes llegan a Argentina para intentar mejorar su condición de vida. Pero desde el minuto cero de su ingreso deben enfrentar un sistema que acaba condenándolos a la ilegalidad.

Marcos tiene 23 años. Es peruano, igual que su madre y sus cuatro hermanos. Leticia, su hermana mayor, está en Italia desde 1990, donde trabaja como empleada doméstica y envía remesas regularmente. En 1992, Mara y Ramón vinieron a Buenos Aires con apenas 19 y 21 años respectivamente. Ramón no consiguió trabajo y al poco tiempo se volvió a Lima. Mara consiguió trabajo en un restaurante de coreanos y se quedó. En 1993 vino la madre de Marcos y se empleó en un taller de costura. Marcos vino a fines de 1994, con el secundario completo, y a fines de 1998 vinieron Ramón -por segunda vez- y Andrea, la menor de los cinco hermanos.

La trayectoria migratoria de la familia de Marcos -"diáspora" incluida- no es tan diferente de la de los antiguos migrantes de ultramar. Mi abuelo -como el abuelo de tantos otros- abandonó un pequeño pueblo calabrés para instalarse en Buenos Aires en 1927. En 1930 llegó otro de sus hermanos y en 1947 llegaron dos más. De los siete hermanos, cuatro emigraron a Buenos Aires, uno a Nápoles y dos quedaron en el pueblo, mientras algunos sobrinos emigraron a Australia. Todos ellos -peruanos e italianos- califican como "emigrantes económicos": su partida se vincula a los diferenciales socio-económicos entre regiones (el área metropolitana de Buenos Aires y los países limítrofes y Perú; Argentina e Italia hace ya bastantes años) y a las posibilidades laborales que implican. Hasta aquí, la principal diferencia remite a quién encabezó la migración: varones, en el caso de nuestros abuelos; mujeres, en el caso de Marcos. Esta diferencia no es azarosa: ya hacia 1990 las mujeres eran más de la mitad en las migraciones internas e internacionales1.

Existe, sin embargo, una diferencia crítica entre mi abuelo y la familia de Marcos. A excepción de Mara, toda la familia de Marcos es "ilegal", temible status sólo en rarísimas excepciones aplicable a los inmigrantes de ultramar. La ilegalidad de los migrantes internacionales remite al ingreso clandestino o a la permanencia fuera de regla. Se habla de "ingreso clandestino" cuando un extranjero entra al territorio nacional por un paso no habilitado o sin cumplimentar los requisitos legales. Un ejemplo son los "espalda mojada" mejicanos, que ingresan a Estados Unidos cruzando la frontera de noche y evadiendo los controles migratorios. Este no es el caso de los "ilegales" en Argentina, donde los migrantes ingresan legalmente, como turistas. Marcos entró por tierra, por Mendoza, tras 5 días de viaje. Tenía una "bolsa de viaje" de 450 dólares que Gendarmería pidió ver, al igual que la de otros cuatro peruanos que viajaban en el mismo micro. Esta "bolsa de viaje", cuyo monto mínimo es de 400 dólares -y que muchos migrantes alquilan a las empresas transportistas por 150 dólares- acredita el ingreso como "turista". Con esta categoría ingresaron casi todos los "ilegales", que se convirtieron en tales por exceder el plazo de permanencia autorizado o por trabajar sin estar habilitados para hacerlo. De ahí que en Argentina, el ilegal lo es por la permanencia, por trabajar cuando ingresó como turista, y no por el ingreso.

Los antiguos migrantes de ultramar no eran ilegales porque no ingresaban como turistas ("viajeros", en palabras de la época) sino declarándose "inmigrante" y porque no existían restricciones para el trabajo de extranjeros. Esto en virtud de la Ley Avellaneda de 1876, que sistematizó una política para atraer y retener inmigrantes, y de los artículos 20 y 25 de la Constitución Nacional, referidos a los derechos de los extranjeros y al fomento de "la inmigración europea".

Los tres primeros censos nacionales de población atestiguan la magnitud del ingreso de inmigrantes: en 1869, 12,1% de la población era extranjera; en 1895, 25,4%; y en 1914, 29,9%. La Primera Guerra Mundial interrumpió los grandes flujos de ultramar y los porcentajes de extranjeros en la población total comenzaron a descender: 15,3% en 1947; 13% en 1960; 9,5% en 1970; 6,8% en 1980 y 5% en 19912. Este descenso se debe tanto a la efectiva disminución en el ingreso de extranjeros como al incremento de la población nativa, en parte debida a los hijos argentinos de los inmigrantes. Sin embargo, estas cifras engloban dos flujos diferentes: limítrofes y no limítrofes (principalmente de ultramar). Sobre el total de población no nativa, los limítrofes representan 20% en 1869; 11,5% en 1895; 8,6% en 1914; 12,7% en 1947; 17,9% en 1960; 24,1% en 1970; 39,6% en 1980 y 50,1% en 1991.

¿Acaso este sostenido aumento en los porcentajes de inmigrantes limítrofes a partir de 1947 refleja la tan mentada "invasión"? De ninguna manera. Entre 1869 y 1960, los migrantes limítrofes pasaron de 41.360 a 467.260. De 1869 a 1914, los migrantes de ultramar pasaron de 168.970 a 2.184.469. Mientras los primeros se multiplicaron por 11 en noventa años, los segundos por 13 en la mitad del tiempo. La interrupción de los flujos de ultramar y la mortalidad de los antiguos migrantes, sumadas al hecho de que, a partir de 1950 los migrantes limítrofes son los ingresantes principales, emparejaron los números para 1991: 817.144 extranjeros limítrofes y 811.032 no limítrofes. Estas cifras permiten entrever la antiguedad y la constancia de la migración limítrofe (ligada a economías regionales que datan del siglo XVIII) frente a la coyunturalidad de los abrumadores volúmenes de ultramar.

La preponderancia de la migración limítrofe en la composición de los flujos es simultánea a las restricciones en la normativa. Entre la ley Avellaneda de 1876 y el Reglamento Migratorio de 1994, el Estado argentino fue virando su política. De fomentar el ingreso de inmigrantes con la ley Avellaneda, pasó a regularlo3, a vigilar su permanencia y restringir el trabajo de extranjeros4, a volver casi imposible la residencia legal5. Este vuelco fue acompañado por seis decretos de amnistía (en 1949, 1958, 1964, 1974, 1984 y 1992) que simplificaron los requisitos para obtener residencia permanente y DNI argentino. Las dos primeras amnistías estuvieron dirigidas a todos los extranjeros y las restantes sólo a limítrofes. Las cifras ilustran cómo las restricciones normativas producen acumulamiento de ilegales: la amnistía de 1958 radicó apenas 31.500 extranjeros; la de 1992 documentó a 215.000 extranjeros limítrofes.

Mara se acogió a un plan de regularización para inmigrantes peruanos llegados al país antes de octubre de 1994 y obtuvo una "residencia precaria" que renueva periódicamente y que, si bien no le otorga documento, le permite residir y trabajar legalmente. Marcos ingresó a fines de 1994; para él, la única manera de legalizarse es mediante un contrato de trabajo. Es asalariado desde 1995, pero nunca logró de ninguno de sus dos empleadores un contrato que le permitiera documentarse. Ramón y Andrea llegaron a Buenos Aires a fines de 1998, cuando ya regía el decreto 1117/98, que impide cambiar la categoría de ingreso. Ellos, que entraron como turistas, no pueden convertirse en residentes, ni permanentes ni temporarios, ni siquiera con un contrato de trabajo. Desde octubre de 1998, las residencias permanentes o temporarias se otorgan, contrato de trabajo mediante, por vía consular en el país de origen. Existe otra vía para radicarse: casarse con un residente permanente, con un argentino o tener un hijo argentino. Ramón está evaluando la posibilidad de casarse con una argentina para radicarse. A pesar de las dificultades con la documentación, Marcos, Ramón y Mara se consideran migrantes definitivos: todo su esfuerzo y expectativas están en Buenos Aires, y no en Lima.

Marcos y su familia forman parte de esos hombres y mujeres que buscan aquí oportunidades laborales inexistentes en su lugar de origen. Estas no son maravillosas (tampoco lo fueron para los migrantes de ultramar), implican un durísimo sacrificio personal y tienen resultados inciertos. Marcos estuvo desocupado los tres primeros meses, hasta que consiguió trabajo en un taller de manufactura, donde trabajaban el dueño y un empleado más. Marcos operaba una prensa en caliente de lunes a viernes de 8 a 18 horas, con media hora para almorzar al mediodía. Empezó ganando 110 pesos por semana y luego le aumentaron a 130 pesos, es decir de 2,20 a 2,60 pesos la hora de trabajo. En 1998 consiguió un nuevo trabajo, como maquinista en un taller textil cuyo propietario es coreano. Las cuatro máquinas del taller son operadas por el dueño, Marcos y su hermano Ramón. Se trabaja de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y los sábados de 8 a 12, por 500 pesos por mes (a razón de 1,90 pesos la hora). Ninguno de estos trabajos contempla vacaciones pagas, cobertura social, licencia por enfermedad, ni ningún otro derecho laboral y menos aún la posibilidad de afiliación sindical. Sin embargo, Marcos no se queja: el trato es bueno y el pago es puntual.

El trabajo de Marcos es duro y en negro, como el de muchos argentinos6. Pero a diferencia de otros migrantes ilegales, no sufrió reducción a la servidumbre, ni abusos, ni retención de pasaporte. Los antiguos migrantes de ultramar también trabajaban larguísimas horas en condiciones precarias (igual que muchos argentinos), pero como no eran ilegales ni indocumentados podían reclamar por sus derechos, denunciar abusos y explotación e incluso sindicalizarse. Ningún empleador hubiera osado reducir a la servidumbre a un extranjero en condiciones de denunciarlo, ningún policía lo hubiera detenido arbitrariamente en la calle para exigirle dinero a cambio de la documentación faltante.

Ilegales sin opciones

La acogida de la migración limítrofe (y más recientemente la peruana) siempre estuvo signada por un rechazo a duras penas comparable con el que provocaron anarquistas y comunistas en la élite de principios de siglo. Es que "la inmigración" es un complejo proceso que liga -a veces explosivamente- a por lo menos tres actores: los propios inmigrantes, el Estado y la sociedad civil. Suele sostenerse que los efectos que provoca la inmigración en la sociedad de destino se relacionan con las características de los inmigrantes: los "buenos" producen efectos benéficos; los "malos" calamidades, como si de inundaciones se tratara. Curiosamente, cuando las verdaderas inundaciones arrasan, no se culpa tanto al agua como al Estado y a sus omisiones…

A primera vista, pareciera que de un siglo a otro quienes más cambiaron son los migrantes. Mucho se habla acerca de cuán diferentes son los migrantes actuales de los históricos -especialmente en términos "raza" y "cultura", dos baluartes del prejuicio cientifizado- pero poco se dice sobre los cambios en el Estado y la sociedad civil. En lo que respecta a la inmigración, las políticas referidas al ingreso y permanencia de extranjeros se endurecieron cada vez más, con el ilusorio afán de que políticas restrictivas disminuirían la entrada de extranjeros. Así como sería una ingenuidad sostener que la ley Avellaneda "provocó" la inmigración europea, también lo es pensar que leyes restrictivas "detendrán" la migración limítrofe y peruana. El efecto primero y principal de la normativa restrictiva es aumentar la cantidad de residentes ilegales.

Sin embargo, la normativa vigente hace lugar para "tratamientos especiales"7 por nacionalidades, tales como los acordados a los inmigrantes procedentes de Europa Central y Oriental. Pero cuando estas "facilidades" alcanzan a quienes constituyen los mayores volúmenes migratorios, suelen implicar costos económicos tan por encima de las posibilidades de los migrantes que la acogida es mínima. Prueba de ello son los escasos 96 residentes bolivianos8 que se acogieron al programa especial de regularización migratoria resultante del convenio firmado este año entre ambos países. A diferencia de las amnistías, este programa no documenta directamente sino que equipara los aportes al día como trabajador autónomo al contrato de trabajo exigible para iniciar el trámite de residencia.

A través de estos cambios en las políticas, lo que el Estado vocifera sin decirlo es: "para ustedes no hay un lugar legítimo". Así como la ley Avellaneda fue pensada para fomentar la inmigración europea, gran parte de la normativa posterior a la década de 1950 parece pensada para la inmigración limítrofe, aun cuando rara vez la mencione explícitamente. Esta normativa deja entrever la ambiguedad con que fueron clasificados los migrantes no europeos: necesarios en términos laborales pero de dudoso beneficio en cuanto a su contribución social y cultural al blanquísimo crisol de razas. Tanto, que una resolución expresó que correspondía "valorar la situación de aquellos inmigrantes originarios de los países europeos, de los que han provenido mayoritariamente las corrientes inmigratorias que han servido de base al crecimiento y desarrollo de nuestra nación, que con los países aludidos nos unen lazos sanguíneos, similitud de costumbres e identidad de creencias, razones de por sí valederas para considerarlos comprendidos en el régimen de excepciones"9. Es decir que los inmigrantes sin el "capital propio"10 exigido para una residencia permanente o temporaria, pero con el capital simbólico de ser europeos, podían acceder a un tratamiento preferencial.

Pareciera que la normativa condena a los migrantes limítrofes y peruanos a la ilegalidad porque se trata de una inmigración que, puesto que no es ni europea ni blanca, sin duda no puede ser "beneficiosa". Pero ¿puede ser beneficiosa cualquier política que implique mayor marginación y vulnerabilidad de cualquier sector social? ¿No podría pensarse que la inmigración europea fue "benéfica" no por sus características "raciales y culturales" sino porque el Estado y las leyes garantizaban a esos inmigrantes espacios sociales legítimos, a pesar de los prejuicios de quienes estigmatizaban al "tano", al "gallego", al "turco" y al "rusito"?

En este sentido, la sociedad civil está dividida: la desigualdad, la diferencia y la discriminación que la surcan y la corroen contribuyen a percibir al inmigrante como un otro extraño, peligroso e indeseable que "invade" para saquear: trabajo, salud, educación, incluso la billetera. El discurso xenófobo de ciertos sectores sociales alienta esta imagen del inmigrante y promueve su expulsión, por considerarlo culpable de la pobreza del nativo. Atribuir la pobreza al extranjero es una estrategia burda para no discutir sus causas que rápidamente encuentra su límite, ya que es como pensar que existen dos tipos de agua esencialmente distintas: el agua que riega por un lado; el agua que produce inundaciones, por el otro. Y nada en el medio.

  1. ONU: Internal migration of women in developing countries. Proceedings of the United Nations Expert Meeting on the Feminization of Internal Migration. Nueva York, 1993.
  2. INDEC: La población no nativa de la Argentina, 1869-1991, Buenos Aires, 1996.
  3. Leyes de Residencia en 1902; de Defensa Social, en1910; decreto Reglamentario en 1923
  4. Decretos 4805/63, 4418/65; decretos ley 17.294/67 y 18.235/69
  5. Decretos 1434/87, 1013/92, 1023/94 y 1117/98
  6. Sólo en el área metropolitana y el conurbano bonaerense habría unas 400.000 empresas con trabajadores en negro, trespuntos, Buenos Aires, 14-10-99.
  7. Resolución 266/98, Dirección Nacional de Migraciones.
  8. La Nación, Buenos Aires, 27-9-99.
  9. Resolución 700/88 de la Dirección Nacional de Migraciones.
  10. Decreto 1434/87.
Autor/es María Inés Pacecca
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 5 - Noviembre 1999
Páginas:30, 31
Temas Minorías, Deuda Externa, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Políticas Locales, Migraciones
Países Estados Unidos, Argentina, Australia, Italia