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Recuadros:

El Estado sigue siendo la clave del poder

Durante dos siglos, el capitalismo se confundió con lo nacional: se constituyó bajo la forma de un mercado nacional, se desplegó a partir de un territorio nacional, se sustentó en el Estado nacional. Fueron Estados nacionales -Gran Bretaña en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XX- quienes constituyeron, cada uno a su turno, los polos dinámicos del capitalismo mundial y los centros de una red internacional de producción e intercambios. En sus respectivos períodos hegemónicos, definieron las normas y exigencias del sistema internacional. Pero según la opinión general, este acoplamiento del Estado nacional y el capitalismo estaría en vías de desaparición. La mundialización condenaría al Estado nacional a la caducidad, a lo político a la impotencia y a la soberanía a no ser más que una cáscara vacía.

Esta hipótesis del posnacional y de la possoberanía se moldea en las pretensiones universalizantes del capitalismo contemporáneo. Por primera vez en la historia, éste penetra hasta los rincones más aislados del universo y se erige en adelante en sistema global. Ni el capitalismo de cepa inglesa del siglo XIX ni tampoco el estadounidense posterior a 1945 eran verdaderamente universales. Para parafrasear una expresión de Fernand Braudel, no contenían en ellos más que una parte, ciertamente extensa pero limitada, del mundo. En la actualidad, el capitalismo habría soltado sus amarras nacionales definitivamente, sería desterritorializado, transnacional, nómade, ilimitado y carente de identidad.

En consecuencia, el Estado nacional moderno desfallecería. Convertido en un simple gestor de las exigencias económicas que lo superan, asistiría, impotente, a la inclinación de la relación de fuerzas a favor de los mercados mundializados, de su propia pérdida de consistencia y de una evanescente soberanía. Dentro de sus fronteras históricas, dejaría de ser el lugar privilegiado del quehacer y la identidad políticos. Ya no formaría el marco estructurante de las solidaridades sociales vigentes, de la vida comunitaria y del bien común. Fuera de aquéllas, sólo conservaría, en la mayor parte de los casos, los atributos formales de la soberanía. En suma, el Estado se habría convertido en el mejor de los casos en un actor banal entre los otros actores (privados) dentro del sistema internacional. En el peor de los casos, habría perdido el control y ya no estaría en condiciones de determinar ni de desviar el curso de los acontecimientos.

Este discurso, muy en boga en una Europa donde la unificación pasa por transferencias consentidas de soberanía, no resiste sin embargo el análisis de la génesis de la mundialización y de las realidades que de ella se derivan. No toma en cuenta el rol que el Estado jugó en la creación del mercado libre, encubre las finalidades esenciales perseguidas en materia de políticas sociales y desestima la relación de fuerzas interestatales derivada de la mundialización. Lejos de haberse autodisuelto en la nueva utopía mercantil, en Estados Unidos el Estado consolidó su hegemonía y afianzó espectacularmente su soberanía. En cuanto a Europa, el poder del Estado volvió a desplegarse para entrar en el juego de la mundialización y llevar a cabo la unificación económica del continente. Que esta reinvención de las misiones de los Estados se haga al precio de un creciente sufrimiento social no se explica, ni por asomo, por un debilitamiento mecánico del poder del Estado.

Así como en el siglo XIX la intervención del Estado inglés fue decisiva para instaurar un mercado libre de trabajo a fin de favorecer el empuje del capitalismo industrial y mercantil (ver recuadro), del mismo modo a fines del siglo XX hubo que crear las condiciones necesarias para el nacimiento de un mercado libre mundial. La economía mundial capitalista de posguerra no tenía nada de "mercado libre": estaba enmarcada en un sistema de regulación monetaria que aseguraba su estabilidad y previsibilidad. A su escala, el Estado nacional, garante del pacto social, coordinaba las políticas económicas e industriales.

Adecuación al capital rentista

La mundialización contemporánea tiene sus raíces en una serie de decisiones estadounidenses de las tres últimas décadas, que apuntan a desmantelar el régimen monetario internacional, a organizar la liberalización de los mercados mundiales y a otorgar al sector financiero una autonomía y un poder sin igual desde la edad de oro de las finanzas inglesas de fines del siglo XIX. Disociado de los fundamentos económicos sobre los cuales descansa, el sector financiero marca desde entonces el ritmo de marcha del capitalismo rentista que sustituyó al capitalismo esencialmente industrial de los "treinta gloriosos" (las tres décadas posteriores a la IIº Guerra Mundial); genera sus exigencias sistémicas y dicta sus normas.

Para llegar a este resultado, Estados Unidos comenzó por abandonar en 1973 el régimen de cambio fijo de Bretton Woods (1944)1 e introducir un régimen de cambio flotante generalizado. Hubo una fuerte racionalidad económica en esta decisión tomada unilateralmente: las autoridades estadounidenses querían compensar una competitividad declinante y un endeudamiento creciente a través de la exportación de los desequilibrios macroeconómicos del país. El régimen de cambio flotante los dotaba, efectivamente, de una herramienta monetaria flexible y eficaz que les permitía escapar a los ajustes que habría causado el nuevo estatuto de deudor de Estados Unidos. Dentro de un régimen de cambio fijo y de convertibilidad oro, se habrían visto obligados, como hoy en día todo país del Tercer Mundo, a pagar el precio de una relativa pérdida de soberanía y de medidas de austeridad interna muy impopulares.

El nuevo régimen les permitió, por añadidura, utilizar las reservas del planeta para mantener un elevado nivel de vida en su país. Gracias a su poder político y al dólar, única moneda de reserva mundial, Estados Unidos salvaguardó una soberanía plena y total en el campo monetario: sus aliados no podían cuestionar la política estadounidense sin desestabilizar la trama institucional y las estructuras de seguridad de la guerra fría en las que estaban insertos y de las que extraían beneficios indiscutibles. Así, durante décadas, Japón y Europa financiaron los déficits y la deuda estadounidense, en constante aumento.

En los años "80, la desreglamentación de la industria financiera estadounidense abrió paso a su globalización por la vía bancaria, los agentes financieros, los hedge-funds y los fondos de pensión de Wall Street que dominan los flujos finacieros mundiales. Gracias a la ola de liberalización internacional de los años "80 y "90, esta industria accedió a las reservas de los países recientemente industrializados y emergentes, cuyas tasas de rendimiento eran muy elevadas. En síntesis, la introducción de un mercado libre mundial de capitales era indispensable para la salud económica y financiera del primer deudor mundial2.

De ahí la continuidad de la política estadounidense, el famoso "consenso de Washington"3 en materia de liberalización financiera. En 1985, Ronald Reagan se propuso "hacer caer las barreras comerciales así como aquellas que traban la inversión y la libre circulación del capital" entre países industrializados, en particular en Japón. Su sucesor prosiguió el esfuerzo a través de la Iniciativa para la empresa en las Américas (America´s Enterprise Initiative) destinada a apoyar a los "mercados libres y la libre circulación de los capitales" en el hemisferio occidental. La administración Clinton amplió considerablemente esta política: "Los gobiernos precedentes persiguieron sobre todo la liberalización financiera en Japón. Pero con Clinton, este esfuerzo se extendió al mundo entero", en particular a esta nueva zona de acumulación y de riqueza en que se había convertido Asia oriental "mina de oro potencial para los bancos y agentes estadounidenses4".

Con una mezcla de coerción y cooperación, definición clásica de la acción hegemónica, Estados Unidos obtuvo la liberalización del sistema financiero nipón y la revaluación del yen en 1985 (acuerdos del Plaza). Así se infló la burbuja que explotará al final de la década y llevará a Japón al estancamiento en que se encuentra desde entonces. En contrapartida, para llevar adelante la liberalización forzada de los nuevos países industrializados y de las economías emergentes, se instaló una verdadera maquinaria de guerra. Coordinado por el Departamento de Comercio, el plan de conjunto destinado a identificar y abrir "diez economías en ascenso", desde el Pacífico hasta el Atlántico, llamaba a "todos los departamentos gubernamentales, desde la CIA hasta los embajadores en el extranjero"5.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), emanación de los Estados occidentales más poderosos que lo componen, acompañó y legitimó esta estrategia. Que algunos países emergentes y ciertas castas oligárquicas hayan sacado provecho de la liberalización no mengua en nada el carácter esencialmente coercitivo de su puesta en práctica. Como lo señalan Robert O. Keohane y Susan Milner, "en los años "80, los países en vías de desarrollo padecieron una intensa presión política para abrir sus economías (…) Las reglamentaciones económicas nacionales de los países en vías de desarrollo fueron cuestionadas por poderosos Estados"6.

La hegemonía tiene múltiples caras. A principios de los ´90, Washington se había fijado el objetivo de mantener el equilibrio mundial resultante de la guerra fría, asegurar su avance tecnológico y su preponderancia militar y procurarse un entorno económico internacional favorable. En lo esencial, esos tres objetivos fueron alcanzados. Cierto es que se mantiene la movilidad de los equilibrios internacionales y la hegemonía no equivale a una autonomía absoluta. Pero ningún país o grupo de países parece estar a la altura, en un futuro previsible, de hacer contrapeso político a Estados Unidos, menos aún de volver a poner en cuestión la posición singular que estos ocupan dentro de la jerarquía de las naciones. El ideólogo Thomas Friedman escribe: "Dentro del sistema de la globalización, todos los países y naciones están subordinados en una u otra medida a Estados Unidos"7. Dicho de otro modo, deberían adaptarse a la "blanda hegemonía global" estadounidense.

Blanda o no, esta hegemonía es primordial, en el sentido de que domina y estructura la política económica internacional. De un lado, el mercado libre mundial conforta al modelo estadounidense asentado hoy por hoy sobre las fuertes ventajas comparativas en los sectores pos-industriales: servicios financieros y culturales, información y comunicación, tecnologías de punta y producción científico-técnica. Del otro lado, asistimos a la aparición de una cultura normativa mundial en el campo del quehacer económico, de las prácticas sociales y del derecho privado internacional.

Efectivamente, las nuevas reglas de juego provienen de Estados Unidos: normas económicas dominantes (rentabilidad de las empresas, valor accionario), criterios de regulación del sistema (registro de las empresas y de los Estados) y normas jurídicas (arbitraje comercial internacional). Para dar un solo ejemplo, las dos grandes agencias de registro privadas estadounidenses, Moody´s y Standard & Poor, forjan los comportamientos de los mercados a partir de sus registros. Socio y juez a un tiempo, éstas imponen normas estadounidenses al resto del mundo8.

El capital estadounidense se mueve pues dentro de un universo regulatorio que él mismo reinventa sin cesar y que define las exigencias del sistema internacional. El Estado estadounidense no sólo no está sujeto a estas últimas, sino que no perdió el control de los mercados. Prueba de ello son las intervenciones decisivas del Tesoro y la Banca central en 1987 (crack bursátil mundial), en 1994-1995 (caída del peso mexicano) y en 1997-1998 (crisis "asiática"), que permitieron evitar un derrumbe sistémico y proseguir la liberalización.

Soberanía para algunos

Dentro de la órbita de influencia de esta hegemonía primordial, las otras potencias occidentales participan en distintos niveles en una hegemonía occidental que se afirma frente al Tercer Mundo. Porque la mundialización institucionaliza una nueva relación de fuerzas interestatal que consolida la soberanía de unos y restringe la autonomía de otros. El mercado libre mundial acentúa la disparidad entre los centros del capital y el resto del mundo: por un lado, los detentadores del saber y del poder que dictan las normas y, por el otro lado, aquellos que están sujetos a éstas.

Insertos en una división internacional del trabajo que los obliga a una especialización frecuentemente perversa, los países más vulnerables del Tercer Mundo llegan incluso a perder su soberanía residual. En cuanto a los países "en vías de industrialización", asistieron en los últimos años al acrecentamiento de su dependencia. La experiencia reciente de Asia oriental da testimonio de ello9. Nada sorprendente: la autonomía de los países "emergentes" siempre fue limitada, la soberanía puramente jurídica de las periferias más débiles se reveló siempre más ficticia que real.

La Unión Europea (UE) es parte interesada en la utopía del mercado libre mundial, pero constituye al mismo tiempo un contrapeso potencial de éste. El proceso de unificación, tal como se desarrolló desde comienzos de los años "80, tenía por objetivo la creación -hay que subrayarlo- de una entidad no opuesta a Estados Unidos, pero susceptible de medirse con éste. Para los Estados miembros de la UE se trataba de encontrar, dentro de un grupo más amplio, los medios de afirmar conjuntamente una soberanía que, a escala del Estado-nación, ya no podía hacer frente a la mundialización.

Entre 1981 y 1983 (primer tramo del gobierno socialista de François Mitterrand), creyéndose todavía capaz de actuar en forma aislada, Francia tuvo que abandonar su política de relanzamiento a favor de un modelo de rigor antisocial bautizado fríamente como desinflación competitiva. ¿No debería verse en ello la prueba de que las exigencias de la mundialización y por ende los imperativos de la unificación económica se habrían vuelto absolutos y no dejarían prácticamente ningún margen de maniobra a los gobiernos nacionales? Un examen del nuevo despliegue de la soberanía y el poder político en Europa desmiente esta interpretación.

Las transferencias de soberanía en provecho de la instancia comunitaria -en materia monetaria o de derecho a la competencia- no arrastrarían mecánicamente una reducción de la soberanía nacional. No se trata de un juego de suma cero. Dada la presión, real, ejercida sobre los Estados nacionales por la redefinición de las reglas del juego económico mundial, nos encontramos, antes bien, dentro de la configuración de un conjunto (pooling) de las soberanías que protegen al Estado del riesgo de ser sumergido y le dan justamente la posibilidad de reconquistar una soberanía amenazada a escala de su territorio apoyándose sobre un conjunto regional más vasto.

En el seno de la Comunidad, no existe una autoridad centralizada. Los polos de decisión varían según los temas, pero, sobre las cuestiones de importancia estratégica, los Estados miembros conservan una influencia a veces determinante, aunque no siempre, en detrimento de la eficacia. El Consejo de Ministros -es decir los Ejecutivos nacionales (y entre ellos, principalmente los ministros de Economía y Finanzas reunidos en el seno del consejo Eco-fin)- goza en particular de una posición privilegiada dentro de las instituciones europeas, y esto en detrimento de los Parlamentos europeo y nacionales.

Si prestamos atención a la soberanía como una autonomía relativa dentro del sistema interestatal, no cabe duda de que los Ejecutivos nacionales supieron y pudieron ejercerla apoyándose en las estructuras comunitarias, al menos en los temas clave ligados a la reorientación de la economía mundial: si existe un punto de consenso en Europa, es el de la libre competencia, erigido ya en valor y prioridad absolutos. Esta coincidencia de las voluntades políticas nacionales y europea es tanto menos discutible cuanto muchas reformas introducidas a nivel de los Estados miembros preceden en ciertos casos a los reglamentos comunitarios, y en otros van mucho más allá de lo que habría exigido la estricta exigencias comunitaria. En Francia, esto sucede por ejemplo con la desregulación de los mercados financieros puesta en marcha a partir de 1984 y alineada con el modelo anglo-estadounidense antes que con el modelo renano10.

Si prestamos atención, en contrapartida, al ejercicio de la soberanía popular, constatamos que ésta se ve arruinada por prácticas que, cada vez más y en relación a temas esenciales, acallan a los representantes parlamentarios y más aun a la sociedad civil, poniéndolos frente a hechos consumados. En el contexto de la mundialización y de la unificación europea, ese "déficit democrático" significa que el nuevo despliegue de la soberanía estatal se hace por medio -y también al precio- de una considerable autonomización del poder político, difícilmente enmascarada por el nuevo arsenal de reglamentaciones que supuestamente deben limitar la desintegración social. Desde ese punto de vista, la Comisión se mantiene en retirada, so pretexto de que la complejidad de los sistemas nacionales de protección social, o aun la herencia histórica singular de cada Estado miembro en la materia (sus "caminos de dependencia") volvería, si no imposible, al menos muy dificultosa la armonización social.

Es por eso que los Estados, en su mayor proximidad con los ciudadanos, estarían en mejor situación para defender sus intereses dentro del respeto de las tradiciones sociales y de los temperamentos nacionales. Haciendo abstracción de los aspectos técnicos y la complejidad de las medidas elaboradas o puestas en práctica, todas las reformas sociales nacionales convergen sin embargo hacia una misma finalidad: la liberalización de los mercados laborales. Que se las confíe a los Estados miembros y se las introduzca en forma progresiva, mediante cambios sucesivos no indica en absoluto, contrariamente al discurso vigente, algún tipo de resistencia de los gobiernos nacionales a las fuerzas de la mundialización.

Los Estados juegan simplemente el rol, ya identificado por Polanyi en el tema de la primera gran transformación, que consiste "a menudo en modificar el ritmo del cambio, acelerándolo o demorándolo, según los casos". Reformando poco a poco, los poderes públicos neutralizan las resistencias. Pero a medida que los dispositivos son puestos en marcha y se revela su coherencia, estos también aparecen como hechos consumados.

Europa vs. Estados Unidos

Pese a las letanías sobre la impotencia de los gobiernos nacionales reducidos a no administrar más que exigencias externas, vemos a esos mismos gobiernos contribuir plenamente -sin haberse visto necesariamente obligados- con la elaboración y la puesta en marcha de la nueva economía política hegemónica en la que buscaron participar y no sólo adaptarse11. Llegaron a ese punto actuando simultáneamente en los niveles nacional, regional, local y europeo para redefinir las reglas del juego y hacerlas coincidir con la doxa y las prácticas neoliberales. Las instituciones comunitarias no jugaron tanto el rol de un usurpador de soberanías nacionales declinantes como el de no permitir a sus miembros la persecución por otros medios de sus intereses nacionales.

De todos modos, como el proceso de unificación europea -tal como fue concebido desde su origen- progresa en una suerte de marcha ciega y forzada hacia una "finalidad sin fin"12, y como Europa avanza sin mirar atrás negando a los Estados la posibilidad de retomar la palabra dada, estos últimos están atrapados en un engranaje. Al fijar las grandes orientaciones de las políticas, tienen sobre sí la responsabilidad de las normas que, promulgadas a continuación por la Comisión, se imponen a todos y en adelante prevalecen sobre todas las leyes nacionales.

Protegidos hasta el momento por un discurso que atribuye a Europa la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones, los Estados podrían perfectamente terminar por perder el dominio del proceso. La solución, entonces, no sería un regreso al statu quo ante, puesto que, librados a sí mismos, perderían en el intento los márgenes de maniobra que habían recuperado gracias a su acción concertada. Esta sólo podría proceder de una redefinición de las finalidades de la unificación europea.

Además del problema ético planteado por el aumento de las desigualdades, sabemos que éstas siempre acaban por convertirse en un freno para el desarrollo económico y corroen la cohesión social. En el contexto europeo, la dinámica trasnacional podría ser justamente la ocasión para una armonización social hacia arriba que se ajuste a las cláusulas y prácticas más favorables (condiciones de trabajo, salarios, empleo, protección social). Esto supondría un voluntarismo político que actualmente falta pero que, si se afianzara, sería ejemplar. Por el contrario, una Europa constituida en imperio de libre intercambio frente a la hegemonía estadounidense conducirá tal vez a la multipolaridad, pero ciertamente no a un mundo más justo.

  1. Los acuerdos de Bretton Woods de 1944 plantearon las bases del sistema institucional internacional de posguerra (FMI, BIRD, etc.).
  2. El pasivo neto estadounidense alcanzó en 1999 la cifra de 1,5 trillón de dólares, es decir el 20% del PBI.
  3. Véase Moses Nim, "Les avatars du"consensus de Washington", Le Monde diplomatique, París, marzo 2000.
  4. Nicholas D. Kristof and David Sanger, "How US Wooed Asia to let the Cash In", New York Times, 16-2-1999. Véase también "Les Etats-Unis et la mondialisation financière", Nord-Sud Export, Nº 375, París 30-4-1999.
  5. Idem.
  6. Robert O. Keohane y Susan Milner, Internationalization and Domestic Politics, Cambridge University Press, New York,1996.
  7. Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree, Farrar, Strauss and Giroux, Inc, New York, 1999.
  8. Saskia Sassen, Losing Control, Columbia University Press, New York, 1996. Véase también Ibrahim Warde, "Ces puissantes officines qui notent les Etats", Le Monde diplomatique, París, febrero 1997.
  9. Véase "La Mondialisation contre l"Asie", Manière de voir Nº 47, París, septiembre 1999.
  10. Véase Jean-Paul Fitoussi, Le débat interdit, Arléa, París, 1995. Otro ejemplo: la modificación de la definición jurídica del Estado por parte del Consejo Consitucional en 1987, que la privó de la referencia al interés general para limitarla a sus medios (las prerrogativas de poder público). Concretamente, esto significa que, por una acción conjunta, tanto europea como nacional, las actividades de interés general tienden cada vez más a estar subordinadas al derecho a la competencia.
  11. Véase P. Golub, "La vulnérabilité des banques européennes sur les marchés émergents", Nord Sud Export, Nº 336, París, 4-12-1998.
  12. Marc Abélès, En attente d"Europe, Hachette, París, 1996.

Las dos mundializaciones

La analogía entre las dos mundializaciones, la actual y la británica de fines del siglo XIX, saca a la luz la relación entre Estados y mercados, actores públicos y privados. En esos dos momentos claves del desarrollo capitalista, asistimos a la afirmación de la soberanía y a la consolidación de los dos Estados que fueron sus principales protagonistas.

En 1834, la instauración por parte de Inglaterra de un mercado laboral competitivo y su política de libre intercambio respondió a las exigencias económicas de la nueva casta industrial y a los imperativos políticos de un Estado imperial en expansión. Se trataba de confortar y ampliar, frente a las otras naciones europeas, la inmensa ventaja conseguida gracias a la revolución industrial. Pero como lo demostró Karl Polanyi, la introducción de mercados libres en Gran Bretaña no tuvo nada de natural. El laissez-faire fue impuesto por el Estado que, al tiempo que multiplicaba las leyes que revocaban reglamentos restrictivos, experimentó un crecimiento formidable de sus funciones administrativas entre 1830 y 1850. De ello da testimonio la importancia de los controles burocráticos. que se volvieron necesarios por la gestión centralizada de las nuevas leyes sobre la pobreza, o aun la complejidad de las innumerables leyes que desmantelaron el sistema agrícola para favorecer la expansión del capitalismo industrial. Por lo tanto, esto no suprimió, sino al contrario, aumentó considerablemente la necesidad de regulación e intervención estatales: "La vía del libre intercambio fue abierta, y mantenida abierta, por un enorme crecimiento del intervencionismo continuo, organizado y dirigido desde el centro"1.

Este fortalecimiento del intervencionismo estatal, paradójicamente destinado a garantizar el libre funcionamiento del sistema económico, fue acompañado por una fuerte concentración del poder. En el transcurso del siglo, Londres se convirtió en "el centro de un imperio financiero más internacional y aún más extendido que el imperio político" en sí mismo. Si las relaciones entre industria, finanzas, comercio exterior y Estado eran más discretas e informales en Inglaterra que en Francia, no por ello eran menos eficaces. El poder no era difuso y era difícil, si no imposible, distinguir entre poder político y poder económico, entre los intereses de los capitalistas de alta mar y el interés del Estado imperial. Como escribe el historiador Herbert Feis, "el poder financiero estaba unido al poder político". La banca de Inglaterra servía de conexión entre las dos esferas, mientras que la producción y la reproducción de las élites engendraba entre ellas un sistema fluido de comunicación y de interpenetración.

Formalmente autónomo en relación a la esfera política, el capital adoptaba claramente una lógica nacional en materia de inversiones internacionales. Los flujos se dirigían por lo común allí donde la espada del imperio podía garantizarlos, mientras el Estado se granjeaba los beneficios políticos de esta expansión invisible. El "curso de las inversiones británicas en el exterior estaba indiscutiblemente de acuerdo con los objetivos nacionales" definidos por el Estado. El ministro de Relaciones Exteriores de Su Majestad, Sir Edward Grey, podía afirmar el 10 de julio de 1914 en la Cámara de los Comunes: "Es nuestro deber apoyar en la medida de nuestros medios al auténtico capital inglés cualquiera sea el lugar en donde busque concesiones y se despliegue en el mundo." El gobierno británico, agregaba Grey, hará todo lo que esté a su alcance para "convencer a los gobiernos extranjeros concernidos" del interés de esos negocios. Y es al son de los cañones de la marina de guerra inglesa que en China (1839-1942), en Venezuela o en otras partes fue llevada a cabo esa obra de persuasión a lo largo del siglo. Feis muestra claramente que cuando había un litigio entre el Estado británico y las estrategias comerciales internacionales del sector privado, el segundo se plegaba casi siempre a la razón del primero2.

En suma, riqueza y poder anduvieron a la par: el libre intercambio y la libre circulación de los capitales subyacían a la hegemonía política británica. Las modalidades de acción de los poderes político y económico diferían, pero había una relación funcional entre ellos en el sentido en que la fuerza de uno nutría el poder del otro y viceversa. Por eso, incluso si hubo siempre "menos Estado" (un aparato político-administrativo relativamente menos desarrollado) en Gran Bretaña que en Francia, se admitirá, a menos que se confunda la forma y el contenido del poder político, que el estado no era "débil"3.

Mutatis mutandi, una dinámica análoga está en funcionamiento en la mundialización de fines del siglo XX, esta vez impulsada por Estados Unidos. También en ese país la fluidez de las fronteras entre élites económicas y políticas favorece la coordinación entre ellas y un ejercicio flexible e informal del poder. Dentro de su propia persecución de riqueza y poder, el Estado no fue superado ni "banalizado" por las fuerzas del mercado libre mundial. Al contrario, en el sistema interestatal de la posguerra fría, encuentra un medio de afirmar su soberanía, de fortalecer su autonomía y de estabilizar su hegemonía.

  1. Karl Polanyi, La Grande Transformation, Gallimard, París, 1983.
  2. Herbert Feis, Europe the World's Banker, Augustus M. Kelley Publishers, Clifton New Jersey, 1974.
  3. Noëlle Burgi, L'Etat britannique contre les syndicats, Kimé, París, 1992.


Autor/es Noelle Burgi, Philip S. Golub
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 20 - Febrero 2001
Páginas:13, 14, 15
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Historia, Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Estado (Política), Geopolítica
Países Estados Unidos, Venezuela, China, Japón, Francia, Inglaterra