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Pakistán: la hora de los militares

Entre todos los detentores declarados de armas nucleares, Pakistán es el más inestable desde el punto de vista político, el más frágil económicamente, el que más tensiones internas padece y más sospechas de expansionismo regional despierta. Es dudoso que el estado de emergencia instaurado luego del golpe de Estado militar del 12 de octubre pasado permita construir un nuevo consenso, un contrato social que corresponda a las aspiraciones populares y un orden regional más sensible al imperativo económico que a las crispaciones identitarias.

Por cuarta vez en cuarenta y un años, Pakistán fue escenario el 12 de octubre pasado de un golpe de Estado militar. Siguiendo la tradición nacional, el golpe se llevó a cabo discretamente y fue bastante bien recibido por la población y los medios, a tal punto el depuesto gobierno del primer ministro Nawaz Sharif había devenido una autocracia de negociantes sobre fondo de crisis generalizada. Crisis del régimen en primer lugar: Pakistán no consiguió poner en pie una democracia parlamentaria medianamente eficaz. Crisis económica también: sobreendeudado, el país está al borde de la quiebra. Crisis ideológica: mediante la partición de 1947, el Estado pretendió ser un territorio de paz para los musulmanes indios, pero no logró definir un consenso nacional en torno al lugar institucional del islam ni encontró las vías de una cohabitación benéfica, o al menos pacífica, con el gran vecino indio cuya potencia se consolidaba. Por último, debilitamiento diplomático: debido en primer lugar a la política afgana de Islamabad, favorable a los talibanes, pero también al fracaso de su política activista en Cachemira, que casi conduce al país a una cuarta guerra con India en la primavera de 19991.

Claves para el golpe

El golpe de Estado del general Pervez Musharraf, jefe de las tres armas bruscamente destituido de sus funciones al regresar de una misión oficial en Colombo, donde había asistido al 50º aniversario de la creación del ejército de Sri-lanka, no es la expresión de una ávida ambición de poder. Con el apoyo eficaz de su estado mayor, el general Musharraf salvó su puesto y escapó de la rocambolesca y peligrosa trampa tendida por el primer ministro, quien había prohibido que el avión de línea que lo transportaba completara su plan de vuelo. Más allá de esas peripecias, propias de un estilo de gobierno de otra era, es el contexto de crisis el que proporciona las claves de este regreso de los militares al poder.

Desde hace décadas, aun cuando no están al mando del Estado los militares ejercen control sobre el poder civil e influyen ampliamente tanto en las decisiones en las áreas compartidas como en las reservadas: el tema nuclear, la política de seguridad (en primer lugar Afganistán y Cachemira, campos privilegiados de poderosos servicios secretos del Inter Service Intelligence, ISI, dirigidos siempre por un militar) y los asuntos extranjeros. Hacia fines de 1998, la dimisión del jefe de estado-mayor, general Jehangir Karamat, insinuó un intento de supremacía por parte del poder civil. Karamat había criticado la situación del país (y por ende la ineficacia del gobierno) y expresado su deseo de que se instaurara un Consejo Nacional, donde los militares tendrían un lugar oficial. Fue por entonces que Nawaz Sharif promovió al general Musharraf, que si bien no era el de mayor antigüedad en la jerarquía, tenía la ventaja de no pertenecer a la mayoría punjabí -que domina tanto dentro de las redes de la alta burocracia como en el círculo de los oficiales superiores- puesto que era un mohajir, es decir, venido de India luego de la partición de 1947. Por eso Sharif pensó que iba a poder controlarlo.

Múltiples factores comprometieron rápidamente la confianza entre Sharif y el estado mayor. Hace algunos meses, la "guerra" iniciada por el ejército pakistaní en Kargil, que hizo retroceder a la guerrilla islamista más allá de la línea de control (LOC) que separa la Cachemira pakistaní de la Cachemira india, terminó en humillación. El éxito táctico de esta incursión masiva llevada a cabo a fines de abril pasado (resistida con dificultad por el ejército indio -que apoyaba a la guerrilla- en un terreno montañoso particularmente desfavorable), tuvo como único resultado una lamentable rendición diplomática: en un inopinado y repentino viaje a Washington, el 4 de julio de 1999, Sharif aceptó en una declaración conjunta con el presidente Clinton la retirada de los intrusos, confirmando de paso la implicación directa del ejército pakistaní, hasta entonces negada.

Peor aún, el 13 de septiembre Naiz Naik, emisario secreto del gobierno de Sharif que dirigió las negociaciones con la India durante el conflicto de Kargil, declaró a la prensa (luego se desmintió) que el referido conflicto permitió a los militares quebrar la dinámica de acercamiento lanzada por Nawaz Sharif y el primer ministro indio Atal Vajpayee en la declaración de Lahore del 21 de febrero de 1999. Según Naik, las negociaciones estaban tan avanzadas que podía pensarse en una solución en los meses siguientes para el asunto de Cachemira. Esto significaba cargar al ejército con toda la responsabilidad de una aventura peligrosa y humillante y, al mismo tiempo, subrayar que los dos países negociaban un acuerdo sin informar al estado mayor.

Segunda causa de conflicto: las interferencias del poder civil en las nominaciones militares. Luego del golpe de Estado el ejército acusó a Sharif de intentar politizarlo y por ende dividirlo, además de los casos puntuales de cuestionamiento de la autoridad del jefe de estado mayor. No obstante, hay temas esenciales de defensa que deben ser resueltos, pero semejante clima de suspicacias no ayuda en nada. El Fondo Monetario Internacional (FMI), socio capitalista indispensable para la sobrevivencia de la economía, presiona desde hace tiempo por una reducción de la desproporcionada parte de gastos de defensa (6% del PNB) en el presupuesto, aunque la actitud de India, que en mayo de 1998 inauguró abiertamente una carrera armamentista nuclear en la región, permite prever una notable expansión de sus fuerzas estratégicas. ¿Qué doctrina debe seguir Pakistán en relación a este asunto? ¿Debe firmar, cediendo a las presiones de Estados Unidos, el Tratado de Interdicción Completa de Ensayos Nucleares (CTBT)? Se sospecha que Sharif debe haber sido demasiado complaciente con Washington, tanto en torno al CTBT como a la política afgana y al caso Osama ben Laden2.

Es en este período que la posición política de Sharif se debilita rápidamente. Aunque desde las elecciones de 1997 dispone de una mayoría más que holgada, dilapida velozmente sus capital. Su carrera personal por el poder lo conduce a acallar una a una todas las instituciones -Corte Suprema, presidencia de la República, Parlamento-, aplastando de manera imprudente a los contrapoderes civiles. A pesar de ser un hombre de negocios, su política económica es un fiasco: los intereses de la deuda paralizan el presupuesto del Estado y todos los indicadores están en rojo, mientras la corrupción, la concusión, el fraude fiscal y el favoritismo debilitan incluso a los bancos, obligados a acordar préstamos que nunca se devuelven.

Las sanciones impuestas por Washington después de los ensayos nucleares de 1998 debilitan aún más al país. El orden público es escarnecido en Karachi, donde facciones políticas y mafias ajustan sus cuentas con sangre, y en Punjab, donde se producen enfrentamientos de los brazos armados de sectas sunitas y chiítas. La cohesión nacional se debilita y las provincias de Sind y Baluchistán se consideran víctimas de la omnipotencia de Punjab, feudo de los hermanos Sharif: Nawaz es el primer ministro y Shabhaz es el jefe de gabinete del gobierno de Punjab.

La oposición, debilitada por el proceso de corrupción contra la señora Benazir Bhutto, exiliada en Londres, intenta no obstante reaccionar mediante la coalición Gran Alianza Democrática (GDA), que llama al cambio. También los partidos islamistas anuncian la inminente caída de un régimen desprestigiado. Los rumores se multiplican, hasta que el 20 de septiembre Washington lanza una advertencia a los militares: "Nos opondríamos enérgicamente a toda tentativa de cambiar el gobierno por medios extraconstitucionales"3.

Un golpista moderado

Luego, tanto Estados Unidos como otros Estados extranjeros condenarán el golpe y llamarán al regreso de la democracia parlamentaria, pero se muestran dispuestos a dar una oportunidad al nuevo hombre fuerte de Pakistán, al menos por un cierto tiempo. Ese realismo procede en parte de la personalidad y del programa del general Musharraf y en parte de la perversión de la experiencia democrática.

Musharraf adoptó la imagen de un hombre moderado, obligado a operar junto a sus hermanos de armas "un contragolpe" a un poder civil que acomete contra "la última institución estable de Pakistán", un país al borde del abismo. Se cuidó muy bien de no declarar la ley marcial, sino sólo el estado de emergencia, en el que se mantienen en principio los derechos fundamentales y la libertad de prensa, aunque se suspenden la Constitución y el Parlamento.

En su declaración de política general del 17 de octubre pasado, cinco días después del golpe, se diferenció claramente del islamismo, incitando a los ulemas a presentar al islam bajo su luz verdadera ("tolerancia, fraternidad, paz, progreso") y a separar "los elementos que explotan a la región para sus intereses particulares". Expresó su deseo de ver "un gobierno verdaderamente representativo" en Kabul. Confió a un periodista turco su admiración por Atarturk, atrayéndose de inmediato las iras de la Jamaat-e-Islami (principal partido islamista), que anunció que no autorizará a nadie a estimular el kemalismo y el laicismo. En relación a India -y a la comunidad internacional- el general Musharraf consintió gestos de apaciguamiento, llamando a retomar el diálogo y a la contención en el tema nuclear y retirando las tropas estacionadas cerca de la frontera indo-pakistaní, aunque fuera de Cachemira. Este es el origen de la extrema circunspección de Nueva Delhi, que juzgará al "hombre de Kargil" por los hechos y espera como mínimo el cese de la infiltración subversiva.

Aunque estuvo listo para responder de inmediato al golpe del primer ministro contra su jefe de estado mayor, el ejército no tenía una solución política de recambio, lo que explica la demora en definir el futuro inmediato: gobierno de unión nacional, como esperaban los partidos, o régimen militar interino.

Una vez decidida la segunda opción, el Consejo Nacional de Seguridad que dirige el país bajo la presidencia Musharraf quedó constituido, además de los jefes de las tres armas, por cuatro civiles. No son desconocidos: dos de ellos prestaron sus servicios en regímenes militares precedentes. El tercero, presidente del banco central de Pakistán a partir del primer mandato de Sharif, comandó por tanto el derrumbe de la rupia y el alza de los déficits. El gobierno se reduce a tres ministros: en finanzas, el vicepresidente del Citybank, llegado directamente de Nueva York; en la justicia, un experto constitucional, tres veces fiscal general; en relaciones exteriores, un diplomático de alto vuelo, negociador del acuerdo de Shimla entre India y Pakistán después de la guerra de 1971 (que previó la secesión de Bangladesh) y es un halcón anti-indio. Tanto en el Consejo Nacional de Seguridad como en el gobierno, los militares eligieron entonces personajes (entre ellos una mujer) no comprometidos en los negocios y con experiencia, aunque sin dudas no conforman el equipo encargado de refundar las bases del país.

La acogida dada a los golpistas se explica por la dimensión del descrédito del régimen derribado y por la desesperanza ante una fachada democrática que defraudó. Pero Nawaz Sharif sólo agravó males que comenzaron mucho antes que él. Cincuenta y dos años después de la independencia, Pakistán sigue en busca de un sistema de gobierno y de lo que quiere ser, como nación y como Estado. El general Musharraf lo percibió claramente y adoptó un programa ambicioso: reconstruir la confianza de la nación en sí misma, fortalecer la federación y la cohesión nacional, revitalizar la economía, restablecer el orden público y la justicia, despolitizar la administración pública, garantizar la responsabilidad de todos los que están en el gobierno. Hasta cierto punto, quizás pueda limpiar los establos de Augias, hacer pagar a los predadores de los bienes públicos, purgar la administración y la clase política de corruptos y poner nuevamente en marcha la máquina económica, incluso proponer una reforma constitucional.

Interludio ¿hacia dónde?

Pero sus días están contados, aunque se haya negado a anunciar un calendario de retorno al poder civil a pesar de los reclamos de la prensa y la presión internacional.

Se habla de un interludio de dos a tres años. ¿Pero para preparar qué régimen? El ejército no puede llenar el vacío de un sistema político manipulado, ineficaz y desprestigiado, porque no es sólo lo que dice ser, "el último garante de la estabilidad, la unidad y la integridad del país", sino también parte integrante de las estructuras de poder que favorecen, desde los años ´50, a una élite de grandes hacendados, altos funcionarios, hombres de negocios y oficiales superiores, en detrimento de la clase media y de la gente común, presa en las redes de la dependencia y el clientelismo.

Si el nuevo régimen pretende levantar al país, tendría que redefinir también las relaciones entre el ejército y la nación y repensar la política afgana y la de Cachemira, romper por ende las redes de la droga y el contrabando, controlar el ISI, reformar las escuelas coránicas ligadas a los movimientos extremistas armados. Las voces que claman en Pakistán por priorizar al fin el terreno económico y social y los desarrollos fundamentales (salud, educación, agua) saben muy bien que para hacerlo habría que reducir el gasto militar, en tiempos en que la carrera armamentista nuclear y convencional indo-pakistaní se intensifica. Aunque preservando los legítimos imperativos de la seguridad nacional, el ejército debería entonces serruchar la rama sobre la cual está sentado.

Si fracasa en la tarea urgente de reencauzar al Estado sobre sus propios rieles, la tentación de permanecer en el poder y de retrasar la instancia electoral puede ser fuerte. Una vez cumplidas las tareas mínimas, puede por el contrario decidir retirarse. De la clase política deberá entonces emerger un nuevo líder.

Pero la cuestión de fondo sigue intacta: repensar las bases mismas sobre las que se construyen el Estado y la nación, tanto en materia de poder político-social, de política económica, como de relaciones regionales. Un nuevo fracaso, militar y luego civil, significaría una vía abierta a diversas opciones desastrosas; una anarquía que desemboque en guerra civil o estallido del país llevaría nuevamente, como contragolpe, al orden militar, está vez endurecido. Para los que apuestan a un nuevo orden, existe otra hipótesis: una revolución islamista, apoyada por los jóvenes oficiales que no comparten la mentalidad de este nuevo líder pakistaní que el 17 de octubre denunció en su discurso a "los beatos que dan una imagen negativa del islam".

¿Cuál sería la credibilidad de un régimen semejante en una sociedad abierta a la pluralidad y al debate? ¿Y cuál sería su doctrina nuclear?

  1. Negarajan V. Subramanian, "Ombres nucléaires sur le Cachemire", Le Monde diplomatique, julio de 1999.
  2. Enemigo público número uno de Washington, Osama ben Laden, millonario islamista de origen saudita, es considerado responsable de dos atentados antiestadounidenses, el 7-8-98, en Tanzania y Kenya. Refugiado en Afganistán, presta apoyo a los rebeldes musulmanes en lucha contra India en Cachemira. Véase Ahmed Rashid, "Guerra santa entre musulmanes" , Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 1999.
  3. Le Monde, 14-10-99.

De la partición al golpe de Estado

•14-8-47. La partición de la India crea Pakistán, República islámica fundada sobre una base esencialmente comunitaria y religiosa, presidida por Alí Jinnah, jefe de la liga musulmana.

•1947. Primera guerra de Cachemira, territorio que remite al fundamento de la identidad de ambos Estados, religiosa para Pakistán, laica para la India.

•1949. El final de la guerra marca la división de Cachemira: Azad-Cachemira y los territorios del norte son pakistaníes, mientras que Jammu-y-Cachemira pertenece a la India.

•1965. Segundo conflicto indo-pakistaní a propósito de Cachemira.

•1971. Pakistán oriental se separa y se convierte en Bangladesh, con apoyo de India.

•17-11-88. Triunfo electoral del Partido del Pueblo Pakistaní (PPP) de Benazir Bhutto, que llega a ser jefa de gobierno contra la Alianza democrática islámica (IDA) de Nawaz Sharif.

•6-8-90. La señora Bhutto, acusada de corrupción y nepotismo, es destituida de sus funciones por el presidente Ghulam Ishaq Khan, y sustituida por Nawaz Sharif, jefe de la liga musulmana.

•9-10-93. Una profunda crisis política sacude al país. Nawaz Sharif es destituido y las elecciones anticipadas vuelven a colocar en el poder a la señora Bhutto.

•27-9-96. En Afganistan, Kabul cae en manos de los talibanes. Se sospecha que el ministro del Interior de la señora Bhutto los apoya financiera y militarmente. En noviembre el presidente Faruk Ahmed Leghari destituye al gobierno.

•3-2-97. La liga musulmana de Nawaz Sharif gana las elecciones.

•28-5-98. Diecisiete días después de la primera serie de cinco ensayos nucleares indios, Pakistán realiza a su vez cinco ensayos en el desierto de Baluchistán.

•12-10-99. El gobierno de Nawaz Sharif es derribado por un golpe de estado del general Pervez Musharaff, jefe del ejército; el presidente Rafic Tarar conserva su lugar. El general Musharaff forma su gobierno provisorio, el Consejo Nacional de Seguridad compuesto de seis miembros, cuatro civiles y dos militares.


Autor/es Jean-Luc Racine
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 6 - Diciembre 1999
Páginas:8, 9
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Armamentismo, Conflictos Armados, Militares, Deuda Externa, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Geopolítica, Políticas Locales, Islamismo
Países Estados Unidos, Afganistán, Tanzania, Bangladesh, India, Pakistán