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América Latina, un continente en vías de militarización

Escudado en la lucha contra el narcotráfico, Washington avanza sistemáticamente en la estrategia destinada a subordinar las fuerzas armadas latinoamericanas a su mando directo y establecer cabeceras de playa a lo largo del continente. Lejos de terminar con el flagelo de la droga, esta política ha expandido las áreas de producción y transporte. De hecho, Estados Unidos se apoya en este factor para intentar volcar a su favor una disputa multilateral por el control económico al Sur del Río Bravo.

La Cumbre de Brasilia quedó atrás. Los doce mandatarios sudamericanos que participaron de ella plasmaron en una Declaración de Brasilia, la intención de llevar a cabo un proceso de integración regional. Se pusieron fechas a los primeros pasos de un proyecto en el que estarían incluidos los dos bloques económicos, el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay) y la Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela) a los que se sumarían Chile, Guyana y Surinam. Los propósitos no son sólo eminentemente económicos y comerciales. Existe en el fondo una intencionalidad política, la de la creación futura de una unidad del subcontinente que podría concretarse en la conformación de los Estados Unidos de Sudamérica, en base a la sugerencia del presidente del Perú, Alberto Fujimori o de una Confederación de Repúblicas de Sudamérica, de acuerdo a la propuesta del presidente de Venezuela, Hugo Chávez1. Sin embargo, sobre este futuro se cierne el fantasma del Plan Colombia. Sus implicaciones suscitan resquemores y suspicacias entre los gobiernos de la región y, de concretarse, dificultarían los sueños de una integración regional.

El Plan encierra tres amenazas fundamentales: el peligro de que el conflicto colombiano traspase las fronteras y se desborde hacia los países limítrofes; la posible intervención estadounidense, que significaría la vietnamización -o "kosovarización"- del conflicto y el involucramiento directo de las fuerzas armadas de los países sudamericanos.

Esta última hipótesis fue hecha pública por Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia del gobierno de Fujimori. En sus declaraciones, Montesinos habló de la existencia de un plan de invasión a Colombia en el que Ecuador y Perú desempeñarían un rol fundamental en lo referente a la logística de un operativo multilateral2. Considerando la negativa brasileña y venezolana a la regionalización del conflicto, los dichos de Montesino son una señal adversa hacia una política mancomunada desde el sur de América y un acercamiento a una estrategia estadounidense cuya formulación es anterior al Plan Colombia.

El Plan en realidad es una parte, quizás la más evidente, la más notoria y sin lugar a dudas la más controvertida, de un diseño político cuya estrategia se fue trazando durante décadas al compás de los acontecimientos. El Plan Colombia en definitiva es la punta de un iceberg inmerso en el mar de la desinformación.

La propuesta de operativos multilaterales parece ser la reedición del proyecto estadounidense de una Fuerza Multilateral Antidrogas, con la participación de efectivos militares pertenecientes a los ejércitos de América Latina, liderados por Estados Unidos. Cuando fue formulado, el marco institucional de la Fuerza iba a ser, en las intenciones del Pentágono, el CMA (Centro Multilateral Antidrogas).

La idea surgió en 1995. No fue una idea made in USA, sino made in Panamá. El Presidente Pérez Balladares fue quien propuso a EE.UU. quedarse en el istmo, más allá de la fecha prevista por el Tratado del Canal, que establecía el 31 de diciembre de 1999 como fecha de salida del Comando Sur allí instalado. La propuesta apuntaba a transformar la principal base militar, la de Howard, en un centro de monitoreo del tráfico de drogas. La idea se sustentaba en la consideración de que desde 1992 estaba operando el Centro Conjunto de Operaciones Aéreas, parte integrante del mismo Comando Sur, con tareas de rastreo aéreo del narcotráfico3.

EE.UU. aceptó en función de ampliar el Centro, para que desarrollara también operativos terrestres y marítimos contra el narcotráfico. La propuesta era muy atrayente para los estadounidenses, preocupados sobremanera por el traslado del Comando Sur hacia Florida y Puerto Rico, zonas demasiado distantes para realizar eficazmente y sin costos operativos exorbitantes, sus tareas principales: mantenimiento de la paz internacional, asistencia humanitaria, además del consabido control del tráfico de drogas4.

Sin embargo Washington no aceptó los términos del acuerdo planteados por el gobierno panameño: alquiler de la base por un lapso de tiempo no superior a los tres años, indemnización por el uso, gestión del Centro por parte de funcionarios civiles, con participación de un limitado contingente militar estadounidense y, para finalizar, la circunscripción del ámbito operativo a los países integrantes del Centro Multilateral. El gobierno estadounidense en cambio pedía el uso de la base por doce años, no preveía ninguna indemnización y pensaba en una administración militar con una fuerte presencia de personal uniformado estadounidense y latinoamericano para el desarrollo de tareas de inteligencia y logística a implementarse en toda Latinoamérica.

El acuerdo no se selló. A pesar de ello, el proyecto siguió en pie. Es más, se trató de conseguir adhesiones en las presidencias y cancillerías del continente y dentro de las propias Fuerzas Armadas de América Latina y se buscó un nuevo lugar.

A nivel de gobiernos el proyecto logró el consenso casi generalizado de los países. Uno de los primeros fue Argentina que, gracias al apoyo manifestado, adquirió el estatus de aliado extra-OTAN otorgado por la administración Clinton.

Cabe señalar que en general el consenso fue "diplomático", un sí a la espera de ver cómo podía funcionar algo que ni siquiera el propio EE.UU tenía bien en claro5. Las dificultades mayores estuvieron representadas por las barreras del nacionalismo y los mutuos recelos entre fuerzas armadas de los distintos países, que no veían bien la posible presencia en su territorio de efectivos militares extranjeros desempeñándose en tareas de inteligencia y logística, por no hablar de una siempre posible intervención de la Fuerza Multilateral.

Como era de esperar, si bien hubo consenso a nivel político, no lo hubo a nivel militar. Además de las razones expuestas, los militares estaban en su mayoría convencidos de que la lucha antinarcóticos era un asunto policial, de seguridad interna, por lo tanto de jerarquía inferior a la militar, y un peligro para la integridad del cuerpo castrense, que involucrándose se iba a exponer al poder corruptor del narcotráfico.

A todo esto se sumó el hecho de que no se encontró un lugar para que el Centro Multilateral Antidrogas pudiese tener su propia sede. Todas las negociaciones emprendidas con otros países, como por ejemplo Honduras y Ecuador, fracasaron. Del Centro Multilateral no se habló más, lo cual no significó que la política de militarización de la lucha contra el narcotráfico sufriera el mismo destino.

Una mirada hacia atrás

Los antecedentes de esta política no son recientes y son el fruto de una serie de conceptualizaciones que permitieron que un fenómeno eminentemente delictivo, como el tráfico de drogas, regenteado por organizaciones criminales, asumiera connotaciones dignas de ser consideradas a nivel militar.

Las bases para la militarización fueron sentadas a nivel teórico e ideológico en los años 80, cuando el presidente Ronald Reagan declaró la "guerra a las drogas". Más allá del eslogan, los conceptos que se esgrimieron sobre droga y narcotráfico fueron abriendo las puertas a la injerencia de las Fuerzas Armadas.

Por la expansión del mercado de consumo las drogas habían dejado de ser un problema de salud individual y colectiva para convertirse, a los ojos de los políticos, en un problema de seguridad nacional. Una seguridad amenazada por un nuevo enemigo, el narcotráfico, ubicado más allá de las fronteras nacionales, que con el terrorismo y las migraciones ilegales fue remplazando paulatinamente al enemigo tradicional, el comunismo internacional, que quedó definitivamente sepultado bajo los escombros del Muro de Berlín.

Sin embargo esta construcción conceptual, que permitía visualizar un posible involucramiento de los militares estadounidenses, no era suficiente para tratar de integrar a las naciones latinoamericanas en una lucha militar a llevarse a cabo en sus propios territorios. Fue así que el narcotráfico, que a pesar de la guerra declarada y de las medidas represivas y de interdicción implantadas en su contra se había fragmentado, multiplicado y potenciado, se convirtió en un peligro para la democracia y la existencia misma del Estado en América Latina. Institucionalidad y gobernabilidad se veían amenazados por la penetración de intereses criminales en las tramas económicas, sociales y políticas de los distintos países6.

Armado con estas conceptualizaciones, EE.UU emprendió la difícil tarea de convencer a las Fuerzas Armadas latinoamericanas de que la lucha antidrogas es un asunto de defensa y, como tal, requiere ser tratada a nivel militar. A estas construcciones teóricas que se fueron elaborando a lo largo de dos décadas, se acompañó el despliegue de una estrategia correspondiente, que no empieza ni termina con el Plan Colombia.

El proceso de militarización

La militarización como proceso se fue produciendo en distintos campos y en diferentes escenarios a partir de los años 1985-1986. Se manifestó en las tácticas, en los equipamientos, en el involucramiento de personal militar estadounidense, en la introducción de fuerzas armadas locales en tareas específicas antidrogas, en los operativos conjuntos, en la construcción de bases en el corazón de las zonas de cultivos ilícitos, en la formación de cuerpos especiales en los países latinoamericanos para la lucha antidrogas, verdadera policía militar entrenada por asesores estadounidenses a las órdenes del Comando Sur. Y se hizo totalmente evidente durante el proceso de radarización del espacio aéreo.

Primero fueron los radares en la región andina. Desde 1990 hasta 1995, equipos especiales para detectar los vuelos de las avionetas narcotraficantes que surcaban los corredores aéreos para transportar coca, pasta base, cocaína, dinero y armas de un país andino al otro o hacia los mercados del Norte en una estrategia denominada puente aéreo, fueron instalados en Perú, en Colombia, Ecuador y Venezuela en localidades cerca de las fronteras7.

En un primer momento las instalaciones fueron entregadas a las fuerzas armadas locales. Luego a raíz de una supuesta polémica sobre la violación al derecho internacional del uso del espacio aéreo que la radarización constituiría, y de la insatisfacción sobre los pobres resultados obtenidos en la interdicción del puente aéreo, los radares dejaron de funcionar en 1994. En 1995 las instalaciones fueron abiertas de nuevo y se incrementó el número de radares que fueron entregados al control y manejo exclusivo de militares estadounidenses, sin que las fuerzas armadas locales tuvieran acceso a los datos registrados.

La radarización del espacio aéreo andino, sin embargo, no fue considerada suficiente. Los narcotraficantes cambiaron sus rutas de vuelo e ingresaron a espacios aéreos de otros países. La estrategia se amplió. Actualmente los cielos de Centroamérica y del Caribe están siendo controlados por nuevos radares en funcionamiento, mientras en América del Sur se está esperando su instalación para el rastreo del espacio aéreo de Argentina, que comprende las fronteras norte y la Patagonia, al que debería seguir el de Chile.

Mientras tanto en Brasil se procede a la construcción del Sistema de Vigilancia de la Amazonia, SIVAM, luego de duras discusiones originadas por las presiones estadounidenses en 1993. El sistema -muy complejo- que ejercerá un control sobre cielo, tierra y ríos, entrará en función en el 2002. Garantizará la cobertura de un área de 5,2 millones de kilómetros cuadrados. Proporcionará datos sobre tráfico de drogas, explotaciones minerales ilegales, deforestaciones no autorizadas, invasiones de reservas indígenas y conflictos agrarios8. El sistema estará bajo control brasileño, según informaciones provenientes de Brasilia.

El control de los cielos fue considerado un éxito. Los vuelos se fueron espaciando. Determinados corredores fueron abandonados, sin embargo el tráfico continúa. Lo cual significa que cada respuesta represiva provoca un cambio de estrategia de parte de los narcotraficantes. Se empezaron a utilizar los mares y los ríos para el transporte de las drogas y se empezó a pensar en un sistema de control de las nuevas rutas que se fueron estableciendo. Nacieron de esta manera los FOLs. Los Centros de Operaciones de Avanzada (Forward Operating Location), fueron implementados a partir de 1999. Surgieron al morir el proyecto del Centro Multilateral Antidrogas. En la imposibilidad de disponer de una gran base militar, se trató de ubicar bases más pequeñas y diseminadas por América Latina en los sitios considerados estratégicamente relevantes. Hoy en día hay un FOL en Manta, Ecuador, uno en Aruba y otro en Curaçao en las Antillas Holandesas, y pronto habrá un FOL en Comalapa, en El Salvador.

Los respectivos gobiernos firmaron convenios con Estados Unidos en los que ceden el uso de las bases, áereas en algunos casos y marítimas en otros, por diez años, con posibilidad de renovación del convenio por otros cinco años. Los acuerdos prevén el acceso irrestricto a personal y equipo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a aeropuertos y puertos y otras instalaciones y la posibilidad de construir o ampliar las instalaciones existentes. Estas están puestas a disposición del gobierno de EE.UU, sin costo alguno, así como los terrenos, los derechos de vía y el personal local. Se protege el derecho a la discrecionalidad de EE.UU para ingresar a los Centros tipo y cantidad de aviones, armas, equipo y personal que ellos decidan. Se prevé solamente un límite para la presencia de personal estadounidense, variable por cada Centro. En el caso de Manta, considerado el FOL más importante, se puede llegar previa notificación a 475 hombres, mientras en períodos considerados normales, el numero oscilaría entre 250-300 militares.

Los objetivos de los FOLs son la detección, monitoreo, rastreo y control de actividades ilegales del narcotráfico a realizarse mediante el patrullaje aéreo. Durante los vuelos los datos serán cruzados con la información proporcionada por la red de radares. La tripulación sólo puede ser estadounidense. Los militares latinoamericanos podrán participar de los vuelos en calidad de observadores invitados. Los aviones, que de acuerdo a la información proporcionada no serán artillados, no podrán intervenir en contra de las avionetas y barcos irregulares detectados. Su tarea consiste en avisar a la policía local, que deberá llevar a término los operativos. Los estadounidenses aseguran que ésta será la modalidad de intervención, sin embargo en los convenios en ningún momento se menciona la prohibición de interceptar y realizar arrestos por parte de los efectivos estadounidenses9.

Para la realización del patrullaje el gobierno de EE.UU tuvo que pedir autorización para ingresar al espacio aéreo de todos los países de la región. A tal efecto se firmaron acuerdos bilaterales. Solamente un país se negó: Venezuela.

Más bases y más operativos

Los FOLs son puestos de avanzada. En términos militares significa que detrás de éstos existe una segunda fila de defensa operativa. La constituyen la base aérea Enrique Soto Cano10cerca de Tegucigalpa, en Honduras, la base naval en Guantánamo, Cuba, y la base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico. A este elenco se suman las cuatro bases en Colombia, sobre todo la de Tres Esquinas, totalmente aislada, convertida en un fuerte inexpugnable; la de Palmapampa en la selva de Ayacucho en Perú y todas las otras bases que brasileños, peruanos y ecuatorianos y venezolanos están alistando para defender sus fronteras de la posible expansión del conflicto en Colombia.

Y mientras siguen los preparativos para el Plan Colombia y la prensa y la opinión pública se centran y se concentran en ello, se realizan en Centroamérica operativos con participación estadounidense insertados en programas a escala regional. Son los programas llamados "Cielos centrales"11 y "Juventud sana", que a pesar de su nombre prevé la intervención de aviones, helicópteros y barcos para detectar cultivos ilegales e interceptar cargamentos de drogas.

Todos son ensayos generales de una integración centroamericana contra el narcotráfico, en los que participan seis países de la región. Los mismos que van firmando acuerdos bilaterales para ceder bases, aeropuertos y puertos a cambio de la militarización de la lucha antinarcóticos, que lleva por ejemplo a Costa Rica a abandonar su feliz costumbre de prescindir de uniformes militares. El Plan Colombia se inserta en este escenario. La militarización de la lucha antinarcóticos no se inaugura con el Plan, el Plan es parte de ella.

El objetivo de esta militarización trasciende la lucha antidrogas. Los operativos, los enfrentamientos, los planes de erradicación, de fumigación de zonas cocaleras y amapoleras, los controles, los rastreos, los patrullajes realizados en casi dos décadas y con fuertes antecedentes en los años anteriores, no han logrado su propósito. Es más: han sido determinantes en la expansión del fenómeno. Circunscrito sobre todo a los países andinos, ante arremetidas guerreristas el negocio de los narcóticos se reorganizó y se reestructuró, buscando nuevas tierras para los cultivos y nuevas rutas para el transporte. Países ajenos o de secundaria importancia se insertaron en el circuito del tráfico.12 Hoy en día el mapa del narcotráfico incluye a la casi totalidad de los países del continente.

Su organización fue cambiando. El circuito basado en una división internacional del trabajo13, de acuerdo a la cual existían países cultivadores, refinadores, de tránsito y paraísos fiscales, se desdibujó. El universo criminal se fragmentó, obstaculizando seriamente la lucha en su contra y sus métodos fueron variando de acuerdo a sus disponibilidades financieras cada vez mayores, y a la necesidad de contrarrestar las dificultades que dicha lucha le iba deparando.

A pesar de ello, se sigue por el mismo infructuoso camino que está llevando a los países de la región hacia una peligrosa desestabilización. La razón de esta decisión parece residir en que este camino permite implantar un control sobre el territorio latinoamericano. A través de la militarización se puede llevar a cabo la tarea de ejercer una estricta vigilancia sobre amplios territorios considerados estratégicos. Uno de ellos es la Amazonia con sus recursos naturales no renovables y con sus fuentes de agua, vitales en un próximo futuro en la determinación del mapa del poder. Permite también implantar un control sobre una población vapuleada por el empobrecimiento y la exclusión en aumento. Población que representa un potencial peligro con reacciones que pueden llevar a los estallidos sociales, a la adhesión a viejas y nuevas guerrillas o a movimientos de envergadura como el indígena y el de los Sin Tierra que pueden poner en jaque a los mismos Estados y a un modelo económico y de sociedad.

La desestabilización que puede derivar de este proceso de militarización puede además dirimir el conflicto de intereses entre los bloques económicos, el ALCA por un lado y el Mercosur y la Comunidad Andina por el otro, a favor de una estrategia del capital internacional, capitaneada por Estados Unidos. En este proceso el país del Norte trata una vez más de confirmar su liderazgo y hegemonía en el continente, apoyado por un aparato militar en búsqueda de una legitimación y de un rol, en medio de una crisis de misión que parece llevarlo a aceptar su nuevo papel de policía internacional.

  1. La Jornada, México, 2-09-2000.
  2. Carlos Fazio, "La cumbre de Brasilia, ante el expansionismo estadounidense", La Jornada, México, 31-08-2000. Es sugestivo que poco después este oscuro personaje haya caído endesgracia arrastrando con él al presidente Alberto Fujimori.
  3. Herasto Reyes, "De paraíso de lavado, a sede del Centro Multilateral Antidrogas", en Autores Varios, Centroamérica: gobernabilidad y narcotráfico, TNI - Fundación Heinrich Böll, Guatemala, 1997.
  4. Howard Philipps, de la Conservative Cactus, organización no gubernamental de Estados Unidos, afirmó en 1999 que el problema para el país no consistía en el traspaso de las instalaciones militares al gobierno de Panamá, sino en la pérdida del istmo, ya que "Panamá es uno de los puntos más estratégicos del mundo, especialmente ahora que nuestra flota de guerra se está achicando y ya no tenemos una Marina en dos océanos". (Silvio Hernández, "Panamá: En EE.UU presionan para mantener presencia militar", InterPress Service, 13-04-1999).
  5. Entrevista realizada por la autora en 1998 a un funcionario estadounidense que pidió el anonimato.
  6. Martin Jelsma y Theo Roncken (coords.), "Democracia bajo fuego. Narcotráfico y poder en América Latina", TNI-Brecha-Acción Andina, Montevideo, 1998.
  7. Theo Roncken (coord.), "The Drug War in the Skies", TNI-Acción Andina, Cochabamba, 1999.
  8. José María Mayrink, "Sivam pode controlar droga", Jornal do Brasil, 20-01-2000.
  9. Héctor Silva Avalos, "E.U.A. no enviará aviones artillados", Prensa Gráfica, San Salvador,29-04-2000.
  10. La base alberga el Joint Task Force Bravo creado en 1983 para apoyar a los gobiernos de derecha de la región y a los Contras nicaragüenses. Llegó a tener 2.000 soldados. Reducido al m´nimo el Grupo operativo volvió a funcionar. Desde 1996 fueron enviados a la base 550 militares estadounidenses.
  11. Juanita Darling, "Soldados y marines de EE.UU. vuelven a Centroamérica para luchar contra la droga", El País, Madrid, 13-08-2000.
  12. Prensa Gráfica, San Salvador, 8-07-2000.
  13. Adriana Rossi, "Narcotráfico y Amazonía ecuatoriana", Abya-Yala, Quito, 1997.
Autor/es Adriana Rossi
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 16 - Octubre 2000
Páginas:6, 7
Temas Conflictos Armados, Militares, Mundialización (Economía), Narcotráfico, Geopolítica
Países Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Cuba, Aruba, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela