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Puerto Rico impugna el militarismo estadounidense

Desde abril de 1999, un movimiento de desobediencia civil exige el cierre de la base naval ubicada en la pequeña isla de Vieques (Puerto Rico). Esta movilización sin precedentes contra la invasora presencia militar estadounidense, llevada a cabo tanto en Puerto Rico como en la diáspora portorriqueña de Estados Unidos, podría afectar de manera perdurable la relación entre Washington y su "Estado libre asociado" caribeño.

La base militar naval estadounidense de Vieques, creada en 1941, cubre dos tercios de la superficie de esta pequeña isla (135 kilómetros cuadrados), ubicada a diez kilómetros de la costa este de Puerto Rico. Parte integrante de la Atlantic Fleet Weapons Training Facility, esta instalación representa para las fuerzas navales estadounidenses una zona de entrenamiento calificada como "indispensable", debido sobre todo a las posibilidades que ofrece de llevar a cabo maniobras de "aire-tierra-mar"1.

Atrapados entre una zona de tiro y un área de almacenamiento de municiones, la mayoría de los 9.400 habitantes de Vieques se opone a la presencia de las fuerzas navales a las que acusan, pruebas al canto, de haber provocado serios daños ecológicos así como una notable degradación en su salud. El tema del ruido ensordecedor de las bombas reaparece frecuentemente en las quejas planteadas. En 1999 se detectó una tasa de cáncer anormalmente elevada: 27% más que en el resto de Puerto Rico2. Por otra parte, aunque la población es notoriamente menos próspera que la de la isla principal, los militares han creado pocos empleos para los autóctonos.

Las quejas de los habitantes de Vieques, tan antiguas como la base misma, han llegado hasta Washington en reiteradas ocasiones. Pero los acontecimientos del 19-4-99 fueron decisivos en la evolución del movimiento. Ese día, un avión de combate F-18 lanzó una bomba que se desvió varios cientos de metros de su curso, le costó la vida a un empleado civil de la base, David Sanes, e hirió a tres personas más.

Después del accidente, se suspendieron los ejercicios militares, a la espera de los resultados de una deliberación que se desarrolló en varias etapas entre el gobierno portorriqueño y las autoridades militares, con el auspicio del presidente William Clinton y su secretario de defensa, William Cohen. Pero mientras tanto se fue organizando la protesta. Militantes portorriqueños ocuparon pacíficamente algunas zonas de tiro hasta el pasado 4 de mayo, día en el que más de 200 de ellos fueron detenidos, aunque liberados pocas horas más tarde. Entre ellos se encontraban dos candidatos electos portorriqueños de la Cámara de representantes, Nydia Velásquez, de Brooklyn, y Luis Gutiérrez, de Chicago, conocido por sus sentimientos independentistas. También figuraba Rubén Berríos Martínez, presidente del Partido Independentista Portorriqueño (PIP), quien había sacrificado su escaño en el Senado portorriqueño para pasar diez meses en Vieques y encarnar la resistencia a los militares. El mismo día, en Washington, José Serrano, candidato electo del Bronx, fue detenido cerca de la Casa Blanca con un cartel que reclamaba "La paz en Vieques".

Junto a algunas decenas de militantes, Berríos emprende con determinación el camino de la desobediencia civil. Una nueva detención el 10 de mayo le valió una inculpación por ingreso no autorizado a la zona militar, acusación de la cual deberá defenderse ante un juez federal dentro de unos meses.

Estas protestas no impidieron el anunciado retorno de las fuerzas navales ni la reanudación de las hostilidades a partir del 6 de mayo. Sin embargo, la reinstalación de los militares no será necesariamente definitiva: las negociaciones llevadas adelante bajo la autoridad de Clinton han redundado en una "directiva" presidencial que de tener efecto autorizará a los militares a seguir con sus ejercicios hasta el año 2003, aunque limitándose en lo sucesivo al uso de bombas y proyectiles "inertes" (no explosivos).

Antes de mayo de 2001 los habitantes de Vieques votarían en un referéndum local para decidir si las fuerzas navales pueden permanecer allí al cabo de estos tres años. Según la opinión imperante actualmente en Vieques, no hay duda de que los militares perderían ese referéndum y se verían obligados a retirarse3.

El plan de Clinton prevé asimismo una restitución progresiva de las tierras a los habitantes y una asignación federal de 40 millones de dólares, destinada a reparar los daños ecológicos y a estudiar proyectos de desarrollo económico. En el (improbable) caso de que los militares ganaran el referéndum, el Estado federal entregaría 50 millones de dólares en carácter de "compensación" por las dificultades derivadas de la instalación de la base.

Durante los seis meses que siguieron al accidente del 19-4-99 se consolidó una extraña unidad a favor de "la paz en Vieques". Las características humanitarias, ecológicas y pacíficas del movimiento se impusieron a portorriqueños de todas las sensibilidades políticas, más allá de las habituales diferencias, especialmente en cuanto al futuro de la relación de la isla con Estados Unidos. Las Iglesias portorriqueñas más importantes se vieron comprometidas en la lucha, que el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, apoya con fervor. El reverendo Jesse Jackson, antiguo compañero de Martin Luther King Jr., hizo una breve aparición en un campamento ilegal en septiembre de 19994, junto a otros estadounidenses que manifestaban su apoyo. Todos coinciden en afirmar que la muerte de Sanes no es más que el previsible resultado de una violencia institucionalizada que envenena la existencia de los lugareños desde hace tiempo.

Sin embargo, esta poderosa dinámica unitaria se quebró a fines de enero de este año. La ruptura fue acelerada por el aparente "golpe de timón" del gobernador portorriqueño, Pedro Roselló, cuando el 31-1-00 aceptó los términos de la directiva de Clinton. Aunque Roselló niegue haber cambiado de rumbo, los militantes de "la paz en Vieques" lo perciben como traidor al espíritu del movimiento, al admitir nuevas zonas de tiro, aunque sea temporalmente.

Los que se oponen al acuerdo

Es evidente que Roselló y Clinton tienen otras preocupaciones que las de los militantes de la desobediencia civil: su principal objetivo estriba en evitar un conflicto demasiado frontal con los militares. Es cierto que las fuerzas navales dieron muestras de cierta flexibilidad al aceptar que su retorno a principios del mes de mayo fuese provisorio y al admitir el principio de un referéndum para decidir su permanencia o retirada. Sin embargo, el acuerdo podría revelarse frágil, dado que se enfrenta con dos tipos de oposición, políticamente opuestas pero en esta circunstancia convergentes: la de los partidarios del retiro incondicional de la base y la de un grupo de republicanos electos en el Congreso, que defiende afanosamente los intereses del Pentágono, amenazando con bloquear el financiamiento del acuerdo y la restitución progresiva de las tierras.

Esta derecha, que incluye a personajes tan influyentes como John Warner, presidente de la comisión de las Fuerzas armadas del Senado, y Trent Lott, presidente del Senado, quisiera imponer el mantenimiento incondicional de la base de Vieques. Asimismo, podría verse tentada de privar al Estado Libre Asociado (ELA)5 de ciertas fuentes de recursos federales y de condicionar cualquier apoyo financiero del Congreso a Puerto Rico a la aceptación de su orden del día.

La controversia en torno al acuerdo también está marcada por las divergencias entre los portorriqueños en cuanto al destino del país. Roselló es miembro del Partido neoprogresista (PNP), que preconiza la incorporación de Puerto Rico a la unión federativa de Estados Unidos, tesis refrendada por el 46,5% de los electores en el referéndum del 13-12-98. Este compromiso político del gobernador radicaliza el discurso de parte de quienes critican su actitud en lo que concierne a Vieques. Resulta sin embargo innegable que numerosos militantes del PNP participan activamente en el movimiento por "la paz en Vieques", con el mismo fervor que sus adversarios políticos.

Para los independentistas, la lucha por el cierre de la base naval es sin dudas una cuestión de principios, pero también de oportunidad política. Reunidas todas las tendencias, desde el moderado Partido Independentista Portorriqueño hasta los pequeños grupos que defienden un nacionalismo más radicalizado, los partidarios de la soberanía nacional no superaron en los últimos años el 5% del electorado. Con la dinámica creada en torno a Vieques, el PIP espera incrementar ligeramente sus guarismos. Sin embargo, si bien la determinación de Berríos es admirada por ciudadanos de todo el arco político -e incluso de las filas del PNP- el presidente del PIP se ve menos apoyado cuando proclama, tal como lo hiciera recientemente, "hoy Vieques, mañana todo Puerto Rico"6, a tal punto la mayoría de los portorriqueños adhiere de una manera más cultural que política a la idea de una nación portorriqueña.

El principal partido de la oposición, el Partido Popular Democrático (PPD), defiende históricamente al Estado libre asociado, pero incluye en sus filas a una minoría autonomista. La candidata del PPD a la gobernación, Sila Calderón, actualmente alcalde de la capital, San Juan, cambió varias veces de táctica y de discurso en lo referente a Vieques. A veces ha participado de actividades simbólicas de desobediencia civil, otras ha intentado un acuerdo negociado. Sin embargo, a medida que se aproxima el acto electoral, estima más redituable condenar "el oportunismo" del gobernador Roselló en lo concerniente a Vieques y otorgar a los independentistas una satisfacción moral. No es la primera vez que el PPD se une tácticamente con los independentistas con el fin de fomentar impulsos de sentimiento colectivo cuyo rédito electoral le será casi exclusivamente favorable. En efecto, la representación parlamentaria del independentismo se limita a dos escaños en las asambleas legislativas del ELA (un senador y un representante). En cuanto al PPD, controla actualmente ocho escaños en el Senado y 16 puestos en la Cámara de Representantes.

El PNP, que cuenta con 19 senadores y 37 representantes, fundamenta evidentemente su lucha por la desmilitarización de Vieques sobre bases políticas distintas. Para Roselló, este movimiento expresa la lucha por la igualdad de derechos, de la cual deberían verse beneficiados los portorriqueños a igual título que todos los ciudadanos de Estados Unidos7. Numerosos habitantes de Vieques adoptan un discurso similar. Para la mayoría de los militantes del PNP, no se trata de rechazar el militarismo estadounidense en tanto tal, sino los graves abusos perpetrados específicamente en Vieques.

Cada vez más portorriqueños reconocen que la actual relación de asociación, que data de 1952, aún contiene características de dominación colonial -como ilustra manifiestamente el comportamiento de las fuerzas navales en Vieques- y que debería definirse una relación más equitativa.

Aunque parte de los militantes de la paz rechazan la solución preconizada por Clinton, el inmediato retiro de las fuerzas navales no es un tema a la orden del día. Razón por la cual algunos emisarios del PNP llevan actualmente a cabo un exhaustivo trabajo de lobby en Washington, para incitar al Congreso a aprobar el plan negociado. De hecho, el actual partido en el gobierno no es el único empeñado en ese plan: un antiguo gobernador del PPD, Rafael Hernández Colón, expresó recientemente su convicción de que este acuerdo es "el único tangible (…) el único que pueda ayudar a los habitantes de Vieques"8. Es asimismo la posición defendida por la League of Latin American Citizens, LULAC (Liga de ciudadanos latinoamericanos), un influyente grupo de presión hispánico9.

Según Hernández Colón, sólo la desobediencia civil puede incitar el gobierno de Estados Unidos a respetar su propio acuerdo, aunque una franja de militaristas conservadores intente abiertamente sabotearlo. El desarrollo de los acontecimientos dirá si el antiguo gobernador está en lo cierto…

  1. Ver, The National Security Need for Vieques. A Study Prepared for the Secretary of the Navy, por Commander U.S. Second Fleet and Commander U.S. Marine Corps Forces, citado en el informe de Juan Giusti "La Marina en la mirilla: una comparación de Vieques con los campos de bombardeo y adiestramiento en Estados Unidos", en García Muñiz y Rodríguez Beruff (editores), Fronteras en conflicto, Red de geopolítica, Cuadernos de Paz Nº1, San Juan, 1999.
  2. "Sube el clamor por la alta tasa de cáncer en Vieques" , Miami Herald, 12-12-99
  3. Alba Encarnación, una reconocida líder cívica, afirma que aproximadamente el 80% de los 6.374 electores de la isla votaría en contra de la presencia de las fuerzas navales. El Nuevo Día, 20-3-00.
  4. "Jesse promete plantarse en la línea de fuego por la Nena", El Nuevo Día, 14-9-99.
  5. Instaurado en 1952, el estatuto de Estado libre asociado reconoce a Puerto Rico como un territorio "no incorporado" a Estados Unidos, es decir que el Congreso estadounidense sigue siendo, en el fondo, soberano en lo que concierne a la definición de sus poderes. Leer James Cohen, "Consensus introuvable à Porto Rico", Le Monde diplomatique, París, abril de 1999.
  6. N. Estrada Resto, "Imputan a Berríos sacar partido de la causa viequense", El Nuevo Día, San Juan, 6-5-00.
  7. N. Estrada Resto, "Insiste Rosselló en el reclamo de derechos", El Nuevo Día, San Juan, 4-11-99
  8. ABC, Madrid, 15 -5-00.
  9. L. Mulero, "Respaldan a Clinton siete grupos latinos", El Nuevo Día, San Juan, 9-5-00.
Autor/es James Cohen
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 12 - Junio 2000
Páginas:13, 14
Traducción Dominique Guthmann
Temas Armamentismo, Militares, Estado (Política), Geopolítica, Movimientos Sociales
Países Estados Unidos