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Privatizaciones y bien común

La manifiesta incompatibilidad de las crudas leyes del mercado con ciertas necesidades colectivas y requerimientos de la sociedad y el medio ambiente exige el abandono de políticas privatistas a ultranza. El interés individual y el bien común deben encontrar un punto de equilibrio en una "economía plural".

A partir de los años 80, en nombre del reduccionismo comercial, la ofensiva en contra de los servicios públicos llega a su apogeo. Luego de haber echado a perder la economía del bienestar (el Welfare State), es atacada la existencia misma del Estado1, que habría que "des-inventar"2. Y como son necesarios objetivos nobles, se acusa a la centralización burocrática y a la debilitada eficiencia de los servicios públicos que afectan, en última instancia, el bienestar de los ciudadanos. Liberemos, liberalicemos, privaticemos; abajo el sector público, refugio de todo aquello que es apego al pasado.

Plantear la cuestión de los servicios públicos y del Estado, es ante todo plantear la cuestión de la lógica social y del modo de regulación: si, en todos los niveles, la economía obedece sólo a la lógica comercial individual, entonces el único regulador debe ser el mercado. Esta convicción es expresada por la incapacidad en la que se encuentra la economía comercial de definir la economía pública de otro modo que en forma residual, en relación con sí misma: "Todo servicio que no es brindado sobre una base comercial, ni en competencia con uno o varios proveedores de servicio", dicen los acuerdos de Marrakech de 1994, fundantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde el momento que una parte de las actividades de un sector pasa por el mercado, es el sector en su totalidad el que es susceptible de ser liberalizado: de tal forma, la salud y la educación dependen "naturalmente" de la privatización. Es entonces en relación con la única realidad comercial reconocida que se podrán apreciar los logros del sector público; y dado que sus productos no se venden en el mercado, resulta evidente la consecuencia: no tienen valor alguno y el servicio público sólo reporta gastos.

Es, al contrario, por medio de la naturaleza de su función que la economía plural habrá de definir los distintos sectores. Esta economía se muestra plural, a la vez en sí misma y en su interdependencia con otros sistemas, ubicados en otros niveles (lo social, la naturaleza), y cuyos mecanismos y leyes debe respetar, so pena de autodestruirse.

Existe una racionalidad individual y una racionalidad colectiva, interdependientes, pero irreductibles una a la otra. La primera se refiere a los intereses individuales, la otra al interés general3. Esta tiene pues a su cargo los bienes colectivos (la iluminación, las represas, las infraestructuras…), la utilidad social (salud, educación…) y los derechos fundamentales de los individuos (libertad, seguridad, igualdad ante la ley y en cuanto al acceso a los bienes comunes…). Cada una de estas áreas se define en consecuencia a través de sus funciones.

Es a nivel del interés individual que se manifiestan las aspiraciones de la multitud de seres conscientes que conforman la sociedad. Ningún sistema puede ignorar este hecho, so pena de ineficacia, de imposiciones inútiles y finalmente, de autodestrucción. Es debido a este desconocimiento que la economía hipercentralizada del Este naufragó. Este interés individual se expresa en el mercado cuya sanción es el rédito. Pero el mercado no puede garantizar la reproducción de los recursos humanos ni la preservación del medio ambiente.

Lucro e interés público

También existe el interés colectivo, irreductible al anterior. La necesidad colectiva no se desprende de la necesidad individual; es de naturaleza diferente. El bien colectivo no cumple con ninguna de las condiciones de la formación de un precio en el mercado. En lo que concierne a la demanda, su servicio es a la vez indivisible y simultáneamente consumible por cada cual, sin que nada se les quite a los demás: el navegante que se deja guiar por la luz del faro la utiliza por entero (y no en mayor o menor cantidades en función de un precio), y sin embargo, la deja totalmente a disposición de otros; contrariamente al bien individual, que sólo puede pertenecer a uno u otro. En consecuencia no existe competencia cuando se trata de la posesión del bien colectivo, y nada puede obligar al consumidor a revelar cuáles son sus preferencias al ofrecer un precio, ya que ninguna competencia puede arrebatarle ese bien. En cuanto a la oferta, el bien colectivo no implica costo secundario alguno: la construcción de sólo un pedazo de faro no tiene sentido, o se lo construye en su totalidad, o no se lo construye. François Perroux calificaba a este tipo de inversiones como "apuestas sobre estructuras nuevas".

Debido a la ausencia de revelación de preferencias y de costo secundario, el bien colectivo no puede provenir de la lógica comercial. Su rentabilidad no aparece a nivel de su cuenta de explotación, sino a nivel de las firmas que lo circunden, y a largo plazo. La auténtica eficacia económica de los ferrocarriles, en la historia, no se mide en relación con sus pérdidas o sus ganancias, sino con su contribución al crecimiento del producto nacional. Hasta es el déficit el que puede ser racional en esto, en la medida -y en el límite- en que estimula la creación de riquezas que son superiores a él. ¿Qué decir a fortiori de la salud y de la educación? Consideremos a éstas, por un instante, como simples bienes intermediarios medidos con la vara de la rentabilidad comercial. Si sólo se las evalúa desde la óptica del costo, el pensamiento imperante no tardará en afirmar que las instituciones públicas que las asumen son improductivas. Entonces ¿no serían nada la formación de los espíritus y el estado de salud de los hombres? Tomémosle pues la palabra a esos señores del Movimiento de empresarios de Francia (Medef) y apliquemos a sus intenciones la célebre parábola de Saint Simon4 : ¿que sería de la eficacia de sus empresas, únicas creadoras de riquezas, al parecer, si mañana desaparecieran estos monumentos a la supuesta improductividad que son el sistema educativo, el sistema de salud, la infraestructura pública de transportes y de comunicaciones, o sea todos los servicios públicos? "La nación se convertiría en un cuerpo sin alma desde el momento mismo en que los perdiera". Los difamadores del servicio público observarían entonces qué ocurriría con la magnífica productividad de la cual se vanagloriaban; serían entonces conscientes de todo lo que sus logros le debían a la colectividad (ya que así lo entienden), tanto como del monto de las cargas financieras de formación y de mantenimiento del "material humano" del cual estaban, por ello mismo, dispensados. En cambio ¿qué ocurriría si -no lo quiera Dios- toda su plana mayor, el califa, su brazo derecho, sus empleados y sus subalternos así como algunos visires grandes o pequeños que de buen grado se imaginarían como califas en lugar del califa, decidieran dar un paso al costado? Esto "por cierto afligiría a los franceses, porque son buenos (…). Pero esta pérdida sólo les causaría pesadumbre desde un punto de vista meramente sentimental, ya que de ello no resultaría ningún daño político para el Estado".

La lógica comercial consiste en limitar lo más posible las inversiones colectivas de rendimiento extendido en el tiempo, a largo plazo, y diluido en el conjunto de la sociedad, para beneficio de las actividades directamente e inmediatamente rentables. En consecuencia, estas inversiones sólo pueden ser incumbencia de los poderes públicos, de acuerdo a la importancia que éstos otorgan, en su función preferencial, a la necesidad que estas inversiones tienen por meta satisfacer.

Sectores diferenciados

Existen entonces ámbitos legítimos -interdependientes pero discriminados- correspondientes a la gestión pública y a la gestión privada. El criterio de utilidad individual o colectiva, que acabamos de señalar, nos permite distinguir tres tipos de actividades:

-las concernientes a la satisfacción de las necesidades individuales, que atañen a agentes individuales (consumidores, comerciantes, artesanos, actividades con poco efecto inducido sobre la colectividad…) y que no influyen en la elección de las finalidades sociales, le competen indiscutiblemente a la iniciativa privada; la intervención directa del Estado se manifestaría aquí en el desarrollo de imposiciones inútiles y perjudiciales, para el dinamismo tanto como para la capacidad de adaptación del sistema;

-las que, debido a su naturaleza (bienes colectivos, salud, educación, seguridad…), corresponden muy evidentemente a una cierta concepción de utilidad social y de servicio público, escapan a lo lógica de mercado y deben ser asumidas por la colectividad.

-las susceptibles de rentabilidad por el mercado, que pueden en consecuencia ser materialmente asumidas por la iniciativa privada, motivada por el beneficio (actividades bancarias, industrias pesadas, fabricación de armamentos…), pero que, por su naturaleza y la masa de efectos inducidos que implican o el poder que confieren a quienes las emprenden, de hecho comprometen el porvenir de la colectividad y deberían ser sometidas a la autoridad de ésta última: este es el campo de la empresa pública, de la planificación y del control del Estado. Desde este punto de vista, el abandono de las industrias de armamentos a manos de los intereses privados, tanto como la autonomía de los bancos centrales, constituyen puras aberraciones.

Estos tres tipos de actividades no deben ser tomados en consideración en forma aislada, sino en el contexto de su interdependencia. A pesar de todos los dogmatismos, es en su cooperación -y no exclusivamente en el mercado- donde se encuentra la causa del progreso de las nuevas tecnologías. La acción estratégica del Estado, mediatizada por el Ministerio de la Industria y del Comercio Internacional (MITI), cumplió un papel decisivo en el procedimiento que, en los últimos veinticinco años del siglo XX, convirtió a Japón en uno de los principales actores en las tecnologías informatizadas. Sin la intervención de los gobiernos, Europa jamás hubiera podido competir con Estados Unidos en el área de la aeronáutica o de la industria aerospacial. En Francia, el crecimiento del producto nacional en ninguna época fue tan pronunciado como en los treinta "gloriosos" años posteriores a la guerra, época en la que una flexible planificación de gobierno, que definía las prioridades esenciales, se combinó con el respeto de la libre iniciativa individual. En Estados Unidos, si en los años 70 los pioneros de Silicon Valley pudieron poner en la evolución tecnológica el sello de la flexibilidad y de la descentralización, fue de hecho porque los contratos militares y el impulso del ministerio de defensa de las tres décadas anteriores habían implementado las condiciones favorables para el desarrollo del fenómeno.

En esta perspectiva, la ofensiva privatista representa una paradoja. Se nos dice que las actividades públicas deben tornarse cada vez más comerciales, en el momento mismo en que, por el contrario, son las actividades comerciales las que acarrean consecuencias sociales cada vez más significativas. Lo hemos visto: la informática, al penetrar dentro de todas las actividades, fortalece su interdependencia; el producto nacional se convierte en bien colectivo; el progreso técnico, al incrementar el poder de los hombres sobre sí mismos, sobre la vida y sobre los ambientes naturales, plantea problemas que van mucho más allá de la simple lógica comercial.

La interdependencia se desarrolla a escala internacional: por naturaleza, ciertas redes como el TGV (Tren de Gran Velocidad), los transportes aéreos y las telecomunicaciones, conciernen por lo menos al espacio europeo; en un futuro cercano, se perfilan problemas cruciales para la humanidad, en lo que atañe a la contaminación global o ciertos recursos, como el agua.

Todo ello reclama una gestión mundializada. Lo que necesitamos no es la privatización, sino la definición de una auténtica noción de patrimonio común de la humanidad. La verdadera urgencia no consiste pues en ampliar el campo de la iniciativa privada en detrimento del sector público, sino, por el contrario, en incrementar el control de la colectividad sobre las actividades privadas que conllevan significativas consecuencias sociales. Colectivo no necesariamente significa estatal: los actores sociales y los movimientos ciudadanos también tienen lo suyo para decir, en el marco de estructuras que habría que inventar para este fin.

  1. Ricardo Petrella, "Mondialisation, services publics et Europe: se battre pour la citoyenneté ", Transversales Science/culture, nº 37, París, Enero-Febrero 1996.
  2. "De-Inventing the State "The Economist, Londres, 20-5-95.
  3. Existen numerosos países en los cuales no se habla de "servicios públicos" , sino de actividades o de servicios de "interés general" . Esta expresión conviene perfectamente a lo que se acaba de exponer.
  4. (1810)
Autor/es René Passet
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 11 - Mayo 2000
Páginas:8, 9
Traducción Dominique Guthmann
Temas Mundialización (Economía), Privatizaciones
Países Estados Unidos, Japón, Francia