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Un equilibrio imposible

Después de los escarceos de rigor, el 20 de Noviembre pasado el gobierno nacional y las provincias (con excepción de Santa Cruz), firmaron el "Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal", cuyo contenido más importante es la obligación de congelamiento del gasto público provincial por cinco años. A cambio de esta imposición, las provincias reciben del gobierno nacional una partida extraordinaria de 225 millones de pesos para ayuda social y la posibilidad de refinanciar sus deudas.

Independientemente de alejar, en el cortísimo plazo, la posibilidad del temido default del Sector Público Nacional1, sería importante preguntarse acerca de las consecuencias de este acuerdo en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, si contribuirá a que no vuelvan a repetirse rebeliones sociales como la ocurrida recientemente en Tartagal y General Mosconi, Provincia de Salta.

En este sentido, es de destacar que el acuerdo parece terminar con una estrategia dual típica de los ´90: el despliegue de políticas de ajuste estructural al mismo tiempo que se incrementaba el gasto público provincial2. Especialmente en el inicio de la convertibilidad, mientras en el ámbito del gobierno central se siguió una política de choque ("cirugía mayor sin anestesia" fue la frase utilizada por el presidente Menem), en el nivel subnacional se indujeron políticas de reforma graduales, garantizándole a su vez la recepción de recursos extraordinarios.

Quizás el ejemplo más contundente de esta doble estrategia haya sido el proceso de compensación de deudas recíprocas Nación-Provincias. En el mismo momento en que el programa de ajuste en el nivel central atravesaba su momento álgido, el gobierno nacional transfiere hacia las provincias $ 2.000 millones en bonos. Por esa fecha también reconoce a las nueve provincias petroleras $ 3.000 millones más en bonos hidrocarburíferos3.

Estos recursos extraordinarios permitieron garantizar un cierto piso de demanda agregada y mano de obra ocupada -que la estructura productiva, agredida por el ajuste, no podía asegurar- por la vía de construir aparatos políticos prebendarios y clientelares. Estas maquinarias, si bien pueden ser muy efectivas políticamente (en las elecciones de 1991, 1995 y 1999 hay una tasa de reelección partidaria superior al 75% en el conjunto de provincias), dilapidan recursos y obturan el desarrollo económico y de la sociedad civil4.

Este esquema dual siempre se pensó como provisorio: en algún momento la economía comenzaría a "derramar" sobre la sociedad y el Estado podría reducir su presencia. Pero esta hipótesis no se verificó en la realidad y la crisis social no hizo más que extenderse. Se generó así un círculo vicioso, donde el despliegue de la economía de mercado demandaba, para su viabilización política y social, de un incremento constante de las erogaciones provinciales. Este incremento significaba, a su vez, la profundización de redes clientelares que contribuían a obstaculizar el despliegue económico, ya dificultado por el contexto hostil.

El círculo se rompe cuando la situación -crisis económica, crisis fiscal del nivel nacional, límites a la capacidad de endeudamiento, etc.5- impide continuar con este mecanismo. Si el gobierno central pudiera transferir, como en los tempranos ´90, recursos extraordinarios a las provincias, la tensión social disminuiría de manera significativa.

En este sentido, el compromiso firmado recientemente podría llevar la situación a un punto crítico: se mantiene la ortodoxia del ajuste y las condiciones contextuales de la economía, pero se cierra la puerta de escape que significaba la expansión del gasto provincial. Como si esto fuera poco, la debilidad del gobierno central hace que el pacto legitime aparatos políticos clientelares, neutralizando la posibilidad de una salida alternativa por la vía del desmonte de estas ineficientes maquinarias políticas y el subsecuente incremento de la productividad.

En suma, el futuro no parece muy halagüeño. De no congelarse el gasto6 las calificadoras tendrán más argumentos para hacer descender la posición argentina; de hacerlo, se incrementarán los índices de deterioro social hasta límites insostenibles. En el mejor de los casos se habrá alejado momentáneamente el pánico de la Citi, a cambio de cargar de presión una olla que parece a punto de estallar.

  1. De todas formas el acuerdo no fue tan efectivo como para evitar que al día siguiente la calificadora Moody´s redujera la nota de Argentina (Ambito Financiero),
  2. Los gobiernos provinciales en su conjunto incrementaron su gasto en casi un 70% en el periodo 92/99 (Datos del Ministerio de Economía).
  3. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos "Cambios estructurales en la relación Nación- Provincias", MeyOySP, Buenos Aires, 1994.
  4. Roxana Rubins y Horacio Cao "Las satrapías de siempre", Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Agosto2000.
  5. Ya en 1994 se planteaba que, en este contexto económico, el incremento del gasto como sustitutivo del sector privado era insostenible en el mediano plazo Ver R. Rubins y H. Cao "Las Provincias Periféricas Argentinas" Realidad Económica Nº 124, IADE, Buenos Aires, 1994.
  6. Eduardo Duhalde, ex gobernador de Buenos Aires, declaró que el pacto era de cumplimiento imposible. Clarín.com 21-11-00, http://www.clarin.com.ar
Autor/es Horacio Cao
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 18 - Diciembre 2000
Páginas:7
Temas Corrupción, Deuda Externa, Neoliberalismo, Políticas Locales
Países Argentina