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Blindados hasta el alma en Buenos Aires

A pesar de sus dificultades para emprender acciones mancomunadas, la población argentina se ve aunada por una sensación de inseguridad permanente, que le hace reclamar "mano dura" y presencia policial, o recurrir a vigilancia privada, según sus recursos, además de acumular medidas que van desde la instalación de alarmas a la posesión de armas para prevenirse. Pero sigue pendiente un debate sobre las causas sociales de la inseguridad y, también, las institucionales: la policía incrementa su poder y la impunidad con que "controla" el delito a través de arreglos o de balas, según el grado de poder y de experiencia que tengan los delincuentes, sin olvidar la práctica del "gatillo fácil", naturalizada en el contexto de miedo alimentado incansablemente por los medios de comunicación. En suma, un "negocio" del que también se beneficia en parte el sistema político, que nada hace para atacar el fondo del problema.

El fantasma de la inseguridad recorre la sociedad argentina. Se trata precisamente del problema público que, junto con el de la desocupación, más desvela a los habitantes de un país cuyos espacios superestructurales también tambalean al compás de una ola de corrupción institucional. Esta tríada de problemas (que suelen asimilarse a la inexorabilidad de las catástrofes climáticas y abordarse como si estuvieran disociados entre sí), comenzaron a manifestarse de manera alarmante hace ya un cuarto de siglo, en plena dictadura militar, para estallar con toda su magnitud en los albores de los ´90. Con la transferencia de la riqueza hacia una élite iniciada entonces empezó a asomar la correspondencia necesaria entre el avance de la economía globalizada y el crecimiento de sus zonas más brumosas: la exclusión y la marginalidad.

El aumento inequívocamente geométrico de los delitos contra la propiedad y las personas, junto con el advenimiento de nuevas generaciones delictivas cada vez más jóvenes, precarizadas y violentas, hace de la elección de sus víctimas un ejercicio indiscriminado; lo mismo da robar a una jubilada que a un senador sospechado de coimero1. Y su correlato mediático no es menos estremecedor; intermitentemente se bombardea inseguridad desde los diarios y la televisión, mientras políticos, legisladores y funcionarios enarbolan la lucha contra el delito callejero como su bandera más preciada.

La penalización de la miseria responde a un clamor multisectorial; no sólo está en juego el pánico a la vulnerabilidad experimentado por ricos y famosos, funcionarios y ex funcionarios enriquecidos y de los empresarios más poderosos del país; también cuenta la proverbial sensibilidad propietaria de la masa votante de clase media y clase media baja, sin dejar de lado el síndrome de indefensión padecido por las capas más empobrecidas.

Un arma de doble filo

Los sectores más desamparados son también los más propensos a pedir políticas autoritarias, aunque éstas les sean esencialmente nefastas. Y los ejemplos electorales sobran2. Como ya no le pueden reclamar seguridad social al Estado, terminan pidiendo seguridad a secas3. La policía se convierte en arma estratégica de gobierno, aunque de doble filo.

Históricamente, muchas instituciones policiales del país (la Bonaerense, la de Córdoba y Mendoza son las muestras más palmarias), hicieron de algunas contravenciones tradicionales parte de su sistema de sobrevivencia: capitalistas de juego, proxenetas y comerciantes irregulares trabajan desde hace décadas en sociedad forzada con las comisarías, pagando un canon para seguir existiendo. En los últimos años, a este estilo de trabajo se agregaron otros pactos con responsables de una gran cantidad de delitos contemplados por el Código Penal. Mediante "arreglos", impuestos, peajes y tarifas, o a través de la complicidad directa, las estructuras policiales corruptas participan en un diversificado mercado de asuntos, siendo los más lucrativos el tráfico de drogas, de automotores, la piratería del asfalto y la concesión de "zonas liberadas" para cometer asaltos.

Al mismo tiempo, otra variante de inseguridad es el "gatillo fácil", que gira en torno a la criminalización de los no criminales. Sus víctimas suelen ser adolescentes que comparten una cerveza en cualquier esquina, les gusta el rock, van a recitales y eventualmente se fuman un "porro". Pero no son delincuentes; son muchachos de clase media baja, tal vez desertores del secundario y con dificultades para conseguir empleo. Desde 1992 a la fecha, se produjeron en todo el país alrededor de 650 asesinatos de ese tipo de jóvenes en nombre de un ejercicio algo heterodoxo de la "prevención del delito"4.

Con la delincuencia organizada la policía dirime sus cuestiones de un modo más hermético, subterráneo y mediante códigos secretos. Pueden incluso llegar a matar -y lo hacen con frecuencia-, pero sólo cuando hay en danza un "vuelto" (dinero que alguien "olvidó" repartir).

El complejo entramado delictivo que sostiene la corporación policial cuenta con sus propios emisarios y lobbystas, que articulan las relaciones entre los uniformados y el hampa propiamente dicha. Prestan servicios a ambos bandos. Se trata de los comúnmente llamados "sacapresos", abogados penalistas diestros en el arte del "arreglo extrajudicial".

La delincuencia lumpen, en cambio, está excluida de los beneficios de esa protección. Compuesta de personas muy jóvenes, en muchos casos todavía no llegadas a la adolescencia y destinadas a morir como ratas antes de alcanzarla, este segmento, pese a la escasez de sus recursos y a la poca envergadura de sus hechos, es el que diariamente alimenta portadas periodísticas y morgues. Y sobre el que se funda la "sensación térmica" de la inseguridad. Los pistoleros más experimentados suelen evitarlos. A la policía les resultan útiles no para "arreglar", sino para engordar estadísticas, reclamar nuevas atribuciones y agitar leyes penales más severas.

Sujetar una variada gama de modalidades ilícitas bajo las riendas de la recaudación policial no deja de ser un modo eficaz de ejercer control sobre la inseguridad urbana… y de regularla. Los hombres de azul saben que ante el resto del mundo poseen ese poder.

Y parte del milagro es que lo posean con efectivos mal equipados, mal pagados y, sobre todo, mal reclutados y peor instruidos. Es por eso que el enorme flujo económico que se desliza a través de sus cajas negras no sólo va a parar a las alcancías particulares de los comisarios, sino que también sirve para solventar parte de los gastos operativos de la fuerza.

Todos los poderes del Estado y algunos de la sociedad conocen desde siempre esta situación y la consienten, no sin sacarle provecho: fondos para bolsillos particulares y campañas electorales, complicidad en los propios negocios turbios y mano de obra disponible, son razones de peso.

El lugar de subordinación que ocupan las instituciones policiales dentro de los poderes del Estado torna imposible creer en su autonomía delictiva. Punteros barriales, concejales, diputados, ministros y hasta gobernadores, son sus mandantes o protectores, según cargos y capacidad de acción5.

Por quién doblan las alarmas

Una encuesta reciente reveló hasta qué punto la inseguridad modificó las costumbres de quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires. Una gran cantidad de gente ya no sale a la calle en los horarios que antes lo hacía (58%). Dejó de tomar taxis (33%). Renunció a usar reloj o alhajas por miedo a que se los roben (44%). Toma precauciones al llegar a su domicilio (76%). Y las redobla al abrir la puerta de su casa (84%). Incrementó su desconfianza hacia todo aquel desconocido que se le acerque en lugares públicos (68%). Y finalmente -tal vez lo más significativo- desconfía aún más si ese desconocido tiene aspecto de inmigrante pobre (44%)6.

Pero también se verifica otra tendencia creciente: cada vez son más los habitantes de Buenos Aires que utilizan una parte de sus ingresos para protegerse de posibles delitos.

Ciertamente, la fiebre de la autoprotección comenzó a verificarse a fines de los "80, cuando florecieron industrias como la de las alarmas y otros dispositivos de vigilancia electrónica; también comenzaron a proliferar las agencias de vigiladores y las armerías se multiplicaron en un 200%. Pero fue en los últimos cinco años que la seguridad privada se expandió como un reguero de pólvora.

En 1998 los porteños desembolsaron en ese rubro 580 millones de pesos. Al año siguiente esa suma se incrementó en un 22%; es decir, los vecinos y comerciantes de la Capital gastaron en seguridad alrededor de 743 millones de pesos. Ya en el 2000, la cifra trepó a los 950 millones, lo cual supera el presupuesto anual de 658 millones asignados a la Policía Federal.

No es menos inquietante que la suma total de vigiladores privados que circulan en Capital supera en 6.000 cabezas a los 32.800 efectivos de la Federal, en tanto que en el resto del país las agencias de seguridad cuentan con 98.000 empleados7. La preferencia de los habitantes capitalinos se vuelca abiertamente hacia la seguridad privada, una actividad regenteada en gran medida por ex policías y militares retirados, aún no debidamente reglamentada, por lo que la mayoría de las empresas del ramo operan amparadas por una dudosa legalidad.

Hace casi dos años, el estado deliberativo que generó el asesinato del arquitécto Felix Miranda fue casi un hito. Murió de dos balazos en el abdomen durante un asalto a su departamento, ubicado en Cabello 3927, de Palermo. El crimen movilizó a los vecinos, que se organizaron espontáneamente para decidir entre reclamar más seguridad a las autoridades o unir sus recursos para protegerse ellos mismos de posibles asaltos.

Siguieron dos jornadas de intensos cabildeos entre más de 200 vecinos y el titular de la comisaría 23. En principio, quienes habitan ese tramo de la calle Cabello acordaron con el funcionario policial un "servicio adicional" de 4 agentes durante las 24 horas, por un costo de 2.000 pesos mensuales. Pero finalmente los consorcios de la cuadra terminaron optando por contratar vigiladores privados.

Cada vez son más los edificios que recurren a agencias de seguridad. Hace seis años, sólo el 12% de los edificios capitalinos tenía algún tipo de custodia especial. En 1999, ese porcentaje ascendió al 27%. En la actualidad, el 42% de las propiedades horizontales cuentan con vigilancia privada.

Así las cosas, del total de la suma que los porteños invierten en protegerse, el 80% es en vigilancia humana. El 20% restante corresponde a una variada gama de adminículos, que van desde la sofisticación tecnológica hasta los cerrojos más toscos: sistemas de alarma, circuitos cerrados de televisión, puertas blindadas, cerraduras sofisticadas, vidrios templados, iluminación discrecional y perros guardianes. En números, durante el año 2000, este segmento de gastos ascendió a casi 200 millones.

En ese tren de precauciones, el 78% de los porteños realizó cambios en sus casas y negocios; el 43% renovó cerraduras; el 30% puso alarmas; el 18% blindó la puerta, el 17% contrató seguros contra robos; el 15% aumentó la iluminación y el 29% colocó rejas8.

El 55% de los usuarios capitalinos de armas son civiles. Por otra parte, constituyen el 36% de las personas empadronadas como portadoras, que suman 1,8 millones en todo el país. En los últimos cinco años, los usuarios legítimos de armas crecieron en un 80%. Pero se calcula que la cantidad de armas ilegales triplica a las registradas9.

En las armerías, dos de cada cinco compradores son personas perturbadas por la posibilidad de ser víctimas de algún asalto. Estadísticamente, tres de cada cinco personas que se resiste con un arma a un robo suele morir en el intento.

La parafernalia de la autoprotección también incluye otros recursos para la defensa personal: electrocutores y gases paralizantes. Estos constituyen un éxito de ventas, especialmente entre las mujeres, aunque no haya antecedentes de asaltos abortados con tales elementos.

Pero en materia de seguridad no todo son pistolas, alarmas y cámaras ocultas. También hay variantes más humildes y hasta ecológicas como, por ejemplo, el uso de gansos o teros. Aunque parezca descabellado, son muchos los porteños que utilizan aves con fines de vigilancia. Y razones no les faltan; argumentan que sólo necesitan alpiste y funcionan mejor que las alarmas.

  1. El senador Emilio Cantarero, señalado por el diario La Nación como el legislador que admitió haber cobrado un soborno para aprobar la reforma laboral en la Cámara Alta, fue asaltado en su propio domicilio el 14 de marzo pasado. "Aunque no se resistió, los ladrones interpretaron que se mostraba poco dispuesto a entregarles el dinero. Finalmente se llevaron 3 mil pesos", dijo uno de sus familiares.
  2. El ex subcomisario Luis Patti, que saltó a la fama por una denuncia en su contra por apremios ilegales, detenta actualmente la intendencia del partido bonaerense de Escobar. El ex militar"carapintada" Aldo Rico fue elegido intendente del partido de San Miguel, con más del 70% de votos. No es menos emblemático el caso del ex represor Domingo Bussi, que fue gobernador de la provincia de Tucumándurante la última dictadura militar, para volver a ocupar ese mismo cargo dentro del sistema democrático, por imperio del sufragio.
  3. Loîc Wacquant. Parias Urbanos, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2001.
  4. Informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), 2000.
  5. Carlos Dutil y Ricardo Ragendorfer. La Bonaerense, Historia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires, Planeta, 1997.
  6. Encuesta del Centro de Estudios Observatorio Urbano, 2001.
  7. Datos de la Cámara Argentina de Agencias de Seguridad.
  8. Encuesta del Centro de Estudios Observatorio Urbano
  9. Datos de Registro Nacional de Armas (Renar) y de la Cámara de Artículos de Caza, Pesca y Camping.
Autor/es Ricardo Ragendorfer
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 23 - Mayo 2001
Páginas:17, 18
Temas Armamentismo, Políticas Locales, Seguridad, Periodismo
Países Argentina