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Los daños de guerra debe pagarlos el responsable

Mientras Irak fue obligado a pagar con su producción petrolera –controlada por Naciones Unidas– todas las reparaciones de la guerra que llevó a cabo en Kuwait en 1990-1991 1, Estados Unidos jamás pagó un céntimo por la guerra que desarrolló contra Vietnam de 1964 a 1975. Washington se negó asimismo a pagar las reparaciones a las que fue condenado por la Corte Internacional de Justicia por la guerra llevada a cabo (a través del movimiento llamado “la contra”) en la Nicaragua sandinista a comienzos de los años 1980. Lo mismo hace Israel.

Estados Unidos desató recientemente tres guerras: una, con la cobertura de la OTAN, en Kosovo, otra contra Afganistán luego del 11 de septiembre de 2001 y la tercera contra Irak en 2003.

Esas guerras, que no pueden ser consideradas operaciones legales de mantenimiento de la paz, causaron daños de diversa importancia. La más reciente, contra Irak, fue la que causó mayores daños humanos y materiales. Con la misma irresponsabilidad, Israel desarrolla “operaciones militares” en los territorios que ocupa y coloniza ilegalmente (Cisjordania y Gaza). Esto produce desde hace medio siglo daños considerables a los palestinos y a sus bienes, mientras que la cuestión de las reparaciones que le corresponderían legítimamente sigue siendo ignorada. Y qué decir de los conflictos africanos, innegable mezcla de guerra civil y de guerra internacional, que producen cientos de miles y hasta millones de víctimas, de los que existen responsables directos e indirectos identificables, pero ninguna esperanza de un procedimiento que permita el pago de reparaciones.

En este punto, el derecho internacional se halla actualmente en una fase regresiva. Durante largo tiempo, cuando la consigna era “malditos sean los vencidos”, el pago de tributos o de un rescate al vencedor fue la norma. Pero poco a poco, un cierto marco jurídico permitió que las negociaciones de paz posteriores a las guerras conduzcan al establecimiento de indemnizaciones a cargo del derrotado. A partir del siglo XX, y particularmente del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, ya no se admite el carácter arbitrario de las reparaciones. Las mismas deben estar en relación con el grado de responsabilidad de cada parte y establecerse a través de discusiones. Se limitan a los daños y no cubren los gastos de guerra. Por último, para evitar que una injusticia genere otra injusticia, las reparaciones quedaron limitadas a la capacidad de pago del Estado responsable.

Medidas arbitrarias

Se hubiera podido pensar que el derecho internacional desarrollado a partir de Naciones Unidas aceleraría el progreso en ese terreno. Pero lo que se percibe es más bien un retroceso. La ONU reemplazó la extrema descentralización existente, compuesta de Estados soberanos, por un sistema de centralización reducida y aceptada. En realidad, ese movimiento, operado a partir de un solo organismo, el Consejo de Seguridad, marcado por una fuerte ruptura de la igualdad entre los Estados, generó una situación de evidente arbitrariedad.

Ese órgano de la ONU extendió sus atribuciones al tema de las reparaciones de guerra en un caso, el de Irak. Y lo hizo utilizando un mecanismo de ejecución forzada, a través del fondo de indemnización alimentado por el 30% de los ingresos petrolíferos iraquíes autorizados. Saliendo completamente de la lógica hasta entonces admitida en materia de daños de guerra, el Consejo de Seguridad se inscribió en la idea de que una indemnización compensatoria podía contribuir a restablecer las condiciones de paz, y que por lo tanto cumplía con su papel al decidir organizarla2. Pero el funcionamiento de la Comisión de Indemnizaciones de Naciones Unidas (UNCC), creada por el mismo Consejo en mayo de 1991, revela que el objetivo principal fue el restablecimiento de la economía kuwaití a expensas de la de Irak, y la principal preocupación, el interés de numerosas firmas occidentales implicadas en la reconstrucción de Kuwait.

Ese procedimiento, ejecutado de manera autoritaria, contribuyó en gran medida al desmoronamiento de Irak y a la violación de todos los derechos humanos económicos y sociales de la población iraquí, permanentemente empobrecida desde hace 13 años. La Comisión no estaba sujeta a ningún criterio jurisdiccional. Así fue que procesó dos millones y medio de reclamos con medios probatorios altamente cuestionables (valiéndose de presunciones o aceptando en apoyo de ciertas demandas testimonios de familiares que no hubieran debido ser considerados).

Irak quedó privado de medios para defenderse. La Comisión, apoyándose en el argumento de la agresión como hecho generador de la responsabilidad, llegó a una conclusión inadmisible: el carácter de agresor que se le reconocía a Irak justificaba que se lo privara del trámite de refutación. Es decir que no pudo responder a reclamos infundados o exagerados, ni fue autorizado a contar con la asistencia de consejeros jurídicos profesionales.

Por otra parte, se incluyó en el mandato de la Comisión la reparación de los perjuicios causados al medio ambiente y del derroche de los recursos naturales. Por último, excediendo en mucho el tema de los daños causados por falta de atención médica, destrucciones y saqueos, la Comisión se preocupó por reparar aquellos generados por la desorganización económica consecutiva a la guerra. La situación de desorden y de conmoción en Kuwait fue mecánicamente imputada al agresor, al igual que las pérdidas de salarios o las pérdidas industriales.

Así fue que durante todo ese proceso, desarrollado en medio de la indiferencia de la opinión pública, los principios laboriosamente aceptados sobre las reparaciones de guerra fueron hechos añicos. Es un órgano de autoridad, dependiente del Consejo de Seguridad –en sí mismo poco democrático– el que decide en la materia, omitiendo el debate y la posibilidad de refutación, que en la tradición jurídica de las últimas décadas era una de las condiciones exigidas. Cuando en 1923 Francia ocupó la región alemana del Ruhr para incautarse del carbón como pago de reparaciones de guerra, los aliados mostraron su desaprobación. ¿Quién protestó ahora ante los dictados de la Comisión?

Por último, puede verse que ya no existe ninguna preocupación humanitaria. Ese aspecto, mencionado en anteriores tratados de paz (artículo 232 del Tratado de Versalles; artículo 178 del tratado de paz con Austria de 1919; artículo 14 del tratado de paz con Japón de 1951), desapareció en el caso de Irak, dejando lugar a un enfermizo sentimiento de venganza. El proceso de indemnización fue sólo una correa de transmisión para hacer pasar un tercio de las riquezas petrolíferas de Irak a manos de los inversores occidentales que dominan la economía kuwaití. Recientemente la ONU fue víctima de un trágico ataque en Bagdad. Hay que remontarse en el tiempo para comprender cómo se la veía en Irak desde 1991, entre un embargo injusto y un sistema de reparaciones inicuo. Para poder estar en condiciones de combatir eficazmente el terrorismo y cumplir las tareas de paz y de reconstrucción que sólo ella podrá concretar, la ONU debe imperativamente pedir perdón al pueblo iraquí por la responsabilidad que le cabe en su infortunio.

“Principio de responsabilidad”

También es necesario delimitar las responsabilidades con precisión. Durante la guerra que los “aliados” desarrollaron contra Irak en 1991 (en aplicación de la resolución 687 del Consejo de Seguridad) el ejército estadounidense utilizó ampliamente armas de uranio empobrecido3 y lo hizo nuevamente en la guerra de 2003. El empleo de esa sustancia, contrario a todas las disposiciones del derecho de guerra, causó y seguirá causando gran cantidad de víctimas. ¿Quién se hará cargo de esas reparaciones? ¿Quién pagará la atención médica de las personas que ya padecen y de las que padecerán cáncer en una proporción siete a ocho veces superior que antes del uso de esas armas? ¿Cuándo se exigirá que el agresor asuma la carga financiera de los muertos y de la destrucción que produce? Los grandes fumadores, a pesar de ser en parte responsables de su dependencia, logran ser indemnizados por los fabricantes de cigarrillos. ¿Cuándo llegará el tiempo en que los fabricantes de armas, y sobre todo quienes programan su utilización, respondan por sus actos con su propio dinero? ¿Es admisible acaso que hoy en día la administración estadounidense en Irak organice la reconstrucción del país principalmente en beneficio de empresas estadounidenses, pero con los recursos del propio pueblo iraquí?

El “principio de responsabilidad” exige que los responsables del embargo y quienes recientemente utilizaron armas mortales desatando una guerra que había sido rechazada por las instancias de la ONU, asuman con sus propios recursos –y no con los de sus víctimas– las reparaciones por esos actos ilícitos.

De manera más general, cuando se analizan las guerras y las destrucciones ocurridas luego de la creación de Naciones Unidas, se ve que el problema de las reparaciones aún no cuenta con un marco jurídico riguroso. El caso de Vietnam es sin duda el más escandaloso. Apenas salido de una guerra de liberación colonial, ese pequeño país tuvo que enfrentar durante diez años el fuego de los estadounidenses. Además de los interminables bombardeos, se arrojaron sobre Vietnam enormes cantidades de productos tóxicos para dificultar al máximo su producción agrícola y su supervivencia. Aún hoy, treinta años después de esos hechos, continúan apareciendo víctimas: decenas de miles de vietnamitas afectados por patologías que los dejan en una situación de total invalidez. Las tierras siguen contaminadas y es imposible saber hasta cuándo durará semejante pesadilla4. Ahora bien, la guerra estadounidense constituía sin dudas un caso de agresión, como surge de la investigación del Tribunal Russel y de las propias declaraciones de ciertos responsables estadounidenses. Además en esa ocasión se utilizaron armas prohibidas5. Es decir que existen dos tipos de hechos ilícitos, la agresión y los métodos de guerra, ambos generadores de responsabilidad según el derecho internacional. El principio de reparación figuró en el acuerdo de París del 27 de enero de 1973, pero en términos ambiguos: “De acuerdo a su política tradicional, Estados Unidos brindará su contribución a la tarea de curar las heridas de guerra…”. Ello dio lugar a la creación de una comisión mixta. La misma fue efímera y organizada a partir de un malentendido, pues mientras los vietnamitas esperaban reparaciones de guerra, los estadounidenses consideraban que sólo estaban obligados a una contribución voluntaria cuyas características quedaban a su propio juicio. Las negociaciones fueron suspendidas en julio de 1973 y nunca se reanudaron.

Tampoco se generó una controversia sobre reparaciones a raíz de la ocupación militar –contraria al derecho internacional– y de la guerra desarrollada por Israel en Palestina. El derecho de los palestinos a regresar a sus tierras, de las que fueron expulsados en 1948 y en los años siguientes, es rechazado por Israel con un argumento étnico: el carácter judío de su Estado. En las negociaciones jamás se pudo establecer nada concreto respecto de las indemnizaciones. La ruina de la economía palestina, que se aceleró particularmente a partir de los acuerdos de Oslo y de la política de aislamiento de los territorios desarrollada entonces por Israel, debería llevar a aplicar los criterios utilizados en favor de la economía kuwaití: imputar al responsable del derrumbe de una economía el costo de su reconstrucción. El argumento de la seguridad de Israel, tantas veces utilizado, no debe conducir a un razonamiento erróneo. Los atentados, amenaza real contra Israel, se desarrollaron luego de años de ocupación, de guerra y de injusticia. Poner fin a esta situación y reparar los daños causados son las claves de la paz futura y el Consejo de Seguridad debería ocuparse de ello.

Debido a esas graves carencias de la justicia internacional, está en juego la totalidad de las reglas de responsabilidad internacional de los Estados. Desde hace algunos años la opinión pública se centró en el tema de la responsabilidad penal internacional. Pero la justicia requiere que reglas rigurosas dirijan también los principios de la responsabilidad civil. Y verdaderamente hay motivos para preocuparse por la evolución del derecho en ese terreno6. Las instancias internacionales trabajan desde hace décadas sobre la responsabilidad del Estado a causa de “hechos internacionalmente ilícitos”. El texto de la Comisión de Derecho Internacional ya está preparado. Pero subsisten numerosas preocupaciones. Se puso el acento sobre los “hechos ilícitos” como causa para adjudicar la responsabilidad, pero reina una gran confusión sobre las normas jurídicas para caracterizarlos. Y la noción de Estado lesionado no fue clarificada. Si se pretende transformar a la humanidad en una verdadera comunidad política, es necesario que todos los Estados puedan hacer valer su interés jurídico en el respeto de las reglas del derecho. En lugar de eso, se deja la puerta abierta a las contra-medidas, lo que aparece como “constitutivo de una cierta regresión del derecho internacional”, pues se trata de una autorización para que cada uno se haga justicia a sí mismo7.

  1. Sobre las condiciones en que se estableció esa reparación, veáse Alain Gresh, “¡Irak pagará!”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2000.
  2. Alexandros Kolliopoulos, “La Commission d’indemnisation des Nations Unies et le droit de la responsabilité internationale”, L.G.D.J., París, 2001.
  3. Robert James Parsons, “Ley de silencio sobre el uranio empobrecido”, Le Monde diplomatique, edición Cono sur, febrero de 2001.
  4. Le Cao Dai, Agent orange in the Vietnam War, Vietnam Red Cross Society, Hanoi, 2000. Schofield Coryell, “En Vietnam, el napalm sigue matando”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2002.
  5. Tran Van Minh, “Les réparations de guerre au Vietnam et le droit international”, Revista General de Derecho Internacional Público, Nº 4, Paris, 1977.
  6. Brigitte Stern, “Et si on utilisait le concept de préjudice juridique? Retour sur une notion délaissée à l’occasion de la fin des travaux de la CDI sur la responsabilité des États”, Annuaire Français de Droit International, París, 2001.
  7. Yves Daudet, “Travaux de la Commission du Droit International”, Annuaire Français du Droit International, París, 1994.
Autor/es Monique Chemillier-Gendreau
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 52 - Octubre 2003
Páginas:22,23
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Armamentismo, Terrorismo, Justicia Internacional, Estado (Política)
Países Estados Unidos, Irak