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Referéndum preelectoral en Uruguay

Once años después de que el 70% de los electores se pronunciara por derogar parcialmente una ley que permitía la venta de las empresas estatales 1, los ciudadanos deberán decidir sobre el destino de la petrolera Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (ANCAP), que anualmente factura 1.000 millones de dólares y devenga 400 millones de dólares al Estado en calidad de impuestos. El referéndum es considerado un test para las presidenciales del año próximo.

La ley Nº 17.448, aprobada en el Parlamento el 27-11-01, derogó el monopolio que poseía el Estado desde octubre de 1931 sobre la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y sobre la exportación de derivados del petróleo (cuya administración competía a ANCAP), y habilitó la asociación del Ente energético con capitales privados, autorizando a que la empresa mixta a crearse se rija por el derecho privado. Esa ley es la que se somete a referéndum este 7 de diciembre, luego de un proceso de recolección de firmas que insumió casi un año y que culminó con la presentación de 685.000 firmas (más del 25% del padrón habilitado) ante la Corte Electoral.

Aunque el denominador común entre el referéndum del ’92 y el de diciembre es una sociedad estatal, ningún otro factor político permite asimilar escenarios, ni transpolar resultados. En primer lugar, porque la coyuntura actual es la de un país en quiebra, (de facto aunque no de jure: la deuda pública, al 30 de junio pasado, equivale prácticamente al 100% del PBI anual, con una “presión de pago” para los próximos cuatro años de casi el 50% del PBI; el desempleo alcanza el 16%) y eso hace del voto castigo un arma popular de gran atractivo; en segundo lugar porque en octubre de 2004 tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones nacionales, en las que las encuestas vaticinan un triunfo del candidato del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) de izquierdas, Tabaré Vázquez2; y en tercer lugar porque el EP-FA llega dividido a este referéndum, con opiniones contrapuestas entre sus principales dirigentes sobre los efectos reales de la ley que permite la desmonopolización de la única actividad que el Ente realiza en forma exclusiva –la refinación de crudo– y su asociación con privados para ampliar dicho negocio.

Confusión

Para el sector mayoritario de la izquierda, encolumnado tras Vázquez, la ley “vende”, “alquila”, “regala”, “remata” o “entrega” el Ente energético a intereses de grandes corporaciones petroleras, mientras que para un sector algo menor pero con líderes de gran relevancia pública (los senadores Danilo Astori, Alberto Couriel y Enrique Rubio, quienes participaron durante meses en la negociación parlamentaria del tema y luego en la redacción de la ley), la ley es “buena” y con suficientes “garantías como para asegurar que se trata de una asociación que será en beneficio del país”. Liber Seregni, el dirigente histórico del frente de izquierdas, ahora prácticamente retirado, también anunció que votará a favor de la ley, aumentando así la confusión en el electorado, que en temas excesivamente complejos desde el punto de vista técnico tiende a prestar especial atención a la posición de los líderes de su confianza.

La ley 17.448, que consta de 18 artículos, autoriza un llamado a licitación pública internacional para seleccionar al futuro socio de ANCAP y prevé el mecanismo de subasta, luego de una precalificación, para dirimir la puja entre los interesados (a la fecha, las españolas Cepsa y Repsol/YPF; la venezolana PDVSA; la brasileña Petrobrás; la argentina Pérez Companc; la holandesa Shell y la estadounidense Texaco), pero no exige al futuro socio inversiones productivas ni comerciales –aunque ANCAP aportará las inversiones en curso en la refinería por 160 millones de dólares–, ni tampoco lo obliga a generar nuevos mercados para la exportación. La ley indica que el Estado mantiene la mayoría accionaria de la sociedad a crearse, “sin perjuicio” de que la gestión quede en manos del nuevo socio durante 30 años.

Contradicciones

Esos dos aspectos son los que más rechazo social han generado, ya que la lógica de la subasta –el mejor precio– no garantiza un buen plan de negocios ni la elección de un socio con una visión de mediano y largo plazo y, por otro lado, la Constitución de la República impone exigencias –cuando de servicios públicos se trata– a la relación del Estado con los privados, que en este caso no podrían cumplirse. Según el texto de la ley, las decisiones estratégicas de la sociedad a constituirse deberán contar con el consentimiento de ANCAP, pero aún no existe en el país un marco regulatorio del sector energético que paute su actividad, ni el gobierno redactó el plan de negocios básico que deberá cumplir el futuro socio. Demasiadas lagunas para confiar en el directorio de un Ente que acumula experiencias catastróficas: con 15 emprendimientos en asociación con privados desde comienzos de la década del ’90 –desde la comercialización de sus productos hasta la prospección de petróleo y de gas, gasoductos y petroquímica– las sociedades mixtas3 han arrojado pérdidas millonarias en dólares y se han caracterizado por su falta de transparencia.

Pese a esos malos antecedentes de ANCAP, la última encuesta sobre intención de voto en el referéndum de la empresa Cifra –publicada a fines de octubre en su página web–, indica que en los últimos dos meses se habría operado un cambio importante: la intención de voto contraria a la ley habría disminuido del 43% en agosto al 35% en octubre; la favorable habría crecido levemente del 26 al 28%, y los indecisos se habrían incrementado, pasando del 31 al 37%. Si bien hay un “alineamiento” de la intención de voto según partido político, éste no es automático y se complica por dos factores: el lanzamiento de hecho de la campaña preelectoral para las presidenciales y legislativas de 2004 por parte de los principales dirigentes de los partidos tradicionales, quienes atacaron con virulencia a Tabaré Vázquez4, y las contradicciones entre dirigentes del Frente Amplio, lo que provoca en el electorado el sentimiento de que “la cosa es complicada” y de que “se necesitan más elementos de juicio”. El director de Cifra, uno de los analistas políticos más respetados del país, Luis Eduardo González, sostiene que “grosso modo el país está dividido en dos mitades” por lo que “frente a cualquier tema importante, la mitad que se divide pierde”. Según González, eso fue lo que ocurrió en el referéndum sobre privatización de empresas públicas del ’92, cuando el Foro Batllista, sector del Partido Colorado liderado por Julio María Sanguinetti, se sumó casi a último momento a la campaña contra la ley.

Ahora, la votación ciudadana adquirirá una connotación política en cierto modo ajena al tema ANCAP, ya que la lógica preelectoral será la clave de interpretación del resultado. Para Tabaré Vázquez el referéndum es la batalla “más importante contra el neoliberalismo” y un oportuno test para evaluar la capacidad de la izquierda de ganar las elecciones en la primera vuelta, obteniendo mayoría parlamentaria, mientras para el líder “colorado” Julio María Sanguinetti y el líder “blanco” Luis Alberto Lacalle será un adecuado termómetro para vislumbrar hasta dónde la ciudadanía está dispuesta a ejercer el voto castigo contra el peor gobierno de los últimos 18 años (del cual ambos han sido pilares fundamentales), y definir tanto la estrategia de sus respectivos partidos como, sobre todo, la estrategia personal de cada uno de ellos para la batalla electoral de 2004.

  1. Hubo dos campañas opositoras en las que se alcanzó la cantidad de firmas necesaria para habilitar la instancia de referéndum: la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (1989, el respaldo a la ley, también llamada “de Impunidad” –a los crímenes de la dictadura–, obtuvo el 56% de los votos) y de Empresas Públicas (1992, la oposición a algunos de sus artículos alcanzó el 70% de los votos).
  2. En octubre pasado Cifra, una de las principales encuestadoras, indicaba un 46% a favor del EP-FA; un 17% al Partido Nacional, un 12% al Partido Colorado y un 24% de indecisos.
  3. La asociación desde 1998 con la argentina Sol Petróleo para la venta de combustible produjo pérdidas por un monto aún desconocido, pero que podría alcanzar varias centenas de millones de dólares (una comisión investigadora del Senado sobre los negocios de ANCAP en Argentina remitió sus conclusiones a la justicia penal, para que establezca eventuales responsabilidades); la asociación en 1999 con la firma de origen escocés Morrison Bowmore Distillers (hoy propiedad de la multinacional Suntory de Japón) para crear AMBD SA, comercializadora de las bebidas alcohólicas de ANCAP, cuyo gerenciamiento quedó a cargo del socio, terminó con la pérdida de cinco millones de dólares de las arcas de ANCAP y la filtración de su programa de clientes a manos del ex socio, que durante la asociación se desvió de los objetivos acordados priorizando la colocación de los productos de Morrison. En 2001 ANCAP se vio obligado a romper la sociedad. La asociación con Loma Negra de Argentina data de julio de 1999, cuando se creó la compañía Cementos del Plata SA, encargada de comercializar el portland en Uruguay y Argentina. El capital de la nueva empresa está compuesto por un 55% de ANCAP y un 45% de Loma Negra, pero el directorio está integrado por tres representantes de la compañía argentina y dos de la petrolera uruguaya y el gerenciamiento está a cargo de Loma Negra. La intención del acuerdo era mantener el liderazgo en el mercado interno (no existe monopolio en este rubro). Sin embargo, a partir de la asociación, ANCAP pasó del 53 al 46 por ciento de las ventas.
  4. El ex presidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, lo acusó de “antipatriota” y el ex presidente Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, de “ponerse ya la camiseta de campeón”, mientras que dos de los lugartenientes del ex mandatario colorado, el diputado Washington Abadala y el senador Pablo Millor, lo trataron uno de “mediocre” y “funcionario de la dictadura” (El Observador, Montevideo, 15-10-03) y el otro de “enano”, “envidioso”, “soberbio” y “reverendo ignorante” que debería hacerse examinar “para ver si está bien de la cabeza” (Ultimas Noticias, Montevideo, 14-10-03).
Autor/es María Urruzola
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 53 - Noviembre 2003
Páginas:7
Temas Privatizaciones, Estado (Política), Políticas Locales
Países Uruguay