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Derechos humanos contra la impunidad

Un amplio movimiento por los derechos humanos, que no ha cuajado todavía en organización política, es la única fuerza que se enfrenta en Guatemala a la posibilidad de que las próximas elecciones vuelvan a colocar en la presidencia del país al ex dictador Efraín Ríos Montt. La sensación de impunidad que reina en el país deviene verdadero pánico en las zonas de población indígena que más padecieron las matanzas durante los 36 años de guerra civil. Esta “democracia” podría aupar a un asesino serial.

Natural de la región de Cobán, capital del departamento Alta Vera Paz, a cuatro horas de ruta de la capital del país, ciudad de Guatemala, el ex maestro Héctor Rolando Cobqim retomó sus estudios de abogacía y se formó en derechos humanos trabajando durante años como mediador para la fundación Myrna Mack1. A partir de allí, abrió el Servicio de derechos humanos de los pueblos indígenas, embarcándose en la “defensa étnica”2 y la formación de “promotores de justicia”.

No se trata de una iniciativa aislada. Ixcán, región montañosa del norte del país, padeció de modo especial la represión durante el conflicto de 36 años que causó 200.000 muertos, según el informe de la Comisión de la Verdad establecida bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Allí las comunidades eligen entre sus pobladores a los “promotores de justicia” para defender los derechos de todos. Estos “defensores del pueblo” deben combatir las discriminaciones de que sistemáticamente son objeto las poblaciones indígenas, sin depender de abogados de la capital, estrictamente hispanófonos. Cobqim, bilingüe quiché/español, trabaja tanto en la identificación de los conflictos dentro de la comunidad y su resolución, como en la reivindicación del acceso a la salud, la justicia y la educación.

Según declaraciones de Alberto Cabellero, responsable en la región de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), Ixcán es el reflejo de la guerra civil y sus consecuencias: “el 20% de su población fue desplazado durante la guerra, el 15% de sus habitantes son ex guerrilleros, la región vivió unas cincuenta masacres. Las viudas y los huérfanos forman legión”. Herencia de la oposición armada y de las experiencias de organización comunitaria, la conciencia política de sus pobladores se ha aguzado3. Muchos dirigentes municipales fueron jefes de la guerrilla –la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)– habituados a buscar soluciones locales. Pero la ausencia del Estado se hace sentir en todos los órdenes: “La resolución de todos los conflictos pasa sistemáticamente por la violencia”.

Los ex milicianos de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), instituidas por el ejército en 1981 para controlar a las poblaciones y responsables, según la Comisión de la Verdad, del 12% de las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, siguieron viviendo dentro de las comunidades. Nunca fueron sancionados. “La consiguiente sensación de impunidad es omnipresente. Un robo de gallinas puede dar lugar a un linchamiento. No existe una instancia de resolución de los conflictos o de mediación, la sanción de los criminales no es una prioridad para el Estado”. Por esto, la misión de la Minugua evolucionó sensiblemente: informa también las violaciones de los derechos humanos cometidas en el seno de las comunidades.

La cultura de la impunidad que reina en las montañas no es otra cosa que la traducción local de una situación nacional. En lugar de los programas para la salud mental y la indemnización de las víctimas del conflicto, previstos por los acuerdos de paz (1996) y el plan nacional de reparación para las víctimas (2001), quienes recibieron este año una recompensa financiera por “servicios prestados durante el conflicto” fueron los ex milicianos de las PAC…

Candidato genocida

Sin embargo, en los papeles, Guatemala está en vías de reconstrucción: la Constitución de 1985 garantiza los derechos de todos y preconiza la igualdad entre hombres y mujeres; los acuerdos de paz y el plan nacional de reparación para las víctimas de la guerra civil enuncian las condiciones para un regreso a la normalidad; el sistema judicial está dotado de una Procuraduría de los derechos humanos, organismo encargado de verificar que el Estado respete los derechos de sus ciudadanos.

Desde su llegada a la presidencia el 14 de enero de 2000, Alfonso Portillo se comprometió a proseguir con la aplicación de los acuerdos de paz y a disolver el Estado Mayor Presidencial (EMP), unidad militar de inteligencia muy implicada en la represión4. Solicitó igualmente la continuidad de la Minugua, encargada de verificar la aplicación de los acuerdos de paz hasta 2004. Al entrar en funciones, la Minugua estimaba que alrededor de un tercio de estos acuerdos habían sido efectivamente respetados. Tres años después, todo lo concerniente a la reinserción económica, al acceso a los servicios sociales, a las financiaciones y a los créditos sigue siendo letra muerta.

Detrás de la presidencia de Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el poder real sigue en manos del dirigente de ese partido, el general Efraín Ríos Montt, autor de un golpe de Estado en 1982. El ex dictador es considerado responsable del recrudecimiento de las atrocidades durante su presidencia, entre marzo de 1982 y agosto de 1983: se le atribuyen alrededor de 20.000 muertes. Ríos Montt, presidente del Congreso desde el 14 de enero de 2000, brega por la presidencia por tercera vez.

Un movimiento estructurante

Tras la negativa de la Suprema Corte de Justicia a validar su candidatura para las elecciones presidenciales del 9 de noviembre, ya que la Constitución lo prohíbe5, Ríos Montt advirtió en conferencia de prensa que no se lo debía responsabilizar por la violencia de sus seguidores. Declaración mediante, el 24 y 25 de julio (rebautizados desde entonces “jueves negro” y “viernes de duelo”), una horda de entre 4.000 y 5.000 agitadores encapuchados, que llegaron en ómnibus al centro de la capital en las primeras horas de la mañana, bloquearon la ciudad. Armados con palos y machetes, pero también con armas de fuego, invadieron diversos espacios simbólicos –Corte Constitucional, Suprema Corte de Justicia, Supremo Tribunal Electoral– y rodearon sedes de diarios y las casas de algunos opositores a Ríos Montt. En medio de la multitud se identificó a representantes del FRG dando órdenes. Ni el gobierno ni las fuerzas policiales intervinieron.

Cinco días después la Corte Constitucional operaba un espectacular viraje, validando la candidatura de Ríos Montt para las presidenciales. El riesgo de verlo acceder al sillón presidencial es real: además de su obsesión por el poder, la presidencia le ofrecería una escapatoria a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad de que es objeto.

En este turbulento contexto, desde hace alrededor de un año y medio se ha formado un movimiento nacional “por los derechos humanos”. En Guatemala nadie se plantea qué adjetivo adjudicar a esos “derechos”: el movimiento es alternativamente lucha contra la impunidad, por la recuperación de la memoria, por el respeto de las víctimas de la guerra civil, por el desarrollo económico y social de las poblaciones indígenas, contra la ausencia del Estado, por el desarrollo de las infraestructuras fuera de la capital, por el respeto de las mujeres y contra las violencias específicas de que son objeto, etc. Este movimiento ha adquirido una función estructurante, en un país donde la violencia se ha convertido en modo de comunicación y de vida.

La denuncia por genocidio contra el general Ríos Montt por parte de la asociación Justicia y Reconciliación del Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos (CALDH) en representación de unas 22 comunidades víctimas de masacres une los esfuerzos de unos y otros. “Es un espacio de diálogo y de articulación necesario entre las organizaciones de base, que hacen un trabajo de seguimiento cotidiano, y las asociaciones de la capital, que tienen las aptitudes necesarias para ejercer presión y romper el silencio. Una de las consecuencias visibles, es que el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) amplió sus licitaciones a las organizaciones de base: las necesidades concretas de las poblaciones indígenas se hicieron visibles”, celebra Cobqim.

Temor de nuevas matanzas

Esta denuncia está en curso de instrucción por el ministerio público, que dirige las investigaciones conjuntamente con Justicia y Reconciliación. “Hemos identificado a más de cien testigos directos, realizamos exhumaciones, recogimos los testimonios de mujeres víctimas de violencia”, reconstruye Cristina Laur, responsable del programa para el CALDH. Hay que asegurar también la protección de la vida de los testigos: al igual que en el retorno de los refugiados, observadores internacionales viven dentro de las comunidades, con el fin de informar todo intento de intimidación o agresión contra los testigos, en muchos casos mujeres.

En efecto, desde hace tres años militantes de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y magistrados son blanco de una ola de agresiones e intimidaciones. Los más aguerridos se preparan para una situación inmanejable, algunos de ellos prometen incluso una vuelta a las armas. Pero en Ixcán la mayoría de la población tiene miedo: “Todos los días cinco o seis personas pasan por la Pastoral Social para decirnos que están preparados para exiliarse de nuevo. Están convencidos de que Ríos Montt reiniciará las masacres”, explica Sergio, joven militante de ese organismo eclesiástico.

Pese a los dispositivos de observación instalados, en especial por la Unión Europea, se espera que “los muertos y los militares” voten. El Supremo Tribunal Electoral ya constató la inscripción en las listas electorales del 45% de los militares y el hecho de que 238 municipalidades no han consignado los electores fallecidos desde la última instancia electoral. “El problema es que no existe ninguna capacidad de organización: la candidatura de Ríos Montt es una violación de la Constitución, pero nadie reaccionó. La única solución sigue siendo educar a la gente”, se subleva Reina, inscripta en las elecciones municipales de Playa Grande, en Ixcán, en las listas de la URNG, la antigua guerrilla transformada en partido político.

Pero para eso hacen falta recursos y tiempo, sin contar con que la oposición política al FRG tiene serias dificultades para federarse. Después del “jueves negro” y el “viernes de duelo”, la oposición se agrupó en un Frente Cívico para la Democracia que pretendía organizar una movilización masiva: su manifestación se redujo a algunos miles de personas en las calles de la ciudad de Guatemala. Una decena de partidos políticos están en pugna, todos ellos de derecha o centroderecha, con excepción de la URNG, de programa y prácticas poco convincentes. El conflicto decapitó realmente al movimiento social.

El amplio “movimiento de derechos humanos”, que agrupa de todo un poco, sirve de agenda política en tanto y en cuanto ningún partido hace suyas las reivindicaciones concretas de las poblaciones víctimas de la guerra. Pero si bien existen ciertos espacios de diálogo, como el Foro Guatemala, no surge ninguna figura carismática que actúe como enlace entre las aspiraciones de esas organizaciones y un programa político. ¿Cómo podrán seguir trabajando si Ríos Montt gana las elecciones? “Las organizaciones locales guatemaltecas deben apostar todo a pasar del discurso a los actos, de la información sobre los derechos humanos a su defensa activa por parte de las comunidades. De un estatuto de víctima, asistida por programas de cooperación internacional, al de actores”, observa Amandine Fulchiron, responsable del programa Consejos en proyecto, plataforma de organizaciones no-gubernamentales que da apoyo técnico a las organizaciones locales. Una apuesta mayor, un proceso lento y frágil. El fin del mandato de la Minugua agrega una incógnita a esta situación: la misión de la ONU se esfuerza por delegar poderes a las organizaciones locales, con la esperanza de que estas últimas prosigan el trabajo de control del Estado. Desafío que depende también del resultado de las elecciones.

  1. Una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más respetadas, fundada por la hermana de la antropóloga Myrna Mack, asesinada en 1990 porque estudiaba los efectos del conflicto armado en las poblaciones rurales desplazadas.
  2. Se trata de hacer reconocer la existencia de reglas específicas del funcionamiento de las comunidades indígenas. Este concepto da lugar a diversas interpretaciones: entre las más radicales, encontramos la defensa de un espacio jurídico indígena separado del derecho nacional guatemalteco, que según algunas opiniones llevaría a la creación de una nación indígena. Entre los más moderados, se trata de construir vías de comunicación entre ambos universos jurídicos. No se puede hablar realmente de doctrina jurídica, se trata más bien de una práctica.
  3. Maurice Lemoine, “Irréductibles indiens du Guatemala”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 1994.
  4. Portillo prometió disolver el EMP el 1º de noviembre de 2003 y reemplazarlo por una agencia civil, el Secretariado de Asuntos Administrativos y de Seguimiento de la Presidencia (SAAS). El temor es que el gobierno transfiera el personal de una agencia a la otra.
  5. 1 Una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más respetadas, fundada por la hermana de la antropóloga Myrna Mack, asesinada en 1990 porque estudiaba los efectos del conflicto armado en las poblaciones rurales desplazadas. 2 Se trata de hacer reconocer la existencia de reglas específicas del funcionamiento de las comunidades indígenas. Este concepto da lugar a diversas interpretaciones: entre las más radicales, encontramos la defensa de un espacio jurídico indígena separado del derecho nacional guatemalteco, que según algunas opiniones llevaría a la creación de una nación indígena. Entre los más moderados, se trata de construir vías de comunicación entre ambos universos jurídicos. No se puede hablar realmente de doctrina jurídica, se trata más bien de una práctica. 3 Maurice Lemoine, “Irréductibles indiens du Guatemala”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 1994. 4 Portillo prometió disolver el EMP el 1º de noviembre de 2003 y reemplazarlo por una agencia civil, el Secretariado de Asuntos Administrativos y de Seguimiento de la Presidencia (SAAS). El temor es que el gobierno transfiera el personal de una agencia a la otra. El artículo 186 de la Constitución prohíbe esta función a todos los autores de golpes de Estado. La argumentación falaz de Ríos Montt es que la Constitución de 1985 ¡no puede aplicarse a un hecho sucedido en 1982!
Autor/es Stéphanie Marseille
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 53 - Noviembre 2003
Páginas:8,9
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Minorías, Ultraderecha, Derechos Humanos, Estado (Política), Políticas Locales
Países Guatemala