Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Poco les importa el pueblo…

En todo el mundo, los cimientos de la democracia representativa se ven mellados desde las elites –cualquiera sea su orientación política– al proliferar diversos procedimientos de selección y consulta que eluden la noción de sufragio universal. Una clase dirigente que menosprecia a sus supuestos representados y se muestra cada vez más alejada de ellos provoca desconfianza entre los electores y alejamiento de las urnas. Es necesario revalorizar el sufragio universal y la opinión ciudadana, mediante debates francos y abiertos.

Tanto a izquierda como a derecha, el menosprecio por los votantes –consciente o no– se convirtió en el leitmotiv de una clase dirigente carente de legitimidad. Así pues, Sylvianne Agacinski-Jospin, la esposa del ex primer ministro Lionel Jospin, utilizó un extraño anatema –“es culpa de los votantes…”– a modo de comentario de la derrota de su marido en la primera vuelta de la elección presidencial francesa, el 21 de abril de 20021. La culpa es de los votantes: por lo tanto la culpa la tiene la democracia, el pueblo que ya no sabe reconocer a los “buenos” representantes de los “malos”.

Este menosprecio se enuncia en varios registros, un poco a la manera de la “tirada de las narices” de Cyrano de Bergerac. A saber:

Altivo: “Los votantes no entendieron nuestra política”. Es decir, son tan idiotas que no se dan cuenta de los beneficios de las privatizaciones, de la Europa monetaria o del desmantelamiento de la seguridad social.

Falsamente modesto: “Comunicamos mal”. Es decir, nuestras decisiones eran buenas para ellos, pero no supimos explicárselas. El hecho de que los electores no hayan vivido esta política como una mejora de su condición de vida se ve reducido a un simple problema retórico.

Mesiánico: “La Historia nos dará la razón”. Es el discurso de la “izquierda pluralista” desde el 21 de abril de 2002, o el de Anthony Blair con respecto a las polémicas desatadas por la guerra en Irak2. Evidentemente, no se podría tener razón contra la propia Historia. Pero desde el 14 de julio de 1789 el pueblo creía ser, precisamente, el protagonista de la historia.

Compasivo: “El mundo es cada vez más complejo”. O sea: dejemos la decisión a aquellos a quienes esta complejidad no incomoda, es decir, a los mercados o a los expertos que, in fine, saben mejor lo que es bueno para todos.

Aristocrático: “Los electores son versátiles, no se puede confiar en ellos”. Poco falta para (re)establecer el voto calificado, practicado hasta 1964 en los Estados sureños de Estados Unidos: consistía en someter a los ciudadanos a un test antes de autorizarlos a ser electores. Las pruebas se concebían de tal manera que la mayoría de los negros no las pasaban nunca…

Filosófico: “De todas maneras, el pueblo no existe”. Es “imposible encontrarlo”, escribía Pedro Rosanvallon3. Si no hay pueblo, la cuestión del sufragio universal vuelve a quedar abierta y es posible implementar otras formas de legitimación de la decisión pública, como por ejemplo el informe de expertos o los sondeos de opinión.

Estas distintas melodías, retransmitidas por medios de comunicación complacientes, forman parte del mismo concierto: se trata de desacreditar el sufragio universal y de descalificar las reivindicaciones formuladas por las clases desfavorecidas en beneficio de las decisiones políticas de una elite autoproclamada. Devaluadas, las elecciones sólo serían una formalidad destinada a estampar una firma democrática a decisiones tomadas a priori.

Menosprecio a los votantes

Una opción contraria al argumento previsto perturba sobremanera al mundillo político-mediático. En las elecciones presidenciales de noviembre de 2000 en Estados Unidos, se acusó a los partidarios de Ralph Nader de haber impedido la victoria del “verdadero” candidato, Albert Gore. En Francia, en 1995 causó sorpresa el triunfo de Jacques Chirac sobre Edouard Balladur, el preferido de los medios de comunicación4; en 2002, Jean-Marie Le Pen provocó el estupor general cuando sustituyó a Jospin, nuevo preferido, frente a un Chirac desacreditado por sus “negocios”. Más grave aun, en las consultas europeas ya no se duda en reiniciar el escrutinio si no se consigue el resultado deseado, como sucedió con los daneses con respecto al Tratado de Maastricht en 1993, o con los irlandeses en lo relativo al Tratado de Niza en 2001.

Estas presiones traducen el desfasaje creciente entre los ciudadanos y sus representantes. Las instancias intermedias (partidos, sindicatos) y las instituciones que toman las decisiones ya no expresan la realidad del conjunto social. En el referéndum de julio de 2003 en Córcega, los electores votaron “no”, cuando casi con certeza la Asamblea Nacional hubiera aprobado en masa la reforma del status de la isla. La abstención, superior al 40%, ilustra el rechazo a la “oferta política”; el aumento del voto en blanco y la fragmentación de los votos emitidos5 manifiestan al mismo tiempo la búsqueda de una representación social más exacta y el apego al sufragio universal.

Según los principales medios de comunicación, el coraje político ya no consiste en oponerse a las fuerzas dominantes, sino en ceder a éstas oponiéndose a sus propios votantes. Muchos comentaristas se extasiaron ante el “coraje” de Anthony Blair quien, a pesar de la oposición de millones de manifestantes, en marzo de 2003 comprometió a su país junto a Estados Unidos en la guerra contra Irak. Por supuesto, podía comprometer legítimamente a su país. Sin embargo, ante tal crisis política, ¿no hubiera sido preferible poner en juego su responsabilidad ante el pueblo?

Evidentemente, la brecha que separa a los votantes de sus representantes no se colma invirtiendo la lógica mediante un simple “el pueblo siempre tiene razón”. La mística del pueblo no tiene más sentido que la mística de la elite. En cambio, este desfasaje podría combatirse retornando a los fundamentos del ideal democrático, es decir, a la idea de comunidad política donde todos los miembros son iguales. Justamente el menosprecio a los votantes cuestiona este principio, insinuando que la expresión electoral no es el único método para elegir representantes y legitimar la decisión pública.

La idoneidad, la especialización, el reconocimiento por parte de los medios económicos o la cooptación de los pares se convirtieron en otros tantos métodos de selección. Es así que en 1995, después de haber hecho campaña sobre el tema de la “fractura social”, Jacques Chirac nombró primer ministro al tecnócrata Alain Juppé, una de cuyas actividades centrales fue acometer contra la seguridad social… Del mismo modo, Bernard Kouchner, eterno derrotado en las elecciones pero omnipresente en los escenarios televisivos, ocupa con regularidad funciones ministeriales. Al igual que Pascal Lamy quien, a pesar de su fracaso en las elecciones legislativas de la primavera boreal de 1995, fue nombrado Comisario europeo y representa a Europa en el seno de la Organización Mundial del Comercio.

Si bien es evidente que ser competente constituye un elemento esencial de selección, no podría reemplazar la capacidad del funcionario electo para “representar” a sus mandantes. Ahora bien, la característica de la crisis que viven las democracias occidentales es que las elites políticas ya no actúan como emanaciones del electorado. Para ellas el pueblo son siempre los otros. Consideran saber, en nombre de sus competencias, cómo guiarlo lejos del “error fatal de las reivindicaciones imposibles”.

Es el caso particular de los economistas más importantes y de los principales partidos cuando aseguran: “Sólo hay una política posible”. Y tanto peor si estallan las desigualdades sociales… Sin embargo, otros economistas con iguales competencias pueden formular valoraciones opuestas acerca de la reforma jubilatoria o del financiamiento de la seguridad social. Las elites científicas adoptan una similar indiferencia social, como lo demuestra la ausencia de debate sobre los organismos genéticamente modificados. Si bien numerosos científicos reivindican, con razón, la libertad de investigación, olvidan de paso reflexionar sobre las consecuencias sociales de sus trabajos6.

Tal como se lo concibe, el papel del experto sólo consiste en validar decisiones ideológicas o en evaluar las opciones políticas en nombre de intereses privados: intereses del lobby nuclear, intereses financieros de las grandes empresas, intereses comerciales de los grupos agroalimentarios…

Riesgo totalitario

La decisión pública sólo es verdaderamente legítima cuando resulta de una confrontación abierta de opiniones. El dirigente procede a un arbitraje en función de decisiones políticas que le son propias y para las cuales los votantes le confiaron el poder. Lo cual exige, según la fórmula de Condorcet, un debate público “libre y razonado”, es decir, la confrontación del conjunto de visiones que atraviesan a una sociedad, dado que ninguna categoría social tiene razón a priori. Del encuentro de todos los puntos de vista puede surgir una forma de “verdad social”. Esto toma su tiempo, en un momento en el que una urgencia decretada por no se sabe quién fagocita el espacio público.

El concepto de pueblo, presente en la definición constitucional de democracia –gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo–, encarnaba esa idea de espacio público de ciudadanos iguales que organizan su destino común. Más allá de las divergencias de opinión, es ese “querer vivir juntos” lo que legitima la autoridad de los dirigentes. Constituye la argamasa esencial de la democracia que ni las instituciones ni los procedimientos pueden reemplazar.

El consenso y el autismo de la clase dirigente socavan el concepto de interés general. Pero también lo socavan solapadamente ciertas ideas en apariencia progresistas. Así pues, el concepto de paridad –cuyo legítimo objetivo es acabar con la discriminación de que son víctimas las mujeres– termina legitimando una división jurídica del conjunto político. Es la idea de un mundo común a todos la que se destruye.

En cuanto a la Unión Europea, por el momento parece incapaz de constituir una verdadera comunidad política “de recambio” que atraviese las fronteras. Lo cual vuelve cada vez más problemática la legitimidad de las decisiones que adoptan sus instituciones en ámbitos muy importantes. Por esta razón se tornó imperativo realizar un referéndum a propósito del proyecto del tratado constitucional, so pena de hacer entrar en la ilegalidad el sueño de los padres fundadores de Europa.

La crisis de la democracia representativa corre el riesgo de profundizarse, en la medida en que se multiplican los medios para eludir el sufragio universal, a veces so pretexto de acercar el poder a los ciudadanos. Existe una versión perversa de la consulta a la “sociedad civil” por parte de las instancias dirigentes, en particular de la Unión Europea. En apariencia democrática, esta práctica se convierte en fuente de manipulaciones en ausencia de una definición oficial de “sociedad civil”. Así es como pueden ser consultados, sin distinción, grupos altermundialistas o defensores de los derechos humanos, asociaciones antiabortistas o grupos de presión económicos de todo tipo.

Este sistema se basa en una lógica de relación de fuerzas en la cual los grupos empresarios tienen más recursos que los sindicatos o las asociaciones. Deja a las instancias decisorias un amplio poder discrecional: son ellas las que, in fine, sintetizan lo que se les dice en función de sus propias opciones políticas o simplemente sometiéndose a los intereses dominantes. Por ello, tanto la Carta Europea de derechos fundamentales como el proyecto de tratado constitucional, adoptados previa consulta a un “foro de la sociedad civil”7, confirman la primacía de las decisiones monetaristas por sobre las preocupaciones sociales.

La sociedad civil entendida como medio asociativo cumple una función democrática cuando suscita una reivindicación o un problema social que los funcionarios electos no percibieron. Se revela como “ideal típico” de una preocupación social, como decía Max Weber. En los años 1970, el “manifiesto de los 343” favoreció la adopción de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo (en francés IVG). Asimismo, la asociación Attac hizo público el debate sobre el impuesto a las transacciones financieras. Estas expresiones todavía no recibieron una sanción democrática.

Los que pretenden imponer su verdad, como en muchos documentos europeos, sin preocuparse para nada de las reacciones que provocan o provocarán, dañan gravemente a la democracia. Participan del riesgo totalitario, amenaza que adjudican exclusivamente a la extrema derecha. Pero este riesgo podría también provenir de “abajo”: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, redactada por Condorcet y Robespierre, previó ese atolladero de la democracia representativa cuando enunció el “derecho a la insurrección cuando son violados los derechos del pueblo”.

Es urgente la restauración de la democracia: rol central del sufragio universal directo, debate público libre y razonado. En todo el mundo occidental asistimos al ensanchamiento de una brecha entre el cuerpo de representantes y el cuerpo social, lo que crea una zona de incertidumbre para libertades ya debilitadas por la ofensiva de los mercados.

  1. “Es culpa de electores despreocupados, que fueron a votar con los ojos vendados”, Sylvianne Agacinski, Journal interrompu, Seuil, París, 2002.
  2. “Tengo confianza: la Historia nos perdonará”, discurso ante el Congreso de Estados Unidos, 17–7-03. Elisabeth Guigou retomó ese tema durante el congreso del Partido Socialista en abril de 2003.
  3. Pierre Rosanvallon, Le Peuple introuvable, Gallimard, París, 1999.
  4. Christian de Brie, “En avant vers le radieux parti unique!”, Le Monde diplomatique, París, junio de 1995.
  5. André Bellon y Anne-Cécile Robert, Le Peuple inattendu, Syllepse, París, 2003.
  6. François Ewald y Dominique Lecourt, “Les OGM et les nouveaux vandales”, Le Monde, París, 4–9-01; y la respuesta de André Bellon, “Ciudadanos excluidos por la ciencia”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2002.
  7. Bernard Cassen, “Une convention européenne conventionnelle”, Le Monde diplomatique, París, julio de 2002.
Autor/es Anne-Cécile Robert
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 53 - Noviembre 2003
Páginas:14,15
Traducción Teresa Garufi
Temas Estado (Política), Políticas Locales, Socialdemocracia, Unión Europea
Países Francia