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Resolver la cuestión religiosa para plantear la cuestión social

La decisión del presidente Jacques Chirac de crear una comisión para estudiar el tema del laicismo en el marco de la República, mientras la Cámara de Diputados analiza si los estudiantes pueden llevar signos religiosos dentro de las escuelas, muestra el vigor del debate que existe en la sociedad francesa sobre ese tema. La adopción de la ley de 1905 sobre la separación de Iglesias y Estado marcó una etapa decisiva en la lucha por el laicismo. Los debates de entonces iluminan lo que está en discusión y permiten corregir algunas ideas recibidas. Una cuestión que va más allá de Francia y abarca a Europa (Juan Pablo II solicitó una mención al “cristianismo” en la Constitución europea) y al mundo entero.

“¿La separación? No es una propuesta seria. Habrá que esperar veinte años todavía”. Estamos en París, en la primavera de 1903, y la Cámara de Diputados acaba de elegir una comisión que debe proponer una ley sobre la separación de Iglesias y Estado. Sin embargo, Emile Combes, presidente del Consejo, expresa sus dudas. En la época de la Tercera República, ¿crear una comisión no es la mejor manera de enterrar un asunto? No sería el caso esa vez, ya que dos años más tarde, el 9 de diciembre de 1905, se promulgaría la ley sobre la separación. Un siglo después, ¿quién se acuerda de las condiciones en que el laicismo se impuso en Francia?

Luego del derrumbe del imperio de Napoleón III en 1870, del aplastamiento de la Comuna de París y de los frustrados intentos de restablecer la monarquía, una mayoría republicana ocupó el poder en 1879. Esto permitió adoptar una serie de medidas a favor del laicismo: supresión del descanso dominical obligatorio (1879); lucha contra las congregaciones religiosas y secularización de los cementerios (1881); autorización del divorcio (1884) y, sobre todo, el desarrollo conferido a la escuela pública por Jules Ferry. En 1882 la escuela primaria comienza a ser gratuita y obligatoria, al tiempo que se prohibe la enseñanza religiosa en los establecimientos primarios estatales. En 1886 la enseñanza es confiada exclusivamente a personal laico.

Como señala Alain Boyer, “el laicismo se volvió una consigna que sólo se puede entender por oposición al clericalismo triunfante del siglo XIX, cuando la Iglesia trató de dirigir los Estados y de imponer una política cristiana”1. Para el gobierno republicano no se trataba de aplastar las religiones, sino de limitar el poder de la Iglesia católica –aliada a los monárquicos– apoyándose, de ser necesario, en otras confesiones, en particular en los protestantes…

Esta estrategia republicana estaba acompañada por una voluntad de evitar cualquier riesgo de guerra civil y de favorecer la evolución de las mentes antes que el endurecimiento de las leyes, como lo muestra el célebre “caso de los crucifijos”. Al comenzar el periodo lectivo de 1882 hubo que decidir si se suprimían dichos símbolos religiosos de las escuelas públicas. Las circulares del Ministerio sugerían aplicar la ley “en el mismo espíritu en que fue votada, en el espíritu de las reiteradas declaraciones del gobierno, no como una ley de combate cuyo éxito debe lograrse violentamente, sino como una de las grandes leyes orgánicas destinadas a integrarse a la vida del país, a formar parte de las costumbres y a sumarse a su patrimonio”. En algunas escuelas aún se veían crucifijos al termino de la Segunda Guerra Mundial…

Una vez concretada la laicización de la enseñanza quedaba por decidir si se avanzaba hacia la separación de las Iglesias y el Estado, iniciativa que figuraba en lugar destacado en el programa de todos los partidos republicanos, desde los radicales hasta los socialistas. Los republicanos dudaron, más aun cuando el nuevo Papa ungido en 1878, León XIII, adoptó una actitud conciliadora respecto del régimen republicano. Actitud que se concretó en febrero de 1892 a través de la encíclica Au milieu des sollicitudes, que despertó una fuerte oposición en el seno de la derecha católica francesa. Sin embargo, el texto de León XIII ponía de manifiesto la evolución de una parte del electorado –de aquellos que Emile Littré designa como “los católicos del sufragio universal”– así como el deseo de ciertos católicos y de los monárquicos moderados de unir sus fuerzas con los republicanos moderados para combatir al nuevo peligro, el socialismo.

Un siglo de concordato

Pero aún es demasiado temprano para salvar el abismo que separa a “las dos Francias”. Dos factores contribuirán a endurecer las posiciones: la renovación de las congregaciones religiosas, en particular femeninas2, afectas a un “soberano extranjero”, el Papa; y el caso Dreyfus, paralelamente al cual se desarrolla una ofensiva contra la República, apoyada fundamentalmente por los Padres Asuncionistas en el diario La Croix, que se proclama por entonces “el más antijudío de Francia”.

Las elecciones de 1902 confirman y aumentan la mayoría de que disponen los republicanos, a pesar de que en la primera vuelta los dos bloques están separados por apenas 200.000 votos. Los candidatos habían hecho campaña sobre el futuro de las órdenes religiosas, pero evitando el debate sobre la separación. El bloque republicano, dominado por los radicales, logró 368 representantes –48 de ellos socialistas– mientras que la oposición obtuvo 230. Emile Combes, un francmasón, se convirtió en jefe del gobierno. Este ex seminarista al que algunos llamaban “el padrecito Combes”, conocido por sus posiciones anticlericales, no dijo ni una palabra sobre la separación en su discurso de investidura. En cambio, inició una lucha sin piedad contra las congregaciones, transgrediendo cuando le resultó necesario el espíritu de la ley de 1901 sobre las asociaciones. Combes hizo que se rechazaran los pedidos de autorización de la gran mayoría de las congregaciones, cerró sus escuelas y acabó prohibiendo el ejercicio de la docencia (incluso en institutos privados) a todos sus miembros, muchos de los cuales decidieron abandonar Francia.

Cuando en la primavera de 1903 la Cámara de Diputados decide crear una comisión para tratar el tema de la separación, Emile Combes, como se vio, no oculta su escepticismo. No se trata sólo de oportunismo o de miedo a lanzar al país a una guerra civil. Mantener el statu quo tiene sus ventajas, a las que una parte de los republicanos no quisiera renunciar.

El Concordato firmado entre la Santa Sede y Francia el 15 de julio de 1801 por iniciativa del primer cónsul Bonaparte, definía las relaciones entre la Iglesia católica unida bajo el control del Papa –la Iglesia constitucional, surgida de la Revolución había sido disuelta– y la República. El texto afirmaba que “el gobierno de la República reconoce que la religión católica, apostólica y romana es la religión de la gran mayoría de los ciudadanos franceses”. Ese “reconocimiento” significaba un gran progreso, avalado por el Papa: el catolicismo ya no era más la religión del Estado.

Durante el debate sobre la separación, en 1905, el abate Gayraud, que deseaba la apertura de nuevas negociaciones con la Santa Sede, explicó en la Cámara que seguía siendo partidario de “la unión de la sociedad civil y la sociedad religiosa”. Y criticó el Concordato, en el cual “la Iglesia es reconocida no como la verdadera religión –que es como nosotros lo entendemos– sino simplemente como la religión de la mayoría de los franceses”.

El Concordato fue promulgado recién el 8 de abril de 1802. Mientras tanto Bonaparte hizo que su consejero Jean-Etienne Portalis redactara los artículos orgánicos. Estos, 77 en total, serían promulgados sin consultar a Roma. Francia instauraba así un sistema muy eficaz de control policial sobre la Iglesia católica y sobre todos los cultos reconocidos: ningún concilio católico nacional podía reunirse sin autorización del gobierno; los obispos debían residir en sus diócesis y sólo podían salir de ella con el permiso del primer cónsul; el artículo 39 imponía incluso que solo debía existir “una liturgia y un catecismo en todas las iglesias católicas de Francia”, etc. Julien de Narfon, cronista católico liberal, explica durante el debate sobre la separación que el Concordato acentuó la sumisión de la Iglesia de Francia a una doble tutela, la del Estado y la del Vaticano.

¿Renunciar al Concordato, y por lo tanto a los artículos orgánicos, no significaba abandonar el control del Estado sobre la Iglesia? Los radicales dudan. Las diferencias con el Vaticano vinieron a resquebrajar la “paz del Concordato”, forzando a la mayoría republicana a la separación. Julien de Narfon recuerda esos conflictos: “El primero fue provocado por la protesta de Pío X contra el viaje a Roma del señor Loubet (presidente de la República); el segundo, por la renuncia impuesta por el Papa a los obispos de Dijon y de Laval. Aquel produjo una semi-ruptura, éste la ruptura total de relaciones entre Francia y el Vaticano”.

En el primer caso, el Papa quería mostrar que seguía siendo un soberano temporal y que no reconocía la anexión de Roma a Italia. El diario comunista L’Humanité publicó una nota confidencial transmitida por la Santa Sede a todos los gobiernos, que había conseguido… a través del príncipe de Mónaco. Esa injerencia en los asuntos de la República provocó un escándalo en la Cámara, que por amplia mayoría –427 votos contra 96– decidió retirar al embajador francés ante el Papa.

El segundo asunto tendría consecuencias más graves. El Vaticano presionaba para obtener la renuncia de dos obispos franceses cuestionados por sus fieles y por el clero, sin duda por sus inclinaciones republicanas. Esto hizo tambalear todo el complejo equilibrio de “nominación” de los obispos3. El 30 de julio de 1904 el gobierno francés hace pública su decisión de romper relaciones diplomáticas con la Santa Sede. El Concordato pasa a ser letra muerta…

El proyecto de Combes

Emile Combes, en su famoso discurso en la ciudad de Auxerre, en septiembre de 1904, adhiere a la abolición del Concordato. Pero se ve obligado a renunciar el 14 de enero de 1905, implicado en un caso oscuro. Lo reemplaza Maurice Rouvier, un convencido partidario del Concordato, quien sin embargo tuvo a su cargo la presidencia al decidirse la separación. Mientras tanto, Emile Combes presenta, el 10 de noviembre de 1904, un proyecto de ley que despierta una fuerte oposición, incluso entre los protestantes, hasta entonces amigos y aliados de los republicanos.

Los protestantes cuestionan fundamentalmente el artículo 8, que prohibe a las asociaciones formadas para el ejercicio del culto unirse fuera de los límites territoriales del departamento, cláusula que apunta ante todo a la Iglesia católica y que es una injerencia en la organización de las otras Iglesias. También cuestionan el artículo 3, según el cual los bienes muebles e inmuebles dados en custodia a los diferentes cultos anteriormente reconocidos, en adelante serán concedidos “por un periodo de diez años”. Esto hace que muchos católicos se pregunten si al cabo de ese plazo se les renovará dicha gestión… En realidad, el proyecto de Combes refleja una filosofía dirigida no sólo a separar la Iglesia del Estado, sino a quebrar la Iglesia católica, a subvertirla desde adentro, manteniendo a la vez el control del Estado.

La separación

Como lo resumirá el pastor Louis Lafon, director de La Vie nouvelle: “Hay dos maneras de hacer la separación, o más bien, al hacerla se pueden perseguir dos objetivos diferentes: o bien laicizar el Estado, o bien destruir la religión. (…) La religión es un asunto de conciencia, de conciencia individual. El Estado debe abstenerse por completo de cualquier participación y de cualquier acción en el terreno religioso, y tiene el derecho y el deber de exigir a cambio que las Iglesias no pretendan dominarlo ni darle el carácter que les convenga. En esa apreciación del papel del Estado respecto de las Iglesias comulgo con la idea de todos los demócratas y de un gran número de librepensadores. Pero hay otros que sueñan con destruir mediante la ley todo tipo de Iglesia y de religión. Estos alimentan el sueño criminal e insensato de todos los déspotas, que siempre desearon reinar sobre la conciencia humana y que imaginaron dominarla por medio de la violencia. (…) La libertad de asociación debe ser completa para los católicos, los protestantes, los judíos, al igual que para los librepensadores y los francmasones. El artículo 8, ya muy socavado, debe ser totalmente demolido”.

Y lo será. La memoria colectiva asocia al “padrecito Combes” con la separación, pero nada está más lejos de la verdad. Por iniciativa del socialista Aristide Briand, informante de la comisión, asesorado por el tribuno Jean Jaurès, se perfilará un compromiso, que garantizará a la vez la separación y la libertad de las Iglesias para organizarse como lo deseen.

Veamos los dos primeros artículos de la ley de 1905. Artículo 1: “La República protege la libertad de conciencia. Garantiza el libre ejercicio de los cultos, con las únicas restricciones promulgadas a continuación en interés del orden publico”. Articulo 2: “La República no reconoce, no paga ni subvenciona ningún culto. (…) Sin embargo, podrán ser inscriptos en dichos presupuestos (del Estado, de los departamentos y de las comunas) los gastos relativos al ejercicio de capellanía y los destinados a garantizar el libre ejercicio de los cultos en los establecimientos públicos como los liceos, colegios, escuelas, hospicios, asilos y prisiones”4.

Aquí cabe hacer dos observaciones. En primer lugar, el concepto de “reconocimiento”. “El mismo no significa de ninguna manera –precisa Jean Boussinesq– que el Estado niegue la existencia legal (privada) de las Iglesias como cuerpos constituidos. Debe entenderse como referencia a la situación anterior, cuando había en Francia cuatro cultos ‘reconocidos’ (católico, luterano, reformado e israelita). (…) El artículo 2 significa por lo tanto que ya no hay una Iglesia privilegiada en derecho y que, en consecuencia, todas las Iglesias (presentes y futuras) son jurídicamente iguales”5. Así, en adelante será imposible, al revés de lo que ocurría antes, que un obispo tenga derecho a ocupar una banca en el Senado o en los consejos de instrucción pública. En cambio, algunas décadas más tarde, el Estado podrá, sin transgredir la ley y sin que nadie se escandalice, designar en algunas comisiones de reflexión –como la de ética– a personalidades cuya pertenencia religiosa es sabida y explícita…

Por otra parte, el Estado pone a disposición de las Iglesias, fundamentalmente de la católica, un enorme parque inmobiliario, cuyo mantenimiento quedará además a su cargo: ello significa –es lo menos que puede decirse– una ayuda directa a los cultos… En las décadas siguientes se organizarán otros sistemas que aumentarán esas subvenciones. A comienzos de los años 1920 el Estado financiará la construcción de la mezquita de París. El informante de ese proyecto de ley, Edouard Herriot, un laico indiscutible, explicará: “No violamos la ley de 1905, porque estamos haciendo por los musulmanes lo que en 1905 se hizo por los protestantes o los católicos”.

Habiéndose logrado consenso sobre los dos primeros artículos, el debate parlamentario se concentró en el tema de las asociaciones de culto. El artículo 4 preveía que todos los establecimientos públicos de culto serían transferidos a asociaciones “legalmente formadas para el ejercicio del culto”. ¿Pero, quién decidirá que esas asociaciones están realmente habilitadas? ¿Qué ocurrirá en caso de disputa entre dos asociaciones? El tema preocupaba a la Iglesia católica, más aun dado que muchos radicales consideraban que se trataba de una excelente ocasión para subvertir la Iglesia desde el interior. La desconfianza era tal que algunos católicos sospechaban que los francmasones querían copar esas asociaciones para sustraerlas al poder de los obispos.

Cada uno de esos dos bandos adjudica al otro las peores intenciones. Incluso entre los republicanos se enfrentan diferentes filosofías del laicismo. El informante de la comisión, Aristide Briand, apoyado por Jean Jaurès, explicó la suya. El proyecto de la comisión –dijo– “no es una obra de pasión, de represalias, de odio, sino una combinación de razón, justicia y prudencia. (…) Es inútil buscar en él la más mínima huella de segundas intenciones persecutorias contra la religión católica”. Y es por eso que propone agregar una breve frase al artículo 4: las asociaciones de culto deberán adaptarse “a las reglas de organización general del culto cuyo ejercicio desean garantizar”. Es decir, una asociación creada para fomentar el culto católico deberá reconocer las reglas internas de éste, fundamentalmente la primacía del Papa. En caso de conflicto la decisión quedará en manos de los tribunales civiles…6. Esto produjo una inmediata reacción defensiva en el campo republicano (ver recuadro página 31). Finalmente, la enmienda que proponía suprimir el agregado de la comisión fue rechazada el mismo día por 374 votos en contra y 200 a favor. La separación está lograda, dirá entonces Jaurès…

“El drama de los inventarios”

¿Por qué los socialistas tratan de llegar a un arreglo? En un artículo publicado en La Dépêche el 15 de agosto de 1904, Jean Jaurès explica su punto de vista: “Ya es hora de que se resuelva ese importante y obsesivo problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, para que la democracia pueda ocuparse plenamente de la inmensa y difícil tarea de reforma social y de solidaridad humana que exige el proletariado”. Hay que apaciguar la cuestión religiosa para plantear la cuestión social, la de las grandes reformas en discusión, que los radicales y los republicanos moderados desearían aplazar: el impuesto a la ganancia, la jubilación para los obreros…

De esa ley de 1905, del apasionante debate en la Cámara y en el Senado –cuyo nivel obliga a rever ciertos juicios sumarios sobre la Tercera República– la memoria colectiva conservó unas pocas imágenes borrosas, sobre todo la del enfrentamiento entre “dos Francias”, uno de cuyos puntos culminantes había sido el “drama de los inventarios”, cuando la policía forzó las puertas de algunas Iglesias.

Todo comenzó con una simple –pero imprescindible– enmienda a la ley: dado que se produciría una transferencia de bienes a las nuevas asociaciones de culto, había que realizar un inventario. Pero en una instrucción administrativa se desliza una breve frase que exige a los sacerdotes “la apertura de los tabernáculos”, para que los inventarios sean completos. El tabernáculo es el lugar más sagrado, donde se halla el copón que contiene las hostias. La intervención de la policía encontrará alguna “resistencia”, fundamentalmente debida a los nacionalistas, en particular los de la Acción Francesa. En algunos departamentos los imitarán grupos de personas inquietas y desinformadas, traumatizadas por el combate del padre Combes contra las congregaciones. El número de incidentes graves es escaso, sobre todo luego de que el 16 de marzo una circular confidencial solicita que se suspendan los inventarios en los lugares en que hubiera resistencia. En mayo de 1906, el 93% de los inventarios está concluido, pero Francia conservará en la memoria unos pocos “excesos”.

El relato de los resistentes, inflado por la prensa católica y por los rumores, lleva a la Santa Sede a la intransigencia, sobre todo luego de que León XIII –fallecido el 20 de julio de 1903– es reemplazado por Pío X, un Papa inflexible. El nuevo pontífice teme que la separación afecte su prestigio y sirva de “mal ejemplo” en otras latitudes, fundamentalmente en España. En una primera encíclica, Vehementer nos, del 11 de febrero de 1906, condena incluso el principio de la separación, lamenta la abolición unilateral del Concordato y lo que considera un cuestionamiento legal de un precepto fundamental de la Iglesia: esta sería “por esencia, una sociedad desigual, es decir una sociedad que comprende dos categorías de personas, los pastores y el rebaño”. El 10 de agosto de 1906, en su encíclica Gravissimo officii, el Papa ordena a los católicos franceses, más bien favorables a un arreglo sobre ese punto, no crear asociaciones de culto.

Esa obstrucción hubiera podido llevar al gobierno a aplicar la ley con todo rigor, y aprovechar para concretar una nueva embestida contra la Iglesia católica. Pero en lugar de ello instauró disposiciones transitorias para garantizar que la gestión de los lugares de culto católico quedara provisoriamente en manos de los sacerdotes que ya la tenían a su cargo. Recién en 1924 el Papa Pío XI autorizará, en su encíclica Maximam gravissimamque, la formación de asociaciones de culto. Y todavía tendrán que pasar veinte años más para que la Iglesia acepte el laicismo.

Laica y social

“Francia es una República indivisible, laica, democrática y social”, proclama el artículo 1 de la Constitución de 1946, votada por comunistas y socialistas, pero también por demócrata-cristianos (MRP), lo que muestra a las claras la evolución registrada. Finalmente, la República lograba imponerse, por haber apostado a la evolución de las mentalidades, por haberle dado tiempo al tiempo.

En cada etapa, el Consejo de Estado, encargado de interpretar la ley de 1905, lo hizo en un sentido liberal, garantizando el derecho de las Iglesias a organizarse como mejor les parecía. Una de las primeras complicaciones a que se vio confrontada la República fue la de las procesiones fuera de los lugares de culto. “Nada de desfiles religiosos en la vía pública”, clamaron muchos alcaldes. Entre 1906 y 1930, se presentaron 139 recursos contra disposiciones municipales que prohibían las procesiones. En 136 casos esas disposiciones fueron anuladas…

Un siglo más tarde, el laicismo se convirtió en un bien común de los creyentes y de los no creyentes, a pesar de que habitualmente se habla del tema sin conocerlo. Cuando el actual ministro francés del Interior, Nicolas Sarkozy, afirma que en las fotos de los documentos de identidad las mujeres no deben llevar la cabeza cubierta, está planteando un problema de orden público, no de laicismo… La escuela mixta tiene que ver con la igualdad entre varones y mujeres, no con el laicismo; la escuela laica aceptó la separación de sexos hasta fines de los años 1960, así como la República laica aceptó el rechazo al voto femenino durante décadas…

¿Está amenazado el laicismo hoy en día en Francia? ¿Es necesario movilizarse como en 1905? El poder de las Iglesias se debilitó, y ninguna de ellas se aproxima a la fuerza invasiva que poseía la Iglesia católica a comienzos del siglo pasado. En cambio, reflexionando sobre la expresión “el clericalismo, ese es el enemigo”, Jean Baubérot se pregunta: esa frase “siguió siendo una bandera de la militancia laica. ¿Pero quiénes son hoy en día los nuevos clérigos? ¿Quiénes constituyen una amenaza concreta para la libertad de pensamiento?”7 ¿Son prioritariamente las religiones organizadas, o más bien las “clericaturas” del dinero y de los medios?

A comienzos del siglo XX la República tenía por delante una tarea colosal, desde la instauración del impuesto a la ganancia hasta la creación de la jubilación para los obreros. Jaurès había comprendido que para ganar esas batallas había que calmar las disputas religiosas. Un siglo más tarde, Francia se ve enfrentada a inmensas angustias generadas por un neoliberalismo que socava los fundamentos del pacto republicano. ¿Los grupos de niñas que van a la escuela con la cabeza cubierta por un pañuelo son las que amenazan ese pacto? ¿O son las injusticias, la discriminación, los guetos, el desempleo, y todos esos sectores excluidos de las “reformas”? Frente a esas distracciones conviene recordar que Jaurès tenía razón: la República francesa debe ser laica y social. Y se mantendrá laica mientras sepa mantenerse social…

  1. Alain Boyer, Le droit des religions en France, PUF, París, 1993. Jean Baubérot, Vers un nouveau pacte laïque?, Le Seuil, París, 1990. Ver también, del mismo autor, Histoire de la laïcité française, colección “Que sais-je?”, PUF, París, 2000.
  2. En un extenso estudio sobre el desarrollo de las congregaciones femeninas religiosas en el siglo XIX, Claude Langlois demostró que las mismas permitieron a las mujeres –que el Código Civil colocaba en condición de inferioridad– acceder a responsabilidades en materia de educación y de atención hospitalaria. Las vueltas de la historia son a veces sorprendentes… Punto sobre el que vale la pena reflexionar cuando se evoca el tema del pañuelo islámico. Claude Langlois, Le catholicisme au féminin. Les Congrégations à supérieure générale, Le Cerf, París, 1984.
  3. Desde el Concordato, es el Estado francés quien designa los obispos, mientras que el Papa tiene a su cargo la institución canónica a posteriori. Este sistema subsiste aún en Alsacia-Mosela, lo que hace del Presidente de Francia el único Jefe de Estado del mundo que designa obispos.
  4. Comparar con el artículo 2 de la Constitución argentina: “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. En Argentina el artículo 14 de la Constitución, que consagra la libertad de cultos, no garantiza la igualdad entre las diferentes iglesias. Ver Marta Vassallo, “Libres pero desiguales”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2001.
  5. Jean Boussinesq, La laïcité française, Le Seuil, París, 1994. Este pequeño compendio jurídico es la mejor introducción a las leyes que regulan el laicismo.
  6. En el texto definitivo se estipula que los conflictos deberán ser llevados ante el Consejo de Estado.
  7. Jean Béberot, obras citadas en Nota 1.

Bibliografía

Gresh, Alain

Sobre los debates en la Cámara de Diputados y sobre el informe Briand, se consultó la colección del Diario Oficial francés del año 1905.

Por otra parte, además de los títulos citados en el artículo, también se utilizaron los siguiente textos:

- Raoul Allier, La Séparation au Sénat, Cahiers de la Quinzaine, Paris, 1905. Serie de textos escritos entre el 26 de marzo y el 10 de septiembre de 1905.

- Véronique Bedin, “Briand et la séparation des Eglises et de l’Etat: la commission des trente-trois”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, París, julio-septiembre de 1977.

- Louis Capéran, Histoire contemporaine de la laïcité française, tomo II, La révolution scolaire, Librairie Marcel Rivière et Cie, París, 1959.

- Jacqueline Costa-Lascoux, Les trois âges de la laïcité, Hachette, París, 1996. Reflexiones actuales sobre el laicismo, por la ex presidenta de la Liga de la Enseñanza.

- Julien de Narfon, Vers l’Eglise libre, Dujarric, París, 1906. Crónicas de un católico liberal.

- Maurice Larkin, Church and State after The Dreyfus Affair. The Separation Issue in France, Macmillan, Londres, 1974. El único estudio global que existe sobre la separación, con muchos elementos sobre la diplomacia del Vaticano.

- Jean-Marie Mayeur, La Séparation des Eglises et de l’Etat, Les Editions ouvrières, París, 1991 (primera edición 1966). Una excelente introducción a las polémicas sobre la separación, cuya reedición sería oportuna con motivo del centenario de la ley de 1905.

- Emile Poulat, Liberté-Laïcité. La guerre des deux France et le principe de modernité, Cerf/Cujas, París, 1987.


Un artículo muy controvertido

Gresh, Alain

El artículo 4 de la ley francesa de 1905, que explicita la manera en que se transferirán los bienes públicos a las asociaciones de culto, desató un tumultuoso debate entre los republicanos. Particularmente controvertida resultó la propuesta sobre los criterios de selección de las asociaciones que, para ser reconocidas, debían conformarse a las reglas internas de la Iglesia que decían representar. El diputado Eugène Reveillaud explicó el 22 de abril de 1905 que “los bienes eclesiásticos pertenecientes a la comunidad de los fieles deben ser repartidos de manera justa entre las dos asociaciones que se los disputan –si hay dos– proporcionalmente al número de fieles que posea cada una”. ¿Habrá que partir en dos las catedrales, entonces?, interrumpió un parlamentario. El mismo día, Georges Clemenceau escribió en L’Aurore que las líneas agregadas por la comisión “ponen todo el poder monetario del lado del obispo” y “erigen al juez civil de derecho de la Revolución Francesa en Gran Inquisidor de la Fe”.

En la sesión de la víspera, Jean Jaurès apoyó a Aristide Briand: “El tema de las asociaciones de culto es verdaderamente el nudo de la ley que ustedes van a crear”, afirmó. La asociación de culto “será regularmente investida de acuerdo a la organización de la Iglesia católica, lo que hoy en día significa, según la autoridad episcopal”. Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, ministro de Educación Pública, Bellas Artes y Culto, opinó en el mismo sentido: “El tribunal deberá, de buena fe y lealmente, en caso de disputa entre dos asociaciones, dar preferencia a la que, a su juicio, posea una organización conforme al régimen de culto que la asociación piensa garantizar”.

Raoul Allier, profesor de filosofía de la Facultad de Teología protestante de París, hará notar con ironía: “Deseamos repetir en todos los tonos que hemos vuelto a la Edad Media y que la ley francesa está ahora al servicio del dogma católico. Es cierto que yo vengo del sur de Francia, pero me parece que se exagera demasiado”. Y agregó: “Supongamos que tenemos una asociación de aficionados a la pesca, que impone a las personas que desean formar parte de ella y aprovechar de ciertas ventajas, utilizar sólo un cierto tipo de lombrices como carnada. En caso de conflicto, el tribunal invocará ese artículo: ¿tendremos que decir entonces que éste reconoce y aprueba esa forma particular de pescar?”.

El informante Briand expresa su punto de vista el 22 de abril, en tono conciliador: “Una reforma no es válida sólo porque fue votada por el Parlamento; es válida también, y particularmente, por su espíritu, por las condiciones en que fue votada, y por el acuerdo que el país puede depararle”. Finalmente, el artículo 4 sería adoptado íntegramente.


Autor/es Alain Gresh
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 50 - Agosto 2003
Páginas:26,29
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Iglesia Católica
Países Francia