Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Resistencia indígena en Oaxaca

El 1-2-03 decenas de miles de campesinos manifestaron en México para exigir la renegociación de la parte agrícola del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC). Aunque el presidente Vicente Fox firmó el 1º de abril un acuerdo con organizaciones campesinas y, el 19 de mayo, un decreto que crea una “comisión” para las relaciones con las comunidades indígenas, mantiene la misma política económica, especialmente a través de la implementación del Plan Puebla-Panamá. La militarización de las tierras indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, constituye la única respuesta a la resistencia de las poblaciones a este proyecto.

Se llama Carlos. Es un pequeño productor de café de Teojomulco, pueblo zapoteca situado a seis horas de camino de la ciudad de Oaxaca. Hay ironía en la voz de este miembro de la Compa, una organización zapatista local. “Nosotros resistimos desde la invasión europea… el Plan Puebla-Panamá no es más que una nueva vuelta de tuerca”. Anunciado el 12 de febrero de 2001 por el presidente mexicano Vicente Fox, el Plan Puebla-Panamá (PPP) pretende integrar el sur de México y América Central al mercado mundial, en una pura lógica neoliberal, por medio de un conjunto de proyectos que mezclan creación de infraestructura, explotación de los recursos naturales e implantación de zonas francas para la población1.

El plan irrumpió realmente en la vida de los 3.000 habitantes de Teojomulco el 31 de mayo de 2002. Ese día, en el lugar denominado Aguas Frías, un camión que transportaba campesinos del pueblo vecino de Santiago Xochiltepec cayó en una emboscada tendida por individuos encapuchados y 26 hombres fueron masacrados con armas automáticas. Al día siguiente, según los confusos testimonios del chofer y de su hijo, que sobrevivieron, 17 habitantes de Teojomulco, entre los cuales había un niño de 13 años y una abuela de 70, fueron encarcelados. Para las autoridades, Teojomulco tendría un móvil, porque un diferendo agrario, uno de los 600 conflictos que envenenan las relaciones entre las comunidades en el Estado de Oaxaca, lo enfrenta a Xochiltepec. Pero esta tesis no se sostiene, porque la justicia acababa de aprobar una decisión favorable a Teojomulco. La amplitud y el modo operativo de la masacre señalan a otros autores: los paramilitares.

En 2000, la empresa mexicana Grupo Acerero del Norte certificó la existencia de “200 millones de toneladas de minerales de hierro de buena calidad” en el subsuelo de la región2. La infraestructura prevista por el PPP permitirá el transporte, hasta ahora imposible, del mineral extraído hasta el puerto de Salina Cruz. “Con el fin de comprar algún día esas tierras, los responsables de la masacre de Aguas Frías, quienesquiera que fuesen, habrían querido ‘facilitar’ las negociaciones futuras con los habitantes autóctonos”, cree, como muchos otros, Carlos Reyes, editorialista del diario regional Noticias.

Estas exacciones tienen el efecto de aterrorizar a la población –250 a 300 familias han abandonado ya la zona– y generar venganzas entre comunidades, además de servir para precaverse contra un eventual frente común indígena. Heredados del caciquismo3, estos métodos violentos no son tan excepcionales en la región. Pero el PPP, al apostar a la explotación de los recursos naturales de las tierras indígenas, corre el riesgo de otorgarles una nueva vitalidad.

Porque todavía hay que convencer a los indígenas de vender sus tierras y su rico subsuelo a las transnacionales, para luego convertirlos en mano de obra barata para las maquiladoras, esas fábricas de montaje que florecerán con el PPP y en las cuales se los explotará con el salario mínimo de 46 pesos diarios (5,5 dólares). Pero ¿por qué ellos, que están tan unidos a la tierra, querrían venderla? ¿Acaso Carlos, de Teojomulco, no repite que “la tierra es nuestra madre, la última cosa que nos queda”? Sin embargo, muchas comunidades se verán seguramente obligadas a pasar por ese trance, porque sus condiciones de vida se vuelven intolerables.

Al debilitar a las comunidades indígenas, el TLC (NAFTA en inglés) ha preparado el terreno para el PPP. Desde 1994 el nivel de vida de los campesinos se ha derrumbado, porque su agricultura de subsistencia es incapaz de rivalizar con los productos estadounidenses que inundan el mercado mexicano.

“Actualmente vendo mi café a 7 pesos el kilo”, se desespera Fernando, pequeño productor de la sierra Loxicha. “Antes del TLC ganaba tres veces más”. Sin las hortalizas del jardín, Fernando y los suyos morirían de hambre. Con sus 300 kilos anuales de café, esa familia de once personas dispone de 260 dólares por año. Los sindicatos de Oaxaca observan que muchos de los campesinos del Estado viven con “6 a 9 pesos por día”, lo que equivale a 0,70 ó 1 dólar. “De vez en cuando logran colocarse como trabajadores agrícolas, por 30 pesos diarios”, señala Samuel Hernández, del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep).

Carlos, de Teojomulco, tiene un poco más de suerte. Cinco de sus hijos son inmigrantes clandestinos en Estados Unidos, como sucede con uno de cada tres hombres en Teojomulco. Ellos le envían algún dinero a la familia, a pesar de la deuda de 2.000 dólares que contrajeron con los “coyotes” (los pasadores). Es una emigración que va disgregando su cultura: “Los emigrados se vuelven individualistas, materialistas; rechazan las instituciones comunitarias como las asambleas, las fiestas o el tequio (el trabajo colectivo)”, deplora Carlos. Miseria y desculturación: el terreno social está maduro para que los campesinos, obligados al éxodo, terminen en las maquiladoras.

“Desarrollo” e “interés social”

El modelo de desarrollo del PPP no es una novedad para los indígenas de Oaxaca. En la costa del Pacífico cuentan con un antecedente revelador: Huatulco, un balneario de lujo, con hoteles cinco estrellas, golf y marina. La hija de Juan Díaz, de nueve años, pasa diariamente por allí cuando, después de la escuela, deja su villa miseria para ir a vender golosinas a los “gringos”4. Porque para construir ese paraíso destinado a turistas, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), desde 1984 ha expulsado de sus 21.000 hectáreas a siete comunidades de campesinos y pescadores zapotecas, con indemnizaciones irrisorias, en nombre de una “ley de interés social”. El proyecto sólo benefició a los caciques locales. Y oponerse a ese desarrollo planificado es, por lo menos, riesgoso: tres militantes indígenas fueron asesinados misteriosamente entre 1989 y 1992.

En marzo de 2002 Díaz y los suyos se unieron al Consejo Indígena Popular de Oaxaca - Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), y ocupan desde entonces un terreno del Fonatur. Construyeron allí, ladrillo a ladrillo, una casa que sueñan con transformar en guest house (casa de huéspedes) para turistas militantes: “Aunque los mestizos esperan que el PPP creará empleos –resume Carlos Reyes– los indígenas de Oaxaca saben, con Huatulco, lo que este tipo de ‘desarrollo’ significa para ellos: sólo la pérdida de sus tierras”.

Raúl Gattica, uno de los portavoces del CIPO-RFM, al cual están afiliadas 18 comunidades del Estado de Oaxaca, dice lo mismo: “El PPP nos ha sido impuesto, sin consulta ninguna, sin siquiera darnos información. Nuestros detractores nos acusan de estar contra el desarrollo. Pero nuestra visión de un desarrollo armonioso es distinta: queremos empresas comunitarias, que el dinero beneficie al pueblo y no a las transnacionales, que las comunidades participen en esos proyectos, y que se investigue su impacto”.

Los indígenas de Oaxaca, zapotecas, mixtecas, mixes, chinantecos y chimalapas tienen una larga tradición de resistencia. Hoy tratan de luchar contra el PPP en alrededor de 300 organizaciones que de a poco se van federando, apoyadas por las organizaciones campesinas latinoamericanas y los movimientos occidentales contra el neoliberalismo. En la plaza central de la ciudad de Oaxaca, las protestas son cotidianas. Allí, para hacer valer sus diversas reivindicaciones las comunidades acampan bajo las arcadas del palacio del gobernador (del Partido Revolucionario Institucional - PRI) José Murat Casab, a veces durante meses; algunos hacen huelga de hambre. Y todo esto, a pesar de las interpelaciones.

Lucha por la autonomía

Unir a estas comunidades sigue siendo, sin embargo, un arduo trabajo, a causa de los conflictos agrarios que levantan a unos pueblos contra otros. “Desde los años 1930 –explica Teodosio Ángel Molina, uno de los fundadores del Ucizoni– el gobierno ha dado tierras a los campesinos sin verificación en el terreno. El resultado es que los títulos de propiedad se superponen, y cada comunidad cree tener razón. Políticamente, este tipo de problemas los debilita y es conveniente para los poderosos”. A pesar de todo, Carlos Reyes está convencido de que, ante el PPP, “las diferentes comunidades van a acallar sus disputas y se unirán para salvar sus tierras”.

El reconocimiento de los pueblos indígenas, exigido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para restablecer el diálogo con el gobierno, no con vistas a una soberanía total sino a una autonomía real, aparece para los pueblos autóctonos como la mejor garantía de preservación de sus tierras. Sin embargo, esta demanda no fue admitida. El 27 de abril de 2001, durante la marcha zapatista a la ciudad de México5, el Congreso mexicano votó una resolución que sólo reconoce derechos a los autóctonos en el nivel municipal6.

Después de que el presidente Vicente Fox proclamara la “ley indígena”, el 14 de agosto de 2001, la Suprema Corte de Justicia de la nación rechazó como “ilegales” los recursos presentados por 322 comunidades, el 12 de septiembre de 2002. “Nos declaramos en rebelión y apelamos a la desobediencia civil a esas leyes7”, declararon entonces varias organizaciones indígenas, entre las cuales estaba Ucizoni. Después del entierro legal de la autonomía, la última arma de que todavía disponen los indígenas ante el PPP es el movimiento social. Pero está en curso su criminalización.

A cuarenta kilómetros de la costa del Pacífico de Oaxaca se encuentra la sierra Loxicha. En los años ’30 dos familias mestizas se instalaron en el pueblo de San Agustín Loxicha. Propietarios de los almacenes, mantuvieron a los indígenas en la miseria por medio de la usura –con préstamos a 30% de interés mensual–, explotando a los sobreendeudados, volviendo a comprar las tierras cafetaleras, nombrando y destituyendo a los presidentes municipales. Sus pistoleros hicieron reinar el terror. Sin embargo, en 1984, los indígenas reunidos en la Organización Popular Indígena Zapoteca (OPIZ) lograron elegir su presidente municipal y expulsar a los caciques.

El 28 de agosto de 1996 un grupo guerrillero desconocido, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), lanzó simultáneamente varios ataques en el sur del país y también en la ciudad de México, durante los cuales murieron una quincena de militares, policías y civiles. Entre los guerrilleros muertos figuraba un responsable municipal de San Agustín Loxicha. A partir de ese momento se desencadenó la represión: policía y ejército invadieron la pequeña ciudad, y los pistoleros señalaban a los militantes indígenas. En algunos meses, cerca de 250 campesinos fueron detenidos, acusados de pertenecer al EPR. Muchos fueron torturados y unos treinta resultaron muertos, oficialmente por haberse resistido a las fuerzas del orden. Las autoridades municipales fueron destituidas para beneficio del clan de los caciques.

Después de cuatro años de movilizaciones, en las que se turnaban con los defensores de los derechos humanos, los loxichas obtuvieron en diciembre de 2001 la amnistía de los últimos detenidos. Una victoria a medias porque, para lograrla, los encarcelados –que siempre habían asegurado su inocencia– debieron reconocer su pertenencia a un “grupo armado”.

Imperio del miedo

Desde entonces nada ha cambiado en San Agustín Loxicha. Ejército y policía siguen estando muy presentes, y el miedo es palpable. Los pistoleros están siempre allí: en 2001, mataron al presidente municipal, que era de un clan rival. Fernando, cuya familia de once personas sobrevive con una sola hectárea de café, cuenta: “Los más viejos de la OPIZ, como yo, somos hostigados por la policía y los pistoleros. Muchos se han ido. El EPR no es más que un pretexto: aquí no hay grupos armados, sino movimientos sociales. Y los caciques a quienes les vendemos el café quieren desmantelar las organizaciones campesinas”. El marido de Estrella, Severino Jiménez Álvarez, murió torturado en abril de 1997. “Era representante de su comunidad y hubiera podido ser elegido presidente municipal. Pero se negó a vender tierras comunales a los caciques”, explica su joven viuda. Tierras potencialmente ricas, ya que una transnacional canadiense encontró mineral de titanio en la región.

En la aterrorizada sierra Loxicha se murmura que el EPR –que, adormecido, sólo se manifiesta por medio de comunicados– “defiende al pueblo”. “El poder no deja ninguna puerta de salida legal a los indígenas”, deplora un sindicalista. Allí reside la paradoja. Al imponer el PPP, el propio Estado mexicano crea las condiciones para el surgimiento de grupos guerrilleros. En efecto, como mega-proyecto de inversión totalmente inadaptado a regiones donde todavía reinan los caciques y los pistoleros, este plan no puede más que reforzar la corrupción, la expoliación y el paramilitarismo.

  1. El PPP involucra a nueve Estados mexicanos –Puebla, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas– y a los siete países de Centroamérica. Véase Braulio Moro, “El Plan Puebla-Panamá”, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, diciembre 2002.
  2. La Jornada, México, 13-9-00.
  3. Potentados locales que, conjugando corrupción, usura y violencia, controlan las zonas rurales indígenas con la complicidad de las autoridades.
  4. Estadounidenses.
  5. Ignacio Ramonet, “Marcos marcha hacia Ciudad México”; Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, marzo de 2001.
  6. La reforma, contraria a los acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el gobierno en enero de 1996 y nunca aplicados, no reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre su territorio, ni tampoco ningún control sobre sus recursos naturales.
  7. Noticias, Oaxaca, octubre de 2002.
Autor/es Cédric Gouverneur
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 49 - Julio 2003
Páginas:12,13
Traducción Lucía Vera
Temas Minorías, Neoliberalismo, Derechos Humanos, Estado (Política), Políticas Locales, Medioambiente
Países México