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Europa, una Convención para nada

El proyecto de Constitución europea presentado el 21 de junio por Valéry Giscard d’Estaing en nombre de la Convención, decepciona respecto de su ambición inicial: acercar la Unión a sus ciudadanos. En efecto, este texto, si bien resuelve algunos problemas institucionales, afianza el armazón liberal. Los elementos de un gran proyecto democrático, político y social, siguen en el limbo. La Conferencia Intergubernamental destinada a ratificar el proyecto en 2004, ¿podrá volver a dar impulso a la idea europea modificándolo en este sentido?

En estos últimos meses hubiera cabido creer en la existencia de dos Europas. Por una parte, la que los medios suelen aclamar y cuyo perfil acaba de dibujar la Convención en su “Proyecto para una Constitución europea” presentado al Consejo Europeo de Salónica por su presidente, Valéry Giscard de Estaing, los días 19 y 20 de junio. Por otra, aquella a la cual muchos de los manifestantes que recorrían las calles de las grandes ciudades francesas atribuyen la paternidad de la “reforma” (léase contrarreforma) de las jubilaciones y de la educación nacional –a la espera de que le llegue el turno a la Seguridad Social–, así como de la privatización programada de las empresas públicas.

La verdad es que se trata de una Europa única. Y la copiosa información brindada sobre los procedimientos de toma de decisión y la futura distribución de los poderes entre Estados y Unión, y en el seno de ésta, entre Consejo, Comisión y Parlamento Europeo, responde a problemáticas que apasionan a todos los profesionales de la cuestión europea, pero que la mayoría de los ciudadanos no se plantea. En cambio, aquellas que verdaderamente le interesan –el contenido de las políticas comunitarias y, después de la guerra en Irak, la independencia de Europa–, fueron relegadas a un segundo plano durante los 16 meses de trabajo de la Convención1.

Al respecto, es significativo que de las cuatro partes previstas sólo dos estén “cerradas” definitivamente en el documento de la Convención aprobado en Salónica: la primera que se refiere a los objetivos, las competencias y las instituciones de la Unión, y la segunda que integra la Carta de Derechos Fundamentales proclamada en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 20002. La tercera, relativa a las políticas, y la cuarta, titulada “Disposiciones generales y finales”, seguirán siendo discutidas por la Convención, cuyo mandato se prolongó hasta el 15 de julio. Apostemos a que, con ayuda del período de vacaciones, se beneficien de una publicidad más reducida.

Esta manera de poner el carro delante de los caballos, de decidir el “cómo” y el “por qué” antes de haber decidido sobre el “qué”, no es inocente. De manera implícita postula que esta cuestión ya está resuelta en lo esencial y que la lógica profundamente liberal de los tratados previos (Acta Única, Maastricht, Amsterdam y Niza) sólo podrá modificarse marginalmente, en el mejor de los casos. Ahora bien, el problema lo constituye precisamente esta lógica, dado que se sabe que un 60% de las decisiones legislativas nacionales en realidad no son sino derecho comunitario derivado. En otros términos, cualquiera sea la mayoría política que acceda al poder en un determinado país, tiene una única opción: adecuarse a un orden liberal ya “santificado” por los tratados.

Para juzgar el balance de la Convención, y antes de interrogarse sobre las cuestiones enojosas, es preciso referirse al principal mandato que se le había dado: “¿Cómo hacer que los ciudadanos, y en particular los jóvenes, se interesen en el proyecto europeo y en las instituciones europeas? ¿Cómo estructurar la vida política y el espacio político en una Unión ampliada?”. El ejercicio parecía casi una misión imposible y no es de extrañar que se haya saldado con un enorme fracaso que la Conferencia Intergubernamental encargada de elaborar el texto definitivo del Tratado sobre la base de los trabajos de la Convención no podrá reparar.

En efecto, si bien las conclusiones de la Convención sólo la comprometen a ella misma, todo lleva a hacer creer que los diplomáticos de los 25 países que conformarán la Unión en 2004 no modificarán sus puntos clave: atribución de la personería jurídica a la Unión Europea; creación del cargo de Presidente del Consejo elegido por dos años y medio (lo que evitará las presidencias semestrales rotativas) y de un cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión; reducción a 15, a partir de 2009, del número de comisarios; nuevo método de cálculo de la mayoría calificada (mayoría simple del número de Estados, o sea 13 sobre 25, que al mismo tiempo representa un 60% de los aproximadamente 450 millones de habitantes de la Unión); extensión del procedimiento de decisión conjunta Consejo-Parlamento de 37 a 80 ámbitos.

En el dispositivo que acabamos de describir sumariamente, sería en vano buscar rastros de algún “acercamiento” con los ciudadanos o de una estructuración mejorada del espacio político europeo. Sólo dos medidas van en ese sentido: el derecho (artículo 1-46), que se le reconoce a un millón de ciudadanos de un “número significativo” de países a solicitar un “acto jurídico” a la Unión, lo que favorecerá las campañas de opinión transfronterizas, estimuladas por las redes europeas, como por ejemplo a propósito del impuesto Tobin y de otros impuestos globales; y la posibilidad (anexo II de la primera parte) para los Parlamentos nacionales (si lo solicita un tercio de los votos que les son asignados en el marco de una ponderación demográfica global) de obligar a la Comisión a reexaminar una propuesta que haya presentado (y cuyo monopolio conserva).

Esta cláusula permitirá que de vez en cuando los parlamentarios desempeñen un papel más activo que el de miembros de un registro que los procedimientos actuales les atribuyen: simple consulta previa a la decisión por parte del Consejo (o a la decisión conjunta Consejo-Parlamento) y posterior obligación de transcribir esta decisión en derecho nacional. Y eso, recordémoslo, para un 60% de las “decisiones” que deben asumir delante de sus electores. Como se ve, el balance democrático es ridículamente magro.

Primacía de la competencia

La Convención tenía el encargo de fundir en un único texto el contenido de los tratados previos, cuyo verdadero alcance para los ciudadanos franceses e incluso para los europeos fue bien definido por un fino conocedor: “Estamos en una economía mundialmente abierta, no existe ni regulación ni límite a la violencia de la competencia”. ¿Quién es el extremista que se expresa así, sugiriendo que la Unión no sirve para nada y que los objetivos declarados que figuran en el título I del proyecto de nuevo Tratado –“el pleno empleo y el progreso social, un elevado nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”– no lograrán concretarse a corto plazo? No es otro que Michel Rocard, presidente de la comisión de cultura del Parlamento Europeo3. Corriendo, como Jacques Delors, en ayuda del proyecto Raffarin-Fillon-Chérèque a propósito de las jubilaciones, y creyendo sin duda hacer lo correcto, el ex primer ministro socialista nos confirma que no se hace ninguna ilusión sobre la capacidad de la Unión (a la que su artículo no menciona ni una vez) para controlar o limitar la “violencia de la competencia”. Viniendo de un europeísta tan eminente, la admisión es muy importante, y desgraciadamente se corresponde con la realidad.

En efecto, la Convención mantiene a la competencia en la cima de la jerarquía en lo relativo a las normas de la construcción europea, después de dos décadas durante las cuales la Comisión utilizó dicha arma para sus ofensivas contra las empresas y los servicios públicos y a favor de “reformas estructurales” como la del régimen jubilatorio. La tentativa de algunos convencionales de otorgar a esos servicios (que la jerga de Bruselas denomina “servicios de interés económico general”) el status de objetivos de la Unión no sometidos a las reglas de la competencia fracasó rotundamente. Ni siquiera los servicios de interés general no comerciales, como la educación, la salud, la protección social, la vivienda social, son objeto de ningún reconocimiento formal.

Pero –dirán algunos– ¿el futuro Tratado no incorpora la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que en el Tratado de Niza sólo estaba anexada? Hablemos de esta Carta… ¡Qué adelanto, en este período de despidos masivos y crecimiento del desempleo, eso del “derecho a trabajar” o la “libertad de buscar un empleo en todo Estado miembro”!… Hasta el derecho a huelga que, no sin dificultad, fue inscripto en la Carta en el año 2000 se verá reducido a su mínima expresión: ¡el primer ministro laborista británico Anthony Blair exigió y obtuvo de la Convención que no se lo pueda invocar ante los tribunales nacionales! Por lo tanto, sólo se garantizará su ejercicio ante los órganos jurisdiccionales europeos y únicamente por y para los empleados de la Unión.

Otro intento de volver atrás sobre las disposiciones de los anteriores tratados, en un sentido más liberal: la política comercial común de la Unión. Mientras que la norma de la unanimidad se mantuvo para las decisiones en materia fiscal y para las cuestiones sociales candentes, lo que entre otras cosas permitirá a Londres y Dublín seguir practicando el dumping en esos dos ámbitos, es cuestionada para el comercio de los servicios culturales. En Niza, tanto la salud, la educación y la cultura como los servicios sociales, fueron excluidos de la generalización del paso a la regla de la mayoría calificada. La Comisión nunca aceptó estas derogaciones que le impiden tener las manos libres.

Para volcar a la opinión pública en contra del gobierno francés (el único que defiende esta “excepción cultural”), el comisario europeo Pascal Lamy –el “mimado” de los medios de comunicación– multiplica las declaraciones, sin siquiera respetar la veracidad de los hechos. Por ejemplo, pretende que en los Veinticinco existen mayorías potencialmente calificadas que rechazan la apertura total de los servicios culturales y audiovisuales, entre las cuales figuraría, en particular, España4. Ahora bien, es precisamente España quien vetó la inclusión de la “excepción cultural” en la futura Constitución, y él no lo ignora5. Esta sensible cuestión forma parte de las que deben decidirse antes del 15 de julio.

Las tesis atlantistas ganan terreno

Si no existe ningún avance social que pueda esperarse de la futura Constitución, siempre caracterizada por la más estricta ortodoxia liberal, ¿permite al menos la afirmación de una Europa autónoma frente a Estados Unidos? Si nos atenemos a los textos, la respuesta sería más bien “sí”. Frente a la realidad de la ampliación a 25 miembros, es obviamente “no”6. Por cierto, el proyecto de Constitución prevé un cargo de Ministro de Relaciones Exteriores que se expresará en nombre de la Unión. ¿Pero sobre qué mandato? Puesto que se requiere la unanimidad para definirlo, la política exterior común sólo podrá referirse a un número limitado de ámbitos. Esta regla de la unanimidad impide al menos el alineamiento puro y simple con Washington, inclinación natural y a veces voluntad declarada de la mayoría de los Veinticinco.

Como hecho positivo, también podemos señalar la posibilidad (artículo I-43) de establecer “cooperaciones reforzadas”, en particular en materia de defensa (lo que no preveía el Tratado de Niza). Teóricamente eso podría permitir, en la línea del encuentro entre dirigentes alemanes, belgas, franceses y luxemburgueses del 29 de abril pasado, crear un embrión de recursos defensivos europeos no supeditados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Pero los cerrojos están echados: son los Veinticinco en su conjunto los que conceden la autorización para una cooperación reforzada y se requiere al menos un tercio de ellos, lo que representa 9 miembros. Ahora bien, en la actualidad no se ven 9 miembros de la UE deseosos de liberarse de la tutela de Washington.

Muy por el contrario, las tesis estadounidenses que sirvieron de pretexto a la guerra contra Irak ganan terreno: el actual alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, acaba de elaborar una “doctrina de seguridad” para la Unión que retoma por su cuenta las prioridades de la Casa Blanca –lucha contra el terrorismo y contra las armas de destrucción masiva– y su doctrina, la “acción preventiva”. Por ahora, esta “acción” está prevista en un marco de negociaciones multilaterales, ya que las Naciones Unidas siguen siendo “el marco fundamental de las relaciones internacionales”. Pero, cuenta The Financial Times, algunos diplomáticos piensan que la versión definitiva de este texto “será consignada en un lenguaje mucho más vigoroso que podría mencionar la necesidad de un cambio de régimen e incluso de ataques preventivos”7. Si tal es el caso, del mismo modo que la Europa social es la que desean Margaret Thatcher y su legítimo heredero Anthony Blair, la Europa de la seguridad será también la de Blair, pero esta vez como comparsa de George W. Bush. En materia de Europa europea, se podía hacer algo mejor…

El proyecto de Constitución y los asuntos europeos en general no van a abandonar la actualidad en 2003 y 2004: Conferencia Intergubernamental hasta fines de 2003, ampliación a 25 el 1° de mayo de 2004, firma del Tratado entre esa fecha y las elecciones europeas de junio, sin duda ratificación en el otoño boreal de 2004 por medio de referéndum en muchos países. El día en que la gran mayoría de los ciudadanos comprenda que las decisiones tomadas en la Unión sobredeterminan las políticas nacionales, la conciencia europea habrá franqueado un umbral crucial. Pero en ese momento los liberales se expondrán a que la opinión pública deje de aceptar el asalto perpetrado con guantes de seda sobre una idea que merecía otro destino.

  1. “Une Convention européenne conventionnelle”, Le Monde diplomatique, París, julio de 2002.
  2. Anne-Cécile Robert, “Extraña política exterior de la Unión Europea”, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, diciembre de 2002.
  3. Michel Rocard, “Loi Fillon: les brutaux et les mollettistes”, Le Monde, 19-6-03.
  4. Le Monde, 20-6-03.
  5. Le Monde, 13-6-03.
  6. B. Cassen, “Europa, cada vez menos europea”, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, enero de 2003.
  7. The Financial Times, 21/22-6-03.
Autor/es Bernard Cassen
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 49 - Julio 2003
Páginas:16,17
Traducción Teresa Garufi
Temas Estado (Justicia), Políticas Locales, Unión Europea