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Medicamentos: ¿derecho o mercancía?

El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual referidos al Comercio de la OMC tiene entre sus efectos la globalización de los precios de los medicamentos, la ley de patentes y una situación en que millones de personas mueren por falta de medicamentos que les resultan inaccesibles. La concepción del medicamento como mera mercancía es incompatible con la promoción del derecho a la salud.

El problema del costo de los medicamentos, de extrema urgencia para los países en vías de desarrollo amenaza con afectar a todo el planeta en el transcurso de los próximos diez a veinte años. Incluso los países industrializados, cuya población está habituada desde hace casi cincuenta años a acceder sistemática y gratuitamente a los medicamentos necesarios, podrían ver reducirse este derecho como piel de zapa.

En efecto, ¿hasta qué punto los sistemas de salud de los países industrializados podrán seguir soportando el aumento del costo de reembolso ante la aparición, por ejemplo, de nuevos medicamentos contra las enfermedades cardiovasculares o el cáncer? Sin siquiera hablar de los tratamientos que se desarrollarán y se patentarán a partir de la investigación sobre el genoma humano –no obstante llevada a cabo gracias a fondos públicos1–, ni de las terapias vinculadas con el envejecimiento de la población.

En Estados Unidos, los programas públicos de asistencia a las personas mayores (Medicare) y a los pobres (Medicaid) estiman que el gasto nacional de salud pasará de 1,4 billones de dólares en 2001 a 2,8 billones de dólares en 20112. Durante el mismo período, el gasto en productos farmacéuticos debería triplicarse, para alcanzar 414.000 millones de dólares en 2011. En consecuencia, las compañías privadas deberán optar entre reducir las prestaciones o aumentar las primas. Y crecerá el abismo entre los que podrán financiar su salud y los que sólo accederán a una cobertura médica reducida.

Numerosos países europeos ya destinan a los medicamentos un porcentaje más elevado de sus gastos totales de salud que Estados Unidos, donde alcanza el 10%: 17% en Francia3, 16,3% en Bélgica, 17,1% en Grecia y 12,8% en Alemania. La tendencia es la misma en el conjunto de los países ricos: por ejemplo, en Canadá los medicamentos representaban en 2000 el 15,2% del presupuesto de la salud, contra 11,4% diez años antes4. Y en Japón se observan las mismas curvas.

El sistema de patentes

Desde 1995, año del nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el precio de los medicamentos se globalizó, en particular bajo los efectos de los ADPIC, un acuerdo comercial sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Sin embargo, pasaron tres años antes de que el sector de la salud “se despertara”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó entonces un informe que indica las posibles consecuencias de este acuerdo sobre el acceso a los medicamentos5. A este trabajo y a las inquietudes expresadas por numerosos países en vías de desarrollo se añaden rápidamente las campañas de movilización llevadas a cabo, en particular, por Médicos Sin Fronteras (MSF) y Oxfam.

En el año 2000, cuando 39 empresas farmacéuticas inician una demanda contra el gobierno de la República de Sudáfrica con el fin de oponerse a una ley sobre medicamentos inspirada en las recomendaciones de la OMS, la opinión pública se indigna. Después de una intensa campaña internacional de apoyo a la posición de Pretoria y de fuertes movilizaciones de la sociedad civil sudafricana –en particular a través de la Campaña para el Acceso a los Tratamientos (TAC)6–, el tema hace finalmente irrupción en la OMC el 20 de junio de 2001, por iniciativa de un grupo de países africanos. Siguen largos debates, que en noviembre de 2001 culminan en la Declaración de Doha, por la cual los miembros de la OMC afirman: el acuerdo sobre los ADPIC “puede y debe interpretarse e implementarse de manera tal que apoye el derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en especial, a promover el acceso de todos a los medicamentos”. ¡Frase tan evidente que hasta un niño en edad de razonar hubiera podido formularla!

La lógica del sistema –si se puede llamar lógica a este círculo sin salida– considera que la generalización del sistema de patentes (de una duración mínima de veinte años) impuesta por el acuerdo sobre los ADPIC es indispensable para permitir que las empresas farmacéuticas privadas sigan investigando. El argumento es el siguiente: la investigación cuesta cara, pero será financiada por las patentes que, al garantizar a las empresas farmacéuticas un monopolio, les permite mantener precios elevados.

Ahora bien, estos precios impiden que la mayoría de las personas que necesitan estos nuevos productos puedan procurárselos. Si bien hay que preservar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos, también es esencial que éstos puedan salvar vidas a partir del momento de su descubrimiento y no veinte años después… excepto que se perpetúe la absurda situación actual, en la cual millones de personas mueren por falta de medicamentos, que sin embargo existen y que la sociedad podría poner al alcance de todos.

En gran parte en manos del sector privado, la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos dependen del mercado potencial del producto, y no de las necesidades de salud de las poblaciones con menos recursos. En el transcurso de estos últimos veinte años, puede decirse que no se investigaron epidemias que afectan a millones de personas en los países en vías de desarrollo, como la enfermedad de Chagas, la leishmaniosis, la esquistosomiasis e incluso la enfermedad del sueño…

Aunque parecía que el anunciado desastre del sida iba a acelerar las cosas, el acceso a los medicamentos no deja de estancarse, como si no hubiéramos aprendido nada desde el inicio de la epidemia. En 1986 el director de la OMS, Horst Mahler, reconocía haber perdido casi cuatro años porque “no se había dado cuenta” de la gravedad de la situación. Enfrentado a estrategias e intrigas políticas complejas, su sucesor, el doctor Hiroshi Nakajima, se ve obligado a desmontar el Programa Global sobre el Sida (GPA) establecido por el carismático Jonathan Mann. Entonces, todo lo hecho es “arrojado por la ventana”, según palabras de un participante. Algunos años más tarde el doctor Peter Piot, responsable de ONUSIDA, el programa de las Naciones Unidas para la lucha contra dicha enfermedad, declara que la transición entre la OMS y ONUSIDA provocó otra pérdida de cuatro o cinco años…

Millones de muertes evitables

Esta lentitud persiste como elemento indisociable del problema; casi diez años después de la aparición en el mercado de los primeros tratamientos anti-retrovirales, el 99% de las personas que tienen acceso a ellos se encuentran en los países desarrollados.

En Doha, en noviembre de 2001, la reunión ministerial de la OMC dio un año de plazo a su Consejo –a propósito de los ADPIC– para encontrar una solución a lo que se llamó el “párrafo 6”: estudiar cómo los países que carecen de suficiente capacidad de producción de medicamentos pueden hacer uso de las “licencias obligatorias”, esos mecanismos jurídicos previstos por el acuerdo, que permiten en ciertos casos eludir el monopolio que confieren las patentes.

Fue un año de diálogos de sordos, sin resultado concreto… salvo demostrar que los negociadores perdieron conciencia de la gravedad de lo que está en juego7. Ya sabemos que este “párrafo 6” no era la respuesta a los males de la humanidad y el problema de los precios no es la única dificultad… La selección racional de los medicamentos autorizados para la venta en un país determinado, la existencia de mecanismos de financiamiento y el mantenimiento y desarrollo de sistemas e infraestructuras de salud confiables son otros tantos factores igualmente determinantes. Pero no pueden concebirse sin resolver la cuestión de los precios.

El acuerdo más importante de los últimos años tendiente a reducir el precio de los anti-retrovirales en los países en vías de desarrollo –la Iniciativa para Acelerar el Acceso (IAA)– permitió que el costo anual por paciente pasase de 12.000 dólares en 2000… a 420 dólares en 2003. Lanzado en mayo de 2000 por ONUSIDA en asociación con varios organismos de la ONU y cinco empresas farmacéuticas (Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Glaxo SmithKline, Merck & Co. y Hoffman La Roche), esta montaña parió un ratón: en 3 años, 80 países expresaron su interés; de estos 80 países, 39 desarrollaron planes de acción, de los cuales 19 llegaron finalmente a celebrar acuerdos con empresas. El número de pacientes que reciben anti-retrovirales en esos 19 países es inferior al 1%. En África eso concierne a un total de 27.000 personas, cuando el continente cuenta con 30 millones de seropositivos8.

Creado en abril de 2001 por iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el Fondo global de lucha contra el sida, el paludismo y la tuberculosis sólo recibió hasta ahora un 20% de las sumas necesarias… En China, donde las autoridades consideran que un millón de ciudadanos están infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), una empresa farmacéutica occidental ofreció, con gran apoyo publicitario, anti-retrovirales gratuitos durante un período de ocho años. Lástima que la “donación” sólo concernía a… ¡200 pacientes!

Todas estas iniciativas, aunque pudiesen superar las insuficiencias, no constituyen una solución a largo plazo, ni para los países en vías de desarrollo ni para los países desarrollados. En efecto, ¿cómo imaginar que el costo de los medicamentos pueda mantener de manera constante un aumento exponencial que exceda ampliamente el crecimiento del resto de la economía?

Es de esperar que la iniciativa internacional para lograr una vacuna contra el sida (IAVI) –que reúne empresas farmacéuticas (entre las cuales se encuentran los principales grandes laboratorios), laboratorios públicos y organizaciones no gubernamentales– tenga éxito rápidamente. La vacuna deberá ponerse a disposición del mayor número de personas al menor precio posible y cuanto antes: lo que, evidentemente, sólo se logrará mediante una solución ajena al actual sistema de patentes.

“¿A quién pertenece una carta? ¿A su remitente, al destinatario o al cartero, al menos durante su recorrido?” Así comienza El dueño de la herida, la última novela de Antonio Gala9. Uno de cada tres habitantes del planeta no tiene acceso a los medicamentos con regularidad y las tres cuartas partes viven en países en vías de desarrollo donde sólo se consume un 8% de la venta mundial de productos farmacéuticos. No obstante, la capacidad técnica y financiera para elaborar estos medicamentos existe. De los 10 millones de niños menores de cinco años que mueren anualmente, el 80% podría salvarse si tuvieran acceso a medicamentos esenciales. Lo único positivo del fracaso del “proceso de Doha” fue poner fin a las argucias jurídicas sobre las reglas internacionales de comercio, para situar de nuevo el debate a nivel ético. En los distintos medios involucrados la pregunta sustancial es la formulada por Antonio Gala: ¿A quién pertenece un medicamento vital: al que lo inventó, al paciente que lo necesita o al intermediario que lo compra y lo revende?

Durante dos años, el “proceso de Doha” opuso la salud al comercio y muchos debates en los foros internacionales trataron de determinar cuál de ellos ocupaba el primer lugar y qué excepciones sanitarias había que admitir. En la actualidad es evidente que el derecho a la salud es una cosa y la expansión comercial otra. La promoción del derecho a la salud implica garantizar el derecho a beneficiarse con los adelantos tecnológicos y el reconocimiento del valor supremo de la dignidad humana, principios reconocidos en numerosos tratados internacionales y aceptados por la inmensa mayoría de los Estados. En general, tanto las reglas del comercio como las de la economía deben contribuir al bienestar de la sociedad. Nunca constituirse en obstáculo para que una parte importante de dicha sociedad se beneficie con la riqueza y la prosperidad que el comercio, en principio, se presume puede aportar. La salud percibida como derecho fundamental constituye un bien colectivo que las autoridades públicas y sus instituciones deben proteger de manera activa. No hacerlo es aceptar una sociedad enferma. Después de la Declaración de Doha queda claro que si se considera al medicamento como simple mercancía, la salud nunca será otra cosa que una extensión del mercado, allí donde las curas y los tratamientos sólo estarán al alcance de los que disponen de suficiente poder adquisitivo.

De ahora en adelante hay que considerar al medicamento esencial como un bien público a escala mundial. Este cambio de perspectiva traerá aparejadas modificaciones sustanciales en varios niveles y de distinta naturaleza, a las cuales la comunidad internacional y las autoridades públicas deberán encontrar respuestas. ¿Es posible que un bien público a escala mundial sea patentable, es decir, que exista un monopolio de algunos en detrimento directo de millones de personas? ¿El objeto (medicamento) que hace posible el ejercicio de uno de los derechos fundamentales puede someterse a normas que obstaculizan el acceso de todos… durante un período de veinte años? ¿Bajo qué forma se organizarán la investigación y el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos, de manera tal que estén disponibles y sean de acceso inmediato para todos los que los necesiten? ¿Cómo reorientar la industria farmacéutica hacia objetivos compatibles con la mejora de la salud y la calidad de vida y no únicamente con la expansión económica y la ganancia? ¿Cómo garantizará la sociedad del mañana la producción a escala mundial de estos medicamentos? En los próximos diez años tendremos que responder a estas preguntas, y la mejor manera de prepararse es intentar desde ahora formularlas con claridad.

Estamos frente a un problema especialmente complejo en el cual intervienen protagonistas, intereses y discursos de naturaleza y origen muy diversos, que exigen un enfoque integral y multidisciplinario. Es necesaria una óptica que permita conciliar la legalidad internacional vigente y los ordenamientos jurídicos internos respectivos, y asimismo asociar el ejercicio del comercio al respeto de los derechos humanos. No hay respuesta inmediata que al mismo tiempo sea duradera. ¿Cómo podemos evitar que, como acontece con el sida, cada paso adelante parezca servir más para recuperar el tiempo perdido que para avanzar?

Algunos, como MSF, afirman que siendo la OMS “el único organismo intergubernamental internacional legalmente elegido para velar por la salud en el mundo, (…) debería trabajar en la elaboración de una agenda prioritaria de investigación y desarrollo” de todo futuro medicamento-bien público10. Tanto si se trata de la OMS como de un consorcio público internacional, estas prioridades en la búsqueda de nuevos medicamentos deberán fijarse en función de las reales necesidades de salud y no de las posibilidades del mercado.

¿Cómo financiar este gran emprendimiento? Además de las contribuciones e inversiones que numerosos Estados podrán aportar, el doctor James Orbinski –que en 1999 recibiera para Médicos Sin Fronteras el Premio Nobel de la Paz– lanzó la idea de crear un impuesto sobre las ventas mundiales de la industria farmacéutica para financiar una institución pública que tome a su cargo la investigación11. Una vía complementaria sería destinar una parte de los impuestos nacionales sobre el tabaco a un fondo público internacional, lo que permitiría la participación de países en desarrollo, garantizando así la investigación sobre enfermedades tropicales.

Más que de atacar a la industria farmacéutica o de señalar con el dedo a los opositores a esta industria, debemos intentar explorar las necesidades y, por qué no, inventar para el medicamento soluciones que permitan a los científicos investigar, a los industriales producir y a los pacientes curarse, de modo duradero. Seguir inactivos o inmersos en peleas estériles nos conducirá a crisis aun más graves –si eso fuera posible– que la actual pandemia del sida. Crisis ante las cuales no se podrá alegar sorpresa ni ignorancia.

  1. John Sulston, “El genoma humano, dominio público por excelencia”, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, diciembre 2002.
  2. S. Heffler, S. Smith, G. Won y otros. “Health Spending Projections for 2001 - 2011. The latest Outlook”, Health Affairs, Bethesda, marzo-abril de 2002.
  3. El 19 de abril (pleno weekend de Semana Santa), el Journal officiel anunció la disminución del índice de reembolso de 617 medicamentos, dado que los expertos consideraron como moderado el servicio médico prestado (SMR). Esta medida, aplicada a productos muy recetados por los médicos, provocó la reacción del presidente de la Caja Nacional de Seguros por Enfermedad, Jean-Marie Spaeth, quien reprocha al gobierno el haber tomado “una decisión estrictamente financiera” y médicamente injustificada. Le Monde, París, 23-4-03.
  4. “Eco-Santé OCDE 2002”, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, París, 2003.
  5. Germán Velásquez y Pascale Boulet, “Mondialisation et accès aux médicaments. Perspectives sur l´accord ADPIC de l’OMC”, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1999.
  6. Philippe Rivière, “Vivir con sida en Soweto”, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, agosto de 2002.
  7. James Love, “Los países ricos obstaculizan el acceso a los medicamentos”, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, marzo de 2003.
  8. Ver el estudio encomendado a Cheri Grace por la OMS, Ginebra, 2003, en vías de publicación.
  9. A. Gala, El dueño de la herida, Planeta, Madrid, 2003.
  10. Médicos Sin Fronteras, “Recherche médicale en panne pour les maladies des plus pauvres”, Ginebra, septiembre de 2001.
  11. Op. cit.
Autor/es Germán Velásquez
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 49 - Julio 2003
Páginas:32,33
Traducción Teresa Garufi
Temas Patentes, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Políticas Locales, Salud