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Recuadros:

¿Qué fue de los aportes jubilatorios?

El sistema de jubilación privada fracasó en Argentina. Los críticos del sistema en cuestión señalaron con insistencia 1 que era costoso para el Estado, nada beneficioso para sus afiliados y, además, insustentable en el tiempo, dadas las condiciones creadas por la política económica instaurada por el menemismo a fines de los ochenta. El reconocimiento del fracaso y la crítica al sistema se convirtieron, recientemente, en oficial, y el nuevo gobierno parece decidido a modificar la situación.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, sostuvo que el régimen previsional privado fue un fracaso y que “cualquier afiliado que hubiera puesto su dinero en una caja de ahorro tendría más dinero, sin haber pagado grandes comisiones. Y fracasó no sólo por eso, sino también por el impacto fiscal. Buena parte de la deuda pública, ‘megacanjes’ y ‘blindajes’, tiene que ver con el desfinanciamiento que produjo esa reforma”2.

Estas declaraciones, que erizaron a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), preludiaron el anuncio de que el gobierno de Néstor Kirchner revisaría el esquema vigente.

Los problemas de la jubilación privada pueden sintetizarse en cuatro puntos:

-fuerte pérdida de ingresos fiscales;

-caída de los aportes por el aumento de la desocupación;

-elevado costo para los aportantes;

-devastadores efectos de la colocación compulsiva de deuda pública en las carteras de las AFJP, decidida por Domingo Cavallo a fines de 2001.

Los costos del sistema

Como recuerda el ministro Lavagna en el reportaje citado, la creación del sistema de jubilación privado, o sistema de capitalización, ocasionó un inmediato desfinanciamiento fiscal, debido a que el Estado siguió pagando las jubilaciones y retiros del sistema público y además, en cuatro años, perdió unos tres millones de aportantes. También se privó de las contribuciones de las personas que fueron incorporándose al mercado de trabajo y que se anotaron en el sistema privado.

Según el Ministerio de Economía, el 65% del aumento de la deuda pública registrado entre 1995 y 2001 (57.400 millones de dólares), se debe a la pérdida de aportes jubilatorios que fueron al sistema privado3. Otra de las causas del desfinanciamiento del sector público es la reducción de los aportes patronales a la seguridad social (del 15% al 11% de los salarios), decidida por Domingo Cavallo en 1994. El entonces ministro de Economía sostuvo que de ese modo se fomentaría la contratación de personal, pero casi todos los empleos que se crearon fueron en el sector informal, donde no se pagan contribuciones. A ésto se agrega la evasión previsional, estimada oficialmente en 7.000 millones de pesos anuales.

Recapitulando: entre el pase de afiliados, la pérdida de contribuciones por la desocupación y la evasión previsional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejó de recaudar 75.400 millones de pesos/dólares entre 1995 y 2001. Cuando se llevó a cabo la privatización, el Ministerio de Economía había anunciado que la pérdida sería de 30.000 millones4.

Esa pérdida se calculó proyectando hacia adelante el aumento de la actividad de comienzos de la década del ’90. Sobre esta base, se afirmaba que el déficit del sector público sería cubierto en pocos años, a medida que se redujera el número de beneficiarios. Pero cuando el sistema entró en vigencia, en 1994, la economía ya sufría un aumento en la desocupación del 12%, que en 1995 superaría el 18% de la población activa, por lo cual los aportes para ambos sistemas se redujeron. A ésto se sumó que a causa del debilitamiento de la economía aumentaron el empleo “en negro” –por el que no se pagan contribuciones a la seguridad social– y la evasión previsional de los cuentapropistas.

Jubilaciones perdidas

El deterioro de los ingresos de los trabajadores provocó una caída en los aportes de los inscriptos:

-según la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, el número de afiliados al total del sistema jubilatorio aumentó de 6 millones en 1994 a 11,5 millones en 2002;

-el número de aportantes se mantuvo estable en unos 4 millones hasta 2001, cuando cayó a casi 3 millones, para volver luego a repuntar;

-en consecuencia, en 2002, el sistema estatal tenía 2,2 millones de inscriptos, de los cuales sólo aportaban 500.000, menos de la cuarta parte. Ese mismo año, el de capitalización contaba con 9 millones de afiliados, de los cuales aportaba exactamente la tercera parte5.

Esta situación ya está teniendo consecuencias: según la ANSES, debido a la falta de aportes por desempleo o evasión, actualmente el 32% de la población mayor de 65 años no tiene jubilación y, en pocos años, el 50% de los actualmente activos tendrán problemas para jubilarse.

También tendrá efectos en el futuro: en primer lugar, el Estado sufrirá un aumento del déficit previsional porque debe mantener los pagos establecidos, por mínimos que sean, con los aportes que recibe; dentro del sistema privado, el daño será percibido en forma directa por los afiliados, porque sus retribuciones están fijadas de acuerdo a su nivel de aportes.

Plata quemada

Las AFJP tienen la obligación de invertir el 90% de los fondos en Argentina, para que los aportes contribuyan a la formación de un mercado de capital nacional y no financien Estados o empresas del exterior. Esta decisión, racional desde el punto de vista macroeconómico, se convirtió en una trampa con la crisis fiscal y la caída del mercado accionario argentino.

En 2000 y 2001, a pesar de la crisis fiscal y de la evidencia de que los prestamistas internacionales ya no estaban dispuestos a seguir financiando al Estado, las AFJP siguieron comprando títulos públicos: en diciembre de 2000 los títulos públicos nacionales constituían el 50% de la cartera de las AFJP y a fines de 2001 llegaban al 75%.

En 2001, los siguientes rubros, que representan la casi totalidad de la cartera de las AFJP, tuvieron rentabilidad negativa: los títulos públicos nacionales, 46%; los títulos de Entes Estatales, 30%; Obligaciones Negociables, 17%; y Acciones, 25%. Sólo los plazos fijos tuvieron una rentabilidad positiva del 16%.

La caída de los títulos licuó los aportes depositados en las AFJP: el valor de los fondos privados creció desde 0 en agosto de 1994 hasta 22.000 millones de pesos/dólares a comienzos de 2001. A partir de allí, se estancó y comenzó a caer hasta unos 20.000 millones a fines de ese mismo año. Luego de la devaluación volvió a aumentar, medido en pesos, hasta 37.400 millones, por la transformación de los fondos en dólares a 1,40 pesos por dólar más el ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Hasta poco antes de la crisis, las AFJP informaban a los aportantes sobre la elevada rentabilidad de sus colocaciones y procuraban atraer clientes con ese argumento, pero no informaban que esa rentabilidad se estaba obteniendo colocando el dinero de los aportantes en títulos de cobrabilidad más que dudosa. A fines de 2002, el 40% de la cartera de las AFJP, con excepción de los títulos públicos, era de calidad insuficiente o mínima y el 60% de calidad entre intermedia y máxima.

La carga de las comisiones

Más allá de la evolución de las cotizaciones, los aportantes al sistema privado sufren un considerable recorte de sus aportes por el pago de comisiones a las AFJP. En las declaraciones ya citadas, el ministro Lavagna sostuvo que, hasta que estalló la crisis económica en diciembre de 2001, las AFJP habían recaudado 27.000 millones de pesos/dólares de aportes, pero en sus cuentas los afiliados tenían 20.800 millones. Según los cálculos del Ministerio, los 27.000 millones de los aportantes, invertidos en caja de ahorro, se hubieran convertido en 37.400 millones de pesos/dólares, un 80% más que los 20.800 que figuran en las cuentas.

En otros términos, gracias a que el Estado le dio a las AFJP la posibilidad de cobrar comisiones elevadísimas por sus servicios (originalmente el 3,3% del salario), éstas pudieron quedarse con casi la cuarta parte de los aportes recibidos. En noviembre de 2002 el ministro Roberto Lavagna redujo las comisiones sobre el salario que cobran las AFJP del 3,3% al 2,3%, lo cual superficialmente parecía una reducción de los costos de gerenciamiento de los aportes previsionales. Pero la realidad es otra. Según el citado estudio de la Superintendencia de AFJP, esa reducción fue financiada con una reducción en los costos operativos de las AFJP. Parte de esa reducción se obtuvo de menores gastos de comercialización, que se redujeron en términos absolutos pero aumentaron en relación a los fondos manejados por las AFJP. Por otra parte, se redujo la comisión que se cobra en concepto de prima por seguro de invalidez y fallecimiento, por lo cual las AFJP fueron autorizadas a reducir la cobertura ofrecida por ese seguro.

Además, la proporción de la capitalización de los aportes no aumentó: antes de noviembre de 2001, con un aporte obligatorio del 11% del salario y una comisión promedio del 3,3%, la capitalización llegaba al 70% del aporte. Con los cambios introducidos (reducción del 55% del aporte obligatorio y del 32% en la comisión) la capitalización del aporte se redujo al 54%6. Como el monto de la jubilación contratada con una AFJP varía según los aportes realizados, los cambios determinan una caída en la jubilación futura de los inscriptos en el sistema privado.

Cuando este sistema se creó, el gobierno menemista y el establishment justificaron la operación sosteniendo que en el sistema público el Estado se apropiaba del dinero de los trabajadores. La privatización no cambió las cosas: en 2001, como ministro de Economía del gobierno de la Alianza, Domingo Cavallo dispuso que las AFJP debían invertir los fondos de plazos fijos que vencían en Letras del Tesoro. Luego obligó a las AFJP a canjear el 60% de los títulos públicos nacionales que tenían en su cartera por Préstamos Garantizados.

Ésto fue presentado como un canje de “bonos basura” por pagarés con respaldo, pero en rigor se trató del pasaje de una deuda escriturada en títulos negociables en el mercado a activos que no pueden negociarse y cuyo cobro depende de la disposición y la capacidad del fisco para cancelar sus obligaciones.

El ministro Lavagna, ratificado en su cargo por el gobierno que asumió el pasado 25 de mayo, anunció que promovería la posibilidad de que los afiliados en el sistema de capitalización vuelvan al de reparto, lo cual generó el inmediato rechazo de las AFJP. Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo presentó un estudio realizado por expertos, en el cual se propone que todos los trabajadores aporten a una administradora privada, pero que el Estado se haga cargo del pago de pensiones por invalidez y muerte. También se acortaría la edad de jubilación y el Estado se haría cargo de una jubilación asistencial mínima.

Todavía no se puede saber qué destino tendrán las propuestas. Pero es desde ya significativo que el sistema jubilatorio sea criticado desde un gobierno y que comiencen a discutirse abiertamente programas de reforma.

  1. Jorge Beinstein, “El saqueo de las jubilaciones”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 1999.
  2. Clarín, Buenos Aires, 11-5-03.
  3. Informe del Ministerio de Economía. Citado por Ismael Bermúdez, Clarín, Buenos Aires, 14-5-03.
  4. Informe de la ANSES. Citado por Ismael Bermúdez, Clarín, Buenos Aires, 21-5-03.
  5. “El Régimen de Capitalización a ocho años de la Reforma Previsional”, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (www.safjp.gov.ar).
  6. Idem.

El experimento latinoamericano

Sevares, Julio

La avanzada mundial de la privatización integral del sistema jubilatorio tuvo lugar en un pequeño país de América del Sur, banco de prueba del modelo económico y social neoliberal desde los años setenta: Chile. En 1980 ese país fundó el sistema de pensión privado basado en la capitalización de fondos aportados individualmente. La legislación estableció que quienes se trasladaran al nuevo sistema tendrían una jubilación superior a la esperable en el sistema público y quienes decidieran permanecer en éste sufrirían un aumento en sus aportes. A partir de 1983 los ingresantes al mercado de trabajo, es decir, nuevos aportantes, debieron integrarse al sistema privado. México realizó también una reforma, siguiendo las pautas recomendadas por el Banco Mundial (BM), cuyas características favorecen al capital financiero.

El establishment argentino promovió en forma entusiasta la privatización del sistema jubilatorio, presentándola como una panacea social y económica. En su trabajo “Argentina: hacia una economía de mercado”, el Consejo Empresario Argentino y FIEL afirman que “la privatización no se refiere únicamente al campo de las empresas públicas. También resulta ineludible la transferencia al sector privado de la mayor parte del sistema previsional, como en el caso de Chile. Esta solución tiene por objeto encarar la crisis de incentivos que presenta el sistema actual, a la vez de canalizar una masa de ahorro hacia la privatización en un marco de capitalismo popular”1.

En la década del ‘90, el experimento de los fondos de pensión privados se extendió a unos 25 países. Los fondos de pensión privados y las bolsas formaron, en esos años, un círculo “virtuoso”: los fondos reunían dinero que invertían en las bolsas y el aumento bursátil inflaba los rendimientos de los fondos y estimulaba su difusión.

La caída bursátil iniciada hace tres años pinchó la burbuja y los fondos soportan pérdidas cuantiosas en los cinco continentes. En Estados Unidos, los fondos privados perdieron hasta ahora unos 300.000 millones de dólares; el sistema británico unos 160.000 millones2. La propia OCDE advirtió, en abril pasado, sobre el peligro que representaba la caída de las bolsas para los fondos de pensión y reprendió a las compañías que indujeron a sus empleados a invertir en fondos de pensión propios que, en algunos casos, como el famoso de Enron, perdieron la casi totalidad de sus activos3.

Pero a pesar de la fiebre de los fondos privados, en los países industriales la base de los sistemas jubilatorios sigue siendo estatal. Incluso en Estados Unidos existe un sistema público de reparto, creado como respuesta a la crisis de 1929, al que aportan más de 110 millones de personas y que paga a 40 millones de jubilados. Este sistema es complementado con fondos de pensión privados, generalmente de grandes empresas o sindicatos. Pero esta situación puede cambiar si avanza la iniciativa del presidente George W. Bush de privatizar el sistema de seguridad social estatal.

  1. Citado por Jaime Fuchs y José Carlos Vélez en Argentina de rodillas, Tribuna Latinoamericana, Buenos Aires, 2001.
  2. Mercado, Buenos Aires, mayo de 2003.
  3. El País, Madrid, 1-4-03.


Autor/es Julio Sevares
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 48 - Junio 2003
Páginas:6,7
Temas Estado (Política), Políticas Locales, Salud, Seguridad
Países Argentina