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Paraguay, una democracia en liquidación.

El 27 de abril último triunfó en las elecciones paraguayas Nicolás Duarte Frutos, candidato por el inamovible Partido Colorado, al que pertenecía el ex dictador Alfredo Stroessner. Este partido ha logrado mantenerse en el poder desde 1947, preservando las prácticas represivas de la dictadura, hoy funcionales a la lucha antiterrorista lanzada por los Estados Unidos, que tienen en la mira el área de la Triple Frontera.

Desde febrero de 2002, y con sólo trece años de vida, la “democracia” paraguaya está sumida en un folletín político-judicial macabro y estrafalario. Cuando María Edith Debernardini, esposa de un rico empresario, llevaba desaparecida varias semanas, los investigadores de los servicios de policía judicial explicaron que había sido víctima de activistas de un movimiento político de izquierda que optó por financiarse mediante secuestros. ¿Acaso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no proceden de esa manera?, agregaron.

Fueron acusados dos “sospechosos”, Juan Arrom, miembro dirigente del movimiento Patria Libre (fundado en 1990) y Anuncio Martí, periodista y militante del mismo movimiento. Una vez señalados, los dos desaparecieron, adquiriendo así el perfil perfecto de los culpables prófugos. Sus familias y los medios que cubrían el caso los encontraron in extremis, presos y torturados, en una residencia en las afueras de Asunción.

¿Por qué la policía hizo todo lo posible para impedir que las familias los encontraran? ¿Por qué el gobierno se empeña en convertir a Arrom y Martí en culpables, acusándolos de haber organizado su propio secuestro? Extenuado, con las marcas de la tortura aún visibles en sus muñecas, Arrom daría su versión de los hechos. “Me detuvo la policía. Quisieron implicarme, junto a mi movimiento, en un secuestro, y hacerme confesar una conspiración imaginaria contra el gobierno, de la que formarían parte Patria Libre y todos los demás partidos de la oposición. En el fondo, este método es ‘stroessnerismo’ puro.”

La naturaleza profundamente represiva del poder paraguayo, heredada de la época del dictador Alfredo Stroessner, salió así crudamente a luz. Cada día se hace más evidente que los dos hombres fueron víctimas del aparato represivo del Estado.

Una victoria amarga

Cuando todo el Cono Sur regresaba a la democracia, Paraguay pareció alinearse con sus vecinos: en 1989, Alfredo Stroessner, obligado a abandonar el poder luego de 35 años de reinado, dejaba tras de sí una de las dictaduras más negras y cruentas de la región. Por lo menos 150.000 personas habían pasado por las cárceles de la dictadura y se estima entre 1.000 y 3.000 el número de muertos y desaparecidos, en un país de 5,6 millones de habitantes1. Un régimen salvaje; tanto que los dictadores vecinos decidieron centralizar allí los archivos del Plan Cóndor2, por razones de seguridad.

Tras el alejamiento del viejo dictador, su propio partido (el Colorado, en el poder desde 1947, antes incluso de la presidencia de Stroessner) permaneció en la gestión pública. Desde entonces, la clase política prácticamente no se renovó. La corrupción, el clientelismo y el nepotismo siguen gangrenando todo el aparato del Estado: el presidente de la República en ejercicio hasta el próximo 15 de agosto, Luis Ángel González Macchi, es hijo del ministro de Justicia y Trabajo de la época de Stroessner…

Debido en gran parte a las traiciones y perfidias que jalonan la trayectoria del Partido Colorado, la agitación política posterior a 1989 da testimonio de las deficiencias de la democratización. La figura del general Lino Oviedo (quien había participado en la separación de Stroessner de su cargo), sobrevuela la vida política de los años ’90. Cuando en abril de 1990 este general intenta un golpe de Estado contra Carlos Wasmosy, primer presidente electo en cincuenta años, Paraguay es fuertemente reprendido por sus vecinos y socios del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay), quienes le reprochan constituir una amenaza para la democracia en la región. Esto termina de desacreditar a Paraguay –reino del contrabando y supermercado de armas– frente a la comunidad internacional.

La pulseada entre Wasmosy y el general Oviedo se agrava cuando el segundo es condenado a diez años de prisión por haber fomentado el golpe de Estado de 1996. Raúl Cubas, aliado político del potencial caudillo, es elegido Presidente de la República “en su lugar”. Ya en ejercicio, Cubas libera al general Oviedo. Esta sombría y patética lucha por el poder en un país donde la pobreza afecta a 2 millones de habitantes3 culminará con el asesinato de Luis María Argaña, vicepresidente de la República, aunque enemigo político de la dupla Cubas-Oviedo.

Una revuelta ciudadana y democrática estalla entonces, a fines de marzo de 1999. En el transcurso del “marzo paraguayo” (que pasó casi desapercibido en la prensa internacional), miles de personas, entre ellas muchos jóvenes, reclamaron la renuncia de Cubas. “Todos quisieron dar una nueva oportunidad a nuestro país”, recuerda Richard Ferreira, periodista del diario Última Hora. Para muchos, la rebelión de una parte de la población contra el gobierno y su aparato de seguridad es un hecho social histórico, tal vez un acto fundacional de una nueva democracia. “Las noches que todos los manifestantes pasaron frente al Congreso para defender la libertad, la democracia, la patria, a riesgo de perder la vida, fueron el gesto más importante de toda nuestra historia, porque la ciudadanía fue la protagonista principal”, agrega Ferreira. Siete personas resultaron muertas. Si bien Cubas renuncia y Oviedo se exilia, la victoria resulta amarga y de corta duración. Convertido en Presidente interino, González Macchi promete nuevas elecciones, que tendrán lugar el 27 de abril de 2003.

Pese a la revuelta de marzo de 1999, el régimen volvió rápidamente a sus antiguas prácticas: un conservadurismo agresivo en materia política y económica. Los desencantados del “marzo paraguayo”, miembros de la sociedad civil (jóvenes estudiantes, intelectuales, periodistas), militantes y sindicalistas, parecen ser el blanco de una ofensiva gubernamental destinada a reducirlos al silencio4.

La discreción de Paraguay en la escena internacional enmascara pues una oscura realidad: una represión aceptada por una población acostumbrada a callar desde hace décadas. Juan Arrom, el militante torturado de Patria Libre, afirma que el gobierno le hizo pagar su activismo, en especial con los campesinos sin tierra, en un país donde el 90% de la superficie cultivable está en manos del 10% de la población5. Para Arrom, la única forma de luchar contra lo que él denomina “el terrorismo de Estado” es “desmantelar el aparato represivo estatal, poner fin a la continuidad del sistema… De lo contrario, no hay verdadera democracia”.

Lucha antiterrorista

La concentración del poder político en manos de unos pocos, sumada a la conservación de su patrimonio financiero y económico, no constituye un fenómeno nuevo en América Latina. Pero si la defensa de los intereses privados de los poderosos utiliza métodos heredados de otra época, un fenómeno nuevo se perfila en Paraguay: el contexto internacional de lucha contra el terrorismo provee nuevas armas ideológicas al poder establecido. Para Eduardo Oreja, secretario general de la Central Nacional del Trabajo (CNT), “Paraguay forma parte plenamente del ‘esquema 11 de septiembre’; el poder criminaliza a todos los movimientos de oposición vinculándolos a una internacional terrorista. Al fin y al cabo, está de moda y es tan sencillo…”

En efecto, el combate contra el “eje del mal” lanzado por Estados Unidos tiene una particular resonancia en este rincón del mundo. En la región denominada “Triple Frontera” (las de Brasil, Paraguay y Argentina) residen muchos inmigrantes oriundos de Medio Oriente, en especial una importante comunidad libanesa. Hace años que la CIA sospecha la implantación del Hezbollah en la región, especialmente a partir de los atentados perpetrados en 1992 y 1994 en Buenos Aires contra la embajada de Israel y la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA). Después del 11 de septiembre de 2001, se estrechó la vigilancia en torno a Paraguay. Según Amnesty International, fueron detenidos diecisiete árabes residentes en la zona: todos –salvo uno, que fue expulsado– fueron liberados porque no se los pudo acusar de nada. En octubre de 2002, agentes del Departamento de Estado de Estados Unidos acudieron como refuerzo para dar cursos de “lucha antiterrorista” a los policías y militares paraguayos…

El movimiento campesino

Paraguay está pues en la mira de Estados Unidos, pero esta presión antiterrorista le viene como anillo al dedo a un Partido Colorado que lucha contra una oposición molesta, aunque frágil. ¿Qué más fácil, para desacreditar a un movimiento rebelde, que tratarlo de subversivo y criminal, de terrorista, mediante una maliciosa reducción que, dada su insistente aplicación por George W. Bush, ya no asombra a nadie? A nivel continental, rápidamente se hace la amalgama con las FARC colombianas. Además, el secuestro en Brasil del publicista Washington Olivetto, aparentemente perpetrado por el movimiento de extrema izquierda chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lleva agua al molino del gobierno paraguayo.

Para los sindicalistas de la CNT (que agrupa a 80.000 miembros, 80% de los cuales son campesinos), la represión política, asimilada al antiterrorismo, se combina con la imposición de un modelo neoliberal que aniquila toda alternativa propuesta por los trabajadores. El desarrollo económico del país parece no obstante estancado: la industrialización está en sus comienzos y los precios de las materias primas procedentes de la agricultura (en particular el algodón) están sujetos al mercado. El número de desocupados ronda el 50% de la población y el ingreso medio anual por habitante es de 1.550 dólares (en Uruguay asciende a 5.500 dólares)6.

El movimiento campesino, combativo y muy organizado, es la punta de lanza de las luchas sociales y también, lógicamente, la primera víctima del terrorismo de Estado al servicio de la defensa de los latifundios, cuyos intereses coinciden con los de la clase política en el poder. Para mantener el statu quo, el arsenal represivo va desde la limitación del derecho a huelga (dentro del marco legislativo) hasta la violencia lisa y llana. Es por eso que Eduardo Oreja celebró las repercusiones del caso Martí-Arrom: “Por fin se dan a conocer las prácticas del Estado. Hasta el momento, todo sucedía bajo cuerda; hay que saber que 72 campesinos militantes fueron asesinados desde 1989 y que otros 20 todavía están arbitrariamente presos”.

En 2002, los campesinos paraguayos movilizados volvieron a pagar caro su compromiso a favor de otro modelo económico. La batalla entablada en junio contra las privatizaciones reclamadas por los organismos financieros internacionales dejó como saldo numerosos muertos en las filas opositoras, alcanzados por disparos durante manifestaciones. Protestaban en especial contra la privatización de la compañía de telecomunicaciones Copaco y las irregularidades del procedimiento: un escribano amigo del presidente Macchi recibió 500.000 dólares, mientras que todos los trabajos de escritura están legalmente a cargo de la administración gubernamental.

¿Cuenta el pueblo paraguayo con los medios para reaccionar? Luego de la liberación de Arrom y Martí, en Asunción tuvieron lugar numerosas manifestaciones en su apoyo, pero nada que pueda compararse a una movilización general. El dificultoso acceso a la información y un temor aún perceptible (y justificado) a los servicios militares y policiales explican sin duda por qué los paraguayos prefieren decir que viven en un país “tranquilo”, lejos de la agitación que reina en los países vecinos y ocupa a menudo la primera plana de la prensa extranjera. El proceso de privatización está en suspenso, el caso sobre el secuestro de Arrom y Martí está “en curso” y el 11 de febrero el Senado rechazó un procedimiento de destitución que apuntaba a Macchi, blanco de múltiples acusaciones de corrupción7. En los cafés de la capital, las conversaciones siguen interrumpiéndose si algún policía amaga entrar. En tales condiciones, nadie debe sorprenderse de que el 27 de abril pasado haya sido electo presidente Nicanor Duarte, líder del inamovible Partido Colorado, en el poder desde hace cincuenta y seis años…

  1. No existen cifras oficiales sobre el “balance” de la dictadura. Las cifras citadas son las más verosímiles y toman en cuenta las distancias entre las distintas estimaciones.
  2. Pierre Abramovici, “’Opération Condor’, cauchemar de l’Amérique”, Le Monde diplomatique, París, septiembre 2001. También Stella Calloni, Los años del lobo. Operación Cóndor, Buenos Aires, Ediciones Continente. Reseña en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 1999.
  3. Resultados de una investigación basada en el informe 2002 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Última Hora, Asunción, 7-12-02.
  4. Luis Bilbao, “Crisis política en Paraguay”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2000.
  5. Comisión latinoamericana por los derechos y libertades de los trabajadores (www.cladehlt.org/nuestratierra).
  6. Comisión Económica para América Latina (CEPAL): www.eclac.org.
  7. González Macchi estaba acusado, entre otras cosas, de la desviación de 16 millones de dólares del Banco Central a una cuenta particular en Estados Unidos y de irregularidades en el intento de privatización de la compañía nacional de telecomunicaciones.
Autor/es Raphaëlle Bail
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 48 - Junio 2003
Páginas:14,15
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Ultraderecha, Estado (Política)
Países Paraguay