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Hong Kong en la morsa china

A seis años de su incorporación a China, Hong Kong ve afectada su economía por la crisis asiática de 1997-98. Tercer socio comercial de China y su principal inversor, esta relación de progresiva dependencia le hace ceder poco a poco en los terrenos de la justicia, la migración y las libertades de prensa y expresión. Los magnates de ambos lados y la burocracia política continental comienzan a imponer sus rglas de juego.

Seis años después de su retorno a la madre patria, el 1º de julio de 1997, y cuando el jefe del poder ejecutivo local, el armador Tung Chee Hwa, apoyado por Pekín y único candidato a su propia sucesión, iniciaba su segundo mandato, la mayoría de los habitantes de Hong Kong están gloomy, es decir, taciturnos. Pero contrariamente a las previsiones de una gestión autoritaria para después de la retrocesión de la ciudad, no hubo “confrontaciones políticas violentas, ni una verdadera represión política y, finalmente, bastante poca censura”1. El peligro vino de donde no se lo esperaba, de la economía, golpeada frontalmente por la crisis asiática de 1997-1998.

En julio de 1997, Hong Kong, transformado en Región Administrativa Especial por un lapso de cincuenta años, daba todavía pruebas de una salud financiera insolente. Séptima potencia comercial del mundo, séptimo mercado bursátil, quinto centro financiero con reservas monetarias valuadas en 65.000 millones de dólares2, este primer puerto de contenedores del mundo, con un ingreso promedio de 25.000 dólares por habitante –superior al de la antigua potencia colonial– es el eje económico regional incontestable en un mundo chino en plena expansión3. Interfaz obligada, por allí transita la mayor parte de las inversiones extranjeras hacia China, así como las exportaciones chinas.

La crisis asiática sacudió este edificio, provocando el derrumbe del mercado bursátil y quiebras en cascada, ataques especulativos contra la moneda, el estallido de la burbuja inmobiliaria sobre la que se asentaba la prosperidad del territorio y una caída correlativa del consumo. Aun cuando el retroceso se pudo detener gracias a las enormes reservas financieras, que permitieron desbaratar los ataques de los especuladores y proteger el tipo de cambio fijo entre el dólar estadounidense y el de Hong Kong, la caída de los precios inmobiliarios –del 60% con relación a 1997– y la desvalorización de los patrimonios, en un momento en que se debían reembolsar los créditos, trajeron consigo una postergación del consumo de bienes durables, a pesar de la persistente caída de los precios. La Bolsa permanecía inactiva. Era la deflación.

En valores nominales, el PBI no recuperó nunca su nivel de 1997, la tasa de desempleo alcanzó un pico inigualado de 7,4%; y el presupuesto, hasta entonces con excedente, comenzó a tener déficits crecientes4. Esta vulnerabilidad de la economía, demasiado sometida a los flujos internacionales de comercio y de capitales y demasiado dependiente de las exportaciones5, ¿podría encontrar su solución en una integración creciente con China continental, cuya economía progresa a pasos agigantados?

Ya desde 1995, más de la mitad de los 25.000 millones de dólares invertidos en China provenía de Hong Kong; el 80% de las grandes y medianas empresas del territorio implantaron fábricas, primero en la provincia limítrofe de Guangdong y luego en las demás provincias chinas, y los grandes tycoons (magnates industriales) como Li Kashing, Lee Shau Kee, Henri Fok6 y los hermanos Kwok invirtieron masivamente en infraestructura y en el ordenamiento urbano.

Por otro lado, 1.800 empresas del continente estaban ya presentes en el territorio de Hong Kong y los diferentes grupos de la familia de Deng Xiaoping, que cotizaban en bolsa, representaban un valor de 2.000 millones de dólares. Hong Kong se convirtió en el tercer socio comercial de China, con un 11% del intercambio, y China en el primer socio de Hong Kong, con un 40%. El Banco de China, segundo grupo bancario de la plaza, tiene el estatuto de banco de emisión. China Ressources, conglomerado originado en el Ministerio de Comercio Exterior, controla más de 200 sociedades. Y la China International Trust and Investment Corporation, dirigida por Larry Yung (hijo de Rong Yiren, protegido de Deng Xiaoping y vicepresidente de la República Popular en 1993), el más grande entre los hombres de negocios, que llegó a ser uno de los doce administradores del Jockey Club, es omnipresente. Tiene inversiones en el transporte aéreo (Cathay Pacific, Dragonair, Cargo Terminal), en la electricidad (China Light and Power), en las telecomunicaciones, en la distribución, el crédito, los negocios inmobiliarios, la franquicia de los túneles, etc. En resumen, en términos globales, China llegó a ser el primer inversor del territorio.

Por otro lado, con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), la “renta de situación” de Hong Kong como puerta de entrada al mercado chino se redujo cada vez más. Así, frente a un gobierno central que querría encerrar al territorio en un sistema económico regional centrado en el Delta de las Perlas, de fuerte crecimiento industrial, con un retorno al comercio de puerto franco, Hong Kong trata de mantener su rango de centro financiero de renombre internacional y sueña con un futuro de metrópoli high-tech. Pero además de la ventaja ya alcanzada por Singapur y Taipei en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que marca el camino es el principal proyecto en curso, el Cyberport, cuyo costo total es de 1.700 millones de dólares. La Pacific Century Cyber Works (PCCW)7, propiedad de “Mister Internet”, Richard Li, obtuvo el contrato en 1999 sin ningún proceso de licitación. Ahora acaba de entregarse su primer tramo: las oficinas y los departamentos dotados de cables y conexiones a internet están allí, pero no los clientes… salvo PCCW y las sociedades de su padre, Li Kashing.

Como centro financiero, Hong Kong vio surgir la amenaza de Shanghai, que desde hace unos diez años viene quemando etapas para tratar, a marcha forzada, de disminuir el retraso que tiene respecto de su rival, con el objeto de volver a alcanzar su rango de número uno en el mundo chino. Esta puesta en órbita es una decisión estratégica del poder político8 pero, incluso a un ritmo del 10% o el 12% de crecimiento anual, no cabe esperar que Shanghai alcance a Hong Kong antes de 15 ó 20 años. Tanto más puesto que en China la política crediticia sigue en estado embrionario y el sistema legal está lejos de ser confiable para la solución de los litigios comerciales. Entretanto, Hong Kong tiene la ventaja de tener un sistema bancario de muy buen desempeño, una gama de servicios financieros inigualada y un sistema jurídico inspirado en la common law, que funciona con jueces cuya independencia está garantizada por la Ley Fundamental de 1990. Pero ¿es posible afirmar que Hong Kong sigue siendo un Estado de derecho?

Derechos menoscabados

El artículo 2 de la Ley Fundamental estipula que Hong Kong “goza de un poder judicial independiente, que incluye el poder de juzgar en última instancia”. Un principio que resultó rápidamente empañado. El 12 de noviembre de 1998, Cheung Tse-keung, alias Big Spender, un notorio jefe de malhechores, juzgado en compañía de 35 seguidores, fue condenado a muerte por el tribunal popular intermedio de Canton por “secuestro, comercio ilegal de explosivos y contrabando de armas y municiones”. La justicia china se declaró competente por el hecho de que Big Spender fue detenido en China, aunque era residente permanente de Hong Kong, las víctimas eran de Hong Kong y los secuestros se realizaron en Hong Kong9. El gobierno de Hong Kong no dijo nada y el incidente acabó siendo muy grave, ya que Big Spender fue ejecutado a pesar de que en Hong Kong no existe la pena de muerte.

En el marco de la reunificación familiar, “todo niño nacido de un residente permanente de Hong Kong, aun cuando nazca fuera de Hong Kong, tiene derecho a la residencia”, estipula el artículo 24 de la Ley Fundamental. La Corte de Apelaciones pensó en un principio que bastaba con presentar un expediente directamente en la oficina de inmigración; pero, argumentando el riesgo de la fuerte presión sobre la economía que tal flujo podría acarrear (300.000 personas involucradas), el gobierno del territorio se dirigió al Comité Permanente de la Asamblea Popular China para que hiciera “una interpretación de la Ley Fundamental”.

El Comité decretó que los postulantes debían solicitar, en primer lugar, un certificado de salida del territorio ante las autoridades chinas, antes de presentarse en el departamento de inmigración de Hong Kong. Y en cuanto se presentó un nuevo recurso, la Corte de Apelaciones se inclinó ante la decisión del Comité…

También hubo amenazas sobre la libertad de prensa. El South China Morning Post, que había gozado hasta ese momento de una reputación de independencia, cedió después del despido de dos de sus periodistas estrella: el editorialista Willy Lam, en noviembre de 2000, por haber osado escribir que Pekín había persuadido a los tycoons de que apoyaran a Tung Chee-hwa, cuya popularidad había caído fuertemente, seduciéndolo con ganancias importantes en el continente; y luego Jasper Becker, el jefe de la oficina de Pekín, despedido en mayo de 2002 por “insubordinación”, porque ya no soportaba las maniobras del jefe de redacción encargado de la cobertura de China –un antiguo periodista del China Daily, periódico de lengua inglesa oficial de Pekín– que trataba de controlar su trabajo y de rechazar cualquier investigación sobre los conflictos sociales del nordeste de China. También hay que decir que el dueño del diario, Robert Kwok, es un magnate de origen malayo cuyos negocios en China son cada vez más prósperos.

Pero el atentado más grave a las libertades tiene que ver con la aplicación del artículo 23 de la Ley Fundamental. Después de negociaciones directas vinculadas con la renovación de su mandato de cinco años, Tung Chee-hwa decidió sancionar una modificación de este artículo, que le permitiría “prohibir cualquier acto de traición, de secesión, de sedición y de subversión respecto del gobierno central (las autoridades de Pekín), cualquier robo de secretos de Estado; prohibir a cualquier organización política o institución extranjera llevar a cabo actividades políticas en Hong Kong; y prohibir a cualquier organización política o institución de Hong Kong establecer vínculos con organizaciones políticas o instituciones del extranjero”.

Para guardar las formas, el 25 de septiembre de 2002 Tung Chee-hwa inició una consulta de tres meses a la opinión pública, antes de hacer validar la modificación por el Parlamento, a comienzos de 200310. La mayoría de los juristas está de acuerdo en que las leyes existentes bastan para sancionar ese tipo de actos; y las cuarenta organizaciones agrupadas en el Civil Rights Human Front ven en ella “un ataque contra la libertad de expresión, de información y de asociación, e incluso una amenaza a su propia existencia”. El tratamiento que hizo la prensa de las actividades separatistas en Tibet y en Xinjiang, e incluso la simple entrevista al presidente de Taiwan, podría ser considerada como “secesionista”; y la información sobre la actividad del movimiento democrático en China, como actividad “sediciosa”. Algunos sindicatos de Hong Kong podrían quedar prohibidos si los sindicatos independientes de China quisieran afiliarse a ellos.

Delitos de intención

Las consecuencias son decomisos y pesquisas sin autorización legal, penas de prisión de hasta siete años para las personas “que inciten a la violencia o al desorden público”, y prisión perpetua por “traición”. La ministra del Interior Virginia Hip afirma que no ve dónde puede estar el problema: “La simple expresión de puntos de vista no constituye un acto delictivo. Hay que examinar la intención, especialmente si ella consiste en incitar a los otros a cometer actos que pongan en peligro la seguridad nacional”11. Ya no se trata del acto, ¡sino de la intención! Una vez que la nueva legislación esté vigente, el gobierno chino podrá amordazar como quiera cualquier forma de oposición, argumentando que está “amenazado”.

Después de un primer momento de aparente apatía de la población, con la cercanía del plazo de vigencia se fue produciendo una toma de conciencia y el 15 de diciembre pasado más de 35.000 personas salieron a la calle, porque dos tercios de los habitantes de Hong Kong comenzaron a ver en ese proyecto de ley “una amenaza para las libertades”. Pero la comunidad internacional se mantiene extrañamente indiferente…

  1. “Les trois chances de développement de Hong Kong”, Perspectives chinoises, Hong Kong, N° 64, marzo de 2001.
  2. Un dólar estadounidense equivale a 7,8 dólares de Hong Kong (HK$).
  3. 40.000 empresas de Hong Kong se han mudado al Delta de las Perlas, una región limítrofe, empleando a 5 millones de obreros chinos.
  4. De 8.000 millones de dólares, según el South China Morning Post, Hong Kong, 28-9-02.
  5. Constituidas en un 88,5% por reexportaciones cuyos destinos principales eran el hinterland chino y Estados Unidos.
  6. Vicepresidente de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino en Pekín, uno de los símbolos de la alianza entre magnates y jerarcas del Partido comunista chino: la tercera parte de los 94 miembros del Comité encargado de preparar la devolución tenía fortunas de más de mil millones de dólares de Hong Kong cada uno.
  7. PCCW ha tomado el control del operador histórico, HK Telecom, gracias a un importante préstamo del Banco de China. Llevado por la ola de las start-up, las acciones saltaron a 28,50 HK$ en febrero de 2000, para luego derrumbarse a 2 HK$ en diciembre de 2001, lo que significó una pérdida neta ¡de 16.000 millones de dólares estadounidenses!
  8. Tanto Jiang Zemin, presidente de la República y ex secretario general del PCC, como Zhu Rongji, ex primer ministro, fueron alcaldes de Shanghai.
  9. Para la historia menuda, que puede ayudar a explicar la severidad de la decisión tomada, las dos personas raptadas eran Víctor Li, hijo mayor de Li Kashing (por el que se pidieron 1.300 millones de HK$ de rescate) y Walter Kwok (600 millones de HK$). Nadie se mete impunemente en el ámbito de los tycoons…
  10. De las 60 bancas del Legislative Council, sólo 24 están sometidas al sufragio universal (de las cuales 15 están ocupadas por el Partido Demócrata de Martin Lee y sus aliados); las otras 36 están reservadas a un Comité Electoral de seis miembros y a 30 representantes de asociaciones profesionales, entre los cuales los pro Pekín son amplia mayoría.
  11. South China Morning Post, Hong Kong, 28-9-02.
Autor/es Jean-Jacques Gandini
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 48 - Junio 2003
Páginas:32,33
Traducción Lucía Vera
Temas Estado (Justicia), Estado (Política), Migraciones, Periodismo
Países China