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La “gobernación” europea contra la soberanía popular

Términos como “sociedad civil” y “gobernación” 1, insertos en documentos de la Unión Europea (UE), como el del Consejo de Análisis Económico o el Libro Blanco de la Comisión de Bruselas, son la herramienta de una organización social y política que cuestiona los fundamentos mismos de la democracia constitucional y representativa: Estados mínimos donde se estrechan los márgenes del interés general y los espacios públicos a favor de intereses sectoriales.

Hay términos que se introducen insidiosamente en el léxico político sin que nadie les preste atención y sin que nadie los haya definido previamente. Sólo cuando ya se han fundido por así decirlo con el decorado se revelan como lo que fueron desde el principio: no simples palabras, sino elementos estructurantes de una construcción ideológica. Tal es el caso, entre otros, de dos expresiones aparentemente de uso múltiple, a las que los medios recurren continuamente: “sociedad civil” y “gobernación”.

Son pocos los ciudadanos que tienen una idea precisa de lo que es esa famosa “gobernación”, pero no vamos a agraviar a los decisores creyendo que emplean el término sin discernimiento. Una publicación reciente, aunque se podrían mencionar decenas, atestigua que forma parte de su reserva semántica común. Así, el Consejo de Análisis Económico, creado por el primer ministro francés Lionel Jospin, acaba de publicar en inglés una obra sacada de un coloquio organizado juntamente con el Banco Mundial (BM), sociedad que ya despierta suspicacias, cuyo título se traduce literalmente como “Gobernación, equidad y mercados globales”2. Vemos en qué campo de léxico se sitúa el concepto…

Otro alcance tiene el Libro blanco sobre la gobernación europea, que publica en julio la Comisión de Bruselas, al comenzar la presidencia belga de la UE, con vistas a ser adoptado por el Consejo Europeo en diciembre próximo. Si éste fuera el caso, este texto tendría implicancias formidables, dado que se trata nada menos que de revisar “el conjunto de normas, procedimientos y prácticas que afectan el modo como los poderes se ejercen a escala europea”, y esto en una gestión que “ocupa la zona intermedia entre el plus administrativo y lo todavía no constitucional”. Lo que se sabe de las discusiones da lugar a pensar que se trata de un cuestionamiento radical de las formas actuales y constitucionales de la democracia representativa y de una verdadera privatización de la decisión pública. Durante ese tiempo, los Parlamentos nacionales, evidentemente excluidos de la preparación de un documento que aspira a arrumbarlos, se entregan a sus ocupaciones corrientes…

Elegir el término “gobernación” no es fruto del azar, a tal punto el término tiene una historia pesada. Utilizada en francés antiguo (gouvernance) en el siglo XIII como equivalente de “gobierno” (el arte y la manera de gobernar), pasa al inglés (governance) en el siglo siguiente con la misma significación. Después cae en desuso. Su retorno se produce a fines de la década de 1980 en el discurso del BM, retomado por otras agencias de cooperación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La “buena gobernación”, explica Marie Claude Smouts, directora de investigación en el Centre Nationale de la Récherche Scientifique (CNRS) francés, es “una herramienta ideológica para una política de Estado mínimo”3. Un estado donde según Ali Kazancigil, director de la División de Ciencias Sociales, Investigación y Políticas de la Unesco, “la administración pública tiene la misión no ya de servir al conjunto de la sociedad, sino de proporcionar bienes y servicios a intereses sectoriales y a clientes/consumidores, con el riesgo de agravar las desigualdades entre los ciudadanos y entre las regiones del país”4. En suma, la vestidura institucional de los planes de ajuste estructural y del “consenso de Washington”5. En otro terreno, el de la empresa, la corporate governance, o “gobernación de empresa” es la nueva denominación de la dictadura de los accionistas, que lleva a despidos de conveniencia bursátil en firmas sin embargo prósperas.

Esta genealogía dice bastante sobre la gestión de la Comisión Europea, que disimula apenas sus objetivos. Su presidente Romano Prodi explica que “debemos dejar de pensar en términos de poderes jerarquizados, separados por el principio de subsidiareidad” y que “Europa sólo es administrada por las instituciones europeas, pero también por las autoridades nacionales, regionales y locales, y por la sociedad civil”6. En la curva de dos frases, nos enteramos de que el principio de subsidiareidad habría caducado, y de que la “sociedad civil” cumpliría funciones de administración que se creían reservadas al poder público. ¿Qué es esta sociedad civil a quien se pide auxilio? Es simplemente la esfera de los intereses particulares, como la definió Hegel oponiéndola al Estado: “En la sociedad civil, cada cual es un fin para sí mismo, todo el resto no es nada para él”. Pero una suma de intereses privados, aunque legítimos, no hace el interés general, mucho menos cuando algunos de esos intereses son más iguales que otros: entre la Mesa Redonda de los industriales europeos (ERT) que tiene sus entradas en las direcciones generales de la Comisión y que a veces redacta incluso sus proyectos de directivas, y una asociación o un sindicato que será escuchado cortésmente, la balanza no es igual.

“Legitimación”

Para engatusar a las asociaciones (a menudo abusivamente llamadas Organizaciones No Gubernamentales, ONG) la Comisión les reserva un rol a primera vista halagüeño porque supuestamente participarían en la elaboración de decisiones. Pero al comisario europeo Pascal Lamy, de quien se dice que Lionel Jospin lo escucha en lo que se refiere a asuntos europeos, se le va imprudentemente la lengua cuando afirma: “Las ONG y la sociedad civil pueden contribuir a la legitimación proporcionando diferentes canales de actividad, por ejemplo la movilización, la representación o simplemente un apoyo jurídico y técnico”7. Si se trata de “legitimación”, efectivamente se ha constatado que desde Seattle las instituciones multilaterales (FMI, BM, Organización Mundial de Comercio), lo mismo que la Comisión Europea, son presas de un frenesí de “diálogo” con la “sociedad civil”. Es de creer que sus funcionarios se vieron asignar una cuota mensual de encuentros con los movimientos sociales que los cuestionan. ¿El objetivo? No modificar las políticas que llevan adelante, sino “explicarlas” mejor, dado que la enumeración de las organizaciones beneficiarias de un público tiene valor de caución.

En las propuestas que se dispone a hacer la Comisión, como lo analiza un grupo de trabajo animado por funcionarios europeos escandalizados por la deriva antidemocrática de Bruselas, “el pueblo, entendido como conjunto de los ciudadanos, es el gran ausente. La gran paradoja de la ‘gobernación’ es que nos propone ampliar la democracia a la sociedad civil, cuando ésta es precisamente el conjunto de relaciones donde los individuos no son ciudadanos, sino simples vectores de intereses particulares. Sólo se es ciudadano si se es miembro de un pueblo soberano. Las prerrogativas que colocan a la ley, expresión de la voluntad del soberano, por encima del interés privado, son la única garantía (…) contra la desigualdad y el dominio de los más débiles por los más fuertes”8. La política asimilada a la gestión de una empresa cuyo único accionista es la globalización –término púdico para hablar de los mercados financieros y las transnacionales– constituye, según Lamy, el background intocable de la gobernación a la manera de Bruselas9. En este sentido, Silvio Berlusconi, que declaró que su gobierno se colocaría bajo el signo de las tres “i” (en italiano): inglés, informática, empresa, aparece ya como un precursor de la “gobernación”.

Se esperan con interés las reacciones de los elegidos de la nación ante un Libro Blanco que los pone fuera de circuito. La Comisión nos advirtió que trabajaba en “lo no todavía constitucional”. Es demasiado modesta, porque estando tan despojada de mandato popular como lo estarán los jefes de Estado y de gobierno que supuestamente adoptarán el Libro Blanco a fin de año, nos prepara en realidad un verdadero golpe de Estado de terciopelo.

  1. El término francés correspondiente es “gouvernance”, equivalente de “gobierno” en el siglo XIII, lo mismo que el inglés “governance”, y caído después en desuso, tal como explica el texto del artículo. Adoptamos “gobernación” porque, al menos en Argentina, se aplicaba a territorios cuyos gobernantes eran designados por el Poder Ejecutivo en lugar de elegir autoridades locales.
  2. Governance, Equity and Global Markets. The Annual Bank Conference on Development, Economics-Europe (bajo la dirección de Joseph E. Stiglitz y Pierre Alain Muet), Oxford University Press, Oxford, 2001.
  3. Marie-Claude Smouts, “Du bon usage de la gouvernance en relations internationales”, Revue internationale des sciences sociales, Unesco, nº 155, marzo 1998.
  4. Ali Kazancigil, “Gouvernance et science: modes de gestion de la société et la production su savoir empruntés au marché”, Revue internationale des sciences sociales, op.cit.
  5. Bernard Cassen, “A la sombra de Washington”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2000.
  6. “Donner forme à la nouvelle Europe”, discurso ante el Parlamento europeo, Estrasburgo, 15-2-00.
  7. Intervención en el seminario “Good governance in the public and the private sectors against the background of globalization”, OCSE, Bruselas, 30-1-01.
  8. Leer el notable documento elaborado por este grupo de trabajo, algunas de cuyas fuentes se utilizan aquí: “De la gouvernance ou la Constitution politique du neoliberalisme”, firmado por John Brown. Disponible en el sitio attac.org bajo la rúbrica “nouveautés”. Aparecerá próximamente en la revista española Vientos.
  9. Pascal Lamy, ibidem.
Autor/es Bernard Cassen
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 25 - Julio 2001
Páginas:11
Traducción Marta Vassallo
Temas Estado (Política), Geopolítica, Políticas Locales, Unión Europea