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Recuadros:

La privatización del poder

Las privatizaciones sirven para mucho más que gestionar servicios públicos, manejar empresas y captar ganancias: constituyen un modo de tomar, ejercer y mantener el poder. La Argentina de los ‘90, donde las privatizaciones jugaron un rol central y la venta de activos públicos significó establecer una relación de dominación sobre la sociedad y el Estado, es un claro ejemplo. Empresas a la defensiva ante Kirchner.

Advertía Hermann Heller, ya en 1934: "El liberalismo, al llevar a cabo, en el máximo grado posible, la privatización de la economía, conduce, en último extremo, también, a la privatización del poder político. El dominio de clase, basado en lo económico privado, se extiende luego a todos los demás campos económicos y políticos. Su máxima perfección se alcanza en la dominación del capital financiero" 1.

En la Argentina de los '90 varios grupos empresarios, nacionales y sobre todo extranjeros, compraron poder al apropiarse de los centros estratégicos que rigen a la sociedad. Esto les permitió ejercer el poder político de modo directo o indirecto, algo que se puede apreciar claramente en la fijación de la agenda social a través de los medios de comunicación que poseen o donde publicitan; en la financiación de instituciones académicas que legitiman sus acciones y forman cuadros políticos afines; en el manejo de las empresas que captan la renta nacional y son fijadoras de precios.

¿Qué mecanismos utilizan? El primer factor es la privatización de actividades básicas para el funcionamiento de la sociedad, que dejaron de estar regidas por el concepto de servicio público y se convirtieron en negocios puros y duros. La excusa de que por naturaleza el Estado no sabe administrar no se sostiene. Durante el neoliberalismo las empresas públicas funcionaron mal a causa de una política deliberada de tarifas muy bajas; porque se las obligó a endeudarse en dólares para sostener el tipo de cambio y, además, se les negó el seguro de cambio, otorgado al sector privado. En síntesis, se las degradó para venderlas más baratas y sin oposición. Puede afirmarse que existió una asociación ilícita de funcionarios sobornados, contratistas privados ávidos y sindicalistas venales. Lo que correspondía al interés nacional era sanear la empresa, no venderla.

Otro argumento es que para prestar un buen servicio basta con los mecanismos de control, y no es así: para que el servicio público prevalezca es necesario intervenir en el manejo de la empresa; no pueden controlar "reguladores" que no tienen información ni medios de acción o, peor aun, que en muchos casos responden a las empresas concesionarias.

Así, los dueños o concesionarios de las empresas privatizadas se quedaron con actividades vitales: el agua, la energía, las comunicaciones, el transporte, la química, la petroquímica, el acero, los bancos de desarrollo. El poder real no es el resultado de la voluntad popular, sino una construcción que utilizó la violencia política para imponer sus condiciones y la estructura económica para asegurar su permanencia en el tiempo.

El primer privatizador

Es probable que el caso argentino resulte único en el mundo, tanto por la cantidad y calidad de las privatizaciones como por el breve lapso de tiempo en que fueron hechas. El agua, a la empresa francesa Lyonnaise des Eaux-Dumez. En cuanto a la energía, el gas fue otrogado a Repsol-YPF, Petrobras y Techint. En electricidad, prevalecen Electricidad de Francia y Endesa de España. En petróleo se privatizó YPF y ahora el sector está dominado por un oligopolio cuyas principales empresas son Repsol-YPF y la brasileña Petrobras (antes Pérez Companc).

En telecomunicaciones existen cuatro grandes conglomerados, en su casi totalidad extranjeros, liderados por Telecom Italia/France Télécom, CEI Citicorp Holdings/Telefónica Internacional, Agea/Clarín y Bell South/Movicom. La privatización del correo fue un fracaso tal que hubo que reestatizarlo.

En transportes, Aerolíneas Argentinas después de varias vicisitudes pasó a ser de propiedad de la española Marsans. Los ferrocarriles se desguazaron (de 35.000 km de vías quedan 5.000). Se privatizó la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA).

Se privatizaron el Aeropuerto de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery y 31 terminales. También se privatizaron los caminos: a fines de 1990 se concedieron casi 9.000 kilómetros de rutas nacionales a 13 consorcios, integrados por los principales contratistas de obra pública.

Se privatizaron las empresas estatales de acero, las químicas y los complejos petroquímicos. En el sector financiero fueron privatizados la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el Banco Hipotecario Nacional y numerosos bancos provinciales, y se disolvió el Banco Nacional de Desarrollo.

¿Para qué sirvió todo esto? Ante todo, para privatizar el poder y alejarlo de cualquier posibilidad de transformación democrática. Esto implica el manejo por grupos oligopólicos privados de variables fundamentales de la economía: fijación de precios y tarifas; cantidad de los abastecimientos; transferencia de tecnología y suministro de información. Con estos instrumentos, esos grupos determinan quiénes se quedan con el excedente económico. Ya no son necesarios los golpes de Estado, basta con golpes de mercado (deuda, dólar, ahora tarifas).

Un ejemplo típico de cómo ejercen ese poder es la explotación petrolera; el costo del barril de petróleo en boca de pozo es de cerca de 12 pesos (4 dólares). Las empresas que lo extraen venden ese petróleo en el mercado interno argentino al precio internacional, que ahora supera los 40 dólares, como si fuera de importación 2. Se apropian así de la renta petrolera, que pertenece al Estado argentino y a su población presente y futura (no debe confundirse con el beneficio empresario, que está incluido en el precio del barril). Esta renta fue estimada en cerca de 6.000 millones de dólares anuales 3.

También controlan los abastecimientos. Como actúan sobre actividades sensibles para la población, disponen de un fuerte poder de extorsión: si no se les da las tarifas o precios que exigen, retacean o suprimen el servicio o los suministros. La reciente denuncia del presidente Kirchner es contundente: taparon pozos petroleros para presionar por la suba de precios 4.

Disponen de la tecnología, que es la de sus casas matrices, y no investigan en Argentina. Por otra parte, en varios casos monopolizan la información sobre sus actividades y le comunican al gobierno las cifras que les convienen, aunque sean falsas. En el caso del petróleo, el gobierno no sabe cuánto se extrae y cuánto se exporta (sólo existen las declaraciones juradas de las empresas); y los costos de la explotación petrolera y gasífera son secretos de las empresas.

Por supuesto, a las empresas privatizadas les fue muy bien. Entre 1993 y 2000, las 200 mayores empresas del país generaron utilidades por cerca de 28.500 millones de dólares, de los cuales el 57% correspondió a 26 empresas privatizadas; el promedio anual de la tasa de ganancia de estas empresas fue del 10,4% y el de las no vinculadas a las privatizaciones del 1,1,% 5.

En síntesis, para Argentina la experiencia ha sido mala y en algunos casos desastrosa: la provisión de agua tuvo fallas y no se hicieron las inversiones comprometidas; en petróleo se apropiaron de la renta, no exploraron y exportaron en exceso dadas nuestras reservas; en trenes, siguen las subvenciones y el muy reducido servicio que se presta es pésimo; en comunicaciones, las tarifas son altísimas; los concesionarios de aeropuertos no pagan el canon; los bancos extranjeros no devolvieron los préstamos en dólares.

Ahora la situación ha cambiado. Las empresas privatizadas pugnan por conservar sus privilegios, pero su situación es precaria y discutible. Dependen de un gobierno que no controlan. La creación de Enarsa, la empresa nacional de energía, puede marcar un hito en la revisión de lo actuado durante el decenio de 1990. Ojalá que de ese examen surja una afirmación de la soberanía nacional que renacionalice a la sociedad y reestatice al Estado.

  1. Hermann Heller, Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1955 (primera edición en alemán, 1934).
  2. Las refinerías pagan 28,50 dólares por barril a las empresas extractoras y le acreditan el saldo hasta el precio internacional en una cuenta especial.
  3. CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2001, Santiago de Chile, 2002.
  4. Página/12, Buenos Aires, 06-5-04
  5. Daniel Azpiazu, Las privatizaciones en la Argentina, Fundación OSDE-CIEPP, Buenos Aires, 2002.

Artículos publicados

“¿A quién defienden los entes?”, por Ruth Felder, Andrea López, Mabel Thwaites Rey.
Dossier: Régimen previsional, diciembre de 1999.
“El saqueo de las jubilaciones”, por Jorge Beinstein y Mario D. Lorenzo.
Dossier: Privatización de la red vial argentina, abril de 2000.
“El régimen de peajes (caros) no mejora los caminos”, por Daniel Batalla y José Villadeamigo.
“Autopistas que no son tales”, por Carol Abousleiman.
“¿Por qué se paga?”, por Carol Abousleiman.
“Ganar dinero endeudando empresas”, por Pablo Maas, mayo de 2001.
“YPF: otra privatización ruinosa”, por Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, julio de 2001.
“Aguas Argentinas, gran negocio y olvido del usuario”, por Naná Bevillaqua, agosto de 2001.
“Privilegios empresarios”, por Daniel Azpiazu, octubre de 2001.
“El negoción (privado) petrolífero”, por José A. Sbatella, octubre de 2001.
“Ferrocarriles en vía muerta”, por Félix Herrero y Elido Veschi, febrero de 2002.
“Fábricas sin obreros”, por Pablo Maas, septiembre de 2002.
“Presión de las compañías privatizadas”, por Mabel Thwaites Rey, julio de 2003.
“¿Qué hacer con las privatizadas?”, por Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, diciembre de 2003.


Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 60 - Junio 2004
Páginas:14,15
Temas Privatizaciones, Estado (Política)
Países Argentina