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Ola liberticida en Estados Unidos

Con la intención de acabar con el terrorismo las autoridades de Estados Unidos, apoyadas por el Congreso y la mayor parte de los medios de comunicación, están tomando una serie de medidas que coartan el mayor motivo de orgullo del sistema estadounidense: el respeto por las libertades individuales. Todo ciudadano que exprese críticas a las autoridades puede ser asimilado a un terrorista y privado de sus derechos.

Vivo a algunos cientos de metros del World Trade Center. Vi la explosión de la Torre Norte y la segunda colisión contra la Torre Sur. Vi cómo se derrumbaban los edificios. Los miembros de mi familia se salvaron por poco. En la escuela de mi hijo, un joven estudiante perdió a su padre y el profesor de gimnasia murió.

Todos queremos proteger a nuestros hijos, detener y castigar a los terroristas, evitar futuros ataques. Pero día tras día la guerra militar, financiera, jurídica, política y diplomática conducida por el gobierno de Estados Unidos sirve de pretexto para socavar las libertades y los derechos fundamentales. “Hay que abordar de otra manera las libertades públicas en tiempos de guerra”, explica el senador republicano Trent Lott. Sandra Day O’Connor, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos1, llega aun más lejos: “Vamos a padecer las restricciones a nuestras libertades personales más severas de nuestra historia”. Y en efecto, el gobierno acaba de crear un puesto ministerial para “la defensa del territorio nacional” (Homeland Defense Office).

La administración Bush implementó un plan tripartito para erradicar el terrorismo en el territorio nacional: además de la creación de la Oficina de Defensa del Territorio y los miles de interrogatorios y detenciones en curso, el Congreso acaba de votar nuevas disposiciones legislativas liberticidas.

Creada el 20 de setiembre de 2001, la Oficina de Defensa del Territorio, que constituye la primera parte del plan, tiene como misión centralizar la información, coordinar los esfuerzos y tomar las medidas necesarias para la prevención y la acción contra el terrorismo. Todavía no se conocen los detalles de su funcionamiento, pero se asienta en una concentración de órganos represivos del Estado tal que podría convertirse en una mega agencia de espionaje que daría a las fuerzas armadas impresionantes poderes policiales.

Segunda parte del plan: el ministro de Justicia John Ashcroft acaba de introducir una nueva reglamentación que permite la detención provisoria, sin prueba ni inculpación, de todo no-ciudadano estadounidense (alien) durante un “tiempo razonable”, es decir durante meses o incluso más tiempo2. El Federal Bureau of Investigation (FBI) se lanzó sobre la marcha a operaciones masivas de arresto e interrogatorio de sospechosos que presuntamente mantendrían conexiones terroristas. A la fecha –principios de octubre de 2001– se detuvo a más de 700 personas3, prácticamente todas ellas no-ciudadanas de origen oriental. Muchas estuvieron detenidas durante días sin poder tener acceso a un abogado y sin conocer los cargos que pesaban sobre ellas. La mayoría aún se encuentra detenida.

En la mayoría de los casos, si no en todos, no existe ninguna prueba de su eventual implicación en los atentados del 11 de setiembre. Algunas de ellas fueron detenidas por la sola razón de provenir de países como Pakistán. Muchos recibieron malos tratos. Como el estudiante pakistaní de veinte años, que fue detenido en el autobús que lo llevaba a la universidad por tener la visa vencida, y fue severamente golpeado por tres prisioneros blancos que lo amenazaron de muerte al tiempo que lo llamaban “Ben Laden”.

El FBI también investiga asociaciones presuntamente ligadas al terrorismo, como el grupo pacifista Women in Black (Mujeres de Negro) que lucha contra la violencia en Israel y en los territorios palestinos ocupados. En el transcurso de esta investigación, el FBI amenazó con apresar a todos aquellos que se negaran a entregarles información sobre este grupo. Como dijo uno de ellos, “si el FBI no sabe o no quiere distinguir entre las organizaciones que propagan el odio y el terrorismo y los activistas de la paz que luchan a plena luz contra todas las formas de terrorismo, estamos en serio peligro”4. Lo mismo que la Central Intelligence Agency (CIA), el FBI demostró a lo largo de toda su historia que no se contentaba con perseguir criminales y que se erigía en guardián de la ideología oficial. Todos aquellos que en uno u otro momento se opusieron a la política del Estado –militantes por los derechos civiles, opositores a la guerra de Vietnam o a las guerras del período Reagan, o aun, disidentes culturales– estuvieron en la mira de las operaciones de desestabilización del FBI.

Entretanto, como tercera parte del plan, las dos cámaras del Congreso votaron una nueva ley antiterrorista cuyo campo de aplicación es muy amplio y que entraría en vigencia en breve5. Pese a la oposición de una coalición de 120 grupos de derecha y de izquierda, unidos para la protección de las libertades políticas (Coalition to Protect Political Freedom), el texto, liberticida en grado máximo, sufrió tan sólo modificaciones menores y sus disposiciones más preocupantes permanecen intactas.

La nueva ley agrava sensiblemente el estatuto jurídico y los derechos de los no-ciudadanos. Fortalecida a partir del atentado terrorista de la extrema derecha en Oklahoma City en 1995, la legislación antiterrorista habilitaba al Estado a proceder al arresto, la detención o expulsión de no-ciudadanos sobre la base de acusaciones secretas. Ni la persona inculpada ni su abogado podían acceder al expediente. La nueva ley autorizará la “detención obligatoria” de todo no-ciudadano que el Ministro de Justicia haya calificado de “sospechoso de terrorismo”. Toda persona así designada corre el riesgo de ser encarcelada durante tiempo indeterminado, sin derechos reales ni recursos jurídicos. En el pasado, la “detención preventiva” estaba considerada claramente como anticonstitucional6.

Leyes anticonstitucionales

La antigua ley permitía expulsar a los no-ciudadanos que apoyaban la actividad terrorista. En la nueva ley, prácticamente toda “asociación”, sea cual sea, con “una organización terrorista” podrá dar lugar a este tipo de medidas. Contra las apariencias, esta disposición ataca peligrosamente el derecho de asociación establecido en la Constitución. La misma noción de organización terrorista es tan amplia y vaga que puede incluir movimientos de liberación como el Congreso Nacional Africano (ANC), grupos tales como el Ejército Republicano Irlandés (IRA), o aun asociaciones no-violentas de la sociedad civil como Greenpeace. Todo no-ciudadano que preste ayuda humanitaria o médica a este tipo de grupos o asociaciones, o que apoye materialmente su mensaje político, podría ser encarcelado por tiempo indeterminado.

La expansión de las escuchas telefónicas es un elemento clave de la nueva legislación. Antes del 11 de setiembre, estaban permitidas pero estrictamente reglamentadas y generalmente sólo se autorizaban en caso de presunto delito. La escucha ordenada por el juez debía estar limitada en el tiempo, a un número definido de números de teléfono y de tipos de conversación7. En 1978 fue introducida una excepción a estas reglas estrictas, para permitir al gobierno recurrir a escuchas en el marco de operaciones de información concernientes a gobiernos u organizaciones terroristas extranjeros8. Se instituyó un tribunal secreto para autorizar esas escuchas no justificadas por pruebas de acciones criminales. Su jurisdicción fue extendida para permitir que el FBI realizara en forma secreta sus pesquisas en las oficinas y domicilios privados o para obtener información confidencial, bancaria o de otro tipo. De hecho, el tribunal no fue más que una cabina de grabación de las investigaciones de las agencias de espionaje. En sus veintitrés años de existencia, autorizó más de 10.000 escuchas y nunca rechazó una investigación presentada por los servicios de información9.

De acuerdo con la nueva ley, el tribunal estará habilitado para autorizar escuchas y pesquisas secretas por delitos de derecho común. El FBI podrá así sortear las protecciones constitucionales. Por ejemplo, la ley permitirá autorizar escuchas de todo teléfono o computadora utilizados por un sospechoso. Se permitirá la lectura del correo electrónico antes incluso de que el destinatario lo reciba10. Se escucharán o leerán miles de conversaciones que no tienen nada que ver con el sospechoso ni con ningún delito.

El texto prevé también una extensión de los poderes de investigación y seguimiento: la utilización de agentes secretos para infiltrar organizaciones, penas de prisión más largas, vigilancia de por vida de ciertos detenidos que hayan purgado su pena, una extensión del campo de aplicación de la pena de muerte y una prolongación de los plazos de prescripción de la persecución de criminales11. La nueva ley estimula la delación al criminalizar a toda persona que no haya notificado al FBI una “sospecha razonable” acerca de alguien que estuviera a punto de cometer un acto terrorista. Los términos de ese artículo son tan vagos que permiten perseguir a cualquier persona, por inocente que sea, que tenga algún tipo de vínculo con un individuo sospechado de terrorismo.

Finalmente, funcionarios del Departamento de Justicia y del Comité Judicial del Senado analizan la posibilidad de crear un Tribunal Militar para juzgar a las personas implicadas en atentados terroristas, a puertas cerradas y con posibilidades de defensa reducidas12. En suma, la nueva legislación representa una de las mayores ofensivas contra las libertades en Estados Unidos desde hace medio siglo. Ella no dará más seguridad a los estadounidenses, pero los hará menos libres.

A todo esto se agrega la censura creciente. “La gente debe cuidar lo que dice y hace”, advirtió a principios de octubre el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer13. Y como repite el gobierno: “Usted está con nosotros o contra nosotros”. Cuestionar las prácticas y las políticas del Estado se convirtió en un acto antipatriótico. Los disidentes que se niegan al llamado a la guerra, o aquéllos que intentan examinar las causas subyacentes al 11 de setiembre no tienen ningún derecho a opinar y son castigados si por azar lo hacen. Para la administración Bush, toda crítica equivale hoy a justificar a los terroristas.

Un ejemplo es lo que sucedió cuando la escritora Susan Sontag cuestionó la idea según la cual el ataque del 11 de setiembre habría sido una ofensiva “contra la civilización y la libertad”14. Sontag prefirió considerar esta operación como la consecuencia “de ciertas acciones y alianzas específicas de Estados Unidos, la autoproclamada superpotencia mundial”. En los días siguientes, los medios la vituperaron furiosamente. La acusaron de ser “moralmente obtusa” y de formar parte “de la gente que odia a Estados Unidos”15. El tabloide neoyorquino The Daily News describió en estos términos a todos aquellos que intentan analizar los hechos con mayor claridad: “Rechacemos a los sesentistas, musulmanes radicales, franja extrema de la extrema izquierda, locos furiosos (…) que sólo el enemigo puede aprobar”16.

Autocensura de los medios

La autocensura de los medios e incluso de las organizaciones de centroizquierda marcha igualmente a buen ritmo. Los puntos de vista que se apartan del discurso oficial no aparecen y algunos periodistas fueron despedidos. Por ejemplo, una emisora radial echó a un conocido periodista por haber entrevistado al único miembro del Congreso que votó en contra de la guerra, la demócrata por California Bárbara Lee. Los canales de televisión no cubren las manifestaciones en contra de la guerra, y a propósito de una manifestación pacifista que reclamaba, no obstante, la persecución legal de los autores de los atentados, el New York Times tituló: “Manifestantes reclaman la paz con los terroristas”17.

Ya no está permitido criticar a los dirigentes estadounidenses, aun cuando la crítica no tenga nada que ver con la guerra. Dos grandes organizaciones ecologistas tuvieron que retirar su propaganda en contra de la política ambiental del Presidente. Una de ellas sacó incluso de su sitio web un ataque contra la política del alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, reemplazándola con un mensaje de apoyo. Asimismo, grupos de la prensa como el New York Times decidieron no publicar los resultados del recuento de votos efectuado por ellos mismos en Florida, estado controvertido durante la última elección presidencial. Estimaban que esto debilitaría la legitimidad del presidente George W. Bush.

Por su parte, la censura oficial es cada vez más abierta. El presidente Bush llegó a anunciar, antes de retractarse a los pocos días, que iba a limitar drásticamente las informaciones militares y de inteligencia a los miembros del Congreso. Ateniéndose a esta hipótesis, la Casa Blanca habría concentrado todos los poderes, perspectiva tan peligrosa como anticonstitucional. Hoy en día, nadie sabe si la información que reciben los legisladores es completa. La prensa recibe muy poca información y no consiguió el derecho de acompañar a las tropas estadounidenses al extranjero.

Pero el acto de censura más notable fue el pedido que dirigió la Casa Blanca a las cinco grandes cadenas de televisión de no difundir las declaraciones de Osama Ben Laden y sus asociados. Según explicaron las autoridades, sus mensajes contenían códigos secretos. Agregaron además que la Casa Blanca no quería hacer pública una propaganda que llama al asesinato de estadounidenses. Ninguno de estos argumentos tiene ningún sentido. Las declaraciones de Ben Laden llegaron al mundo entero, y por lógica, su difusión en Estados Unidos debería fortalecer y no debilitar el apoyo popular a la guerra. En cuanto a los códigos secretos, el Estado admite no haber encontrado ninguno. En cualquier caso, las cadenas estadounidenses se plegaron a los deseos de la administración.

Desde siempre Estados Unidos se enorgulleció de sus derechos constitucionales: libertad de opinión y libertad de prensa, particularmente importantes en tiempos de guerra, cuando un debate público vigoroso se vuelve esencial para la democracia. No es de extrañar que los gobiernos pongan en marcha soluciones policiales draconianas en períodos de crisis aguda. Esto ya sucedió en Estados Unidos y en otras partes. Pero la historia enseña que los momentos de histeria, de guerra y de inestabilidad son tiempos en los que sobre todo no hay que promulgar nuevas leyes que limiten las libertades y otorguen poderes aun mayores al Estado y a sus organismos represivos. La administración Bush aborda la guerra contra el terrorismo como una guerra permanente y sin fronteras. El peligro es que se convierta también en una guerra permanente contra las libertades.

  1. The Washington Post, Washington, 14-9-01, y The New York Times, New York, 29-9-01.
  2. En la ley estadounidense, se utiliza el término alien para designar a todo no-ciudadano, se trate de residentes permanentes, estudiantes o turistas.
  3. The New York Times, 14-10-01.
  4. Ronnie Gilbert, FBI Investigation of Women in Black, 4-10-01, en el sitio www.labournet.net/world/0110/wmnblk1.html.
  5. A partir de la unificación de las dos propuestas del Senado y la Cámara de Representantes, el Presidente debería poner su firma y la ley entrará en vigencia. La propuesta del Senado se titula “Uniting and Strenghtening America Act”, y la versión de la Cámara Alta “Patriot Act”.
  6. Un sospechoso no podía ser detenido sino después de una audiencia frente a un tribunal y si era considerado peligroso para la comunidad o susceptible de fuga.
  7. Estas limitaciones se asientan en la cuarta enmienda a la Constitución estadounidense que prohíbe pesquisas o confiscaciones sin autorización jurídica. Dentro de la ley, las escuchas son consideradas como una confiscación de conversación.
  8. Foreign Intelligence Surveillance Act (1978).
  9. Patric S. Poole, Secret Court: the Foreign Intelligence Surveillance Court, en el sitio http://fly.hiwaay.net/~pspoole/fiscshort.html.
  10. La nueva ley autoriza la utilización de sistemas como “Carnivore” que puede vigilar todos los correos electrónicos que pasan a través de un servidor de internet.
  11. Queda por saber por cuánto tiempo detentará estos poderes el gobierno. Algunos querrían insertar una disposición que haría expirar automáticamente estos poderes en cinco años. La administración Bush querría prorrogarlos indefinidamente.
  12. El País, Madrid, 16-10-01.
  13. Editorial de Los Angeles Times, 2-10-01.
  14. Le Monde, París, 18-9-01.
  15. Celestine Bohlen, en The New York Times, 29-9-01.
  16. Edición del 5-10-01. Agreguemos que el alcalde de Nueva York rechazó un cheque de 10 millones de dólares del príncipe saudita Waleed Ben Talal, porque este último había osado decir que Estados Unidos debería revisar su política en el conflicto palestino-israelí.
  17. The New York Times, 30-9-01.
Autor/es Michael Ratner
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 29 - Noviembre 2001
Páginas:14,15
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Terrorismo, Derechos Humanos, Estado (Política)
Países Estados Unidos