Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

El derecho a la alimentación vs. el Consenso de Washington

Mientras a través de la FAO la ONU consagró desde 1993 el derecho a la alimentación entre los derechos económicos y sociales, sustrayéndolo por consiguiente a la ley del mercado, el secretario general de la ONU Kofi Annan propuso en el Foro de Davos de enero de 1999 un Pacto Global entre las empresas transnacionales y la ONU, pacto sobre cuya implementación la ONU no ejerce sin embargo ningún control.

Todo el mundo conoce las cifras del horror. Durante el año 2000, treinta y seis millones de seres humanos murieron de hambre o de sus consecuencias inmediatas (enfermedades causadas por carencia de sustancias vitales, desnutrición infantil, etc.). Sin embargo, con la actual capacidad de producción agrícola el planeta podría alimentar sin problemas a 12.000 millones de personas. Y somos apenas la mitad… Alimentar sin problemas significa: nutrir a cada persona con 2.700 calorías diarias.

Por lo tanto, las hecatombes del hambre no obedecen a ninguna fatalidad, sino a un verdadero genocidio. Josué de Castro escribía hace ya medio siglo: “Quien tiene dinero come. Quien no tiene, muere o se vuelve inválido”1. Detrás de cada víctima del hambre hay un asesino.

Sin embargo, las Naciones Unidas (ONU), las organizaciones no gubernamentales y los Estados “civilizados” reaccionan de manera diametralmente opuesta a ese genocidio silencioso. En efecto, se enfrentan dos posiciones.

Durante la Conferencia Mundial por los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, los Estados de todo el mundo proclamaron los derechos económicos, sociales y culturales. Desde entonces, los mismos se agregaron de manera complementaria, equivalente y universal, a los derechos cívicos contenidos en la declaración de 1948. Entre esos nuevos derechos, aceptados por todos los Estados, salvo por Estados Unidos, el derecho a la alimentación figura en primera línea. ¿Cómo definirlo? Se trata del derecho a acceder de manera regular, permanente y libre, ya sea directamente o indirectamente, dinero mediante, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, correspondiente a las tradiciones culturales de la población de origen del consumidor, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustia, satisfactoria y digna2.

Confirmado por la Cumbre alimentaria mundial de 1996 organizada por la FAO (Organización de la ONU para la alimentación y la agricultura), el derecho a la alimentación implica una ruptura epistemológica: hasta ahora la producción, la distribución, el transporte, etc., de los alimentos en el mundo, dependía exclusivamente del mercado. Una bolsa de arroz, un litro de leche o un quintal de trigo, eran considerados como mercancías iguales a las demás. Estaban exclusivamente supeditadas al libre mercado capitalista. Por otra parte, hasta ahora, es la Bolsa de materias primas agrícolas de Chicago (Chicago Commodity Stock Exchange) la que fija cada día hábil el precio de los principales alimentos. Seis sociedades transcontinentales del rubro agroalimentario y de las finanzas dominan esa Bolsa. Los precios que ella elabora cada día son en general el fruto de complicadas especulaciones sobre los contratos a término, las pirámides de derivados, etc.

Ahora bien, visto el número creciente de víctimas de la desnutrición y el hambre, la mayoría de los Estados considera que ya no se puede dejar la distribución de alimentos en el mundo librada al juego de la oferta y la demanda; a pesar de la ayuda humanitaria de urgencia que periódicamente brindan a las víctimas y a los olvidados del mercado las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales: Programa Alimentario Mundial (PAM); Unicef; Acción Contra el Hambre, etc. En abril de 2000 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU encargó a un especialista la redacción de la nueva norma del derecho internacional y la presentación de propuestas para hacerla efectiva3.

Pero Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y las principales sociedades transcontinentales privadas, oponen al derecho a la alimentación el “Consenso de Washington”4. Éste contiene cuatro preceptos inmutables que se aplican en todo el mundo, en cualquier periodo de la Historia, a cualquier economía y en cualquier continente: privatizaciones, desregulación, estabilidad macroeconómica y compresión presupuestaria. El Consenso es, en realidad, un conjunto de gentleman agreements elaborados a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 entre las organizaciones financieras internacionales y la Reserva Federal estadounidense, dirigido a suprimir gradualmente las medidas regulatorias impuestas por los Estados a los mercados financieros y a obtener, en definitiva, la liberalización total de esos mercados5.

Consecuencias catastróficas

Para los funcionarios del FMI, de la OMC, del Banco Mundial y del Departamento del Tesoro estadounidense, el Consenso de Washington constituye actualmente el alfa y el omega, la Ley y los Profetas. Determina sus acciones diarias. Sus preceptos indiscutibles fundamentan la doxa monetarista. Para los pueblos del Tercer Mundo, las consecuencias de esa oposición entre el derecho a la alimentación y el Consenso de Washington son catastróficas. Las instituciones de Bretton Woods, la OMC y el Tesoro estadounidense disponen de un poder de coacción y de un poder financiero infinitamente superior a los que manejan la FAO, el PAM, la Unicef, la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Tomemos el caso de Níger, segundo país más pobre del mundo según el índice de desarrollo humano del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) del año 2000. Habitado por algunas de las más maravillosas civilizaciones de la humanidad –Hausa, Djerma, Tuareg, Peuhl– ese país se extiende sobre 1,7 millones de kilómetros cuadrados. Pero sólo el 3% de sus tierras es cultivable. Luego de dos golpes de Estado militares en diez años, ahora las instituciones democráticas parecen sólidas. Pero ocurre que actualmente dos flagelos castigan a Níger: el FMI y el déficit alimentario. La cosecha de 2000 fue mala y el déficit de existencias supera las 160.000 toneladas de mijo. El gobierno de Hama Amadou logró, a fuerza de incansables trámites ante los organismos internacionales y ante los Estados occidentales y Japón, compensar aproximadamente el déficit alimentario. Por ahora, nadie murió de hambre. Pero al mismo tiempo el FMI impone a Níger –cuya deuda externa supera los 1.600 millones de dólares– un programa de ajuste estructural draconiano y un programa de privatizaciones y de liberalización a ultranza.

Gracias a la calidad profesional de sus criadores y a la particular composición del suelo (rico en sal mineral), el país posee manadas de vacas, ovejas y camellos célebres en todo el África saheliana. Una gran parte de los veinte millones de cabezas de ganado de todo tipo se exporta a los sultanatos del norte de Nigeria, a Bamako (Malí), a las grandes ciudades de la costa atlántica. El ganado constituye una fuente de ingresos esencial para millones de familias. No obstante, la privatización del Servicio Nacional de Veterinaria genera nefastas consecuencias. Muchos criadores ya no pueden pagar los precios exorbitantes de las vacunas, las vitaminas y los antiparasitarios, fijados por los comerciantes privados. A la vez, ya no existe ningún control de la validez de esos productos veterinarios. Niamey, la capital, se halla a unos mil kilómetros de los puertos del Atlántico (Cotonú, Lomé, Abidjan). Muchas veces los comerciantes colocan en el mercado vacunas y medicamentos vencidos: los animales mueren y las familias quedan en la ruina.

La privatización rampante amenaza también al Servicio Nacional de Productos Alimenticios de Níger (ONPVN). El ONPVN posee una flota de camiones particularmente eficaces, conducidos por choferes experimentados. Pero en el inmenso territorio nacional existen 11.000 aldeas y campamentos permanentes, muchos de ellos de difícil acceso. Hasta ahora, el ONPVN garantizó el transporte de semillas y de ayuda de urgencia durante los períodos de hambruna a casi todas las aldeas afectadas. En adelante esos servicios se ven amenazados, y sociedades de transporte privadas están comprando los camiones. Como es normal, éstas funcionan según el criterio de rentabilidad monetaria. Si un chofer hace correr el más mínimo riesgo a su camión al circular por una ruta de tierra en mal estado, es inmediatamente despedido. Resultado: hay muchas aldeas que quedan desabastecidas.

Por último, la OMC exige, con razón, que no se exporte ningún animal desde una región afectada por una epidemia o por un foco infeccioso. Pero bajo el férreo régimen del FMI, al que el gobierno de Níger está totalmente entregado, ya no existe un laboratorio central digno de ese nombre, capaz de suministrar a los criadores los certificados de no-contaminación. Sin embargo, en el mercado semanal de Belayara los comerciantes nigerianos, benineses y malíes compran esos animales. Utilizando hábilmente la falta de certificados logran regularmente hacer bajar sus precios.

Lo que ocurre actualmente en Níger se reproduce con algunas variantes en Guinea-Conakry, en Mauritania, en el Chad y en otros lugares del inmenso Tercer Mundo. Los programas de ajuste estructurales impuestos por el FMI tienen consecuencias negativas sobre la situación alimentaria y social en la mayoría de los países. La importante organización no gubernamental (ONG) inglesa Oxfam, investigó al respecto el programa impuesto a Zambia a comienzo de los años 1990. Su balance señala: “El producto nacional bruto no aumentó desde 1991. La estabilización económica no se logró. El ingreso per cápita retrocedió y el 70% de la población vive actualmente en una extrema pobreza”6.

En lo que concierne al desarrollo, la ONU vive en plena esquizofrenia: durante los meses de verano se reúne en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), encargado de mantener la coherencia y la coordinación entre todas las acciones de ayuda y de inversión de las distintas agencias de la ONU. A esas reuniones asisten todos los directores y directoras de las organizaciones especializadas, “programas”, fondos y agencias de la ONU. Pero el FMI y el Banco Mundial, que –a diferencia de la OMC– forman parte de la ONU, luchan por el funcionamiento más eficaz posible del mercado financiero más libre posible, y de hecho recusan el derecho a la alimentación. Esas organizaciones constantemente reducen a nada los débiles avances en materia de desarrollo humano obtenidos en los países del Sur por la Unicef, la FAO, el PAM, la OMS y otras agencias.

¿Hay que responsabilizar de ello, como lo hacen varios autores –fundamentalmente Joseph Stilglitz7– a la falta de dirección política de la ONU? Nada parece indicarlo. Con valentía y determinación, el actual secretario general, Kofi Annan, hace lo que puede. Pero, ¿cómo oponerse al poder acumulado por las oligarquías financieras transcontinentales y por sus mercenarios de las Instituciones de Bretton Woods y de la OMC? Kofi Annan es un decidido partidario del derecho a la alimentación, pero parece haber abandonado toda esperanza de poder reformar el Banco Mundial y el FMI, de enfrentar a la OMC o de hacer entrar en razón al departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Decidió entonces dirigirse directamente a los dueños del mundo, a quienes propuso firmar un “Global Compact”, un Pacto Global entre ellos y la ONU. Fue el 31 de enero de 1999 en el Foro Económico Mundial de Davos, cuando presentó por primera vez esa idea. El Foro reúne anualmente a los directivos de las mil sociedades transnacionales más poderosas. Para ser admitido en el “Club de las mil” (ese es su nombre oficial) hay que manejar un imperio bancario, industrial o de servicios cuya facturación anual supere los mil millones de dólares. El “Pacto Global” contiene nueve principios. En el documento oficial, redactado por los servicios del Secretariado General, cada uno de esos principios cuenta con una exégesis explicativa. Se refieren a la protección del medio ambiente; del empleo; de las libertades públicas; la justicia social; las relaciones Norte/Sur, etc.

En el búnker donde se realiza el congreso, situado en el centro de la pequeña ciudad suiza, ese glacial mes de enero Kofi Annan pidió a los dueños del mundo “que aceptaran y pusieran en marcha”8 el Pacto Global. Les solicitó que aplicaran en sus actividades cotidianas los principios evocados, y que apoyaran su ejecución por parte de las colectividades públicas y de los Estados.

El discurso del Secretario General es una variante contemporánea de la utopía popular de la pradera donde pacen juntos el cordero y el lobo. ¡En Davos, los grandes señores quedaron maravillados! Durante varios minutos aplaudieron de pie al Secretario General y a su Pacto. ¡Y con razón! Cada sociedad firmante tiene derecho a hacer figurar en todos sus prospectos, documentos, envíos publicitarios, etc., el logo blanco y azul de la ONU, lo que vale oro en términos de relaciones públicas y de marketing. Entre los firmantes figuran las principales empresas transnacionales de la alimentación. Ni el Secretario General de la ONU ni nadie ejerce el más mínimo control sobre la aplicación en la práctica de los principios del Pacto Global por parte de las empresas transnacionales que adhieren al mismo.

¿Cómo terminará el combate entre el derecho a la alimentación y el “Consenso de Washington”? Nadie lo sabe. Pero la movilización y la participación en la batalla de la nueva sociedad civil planetaria serán determinantes en su desenlace.

  1. Josué de Castro, Geopolítica del hambre, Ed. Granada, Madrid, 1972.
  2. Observación general Nº 12 al artículo 11 del Pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales, doc. ONU HRI/GEN/I/Rév. 4, 07.02.2000.
  3. Resolución N° 20000/10, del 27-4-2000, 56ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, 2000.
  4. Moises Naim, “Avatars du Consensus de Washington”, Le Monde diplomatique, París, marzo de 2000.
  5. Para una exégesis del Consenso de Washington, ver “A la recherche d’alternatives – Un autre monde est-il possible?”, Alternatives Sud, vol. VIII, 2001, Nº 2, Centre tricontinental, Universidad de Louvain-la Neuve, L’Harmattan, París, 2001.
  6. Oxfam, Liberalisation and poverty. An Oxfam research project, Londres, 2000. Appendix B: Zambia.
  7. Joseph Stilglitz, in New Republic, Nueva York, 4-6-2000.
  8. El texto original en inglés es más explícito: “to embrace and to enhance”.
Autor/es Jean Ziegler
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 29 - Noviembre 2001
Páginas:31,32
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Neoliberalismo, Derechos Humanos, Justicia Internacional, Estado (Política), Salud