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Recuadros:

Parábola trágica del sandinismo

Revolucionarios y contrarrevolucionarios de los años ´80 comprobaron en la década siguiente que todas sus creencias y esperanzas se transformaron en escepticismo y desencanto, al compás de la corrupción de las dirigencias de uno y otro bando. En la confusión y desideologización resultantes, y con un marco de vertiginoso crecimiento de la pobreza, afloran no obstante los esfuerzos por volver a las fuentes de una revolución que dos décadas atrás despertó expectativas y simpatías en todo el mundo.

El héroe nacional de la lucha antiimperialista de los años ’20, Augusto César Sandino, las llamaba las “fronteras olvidadas de Nicaragua”. Ochenta años después, las regiones del Norte encuentran un consuelo a su aislamiento en el lugar esencial que ocupan dentro del imaginario colectivo del país: éstas fueron, en los años ’80, el escenario de los combates más encarnizados entre el Ejército Popular Sandinista (EPS) y la Resistencia Nacional, última denominación de los contrarrevolucionarios, más conocidos por el nombre de contras. Las montañas, testigos de luchas fratricidas, zona montañosa pelada con sus bosques mutilados por las salvajes talas y de suelo ennegrecido por las quemas, albergan en adelante a los desmovilizados de ambos bandos. Convertidos en campesinos, cultivan un pedazo de tierra y siguen esperando la construcción de las viviendas, escuelas y centros de atención prometidos… desde hace más de diez años.

El conflicto surge en la región poco después de la caída del dictador Anastasio Somoza y la toma del poder por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979. Mientras los sin tierra y los semi-proletarios del campo se unieron con entusiasmo a las filas de la revolución, los campesinos, tradicionalistas y católicos, reciben mal los grandes proyectos lanzados por los sandinistas. Toleran la cruzada de alfabetización. Pero la reforma agraria de 1981, las cooperativas agrícolas y las granjas estatales, el control de los precios –sin hablar del “marxismo ateo del FSLN” (¡que cuenta por entonces con tres sacerdotes en el gobierno!) y del servicio militar obligatorio– los empujan hacia la maquinaria de guerra contrarrevolucionaria financiada por el presidente estadounidense Ronald Reagan.

Cuando la guerra cesa en 1990, después de una larga negociación y de la victoria electoral de la Unión Nacional de Oposición (UNO) de Violeta Chamorro, el balance es abrumador: 57.000 víctimas, entre las cuales 29.000 muertos (el resto son heridos y mutilados)1, 350.000 evacuados en una población de tres millones ochocientos mil habitantes. La importancia de las fuerzas presentes (22.413 hombres para la contra y 86.810 para el ejército2) implica una desmovilización de gran envergadura. A falta de voluntad política y de medios (generoso a la hora de regar la guerra con sus millones de dólares, Estados Unidos se desentendió de la reconstrucción del país), la posguerra se mostrará incapaz de procurar un lugar y una dignidad a esas decenas de miles de combatientes, actores, no obstante, de uno de los episodios más impresionantes de la historia del país y, sin duda, de las revoluciones del siglo.

En Jinotega, en la sede del Partido de Resistencia Nacional (PRN) resuenan las quejas de los ex “mercenarios”. Los disciplinados ex camaradas de armas de la contra esperan su turno para hablar. Siguen esperando que su alistamiento del pasado les provea un medio de vida en el presente. Todos expresan su convicción de haber luchado contra el “totalitarismo” y todos constatan que el país les da muy poco a cambio. En el fondo de la sala, se oye: “Después de la desmovilización, todos esperábamos una vida mejor. Pensábamos que el país nos ofrecería un verdadero porvenir”.

La desmovilización, puesta en marcha bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas para América Central (ONUCA) y de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA), debía no obstante garantizar la paz y la reinserción de los contras. Preveía la creación de “polos de desarrollo” que respondieran a las necesidades de los desmovilizados, el 71% de campesinos3; tierras, herramientas de trabajo y recursos necesarios para la reactivación de la producción; viviendas, escuelas y centros de atención para la infraestructura de los “polos de desarrollo”.

Pese a las 500.000 hectáreas de tierra distribuidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entre 1990 y 1992, actualmente el balance es pobre. Y los ex combatientes de la contra cantan a coro la misma denuncia. Así lo explica Oscar Rojas, procedente de Quilalí, cuna de la contra: “Los que consiguieron tierras son muy pocos, y cuando se consigue un pedazo de tierra, falta el título de propiedad. En esas condiciones, no se pueden pedir préstamos en los bancos, comprar herramientas y empezar a trabajar”.

En cuanto a las pensiones de guerra, todos estos hombres consideran como “limosnas” los montos fijados por la ley: la más alta (otorgada a los lisiados de guerra) no supera los 400 córdobas (unos 30 dólares), monto cinco veces menor al mínimo de supervivencia. “Las condiciones de vida son peores que las de hace diez años. Lo único positivo es que ya no estamos en guerra. Pero francamente, yo no sé si la pobreza es mejor que la guerra”, resume Roberto, campesino nostálgico e inválido, que en otros tiempos fue Freedom fighter (Combatiente de la libertad) de Reagan, que tiene asegurado el techo y un par de botas nuevas cada dos meses.

Si en 1990 todos los ex combatientes de Nicaragua se transformaron en soldados sin guerra, los veteranos del EPS quedaron además huérfanos de ideología. El sueño sandinista había movilizado a una generación entera y suscitado un poderoso y duradero vínculo de solidaridad. Para estos compañeros el trago es amargo: ¿pueden adherir a la idea, como los ex de la contra, de que la guerra “valía la pena”, cuando los gobiernos de derecha que se suceden en el poder desde hace diez años les repiten que ellos fueron los peones de una aventura insensata, sangrienta y arcaica? “Fuimos a alfabetizar al campo, cosechamos café, luchamos contra la CIA, y después de las elecciones (de 1990), la contrarrevolución borró todo eso”, declara encolerizado Jorge Montoya, enrolado a los dieciocho años y vinculado a la Asociación de los Militares Retirados (AMIR). “¡Hoy en día, nuestros hijos ni siquiera tienen idea de la belleza de la cruzada de alfabetización!”. Extraña y dolorosa sensación de haberse sacrificado por un régimen relegado al olvido de la historia mientras se vive en el estancamiento de las dificultades materiales.

Según Joaquín Cuadra, ex jefe del estado mayor sandinista, “el proceso de reducción de los efectivos militares fue traumático, humana y materialmente hablando. Intentamos ser lo más justos que pudimos con nuestros hombres; les dimos lo que podíamos”. En efecto, cuando en 1990, en una Nicaragua exangüe y arruinada por el conflicto el ejército reduce sus efectivos, lo hace de un modo radical: en pocos meses, envía a su casa a 66.000 reclutas del servicio obligatorio, y entre 1990 y 1993, despide a 8.000 oficiales. El ejército pasará de 97.000 hombres en 1989 a 12.000 en 2000. Pese a los 500 millones de dólares invertidos en esta operación, pese a las compensaciones financieras, a las tierras y casas otorgadas, la reinserción choca, como en el caso de la contra, con la no titularidad de las tierras y la ausencia de programas de calificación y readaptación.

Siendo más “urbanos” y más “educados”, se podría pensar que los soldados del EPS se habrían adaptado fácilmente a las condiciones de vida en tiempos de paz. “Falso -responde Sergio Ortega, miembro del AMIR- no hubo un plan nacional de reinserción para los retirados del ejército. Intentamos llevar adelante nuestras propias iniciativas, pero nosotros, los compañeros, vivimos en condiciones muy difíciles. Más del 60% estamos desocupados y muchos emigraron a Costa Rica o a Estados Unidos”. Están también los que encontramos como taxistas en las calles de Managua, orgullosos de contar sus años de guerra, o bien como empleados de seguridad –fuertemente armados– en los negocios. Por cierto, la actividad más cercana a la cultura de guerra que no consiguen dejar atrás.

Abandono y transfiguración

Todos los ex combatientes de Nicaragua se sienten abandonados por el gobierno, el ejército y la comunidad internacional. Por una cruel ironía de la historia, contras y compas4 reivindican hoy los mismos derechos y denuncian las mismas injusticias: son una única y misma población que padece una falta de reconocimiento y una situación de precariedad total. En una Nicaragua en que las diferencias de opinión siguen marcando fuertemente el campo político, la realidad común a la que ellos hacen frente aleja los rencores; la reconciliación del pueblo nicaragüense (objetivo elevado a nivel de mito por la ex presidenta Violeta Chamorro) se hace así realidad gracias a iniciativas discretas tomadas en común por los ex combatientes.

En San Rafael del Norte, en el seno de la Unión Democrática del EPS y de la Resistencia (UDER), 500 desmovilizados superan juntos su desilusión gracias a múltiples proyectos de reinserción. El ex oficial del EPS y presidente del UDER, Diógenes Díaz, cuenta con el humor de quien ha visto todo los primeros pasos de su organización: “Un día, hicimos a un lado los AK-47 tomando los bates de béisbol y decidimos formar una liga exclusivamente nuestra. Éste es el principal deporte de Nicaragua y es así como se reconstruye una especie de fraternidad”. Legado de una década de guerra civil, la desconfianza fue desapareciendo poco a poco. Sin duda, ésta era menos fuerte que la frustración compartida por una posguerra robada.

Según el sociólogo Orlando Núñez, la ausencia de implicación internacional e institucional en los desafíos de la posguerra explica el fracaso de la reinserción. “Nicaragua pensaba que iba a recibir un apoyo internacional similar al Plan Marshall, pero la CIAV vino a desmovilizar sin pensar en lo que venía después”, sostiene el sociólogo. Extraño silencio, en efecto, el que oculta la situación de Nicaragua. Cuando Estados Unidos y la URSS se enfrentaban sobre los escombros de lo que había sido una auténtica revolución popular, centenares de corresponsales de prensa cubrían la guerra. Nicaragua, uno de los países más pobres del planeta, fue completamente olvidada desde entonces.

Los años 90 estuvieron profundamente marcados por el regreso a la violencia de muchos grupos de “re-armados”. Secuestros, bloqueos de rutas y ajustes de cuentas sirvieron como medios de presión para obtener del gobierno el cumplimiento de las promesas de 1990. Violencia perpetrada al mismo tiempo por los recontras (re-armados de la contra), los recompas (re-armados del EPS) e incluso los revueltos (grupos conjuntos de recontras y recompas).

“Algunos ex combatientes hicieron de la violencia un modo de vida: agresiones, asaltos a bancos, secuestros y lo que la gente llama delincuencia, todo está teñido de cuestiones militares”, analiza Orlando Núñez. “Y si es evidente que los desmovilizados, poco educados y poco calificados, padecen la situación económica y social, es igualmente cierto que la complican”. Aunque en muchos casos hayan sido utilizados, tanto por el FSLN como por la “derecha dura” en función de objetivos coyunturales, de todos modos tuvieron el mérito de revelar la exasperación de todo un sector de la población. Así, las reivindicaciones del Frente Unido Andrés Castro (FUAC), único movimiento de recompas aún activo en la región del Triángulo minero (en el noreste de Nicaragua), tienen un marcado contenido ideológico: una verdadera reforma agraria, el otorgamiento de cooperativas a los ex combatientes y de servicios básicos a todos los campesinos (educación, salud, etc.)

El FUAC denuncia periódicamente el “pacto” entre el FSLN y el Partido liberal en el poder. Estos “acuerdos de gobernabilidad” fijados en agosto de 1999 con el presidente Arnoldo Alemán, permitieron que los dos partidos obtuviesen puestos claves dentro de la Corte Suprema, el Consejo Electoral, la Contraloria –única institución gubernamental que goza de credibilidad gracias a su lucha contra la corrupción)– marginando de hecho a los demás actores o grupos políticos. Estrategia para reconquistar el poder o maniobra rastrera de ciertos dirigentes sandinistas, para preservar los intereses económicos conseguidos después de 1990 y que hicieron de ellos, junto a las élites tradicionales, una “nueva clase” privilegiada5, el pacto conmocionó y dividió a la opinión pública.

Pequeña chispa revolucionaria o movimiento de desesperados, el FUAC tiene el mérito de picar la conciencia nicaragüense dormida recordando el fracaso global de la reinserción de los ex combatientes, los movimientos erráticos de ciertos dirigentes sandinistas y el naufragio de un país que había conseguido salir de la opresión.

  1. Roberto J. Cajina, Transición política y reconversión militar en Nicaragua, 1990-1995, CRIES, Managua, 1996.
  2. Así como el número de militares sandinistas es fiable, la cifra de los contras difiere según las fuentes. Si frecuentemente se alude a unos viente mil hombres, la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) no contabilizaba más de 13.800 irregulares en 1990, en el momento de la desmovilización.
  3. Zoilamérica Ortega, Desmovilizados de guerra en la construcción de la paz en Nicaragua, Centro de Estudios Internacionales, Managua, 1996.
  4. Diminutivo de compañeros.
  5. Véase Maurice Lemoine, “Le Nicaragua tenté par un retour au passé”, Le Monde diplomatique, 10-1996.

Desastre social

En los índices de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas poara el Desarrollo (PNUD), Nicaragua pasó del sexagésimo lugar en 1990 (después de 10 años de conflicto armado), al puesto 160 en 19991. El desempleo alcanza según cifras oficiales el 25%2, pero la subutilización de la fuerza de trabajo sobrepasa el 50%. Entre 1991 y 1999 la reducción del poder de compra del salario fue del 52,8%; 30% de las muertes ocurren antes de alcanzar la edad comenzar a trabajar3. El Banco Mundial estima en 74,8% del total el número de familias pobres. Víctimas de una verdadera contrarreforma agraria, la mitad de las cooperativas rurales (más de 250) han desaparecido y, en la región de Masaya, quienes resisten han perdido la mitad de sus tierras.

Las distancias sociales se acrecientan. Entre 1993 y 1998, el 1% más rico de la población pasó del 13,2% de la absorción de la renta nacional al 15,6%4. La deuda externa era a fines de 2000 de 6.664 millones de dólares, cerca de la mitad generada en el curso de los diez últimos años5. Las importaciones superan en más de tres veces el valor de las exportaciones y están destinadas sobre todo al consumo de las clases pudientes.

  1. Informe mundial sobre el desarrollo humano 2000, PNUD, Nueva York, 2000.
  2. Néstor Avendaño, “Pronósticos económicos de un año electoral”, Envío, Año XX, Nº 228, marzo de 2001.
  3. Ibid.
  4. PNUD, “El desarrollo humano en Nicaragua”, 2000, Managua 2000.
  5. Oscar René Vargas, ibid.


Autor/es Raphaëlle Bail
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 30 - Diciembre 2001
Páginas:14,15,16
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Corrupción, Estado (Política), Movimientos Sociales
Países Nicaragua