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Concentración del poder en Estados Unidos

Unilateralismo externo y autoritarismo interno: tal es el primer balance de la guerra contra el terrorismo librada por el gobierno de George W. Bush. Contrariamente a las expectativas de la Unión Europea y buena parte del mundo, el gobierno estadounidense sigue siendo refractario a cualquier tipo de cooperación multilateral en terrenos tan vitales como la Convención sobre las armas biológicas y la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, la administración Bush intenta consolidarse en el plano interno concentrando los poderes del Ejecutivo.

Desde el fin de la guerra de Vietnam, la derecha estadounidense sueña con una restauración imperial. Más allá de su faceta económica y social neoliberal, la “(contra) revolución conservadora” de los años ’80 aspiraba a reanimar un patriotismo herido; a restablecer la gloria y el honor militar de Estados Unidos y a devolver al Poder Ejecutivo la autonomía perdida a partir de la caída de Saigón y el “caso Watergate”, a favor de los poderes Legislativo y Judicial. En el país del “Estado débil”, resulta una paradoja que los más feroces denigradores del Estado Federal sean los que, una vez en el poder, refuerzan considerablemente los poderes soberanos del mismo, en particular el de hacer la guerra.

Paladín del achicamiento del Estado, Ronald Reagan (1980-1988) presidió la mayor expansión militar en tiempos de paz de la historia de Estados Unidos y la resurrección de las operaciones clandestinas de la CIA1. Su sucesor, George H. W. Bush (1988-1992), hábil estratega geopolítico pero mal político, siguió en general ese mismo programa de removilización del aparato de seguridad nacional, en el contexto de la posguerra fría. Pero ni uno ni otro lograron mantener esa lógica hasta sus últimas consecuencias.

Con un presidente como el actual, al que se suponía destinado a la mediocridad y a la impotencia políticas, la refundación de un Poder Ejecutivo fuerte, centrado en torno del aparato de seguridad nacional, parece en trance de hacerse realidad. Gracias al inaudito crimen del 11 de septiembre y a la guerra en Afganistán (el último de los tres victoriosos conflictos high-tech librados por Washington en el lapso de diez años), el ex gobernador provincial George W. Bush se erigió en César estadounidense. Ni Reagan ni Bush padre habían logrado semejante hazaña. “Los ataques del 11 de septiembre y la guerra en Afganistán aceleraron considerablemente la dinámica de refuerzo de los poderes presidenciales que esperaba la administración Bush […]. El Presidente goza de un dominio que supera al de todos los presidentes posteriores al Watergate, y rivaliza incluso con el de Franklin D. Roosevelt”, dice el Washington Post2.

Guerra perpetua

Dominio: el término está bien elegido. La guerra tiene siempre dos caras, una externa y otra interna. Ya Aristóteles había señalado que a veces los tiranos hacían la guerra “para privar a sus sujetos de distracción e imponerles constantemente la necesidad de un jefe”3. Claro que Bush no es un tirano, sino sólo el aleatorio vencedor de una elección discutible y discutida. Además, no fue él quien desató las hostilidades. Pero la guerra, que él anuncia como perpetua, le da los medios de afirmar el poderío estadounidense y para refundar su poder político personal. En lo externo, le permite demostrar nuevamente la supremacía militar-tecnológica de Estados Unidos; subrayar, como su padre en Irak, la persistente utilidad de la fuerza en la posguerra fría; y remodelar el paisaje estratégico mundial. En lo interno, lo lleva a resucitar el Estado de Seguridad Nacional (National Security State), un tanto eclipsado durante las presidencias de William Clinton4, a afirmar su autoridad y a justificar la marginalización de los poderes Legislativo y Judicial. Enemigo del Estado y con tendencias más bien autoritarias, el ex gobernador provincial está construyendo un Ejecutivo fuerte, unificado, intervencionista y autónomo.

Gracias a la voluntaria sumisión de las dos cámaras del Congreso, que al votar a fines de septiembre el USA Patriot Act5 se privaron de una buena parte de sus propias prerrogativas, Bush dotó al Ejecutivo de poderes extraordinarios, como el de detener en forma secreta y por tiempo indefinido a los no ciudadanos (aliens) en situación “irregular”, o el de instaurar tribunales especiales, en virtud de un decreto presidencial (Executive Order) del 13 de noviembre pasado. Más de 1.200 personas detenidas desde el 11 de septiembre seguían privadas de libertad a mediados de diciembre, sin que se sepa quiénes son ni de qué se las acusa6.

Ni los detenidos ni sus familiares tienen acceso a los legajos de acusación. En cuanto a los tribunales especiales, creados sin consultar al Congreso ni a la Corte Suprema, estarán habilitados para detener, juzgar y ejecutar “terroristas” y “criminales de guerra” identificados como tales únicamente por el Poder Ejecutivo y sobre la base de testimonios o pruebas secretas. Se mantendrán en secreto también el lugar, el procedimiento, la acusación, las deliberaciones, los fallos y la composición de dichos tribunales. Contrariamente al procedimiento de los tribunales militares ordinarios, los acusados no podrán apelar, ni siquiera en caso de ser condenados a la pena de muerte.

Como señaló el New York Times, estos ultrajes a los principios fundamentales del Estado de derecho, que en teoría se aplican de manera uniforme y universal a todos quienes dependen de su jurisdicción, implican “construir un sistema judicial paralelo”7. Para los ciudadanos estadounidenses, incluidos los terroristas como Timothy McVeigh, autor del mortífero atentado de Oklahoma City en 1996, habrá tribunales ordinarios. Para los extranjeros, residentes o no en Estados Unidos, habrá tribunales militares especiales. En síntesis, el Ejecutivo habría creado toda una institución extrajudicial dentro del Estado de derecho, dotada además de poderes de investigación y de intervención globales. De manera que el Pentágono librará la guerra, identificará a los culpables y administrará la justicia.

Hacia el autoritarismo

Así, el Ejecutivo amplía considerablemente su espacio de intervención en la vida pública estadounidense: al quitarle de hecho a la Corte Suprema su papel de último árbitro y relegar al Congreso a la impotencia, Bush amenaza gravemente la separación de poderes, fundamento de la democracia estadounidense.

Este deslizamiento autoritario no tiene precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. Ni siquiera en los momentos más intensos de la guerra fría el Ejecutivo había ido tan lejos. Por supuesto que promovió la caza de brujas, la censura, las listas negras, la represión violenta del movimiento por los derechos cívicos, el secreto y las mentiras de Estado, el poder exorbitante del FBI, las operaciones ilegales externas e internas. Pero ni la guerra de Corea ni la de Vietnam, guerras consideradas limitadas, dieron lugar a la creación de una justicia paralela controlada por la presidencia y por el aparato de seguridad nacional. Según la fuerte expresión utilizada por un editorialista libertario de derecha, habitualmente partidario entusiasta de los republicanos, estamos ante una “toma de poder dictatorial”8. El ensayista e investigador crítico Chalmers Johnson hace un análisis similar, al afirmar que asistimos a “un golpe de Estado militar larvado, quizás irreversible, que como ocurrió en la ex RDA, transformará el país en una nación de delatores donde sólo los mormones blancos se podrán sentir seguros”9.

Sin ir tan lejos, parece sin embargo evidente que el Estado de máxima seguridad de Bush, claramente opuesto a las tradiciones políticas estadounidenses, sólo podrá institucionalizarse si la guerra se eterniza. Allí está sin duda el sentido oculto del discurso hasta ahora invariable de la nueva presidencia imperial.

Pesadilla global

Argumentando que el 11 de septiembre marcó el comienzo de una guerra mundial que fue el “Pearl Harbor” del siglo XXI, Bush anunciaba una lucha global contra el terrorismo, sin límites espaciales ni temporales.

Sin límites espaciales: una vez terminada la campaña de Afganistán se iniciaría una “segunda fase”, evocada desde fines de septiembre, que podría dirigirse en un primer momento contra los países que alberguen redes terroristas clandestinas, como Filipinas, Nepal, y hasta Colombia. Por otra parte, “especialistas” estadounidenses ya trabajan en Filipinas, aportando sus conocimientos en materia de lucha anti-insurreccional. Próximamente irán a Somalia, país que está por firmar un acuerdo con Estados Unidos para permitirle utilizar el puerto de Berbera. Luego se pasaría a una tercera fase, en la cual las operaciones apuntarían contra un enemigo más peligroso: Irak.

Sin límites temporales: día tras día la administración repite incansablemente que la lucha será larga, quizás interminable. Una vez eliminado Osama Ben Laden habrá que ocuparse de las redes de Al Qaeda diseminadas por el mundo. Luego vendrán sus reemplazantes, dado que la supresión del síntoma nunca curó la enfermedad. De atenerse a la visión pesadillesca de algunos, la guerra podría durar cincuenta años; en todo caso, “mucho más de lo que nos queda por vivir”, como dijera el vicepresidente Richard Cheney, escondido desde el 11 de septiembre en un búnker secreto cerca de Washington D.C. Y al igual que en la llamada guerra fría que duró cuarenta años, se utilizarán “todos los recursos del poder del Estado”.

Coherente y uniforme, este discurso está destinado tanto o más a la opinión pública estadounidense que a la opinión pública mundial. Trata de suscitar y legitimar una movilización permanente de la población, de unirla detrás de un jefe por ahora indiscutido, pero que, en cuanto termine la guerra visible, la de Afganistán, puede encontrarse rápidamente frente a electores descontentos por la situación económica, cada vez más difícil.

Por el momento, las intervenciones del Estado en la economía (a través de las cuales ciertas mentes ingenuas creyeron percibir un “regreso de lo político” finalmente liberado de las coacciones de los mercados mundializados), beneficiaron únicamente a las grandes empresas y al complejo militar-industrial, pilares naturales de la presidencia republicana. Así fue como el Estado desembolsó miles de millones de dólares bajo la forma de subvenciones directas o indirectas: 15.000 millones de dólares de subvenciones directas a las compañías aéreas; 25.000 millones de subvenciones indirectas a todas las empresas, a través de un regalo fiscal retroactivo; y 20.000 millones de transferencias directas a favor del Pentágono (cuyo presupuesto alcanza los 329.000 millones de dólares).

Paralelamente, no hubo ningún gesto hacia los trabajadores y desocupados, cuya cantidad va en aumento (actualmente, representan el 5,6% de la población activa). Como dijera Dick Armey, presidente del grupo parlamentario republicano en la Cámara de Representantes, el seguro de desempleo “no [formaría] parte del espíritu estadounidense”. Gracias a la recesión, muchos estadounidenses engrosarán las filas de los desocupados antes de las legislativas de 2002 y las presidenciales de 2004.

Sin una movilización constante, que sólo el miedo puede generar, a Bush le costará mucho mantener el rumbo. Tal vez haya ganado demasiado rápido la guerra de Afganistán. Estados Unidos podría no tardar en cansarse de la nueva presidencia imperial.

  1. Durante el mandato de Reagan, los gastos de defensa pasaron del 23,5% al 27% del presupuesto nacional, es decir, el nivel de 1975, al final de la guerra de Vietnam; y la CIA desarrolló las dos mayores operaciones clandestinas desde Vietnam: en Afganistán y en Nicaragua.
  2. Dana Milbank, International Herald Tribune, 21-11-01.
  3. Aristóteles, Política.
  4. Philip S. Golub, “La tentación imperial de Estados Unidos”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, septiembre 2001.
  5. Michael Ratner, “Ola liberticida en Estados Unidos”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre 2001.
  6. Salvo el francés Zacarias Moussaoui, acusado el 11 de diciembre ante una jurisdicción civil de haber participado en la preparación de los atentados del 11 de septiembre.
  7. Editorial del New York Times, 2-12-01.
  8. William Safire, “Seizing Dictatorial Power”, New York Times, 15-11-01.
  9. Entrevista con el autor.
Autor/es Philip S. Golub
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 31 - Enero 2002
Páginas:20,21
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Armamentismo, Militares, Terrorismo, Estado (Justicia), Justicia Internacional
Países Estados Unidos