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Contra la fuerza, el derecho

Dominada por economías militarizadas, la sociedad internacional se encuentra comprometida en una fase regresiva desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos y políticos de lo que podría haber sido una comunidad internacional. Su actitud en el conflicto palestino-israelí es emblemático de esta situación.

A partir de 1945 se establecieron principios relativos a los derechos de la persona, otros que aseguran el mantenimiento de la paz y garantizan el derecho de los pueblos y, más recientemente, un principio de derecho penal internacional para evitar la impunidad. Estos elementos son ignorados por los sucesivos gobiernos israelíes, con el apoyo de la administración estadounidense.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (sin fuerza de ley, pero altamente simbólica), los Pactos internacionales de 1966 sobre derechos civiles y políticos (y sobre los derechos económicos y sociales), y muchos otros textos –entre ellos, las Convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario en caso de conflicto armado, la Convención contra la tortura o la Convención sobre los derechos del niño (conjunto de carácter apremiante)– representan los valores comunes de la sociedad mundial, tanto en situación de paz como de guerra.

Desde sus orígenes, el Estado de Israel se mofa de estas convenciones. En su mismo seno, los árabes son víctimas de múltiples discriminaciones que representan violaciones al principio de igualdad. En los territorios ocupados, la tortura se practica de forma corriente. No se trata de casos excepcionales. Avalada oficialmente durante un período, esta práctica no cesó. Se ejerce incluso sobre niños, que son detenidos en gran número1.

El rechazo al derecho de libre circulación y de todos los derechos reconocidos en los Pactos es denunciado por todos los organismos, incluso israelíes, preocupados por los derechos de la persona2.

Estas violaciones representan denegaciones de derechos generales, y más particularmente de las garantías inscriptas en las Convenciones de Ginebra. Los desplazamientos forzados de población, las implantaciones de colonias de asentamientos del ocupante, las destrucciones de casas y plantaciones, los arrestos arbitrarios, los asesinatos programados, las medidas destinadas a hambrear a la población, a destruir su economía, a trabar la posibilidad de relaciones con el exterior, son sistemáticas. Se multiplican las prácticas que deshonran a sus autores, como las de los colonos de Hebrón que arrojan sus desechos sobre las casas palestinas emplazadas más abajo, al punto que ha sido necesario instalar redes de protección sobre la ciudad árabe.

Los fundamentos del mantenimiento de paz fueron pisoteados. La prohibición del recurso a la fuerza y a las conquistas territoriales resultantes, el respeto de la integridad territorial y de la independencia política de los otros pueblos, ignorados.

Así se denega el derecho de los pueblos al pueblo palestino, no sólo en su ejercicio, sino también en su principio. Este derecho, afirmado y garantizado por el Pacto de la Sociedad de Naciones (SDN), reforzado por la Carta de las Naciones Unidas –que lo define como uno de sus objetivos– había sido acordado al pueblo palestino al mismo tiempo que se le reducía a la mitad el territorio. Israel y sus aliados, en lugar de obtener la aceptación del pueblo al que se le demandaba esta mutilación por la negociación y la persuasión, quisieron imponerla por la fuerza e incluso superarla. Olvidando el sacrificio pedido a los palestinos, el Estado de Israel se lanzó por etapas a la conquista de la otra mitad de Palestina, sin embargo reservada a un Estado Palestino.

Extensiones durante la guerra de 1948-1950 y en la de 1967; anexión de Jerusalén-Este, emprendimiento militar sobre lo que quedaba de los territorios palestinos, incesantes controles sobre la parte que sin embargo se denominaba autónoma (luego de los acuerdos de Oslo de 1993): el avance de Israel sobre Palestina nunca cesó. Que éste fuese el proyecto de la derecha no impidió que la izquierda participase activamente. Las colonias de población fueron extendidas bajo los gobiernos laboristas, sensibles al terror que hacen reinar algunos colonos iluminados. La negociación por la paz nunca se colocó bajo la exigencia de reconocimiento integral de los derechos de las personas y de los pueblos. Y los matices del apoyo estadounidense, según se tratara de gobiernos republicanos o demócratas, no llevaron a imponer límites claros a Israel.

Desprecio por las reglas

Hoy, el objetivo político de Ariel Sharon aparece claramente como la liquidación del pueblo palestino y de su derecho a la existencia. Se discute entre Jerusalén y Washington para saber si es necesario mantener a Yasser Arafat o eliminarlo, tal como se discutía en la época colonial el reemplazo del gobernador. Los atentados de Hamas constituyen una respuesta monstruosa a esa política, pero eso demuestra que al negar a los palestinos todos los medios pacíficos de resistencia, los israelíes ponen en peligro su propia seguridad.

Finalmente, la responsabilidad penal de los dirigentes israelíes está descartada. El blanqueamiento de Sharon por una comisión nacional por las masacres de Sabra y Chatila, el rechazo de la Corte Penal Internacional, el reconocimiento público de los asesinatos “dirigidos” de responsables palestinos, dejando fuera de cuestión la posibilidad de perseguir a aquellos que cometieron esos crímenes, he aquí lo que la conciencia nacional israelí deberá asumir ante la historia. Al fracasar, el paréntesis de negociaciones por la paz apareció como lo que fue: una gestión en la que los principios de justicia no lograron triunfar por sobre las segundas intenciones. Y los testimonios directos (incluidos los estadounidenses) sobre las negociaciones en la cumbre de Camp David entre William Clinton, Ehud Barak y Yasser Arafat en julio de 2000 desmienten la idea de que el acuerdo estaba cerca. En Taba, en enero de 2001, se esbozaron algunos compromisos entre israelíes y palestinos, pero ya era demasiado tarde, debido a la cercanía de las elecciones israelíes3.

La cuestión palestina no puede disociarse de la política internacional en su conjunto. Los mismos procedimientos unen de ahora en más a Israel, Estados Unidos y también Rusia, cada uno a cargo de la represión sobre los pueblos que se encuentran en su línea de mira: chechenos, palestinos, iraquíes y una lista complementaria aún imprecisa en el proyecto estadounidense. Calificados de “terroristas” o de “Estados ilegales”, según el caso, estos pueblos sufren un terrorismo de Estado tanto más poderoso cuanto que se trata de gobiernos que disponen de un aplastante poderío militar. Todos se ven intimados a respetar reglas de las que los dueños del mundo se exoneran en permanencia.

Los que se parapetan detrás del proteccionismo recuerdan incesantemente a los otros sus obligaciones de libre intercambio. Estados Unidos rechaza el protocolo de Kyoto, pero los países no desarrollados deben respetar las limitaciones de gases de efecto invernadero. Las sanciones se mantienen contra Irak, sospechado de poseer armas biológicas, pero Estados Unidos rechaza el protocolo que prevé un control de estas armas4. Y un proyecto de ley estadounidense prevé aplicar contra-medidas a los Estados que se lanzaran en la vía de la justicia penal internacional.

Israel intima a la Autoridad Palestina para que arreste a los autores de atentados y se los entregue, mientras los ataques israelíes apuntan precisamente a los locales y al personal de la policía palestina, imposibilitando toda acción masiva. Y si por casualidad Yasser Arafat u otros dirigentes palestinos pidieran a Sharon perseguir y extraditar a tribunales palestinos a los autores, perfectamente conocidos, de los asesinatos dirigidos de dirigentes palestinos, la indignación alcanzaría su apogeo.

Los sucesivos gobiernos de Israel (que no pueden asimilarse a todo el pueblo israelí) se benefician de importantes apoyos en el mundo. Estos pro israelíes dan prueba de un activismo considerable en su apoyo a la política de Israel y no dudan en manejar las intimidaciones y las amenazas contra todos aquellos que piden que Israel se pliegue a las obligaciones del derecho internacional. No dudan incluso en acusar de antisemitismo a aquellos que se animan a criticar la política antipalestina de los gobiernos israelíes.

¿Cómo salir del atolladero? Los riesgos no conciernen solamente al pueblo palestino u otros pueblos víctimas de una represión comparable, rusa o estadounidense. Son mucho mayores. Los países del Sur en su conjunto, y particularmente aquellos del mundo árabe-musulman, ignoran en su gran mayoría la democracia y no conocen la libertad ni su precio. Que los Estados más poderosos exhiban a tal punto su desprecio por las reglas del derecho internacional y del principio de igualdad soberana de los Estados –que constituyen la piedra angular de una democracia internacional aún por construir– sólo puede alentar a los gobiernos de las sociedades en desarrollo a reforzar su autoritarismo. Para las poblaciones sólo queda la desesperación, alimento de todos los fanatismos.

Superar el veto estadounidense

La responsabilidad de los países de Europa, que fueron cuna de los valores actualmente vapuleados, es importante. Su prudencia ante el espectáculo de los sufrimientos soportados por los pueblos en cuestión, y más particularmente por el pueblo palestino, raya con la cobardía.

Sin embargo, tres medidas podrían modificar la situación. La primera es el envío de una fuerza de interposición, que puede ser de la ONU. El veto estadounidense sólo sería un obstáculo para aquellos que no quieren hacer nada. En efecto, cuando el Consejo de Seguridad se encuentra bloqueado por un veto, la Asamblea General puede sustituirlo. Lo hizo en el pasado, por iniciativa de Estados Unidos. Esta rehabilitación del rol de la Asamblea General sería muy fecunda para el futuro de la ONU, amenazada por el naufragio a causa de su impotencia. A falta de ello, una fuerza europea sería una buena ocasión para dotar a los Quince con la política exterior y de defensa común que tanto necesitan. Tanto en un caso como el otro, sería necesario asumir la oposición de Estados Unidos y naturalmente de Israel. Pero se trata en efecto de resistir ante un peligro que nos concierne a todos, y la resistencia siempre es onerosa.

La segunda medida es de orden económico. Se trata de rechazar la entrada en la Unión Europea de los productos israelíes que provengan de las colonias de asentamientos, para marcar el carácter ilegal de esas implantaciones. Pero hay que ir más lejos y negar a Israel toda ayuda financiera europea hasta tanto su política no se alinee a las prescripciones completas del derecho internacional.

Finalmente, la última medida concierne el reconocimiento del Estado de Palestina. Todos los gobiernos se permitieron la facilidad de decir que estaban a favor de la creación de este Estado. El reconocimiento está al alcance de la mano. Palestina ya se había proclamado como Estado en 1988. Muchos Estados la reconocieron. La Unión Europea y sus miembros pueden agregarse a la lista. Suponiendo que se estime necesario una nueva proclamación, resulta fácil alentar a Yasser Arafat a hacerlo, cuando se lo disuadió incesantemente. No tomar esas medidas, sería ser cómplices de lo que está ocurriendo.

  1. “Enfants palestiniens détenus par Israel: exigez le respect de leur droits”, plataforma de los ONG francesas para Palestina, noviembre de 2001.
  2. Ver los informes de Amnesty Internacional, Human Rights Watch y de la Asociación Israelí de Defensa de los derechos humanos B’Tselem.
  3. Robert Malley, “Quelques légendes sur l’échec de Camp David”, Le Monde, París, 17-7-01; y Alain Gresh, “Medio Oriente: por qué falló la paz”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2001.
  4. Susan Wright, “El Norte, el Sur y la guerra bacteriológica, Le Monde diplomatique, edición Cono sur, noviembre de 2001.
Autor/es Monique Chemillier-Gendreau
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 31 - Enero 2002
Páginas:31
Traducción Pablo Stancanelli
Temas Justicia Internacional
Países Israel, Palestina