En busca de Antígona

Hace 20 años, en junio de 1984, un grupo de estudiantes argentinos de medicina y antropología prestó ayuda al profesor estadounidense Clide Snow en la primera exhumación de los restos de una “desaparecida” por la dictadura militar. Ese fue el origen del Equipo Argentino de Antropología Forense, que desde entonces se ha especializado y adquirido renombre mundial por sus hallazgos e investigaciones.

Sófocles, en Antígona, define un tema central de la tradición occidental: el abuso del poder estatal. Creonte, rey de Tebas, había ordenado que Polinices quedara insepulto por intentar derrocarlo. Antígona desafió la ley humana por cumplir el mandato divino de enterrar a su hermano. Creonte, que no quería ser culpado por la muerte de Antígona, tramó un asesinato encubierto: "La llevaré allí donde la huella de los hombres esté ausente y la ocultaré viva en una pétrea caverna...". Antígona dice al coro: "A vosotros os tomo por testigos de cómo, sin lamento de los míos y por qué clase de leyes, me dirijo hacia un encierro que es un túmulo excavado de una imprevista tumba. ¡Ay de mí, desdichada, que no pertenezco a los mortales ni soy una más entre los difuntos, que ni estoy con los vivos ni con los muertos!".

Muchos argentinos fueron llevados a ese limbo por el terrorismo de Estado. Entre 1976 y 1983, bajo el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, decenas de miles de personas fueron detenidas y torturadas, y muchas de ellas asesinadas. El denominador común de las víctimas no fue la pertenencia ideológica ni racial, como en los fenómenos de genocidio ¹, sino la condición de activistas sociales: sindicales, estudiantiles, de organizaciones de base, de la guerrilla, etc. La justificación oficial fue acudir a un pretendido "estado de guerra", como si ello eximiera de toda explicación. Así, en mayo de 1979, el general Roberto Viola -nombrado Presidente de la Nación por la Junta Militar en 1981- justificó: "Esta guerra, como todas, deja una secuela, tremendas heridas que el tiempo, y solamente el tiempo, puede restañar. Ellas están dadas por las bajas producidas; los muertos, los heridos, los detenidos, los ausentes para siempre" ². Excede el marco de este artículo analizar la génesis y aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, la influencia del integrismo católico y la coordinación entre los aparatos represivos continentales, hechos de público y notorio conocimiento. Los testimonios de los supervivientes, las confesiones de los arrepentidos y las investigaciones periodísticas, históricas y judiciales son contestes en reconocer el accionar clandestino planificado y coordinado.

La Orden de Batalla del 24 de marzo de 1976, emanada de los Comandantes en Jefe de las tres armas y del Estado Mayor Conjunto, establecía como objetivo estratégico "... la destrucción de las organizaciones mediante la eliminación física de sus miembros" ³.

Resuena en el planeamiento operativo la figura de los "prisioneros noche y niebla" del nazismo que por un decreto de 1941 podían ser fusilados en forma inmediata, aunque se dio a conocer que "... habían sido detenidos y no se brindaría más información del estado del proceso". El mariscal Keitel refirió en una carta que "los infractores tienen que ser tratados con medidas que hasta ahora no se han usado. (...) La cárcel o la prisión perpetua son signos de debilidad. Una intimidación efectiva y duradera sólo se puede conseguir mediante la pena de muerte o mediante medidas que dejen a los familiares y a la población en general en completa incertidumbre sobre la suerte de los infractores".

La clandestinidad del accionar de los militares argentinos se proyecta hasta hoy, casi tres décadas más tarde, en razón de la creación de la figura político-legal del "ausente por desaparición forzada" o "desaparecido", por la indefinición inherente de no estar ni con los vivos, ni con los muertos.

El constante flujo de cadáveres era un problema para el aparato represivo. La armada utilizó, en algunos casos, la técnica de arrojar a los prisioneros al mar, pero sus cadáveres aparecían en las costas argentinas y uruguayas. En otros casos se fingieron enfrentamientos y los cadáveres fueron entregados a los familiares bajo orden de no abrir los ataúdes. Quienes desobedecieron encontraron evidencias de torturas, ausencia de las autopsias que habían sido informadas y otros signos que apuntaban a una ejecución sumaria.

En áreas urbanas los cementerios fueron el principal destino de los "traslados" ⁴. Se realizaron inhumaciones clandestinas en las áreas N. N. (non nomine), fraguando la documentación o asentando datos falsos. Por lógica consecuencia, fue allí donde empezaron las investigaciones en la llamada "primavera democrática" ⁵.

A comienzos de 1984 la organización Abuelas de Plaza de Mayo ⁶ contactó, por intermedio del periodista Eric Stover, a la Asociación Americana para el Progreso de las Ciencias (AAAS), una poderosa ONG de Estados Unidos. Un equipo interdisciplinario de expertos forenses llegó en marzo, formado por los doctores Clyde C. Snow, Lowell Levine, Mary-Claire King, Leslie Lucas, Christian Orrego, Luke Tedeschi y el propio Stover. Tras varios meses de trabajo evaluando los resultados de exhumaciones judiciales, el 15 de junio Levine resumió la labor: "La identificación y determinación de la causa de muerte de todos los desaparecidos es probablemente imposible debido a la manera en que muchos de ellos fueron asesinados y desechados. Sin embargo, la identificación -inclusive de una pequeña proporción de ellos- nos ofrece una evidencia científica y objetiva crucial para condenar a aquellos responsables por el crimen de la desaparición" ⁷.

Las técnicas locales de exhumación tampoco ayudaban: se cavaba sin cuidado, inclusive con palas mecánicas, y mucha evidencia era destruida. Un forense local, frente al minucioso uso de las técnicas antropológicas que realizaba Snow, graficó: "¿Para qué se toman tanto trabajo? Nosotros lo hacemos a la criolla, hablamos con el sepulturero y le decimos que meta pala hasta que encuentre el cráneo" ⁸.

En junio de 1984, el juez penal Juan María Ramos Padilla buscaba a Rosa Rufini Betti de Casagrande, que había sido secuestrada el 13-11-1976. El ejército la había denunciado abatida en un enfrentamiento. Tras haber localizado una posible sepultura, Ramos Padilla, un joven juez de 30 años, contactó a Snow. Por su parte la CONADEP ⁹, a pedido de Snow y de Ramos Padilla, solicitó el apoyo del Colegio de Graduados en Antropología para la exhumación, sin obtener respuesta alguna. Un estudiante de cuarto año de medicina, colaborador de Abuelas, Morris Tidball Binz, que oficiaba de traductor para Snow, propuso apoyarse en estudiantes. Este consejo tendría impensadas consecuencias.

Un grupo de estudiantes de antropología se reunió con Snow para discutir la tarea. La decisión de participar en la próxima exhumación se tomó como un deber cívico. El 22-6-1984, ya en el terreno, el profesionalismo y la capacidad de trabajo de Snow impresionaron al juzgado y a los estudiantes. La primera exhumación realizada con métodos científicos no localizó a Rufini Betti, sino a una mujer más joven. Pero constituyó un hito en la historia política y judicial del país: las constancias de la causa permitieron procesar a los generales Ramón J. Camps, ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares con jurisdicción en la zona, y al coronel Luis Sadi Pepa, ex jefe de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo -Área 420-, por siete homicidios en estado de indefensión.

Guiados por Snow, los estudiantes participaron en otras exhumaciones, hasta que en agosto de 1985, también por orden de Ramos Padilla, exhumaron, solos, once cuerpos en el cementerio de Boulogne, provincia de Buenos Aires. Ya les resultaba evidente tanto la necesidad de la sistematización de esas tareas como la indecisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos, organismo que había heredado la misión de la CONADEP. Concluyeron, tiempo después, que cualquier trabajo serio requería una institución que no dependiera del gobierno argentino. Con apoyo de la AAAS y del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, entre otras entidades, siguieron trabajando hasta que en mayo de 1987 se constituyó, como asociación sin fines de lucro, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), siendo sus miembros fundadores Morris Tidball Binz, Patricia Bernardi, Mercedes Doretti, Luis Fondebrider, Darío Olmo y Alejandro Incháurregui. Su presidente honorario, Clyde Collins Snow.

Veinte años después, el EAAF ha identificado más de 160 desaparecidos en Argentina y más de 800 en otros 31 países. En todos los casos a pedido de parte y generando, en lo posible, expertos locales que continúan la investigación. Sus informes anuales, disponibles en la página de internet del Equipo (www.eaaf.org), constituyen una geografía del horror: Chile, Brasil, Perú, Panamá, el Kurdistán iraquí, Etiopía, Sudáfrica, Bosnia, Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití...

Con todo, el principal interés está en Argentina. Pronto se hizo necesario reunir la mayor cantidad de datos premortem posible, para confeccionar hipótesis de investigación. Hoy el EAAF tiene una de las más grandes bases de datos de la represión, con la que dirige tanto el trabajo de campo -la exhumación- como la tarea de laboratorio. Todo este maravilloso trabajo comenzó en la fría mañana del 22 de agosto de 1984, ante la tumba de una desaparecida.

¿Puedo llorar, Su Señoría?

Esta pregunta, con todas sus fuertes resonancias simbólicas, es referida por Ramos Padilla. Se la hicieron cuando acababa de informar a una mujer del hallazgo e identificación de los restos de su hija, detenida-desaparecida en noviembre de 1976. Había explicado la causa de la muerte -disparos de escopeta a corta distancia-, las técnicas utilizadas para la identificación de los restos y había facilitado a la madre examinarlos por sí misma.

Tristes minutos después la mujer explicó que había esperado, durante años, el regreso de su hija en cada llamada de teléfono, en cada timbre a la puerta de su casa. Pero ya podía llorar la muerte y proceder a la última disposición de los restos de una víctima rescatada de las "pétreas cavernas" del olvido con que los criminales buscaron tanto el terror como la impunidad.

El entierro ceremonial es una práctica humana de 400.000 años ¹⁰ y un derecho del que los familiares de desaparecidos hemos sido privados. No obstante, la historia de las exhumaciones en Argentina no ha sido tan lineal. Un sector de Madres de Plaza de Mayo ¹¹ ha mantenido durante estos 20 años una oposición virulenta, ya que privilegia la consigna de "aparición con vida". En los años de la "primavera democrática" esto tenía sentido, por cuanto ni se habían realizado investigaciones judiciales, ni había seguridad de que no existieran aún presos clandestinos de la dictadura. Hoy, es paradójico que esta oposición contribuya a mantener a las víctimas en el limbo de la "desaparición forzada". La justicia argentina ha reconocido, con base en el derecho y la jurisprudencia internos e internacionales, la inalienabilidad del derecho a la verdad como fin inmediato del proceso penal, y la obligación del Estado de respetar el cuerpo humano y el derecho al duelo ¹².

Carolina Varsky, Directora del Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sintetiza el apoyo al trabajo del EAAF por cuanto las exhumaciones contribuyen al derecho a la verdad, desde las perspectivas individual y social; porque la información obtenida constituye material probatorio en la investigación criminal y porque la entrega del cuerpo es un derecho de los familiares.

El EAAF, un organismo del que deben enorgullercerse los argentinos, seguirá su trabajo metódico e incansable, junto a las organizaciones de derechos humanos. Para recuperar a los desaparecidos y brindar paz a sus restos, a sus familias y a una sociedad que tantas veces ha preferido ignorar estos hechos y en la que conviven culpables, inocentes y víctimas.

1. Existe una valiosa discusión en la doctrina jurídica internacional sobre la extensión del concepto de genocidio que interpreta que la pertenencia está definida en la mente del victimario y no en las víctimas. Jacques Semelin, "¿‘Genocidio' o ‘masacre'?", Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, abril 2004.
2. Discurso en el Día del Ejército, citado por Mauricio Cohen Salama, Tumbas anónimas, informe sobre la identificación de restos de víctimas de la represión ilegal, Catálogo Editorial, Buenos Aires, 1992.
3. Eduardo Luis Duhalde, El Estado terrorista argentino, quince años después, Eudeba, Bs. As., 1999.
4. Tal era el eufemismo para la ejecución.
5. La literatura política argentina denomina así al período transcurrido entre la asunción del presidente Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983, y la Semana Santa de 1987, cuando un levantamiento militar obtuvo la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que limitaron la pretensión punitiva del Estado frente a los represores. Ambos instrumentos fueron declarados luego nulos, de nulidad absoluta, tanto por el Poder Judicial como por el Congreso.
6. Una práctica común era la apropiación de menores, hijos de desaparecidos capturados con sus padres o nacidos en cautiverio, por personas vinculadas al aparato represivo. Abuelas de Plaza de Mayo es una organización formada en 1977 para localizarlos y restituirlos a sus familias.
7. Clarín, Buenos Aires, 16-6-1984.
8. Cohen Salama, op.cit., pág. 149.
9. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas -CONADEP- fue formada en 1984. Su informe recoge más de ocho mil denuncias, aunque las estimaciones de otros organismos de derechos humanos aumentan las cifras hasta llegar a unas 30.000 personas.
10. Río Negro Online, 9-1-03. La estimación anterior era de 60.000 años.
11. Madres de Plaza de Mayo (MPM), liderada por Hebe de Bonafini, se formó en 1977. Su oposición a las exhumaciones fue uno de los motivos por el cual el movimiento se escindió en fracciones. El sector mayoritario se llama desde entonces MPM "Línea Fundadora".
12. Cámara Penal Federal, 20-4-1995 in re "Mignone, Emilio F. s/presentación en causa 761, ESMA".