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Poder, política y derecho

La crítica pública imputa a la actual Corte Suprema de Justicia un carácter faccioso que muchos atribuyen al Pacto de Olivos 1, a través de la designación de parte de sus componentes. Esta afirmación puede llevar a pensar que ello implicó una ruptura, frente a una asepsia histórica de la Corte en relación al poder político general del Estado, retroalimentando uno de los grandes mitos liberales más notoriamente falso.

La idealización del pasado, como toda falsa representación, no ayuda a construir el futuro, puesto que oculta la larga tradición y la hondura de la problemática argentina. Así, desde una visión que opone al presente el pasado –imaginado excelsamente virtuoso y feliz– la propuesta superadora de la realidad que nos toca vivir no es otra que volver atrás el almanaque, colocando como paradigma experiencias históricas muchas veces ignominiosas o lamentables. El presente no es puro instante ni acontecimiento original, sino trama vivencial donde el pasado inviste y proyecta sus significaciones. Si hoy somos como somos, es porque antes fuimos como fuimos, voluntariamente o impuesto por la fuerza.

La historia de la Corte Suprema es la historia de la relación entre poder, política y derecho en la Argentina a partir de 1853. Desde ya que no siempre este Poder aparece perceptible: “En las sociedades el fenómeno del poder se presenta como un iceberg; el volumen más importante, más significativo, subyace oculto, sumergido. Las verdaderas relaciones de poder conforman un tejido que desaparece en el abigarrado dibujo de las ideologías, los mitos y las concepciones sociales más o menos ingenuas, y a menudo, culpables”2. El sistema de valores legitima el ejercicio del Poder en muchos más papeles que los institucionalmente estipulados. En el caso del Poder Judicial, podría sostenerse que su poder institucional tiende fundamentalmente al control social a través de su actividad específica, mientras que su poder informal y la influencia emanente de su rango institucional marcan su participación en el control político del Estado.

Los tres poderes institucionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ejercen, en el plano teórico, un tercio del poder general en la organización juridico-constitucional del Estado. Siendo el Poder de naturaleza política, sus tres fragmentaciones no dejan de participar de aquella raíz constitutiva, más allá de que su funcionalidad le asigne a cada uno de ellos un rol particular. Julio Oyhanarte, uno de los hombres que mayor impronta política ha impreso a la Corte Suprema –de la cual ha sido miembro en dos circunstancias distintas– ha sincerado esta situación, señalando que “la Corte Suprema desempeña una elevada función política, pues sin su exequátur las decisiones políticas fundamentales no tienen posibilidad de materializarse”3.

El carácter político del poder que ejerce la estructura judicial no conspira de por sí con la indispensable independencia que debería mostrar frente a los gobiernos de turno, los poderes sectoriales o los grupos económicos, debiendo preservar su autonomía decisional en el cumplimiento de su función de velar por una aplicación justa de la ley teniendo como horizonte el bien común de la sociedad. Sería difícil, o imposible, imaginarle independiente si no fuera un verdadero poder político y se redujera a ser un servicio público especializado.

La sacralización con que se ha envuelto históricamente la majestad de la Justicia y el pretendido carácter ajeno a todo tipo de consideraciones políticas, sociales y económicas con que debe realizar su función, ha servido para ocultar que el poder no se encuentra fuera del derecho, sino que es algo que funciona por medio del derecho.

Este reconocimiento del carácter genéricamente político que revisten las decisiones de nuestro Tribunal Supremo no implica otorgarle una impunidad conceptual que justifique que éste haga suya cualquier política, deseche su independencia necesaria y se subordine a los otros poderes del Estado, deteriorando en grado sumo el sistema democrático constitucional. Por el contrario, el reconocimiento de su condición de poder político, en el campo jurídico, no sólo no exculpa a la Corte Suprema, sino que afirma la responsabilidad política que tiene por sus actos, impidiéndole acorazarse en una asepsia que pretende hace valer cuando se le cuestiona el sentido de sus actos y de la que careció al momento de sentenciar. Es en este sentido que la Constitución Nacional ha establecido el mecanismo del juicio político para su remoción por mal desempeño de sus actos.

La subordinación política

Dos son entonces las preguntas que cabe formular en una mirada hacia el pasado. Primero: ¿qué política ha impulsado predominantemente la Corte a lo largo de su historia? Segundo: en su ejercicio, ¿preservó su autonomía o actuó subordinadamente, corrompiendo su independencia?

La respuesta no deja lugar a dudas. La actuación de la Corte Suprema en sus casi 140 años de vida institucional permite constatar que –salvo en excepcionales períodos– tuvo un importante rol político al servicio de los sectores dominantes de la sociedad, de los proyectos oligárquicos, de las minorías del privilegio y de la voracidad del capital extranjero, forzando la interpretación de la ley en beneficio de aquellos y de los modelos autoritarios e inconstitucionales, no sólo en el marco de sus sentencias, sino aun en el juego directo de los mecanismos del poder del Estado. Y lo hizo subordinada a los gobiernos de turno, con excepción de los de Hipólito Yrigoyen (1928-1930) y Juan Perón (1945-1955), dos gobiernos de contenido nacional y popular a los que enfrentó sistemáticamente4.

Recordemos que el primer hombre fuerte al crearse el Tribunal Supremo fue un avezado político: Salvador María del Carril, elegido para garantizar el Pacto de Pavón entre Urquiza y Mitre. Se trataba del mismo del Carril que en 1828 jugara un papel fundamental presionando al general Juan Lavalle para que fusilara al gobernador de Buenos Aires Manuel Dorrego5.

Esa primera Corte –con algunos hombres que dejaban sus cargos para pasar a ser ministros del Ejecutivo y viceversa– ya mostró su clara vocación antipopular, su subordinación al poder Ejecutivo y su complicidad con los grandes intereses del capital inglés. Y puede servir como ejemplo de esto último el fallo en el caso “Francisco Hué” del año 1867, donde la Corte legitimó la expropiación de “una legua de campo a cada lado de la vía y por toda la extensión del camino de hierro” en beneficio de los concesionarios ingleses del Ferrocarril Central Argentino, posibilitando así al capital británico –al que no fueron ajenos como abogados, algunos de los integrantes de aquel tribunal– la constitución de un incomensurable latifundio foráneo6. La misma Corte convalidó la aplicación del estado de sitio por parte de Mitre para encarcelar a sus opositores políticos y censurar a la prensa. Además, pese a la norma constitucional que prohibía la pena de muerte por causas políticas, ratificó la sentencia a muerte de los lugartenientes de Chacho Peñaloza y Felipe Varela, los jefes montoneros Aurelio Salazar y Santos Guayama, entre otros.

A su imagen y semejanza se construyeron las Cortes sucesivas con la rotación de sus miembros. Alfredo Orgaz, que renunciara como ministro de la Corte aduciendo “cansancio moral”, escribió que el criterio de designación de los ministros de la Corte desde sus inicios no fue otro que el mérito de “los antecedentes partidarios”7.

Ahora bien, esta subordinación en su condición de instrumento concreto y auxiliar, se hizo grosera y abyecta en las Cortes que formaron parte de los golpes de Estado del siglo XX argentino, que fueron instrumentos eficientes de los objetivos militares de turno, directamente comprometidas con la ejecución de los proyectos dictatoriales y con una función perversa: revestir de “juridicidad” el conculcamiento de todos los derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a la vida (1930, 1955, 1966, 1976). Si observamos la composición de las cuatro Cortes golpistas, advertimos que todos sus integrantes pertenecían al menos a uno de estos cuatro círculos: conspicuos miembros de la oligarquía, abogados de grandes empresas extranjeras, asesores y allegados al Episcopado de la Iglesia Católica o profesores de la Escuela Nacional de Guerra. Muchos de ellos tenían la cuádruple pertenencia. Y casi todos ellos integran el panteón de los “Ilustres Juristas de la Patria”.

Pero si extendemos la mirada del pasado hasta sus orígenes, no encontraremos un carácter muy distinto en sus componentes, las más de las veces promovidos desde los salones del Jockey Club o de la Cámara de Comercio Argentino Británica. El pasado no justifica el presente. Simplemente explica por qué también en este tema se ha tocado fondo.

  1. Acuerdos políticos entre el entonces presidente peronista Carlos Menem y el ex presidente radical Raúl Alfonsín, que posibilitaron –entre otras cosas– la reforma de la Constitución y la reelección de Menem.
  2. Sergio D. Labordette, El Poder. Hacia una teoría sistemática, Ed. Belgrano, Buenos Aires, 1984.
  3. Julio Oyhanarte, Poder político y cambio estructural en la Argentina, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1969.
  4. Tras su ascenso a la primera presidencia, Perón removió la Corte, que cambió de signo político pero no fue menos subordinada.
  5. Salvador María del Carril fue, además, el autor de la Carta de Mayo, ministro de Rivadavia, gobernador de San Juan, constituyente de 1852, ministro del interior de Urquiza, vicepresidente de la Nación en 1853, constituyente de 1860, senador nacional en 1862….
  6. Fallos, T. 4, pág 320. La doctrina del caso “Hue” fue abandonada en la causa “Elortondo” en 1888, (Fallos, T. 33, pág. 162), donde el Tribunal le negó aquel derecho al Estado Nacional invalidando la expropiación de inmuebles para la apertura de la Avenida de Mayo, en tanto alcanzaba a las fracciones situadas a uno y otro lado de la futura avenida, fundado en que no se podía expropiar la cosa de una persona para dársela a otra. Poco después –y ya no para beneficiar al Estado Nacional– la Corte volvió al criterio del caso “Hue”.
  7. Alfredo Orgaz, Poder Judicial en Argentina 1930-1960, Ed. Revista Sur, Buenos Aires, 1960.
Autor/es Luis Eduardo Duhalde
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 32 - Febrero 2002
Páginas:12,13
Temas Estado (Justicia), Estado (Política)
Países Argentina