Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

En busca de los “valores” perdidos

La Iglesia Católica argentina, a través de su Episcopado, parece decidida a presionar a fondo al gobierno de Eduardo Duhalde, para posicionarse como referente de la protesta social e institucionalizarla, mientras ve en la profunda crisis la oportunidad de avanzar en su objetivo de lograr la enseñanza religiosa en la educación pública.

Ahora que la profunda crisis económica y política argentina se ha convertido en “crisis de autoridad”, aparece insoslayable aquella reflexión de Antonio Gramsci: “En ciertos momentos de su vida histórica, los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales (…) cuando tales crisis se manifiestan, la situación inmediata se torna delicada y peligrosa, porque el terreno es propicio para soluciones de fuerza, para la actividad de potencias oscuras, representadas por hombres providenciales o carismáticos (…) ¿Cómo se forman estas situaciones de contraste entre ‘representantes’ y ‘representados’ que desde el terreno de los partidos (…) se transmiten a todo el organismo estatal, reforzando la posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de las altas finanzas, de la iglesia, y en general de todos los organismos relativamente independientes de las fluctuaciones de la opinión pública?”1. La Iglesia Católica argentina es en efecto uno de los pocos actores, junto con la educación, la Universidad y los hospitales públicos, que no perdió –aún– su legitimidad, por lo que el Episcopado se fue convirtiendo en intermediador privilegiado y único.

En medio de la feroz pugna de intereses que soportaba el Presidente Eduardo Duhalde a mediados de febrero pasado, la Iglesia aumentó la presión sobre su débil gobierno y al mismo tiempo intentó precisar un distanciamiento que la preservara de pagar los costos de un posible fracaso. Cuando los obispos Jorge Casaretto y Juan Carlos Maccarone anunciaron, cada uno por su lado, que los obispos se retirarían del Diálogo Argentino a principios de marzo (aunque se manifestaban a la espera de resultados concretos), sugerían el temor de que el Diálogo fuera a continuar sólo formalmente. En el fragor de la crisis, el papel de mediador parece haberse convertido en una brasa caliente para el Episcopado, que a pesar de sus esfuerzos no consiguió que los distintos sectores cedieran en sus intereses particulares en pos de la gobernabilidad. El anuncio altisonante de un programa para resolver la crisis emanado por los obispos del Diálogo Argentino, sonó a última oportunidad: si los políticos no escuchan los reclamos, la anarquía está a la vuelta de la esquina, tal como lo advirtiera Juan Pablo II.

En noviembre de 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa agonizaba, los obispos ya advertían acerca de la gravedad de la situación2, reiterando sus consideraciones anteriores sobre un inminente proceso de desintegración nacional. Estos llamados de atención no son palabras huecas, sobre todo teniendo en cuenta la creciente participación de la Iglesia en la acción social y su papel fundamental en todas las instancias de construcción de consenso de los últimos tiempos, desde la Mesa de Concertación hasta el actual Diálogo Argentino. De modo que la Iglesia apostó fuerte, poniendo sobre la mesa su estructura nacional y su prestigio.

El camino del diálogo

El 19 de diciembre pasado, cuando el pueblo argentino se echó a la calle, volvieron a oírse las voces de alarma de los obispos: el arzobispo de Paraná y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Estanislao Karlic, dio a conocer una declaración en la que instaba “a los dirigentes políticos, gremiales, medios de comunicación y a nosotros mismos” a comprometerse con la reconstrucción del país. Este documento fue completado el 20 de diciembre, durante el mensaje televisado de Karlic, quien exhortó al pueblo argentino a proteger las estructuras de una auténtica democracia.

La designación de Adolfo Rodríguez Saá como presidente provisional fue recibida con expectativas por algunos miembros de la jerarquía, por ejemplo el arzobispo de Resistencia, Carmelo Giaquinta, que dijo “simpatizar” con el enfoque del Presidente sobre la deuda externa (éste había declarado el default). Pero Rodríguez Saa sólo pudo sostenerse durante tres días hábiles, y al finalizar el año 2001 Argentina estaba nuevamente en acefalía y en una situación caótica en la que las desinteligencias entre los partidos políticos y sus tensiones internas ponían en evidencia la dificultad de resolver la crisis. Los obispos volvieron a hablar de “renunciamientos”. En un nuevo comunicado, Karlic aseguró que “las sucesivas dimisiones de los presidentes de la Nación nos muestran la extrema gravedad de la situación y el peligro de anarquía”.

El 7 de enero se reunió de urgencia la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CPCEA) para analizar la crisis institucional. La CPCEA visitó al nuevo Presidente provisional, Eduardo Duhalde, y posteriormente el Episcopado reiteró que la Iglesia estaba dispuesta a alentar el diálogo entre los diversos sectores sociales y políticos. Pero se alzaron voces discrepantes, como la del arzobispo de San Juan, monseñor Alfonso Delgado, miembro del Opus Dei, quien sostuvo que la crisis institucional es producto de la partidocracia.

Finalmente el Presidente Duhalde convocó al Diálogo Argentino desde el patio de la iglesia de Santa Catalina de Siena, acompañado por cuatro obispos y el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Carmelo Angulo. La Iglesia armó una comisión episcopal ad hoc, integrada por los obispos Jorge Casaretto, obispo de San Isidro y presidente de Caritas (muy cercano al obispo de Morón Justo Laguna, y con buenas relaciones con la UCR y el Frepaso) y otros de posiciones moderadas dentro del Episcopado: Juan Carlos Maccarone, obispo de Santiago del Estero y con creciente visibilidad política, y Ramón Staffolani, obispo de Río Cuarto y Secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que preside el arzobispo de Córdoba, Raúl Primatesta.

Los representantes del gobierno también son significativos: Juan Pablo Cafiero, vicejefe de Gabinete, proveniente de la Alianza (radicales/Frepaso) y conocido católico; el senador Antonio Cafiero, también católico reconocido y el diputado José María Díaz Bancalari. Como vocero fue designado el periodista José Ignacio López, quien fue durante muchos años cronista especializado en temas religiosos del diario Clarín –actualmente de La Nación– y ex vocero presidencial de Raúl Alfonsín. Llama la atención que entre los laicos convocados se encuentre el ex ministro de Educación de la administración De la Rúa, Juan José Llach.

Pero ya desde el inicio algunos obispos advertían acerca del riesgo de que la Iglesia quedara involucrada en la crisis de los políticos. Sus declaraciones ponen en evidencia que intentan no quedar atrapados entre la protesta social por un lado, y un gobierno identificado con la corrupción política por otro. El director de Caritas Argentina, Víctor Hirch, se despegó de la distribución de alimentos encargada por el gobierno nacional3; el arzobispo de Resistencia, Carmelo Giaquinta, calificó de “anacrónica” la función de la Iglesia como “simple administradora de planes sociales organizados y controlados por el Estado” y se niega a que la Iglesia siga siendo “furgón de cola del Estado”4; el obispo de Comodoro Rivadavia, Pedro Ronchino, comunicó que la Iglesia local no sería más intermediaria entre el gobierno y los grupos que reclaman, “porque nos hacen quedar mal parados en situaciones que tienen apariencia de hambre pero son golpes políticos”5; el presbítero José Melitón Chávez, del arzobispado de Tucumán, también desmintió que la Iglesia local asumiera el manejo de planes sociales.

Pero lo que en enero ya se empezaba a percibir, eclosionó a fines de febrero, cuando el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, declaró que la opresión del pobre y el fraude en el salario de los obreros son “dos pecados que claman venganza ante Dios”. También reconoció que los obispos están “cansados de sistemas que producen pobres para que luego la Iglesia los mantenga”6. Por su parte el obispo emérito de Viedma monseñor Miguel Hessayne, emitió una carta abierta el Presidente de la República donde le exige que opte por los pobres, y si así no lo hiciere, “renuncie a la presidencia o renuncie a ser cristiano”7.

En esta toma de distancia de la Iglesia respecto del gobierno cabe puntualizar también la sorda reprobación ante el nombramiento como secretario de Culto de Esteban Caselli, un hombre vinculado a los sectores más conservadores del Episcopado Argentino, representados por figuras como los obispos Emilio Ogñenovich y Raúl Primatesta, que mantienen en los últimos tiempos un muy bajo perfil. Caselli fue embajador argentino ante el Vaticano y la Orden de Malta durante el gobierno de Carlos Menem, y en algunos medios eclesiásticos se lo considera negativamente por su estilo de lobbista, que usurpa espacios propios del Episcopado.

Si bien es cierto que la Iglesia siguió teniendo protagonismo en el Diálogo Argentino, un seguimiento de su desarrollo indica que las reuniones realizadas con los distintos sectores (los partidos políticos, las centrales obreras, los organismos internacionales de crédito, las entidades bancarias, las organizaciones empresarias, representantes de cultos no católicos, etc.), no dieron los resultados esperados. Las declaraciones de dos de los obispos que participan del Diálogo, Jorge Casaretto y Juan Carlos Maccarone8, reflejan inequívocamente su desilusión ante los resultados de esas reuniones. Tanto en las declaraciones a la prensa como en los documentos emitidos por los obispos durante enero y febrero, es muy notoria la reiteración de una palabra: renunciamiento. Los obispos sostienen que en medio de la crisis se debe renunciar a intereses personales y sectoriales. Una fuente confiable cercana a la Iglesia contó una anécdota que si bien no está confirmada, resulta significativa: en una reunión con la Unión Cívica Radical, el actual senador y ex presidente Raúl Alfonsín habría preguntado a Casaretto a qué se referían con “renunciamiento”, y el prelado le habría respondido: “Renunciar a su banca, doctor”.

Si bien el 18 de febrero Casaretto anunció que la Iglesia se retiraría del Diálogo en marzo –un mes antes de lo acordado– la decisión podía preverse con claridad ya a fines de enero. En el comunicado que firman los tres obispos que participan en el Diálogo parecería que la Iglesia se enfrenta con la evidencia de que la armonía entre el capital y el trabajo que la Doctrina Social propugna es, en la práctica y con estos personajes, imposible. A partir de esta evidencia los obispos redoblaron la apuesta y propusieron que se aplicara un impuesto extraordinario a las grandes empresas para conseguir recursos destinados a paliar la situación social, teniendo en cuenta las dificultades que tiene el gobierno para conseguir financiamiento externo.

Llegado este punto resulta imprescindible preguntarse qué ventaja sectorial busca la Iglesia Católica. Porque el hecho de que en esta oportunidad el diagnóstico de los obispos sea tan exacto no debe hacer olvidar que la Iglesia presiona para cumplir con sus propios objetivos institucionales. Reprocha con razón la poca disposición a las renuncias del establishment político, pero ¿a qué está ella dispuesta a renunciar? Sí se sabe lo que exige: la enseñanza religiosa9. La argumentación para esto es que la crisis nacional es una crisis moral debida a la pérdida de valores, cuyo remedio estaría en impartir una educación que permita su restauración. Por supuesto, ésta no podría ser otra que la educación católica. Un hecho a destacar es que en una encuesta realizada en diciembre de 2001, un alto porcentaje de los consultados respondió que estaba de acuerdo con que se permitiera la educación religiosa en los colegios, tal vez como una forma de recuperar la moral. Siguiendo con esta argumentación, un Foro de Laicos reunido en noviembre pasado propuso promover la educación como base de los cambios, enseñando a evangelizar en todos los niveles sociales y reincorporar las asignaturas Ética y Moral en los colegios. Ese Foro de Laicos, cuyo tema fue “La política en la Argentina actual”, llegó a algunas conclusiones interesantes, ya que en algunos casos se puede percibir la reaparición de algunos términos y conceptos del catolicismo posconciliar de las décadas de 1960 y 197010.

Por otra parte los religiosos comprometidos con la opción por los pobres pasan desapercibidos en los medios de comunicación, pero siguen allí, en los barrios. En muchos casos son parte del movimiento piquetero, dato que tiene muy escasa difusión. Por ejemplo, el caso de una monja detenida en Misiones junto con tres piqueteros, que sólo salió como pequeña noticia en un diario nacional. Desde la jerarquía, una de las voces que se hace oír en ese sentido es la del obispo de Humahuaca, Pedro Olmedo Rivero, que condenó –en un comunicado con el Consejo Pastoral– “el sistema perverso y usurero que enriquece a unos pocos y excluye a la mayoría de los argentinos”. El 16 de enero pasado su hermano, el párroco Jesús Olmedo, lideró la crucifixión simbólica de 50 desocupados de La Quiaca, como forma de protesta no violenta contra la falta de empleos, alimentos y condiciones mínimas de subsistencia.

Otro dato central para tomarle el pulso a la jerarquía católica argentina son las declaraciones del Vaticano. ¿Quién habla cuando el Papa habla? El comunicado de Juan Pablo II del 12-2-02, en el contexto de la visita ad limina apostolorum que cada cinco años hacen los obispos al Papa, advierte acerca de que la estabilidad democrática y la solidez de las instituciones públicas están en peligro en Argentina. En realidad las palabras del Papa se parecen demasiado a las palabras del Episcopado Argentino11. Se puede interpretar que es el Episcopado el que puso los contenidos en el discurso del Papa, y de hecho el comunicado papal se hizo público después de la ronda de reuniones individuales y en grupos entre Karol Wojtila y los obispos argentinos y después del saludo de los obispos al Papa, entregado por monseñor Eduardo Mirás, en el que se advertía que Argentina está pasando por un momento difícil que lo acerca a la disolución social. Al mismo tiempo, el Episcopado Argentino envió a algunos obispos a Roma, Estados Unidos y Canadá y estableció contactos con las distintas Conferencias Episcopales para lograr apoyo internacional para Argentina.

La Iglesia puede intentar encabezar la protesta para institucionalizarla. El anuncio de su retiro anticipado del Diálogo Argentino tendría ese sentido. Pero hay otro acontecimiento llamativo que puede apresurar esa orientación: el 15 de febrero pasado se desarrolló un acto evangélico en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, en el que se oró por Argentina. A pesar de que los organizadores lo definieron como un “cacerolazo espiritual”, se pareció mucho más a un acto de apoyo al gobierno, y ya se sabe que otras confesiones han hecho progresos importantes en la sociedad argentina.

El dilema de la Iglesia Católica hoy es cómo puede mantener su prestigio y cumplir sus propios objetivos institucionales al mismo tiempo. El Episcopado, y muy especialmente los obispos Casaretto y Maccarone, expresaron claramente la necesidad de lograr un liderazgo positivo de la protesta. Los obispos tienen claro que el protagonismo en el Diálogo Argentino puede convertirlos en “cómplices” de un gobierno impotente frente a la crisis, y que corren el riesgo de quedar entrampados en un colectivo deslegitimado –la dirigencia política– frente a la violenta disputa de intereses de la sociedad argentina. Ni más ni menos que la pugna descarnada –sin mediaciones posibles– en que se debate el capitalismo argentino actual.

  1. Antonio Gramsci, Escritos políticos, (1917-1933), Siglo XXI, México, 1981.
  2. Carta al Pueblo de Dios. Los Obispos de la Argentina, Boletín Semanal AICA, Nº 2344 del 21-11-01.
  3. Boletin de AICA, 24-12-01
  4. Ibidem, 4-1-02
  5. Ibidem, 25-1-02
  6. Ibidem, 21-2-02.
  7. Página12, 22-2-02.
  8. Es significativo que Ramón Artemio Staffolani no haga declaraciones públicas , como Casaretto y Maccarone.
  9. “Qué Nación quiere el Episcopado”, El Dipló, edición Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2001.
  10. “Conclusiones del Foro de Laicos. La política en la Argentina actual”, Boletín del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, Nº 22, 26-12-01.
  11. Hernán Brienza y Julia Izumi, “La voz de Dios”, en 3 puntos, Buenos Aires, 21-2-02.
Autor/es María Laura Lenci
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 33 - Marzo 2002
Páginas:6,7
Temas Estado (Política), Movimientos Sociales, Iglesia Católica
Países Argentina