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Los bancos extranjeros y sus deberes incumplidos

¿Deben las casas matrices de los bancos con problemas responsabilizarse por los perjuicios ocasionados a depositantes y ahorristas? A pesar del interesado silencio jurídico y mediático que reina alrededor de este asunto clave, la respuesta es afirmativa. Y existe al respecto clara jurisprudencia nacional e internacional.

No pocos se han preguntado en estos días aciagos qué sentido tuvo permitir una devastadora concentración extranjerizante de la banca argentina, si los prestamistas foráneos no se adelantaban, ante el riesgo de corridas como la que determinó la privación de los depósitos a sus ahorristas (es decir, el famoso “corralito”), a garantizar esos depósitos mediante recursos provistos por sus casas matrices u otras subsidiarias de esas sedes centrales.

Se trata de un punto que ya está resuelto en el derecho argentino desde hace 30 años, tal como acaba de recordarlo una valiosa sentencia de un Tribunal Superior de la provincia de Río Negro, al condenar a la Banca Nazionale del Lavoro en estos precisos términos: “Que la decisión aquí adoptada debe hacerse extensiva en forma concurrente o in solidum al grupo económico denominado Gruppo Banca Nazionale del Lavoro Spa, debiendo entenderse por ‘grupo’ a la matriz y sus filiales”. Por vía analógica, tal criterio encuentra coincidencia con precedentes elaborados en la jurisprudencia argentina (de posterior relevancia internacional), en los que se diera apropiado tratamiento al problema de la personalidad jurídica-societaria.

Entre los fallos de mayor relevancia puede citarse el divulgado caso “Cía. Swift de La Plata S. A.”, en el que el Juez Dr. Salvador María Lozada, en sentencia del 8-11-1971, rechazó el concordato preventivo presentado por la indicada compañía concursada, a la cual declaró en quiebra, extendiéndole la falencia a otras sociedades del mismo grupo económico a la que ella pertenecía: el grupo Deltec, cuya sociedad holding era Deltec International, compañía con actividades en todo el mundo, no sólo en el ramo frigorífico, sino también agropecuario y financiero.

Como sostuviera el magistrado, cuando los órganos de una filial están subordinados a la voluntad de un holding internacional, y mediando una propuesta de concordato preventivo votada por otras empresas del grupo, las cuales contratan con la sociedad en condiciones muy ventajosas para aquéllas, de todo ello resulta una verdadera afectación al orden público y el legítimo derecho que sobre el patrimonio de la concursada tenían los verdaderos acreedores. Y de allí lo aplicable al caso de autos: que “no existe personalidad jurídica diferenciada entre todas las empresas de un grupo, que responden a una voluntad común”1.

Dicho de otro modo, condenado un banco a devolver depósitos, este deber jurídico no alcanza sólo a la filial argentina, sino también a la matriz extranjera y al conjunto extranjero que constituye junto a todas sus empresas subsidiarias, filiales bancarias u otras. El Tribunal Superior provincial lo ha resuelto de una manera clara, directa, impecable, y digámoslo en este tiempo de complacencia con los poderes fácticos, valiente. Tiene sentido esperar que su ejemplo se difunda por todo el país y que haya una coincidencia generalizada en requerir de los bancos la totalidad de lo que adeudan.

Es conocida la respuesta según la cual no tienen todo el dinero de sus depositantes porque lo han prestado a terceros y no es fácil recuperarlo rápidamente. Ahora bien, por fuerza de la noción de solidaridad total de los conjuntos económicos, deben ellos acudir a sus matrices o a otras empresas subsidiarias para hacerse de los dólares o pesos, para cumplir con los clientes que les han confiado sus ahorros.

El negocio bancario es, como se ha dicho en inglés, other people’s money business, el negocio del dinero ajeno, una pingüe faena que supone, compensatoriamente, una extrema responsabilidad y máxima disponibilidad para devolver, cada vez que sea necesario, ese dinero de los otros, que resulta para los prestamistas, notoriamente, una fuente de muy alta y fácil rentabilidad.

Es verdaderamente penoso que esa doctrina sentada en

Es curioso que los mismos sectores que alaban las bondades de la globalización sean, sin embargo, pertinazmente antiglobalización en dos puntos de alta relevancia para el bien común. Por un lado, rechazan la internacionalización de la justicia, particularmente con respecto a la violación criminal de los derechos humanos, negada con empeño por todos los gobiernos que sucedieron a la dictadura argentina (1976/1983)2. Por otro, ofrecen tenaz resistencia a una universalización de la justicia económica, como la que por ejemplo supone el deber de las multinacionales (y los conjuntos económicos que integran), de responder con la plenitud de sus recursos a los compromisos que contraen en el Tercer Mundo. Son curiosas estas contradicciones, pero no excesivamente sorprendentes, porque –como la idiotez para Paul Valéry3– la coherencia no es su fuerte.

La sentencia del tribunal superior rionegrino generosamente me nombra, lo que quizá me permita hacer una referencia personal. La extensión de la quiebra de Swift a más de una docena de empresas del grupo Deltec (lo cual incluía una entidad financiera local –Argentaria– y otra off-shore, el Deltec Banking), tuvo un resultado venturoso: toda la masa acreedora, configurada principalmente por obreros y consignatarios de hacienda, terminó cobrando la totalidad absoluta de sus créditos con indexación e intereses. No cabe duda de que el instituto de la extensión de la responsabilidad patrimonial a todo el conjunto económico de una multinacional es un recurso genuino del derecho contemporáneo para hacer justicia en una sociedad globalizada.

Aquella decisión de noviembre de 1971, confirmada por la Corte Suprema el 4-9-19734, fue la primera que entre nosotros aplicó a una empresa multinacional la técnica correctora de los abusos de la personalidad jurídica de las sociedades comerciales. La construcción teórica preexistía por lo menos desde 1955, cuando el jurista alemán Rolf Serik escribe una obra decisiva5. A partir de entonces se ha advertido al menos que una concepción excesivamente formal de la persona jurídica (especialmente cuando se trata de las sociedades por acciones –nuestras sociedades anónimas– el máximo instrumento jurídico de la acumulación capitalista), podía conducir a desviaciones perniciosas. Ocurre que un puro concepto estructural, fruto de la técnica y de la economía contemporánea y aparentemente inocuo en sí mismo, se presta de hecho a potenciar y actualizar cualquier actividad, sin consideración a los fines concretos que la misma dice perseguir, merced a ese ciego y absoluto sometimiento al puro concepto formal que caracteriza la persona jurídica.

El remedio frente a esta desviación ha sido encontrado en la posibilidad de desestimar o prescindir de la estructura formal de la persona jurídica, para “penetrar” en ella hasta descubrir su verdadero sustrato personal y patrimonial, poniendo así al descubierto la verdadera identidad y los verdaderos propósitos de quienes se amparan bajo aquella armadura legal. Este resultado se fue alcanzando en la jurisprudencia a través de la invocación de principios generales, tales como la buena fe, la fuerza de los hechos, la naturaleza de las cosas, las exigencias o necesidades socio-económicas y, básicamente, la exigencia de la verdad jurídica objetiva, según puede observarse en numerosas decisiones de los tribunales alemanes6.

Esto es lo que se hizo en “Swift-Deltec” y es lo que hay que hacer ahora con los bancos extranjeros: levantar el velo de la personalidad jurídica que los separa formalmente de sus matrices y otras compañías del grupo. Producido el daño de la falta de acceso de los ahorristas a sus depósitos, nace la obligación de todos los bancos de poner la totalidad de sus patrimonios al servicio del deber de devolver esos dineros. Y si el tal patrimonio se encuentra distribuido entre muchas empresas de un mismo grupo económico, la doctrina “Swif-Deltec” manda desatender y prescindir de la diferenciación formal entre ellas y acudir a la totalidad de los recursos del conjunto, una solución que ha quedado ya instalada en la sociedad argentina en febrero de 2002 por la valiosa decisión del Tribunal Superior de Río Negro.

  1. http:/www.diariojudicial.com/mail-noticia.asp?ID=9847.
  2. Lo cual ha consagrado al doctor Horacio Jaunarena como una suerte de Ministro Perpetuo de Defensa de gobiernos de cualquier signo, por su consagrada devoción a la impunidad (Jaunarena fue ministro de Defensa de los gobiernos de Raúl Alfonsín –1983/89– y Fernando de la Rúa, 1999/2001, N. de la R.).
  3. “La betisse n’est pas mon fort” (La idiotez no es mi fuerte), escribía Paul Valéry.
  4. http://www.csjn.ar/index.html
  5. Rolf Serik, Apariencias y realidades en las sociedades mercantiles: el abuso del derecho por medio de la persona juridica, Ediciones Ariel, Barcelona, 1958.
  6. Un desarrollo del asunto, con cita de la jurisprudencia “Swift-Deltec”, y una muy amplia bibliografía, puede verse en: file://www.zur2.com/users/fipa/fcjp/116/zerpa.htm
Autor/es Salvador María Lozada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 33 - Marzo 2002
Páginas:9
Temas Neoliberalismo, Nueva Economía, Estado (Justicia), Estado (Política)
Países Argentina