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El elitismo no murió con la paridad

La denominada Ley de Paridad, aprobada por la Asamblea Nacional francesa en junio de 2000, establece que ese organismo debe contar con igual número de hombres y mujeres. El incremento de la proporción de mujeres en la Asamblea mantiene intacto su carácter elitista: la mayoría de las mujeres pertenecen a un rango social medio-alto y tienen altas calificaciones académicas. Pero su vida privada es menos tradicional que la de sus colegas hombres, y tienden a estrechar la brecha entre el ámbito político y la vida cotidiana.

Ponderar los méritos de la representación-espejo contra la representación-mandato forma parte de los argumentos que suelen esgrimir los defensores de la paridad. Sostienen que si la crisis de la política en Francia es tan aguda, es debido a la creciente distancia entre representantes y representados. Para reinstaurar el vínculo entre ambos, los electos deben reflejar la imagen de la sociedad en toda su diversidad. Roselyne Bachelot1, ex informadora general del Observatorio de la Paridad, afirma que “existe un efecto espejo entre el poder político y la sociedad. Por eso lucho para que las mujeres entren a la política”. En resumidas cuentas, muchas defensoras de la causa paritaria dejan entrever implícitamente que la llegada masiva de las mujeres a la política habrá de reducir el desfasaje entre los profesionales y los profanos de la cosa pública. Sólo las militantes de extrema izquierda quieren ver en la reforma nada más que un instrumento al servicio de las privilegiadas.

Al instalarse en la res publica, ¿las mujeres van a modificar las condiciones sociales de acceso al campo político y acercar las elites al pueblo? En otros términos, ¿la paridad de los sexos en la Asamblea va a conducir a la democratización de la política? La investigación llevada a cabo entre los diputados franceses de ambos sexos de la undécima legislatura (1997-2002) –anterior a la ley sobre la paridad– señala el camino a recorrer2, como asimismo que la investigación entre los consejeros municipales electos en 2001, después de la ley3.

La llegada del 47,5% de mujeres a los consejos municipales de las ciudades de más de 3.500 habitantes, se tradujo en un rejuvenecimiento de estas asambleas. Sobre todo, las categorías profesionales en las que las mujeres son mayoritarias (empleadas, médicas y paramédicas, maestras) estuvieron mejor representadas, a las cuales se suman las amas de casa. Pero lo que es básicamente cierto en el caso de las consejeras municipales ya no lo es a nivel de las intendencias4.

¿Qué puede ocurrir a escala de la Asamblea Nacional?

La investigación indica que las mujeres electas en mayo-junio de 1997 pertenecen, tanto como los hombres, y a veces en mayor medida, a estratos sociales muy privilegiados. Y esto sean cuales fueren los criterios adoptados. Si se toma en consideración el ambiente familiar de origen, casi el 40% de las electas declaran tener un padre ejecutivo o que ejerce una profesión liberal. En cuanto al título escolar obtenido: dos tercios de las electas cuentan con un diploma de enseñanza superior (como los hombres). Además, resultan ser dos veces más a menudo que ellos egresadas de una gran escuela (10% contra 5%).

Prestigiosa formación intelectual

En la gama de recursos individuales que las mujeres pueden capitalizar en la escena política, no cabe duda de que la formación intelectual prestigiosa cuenta con un lugar privilegiado. Contar con un diploma de la ENA (Escuela Nacional de Administración ), o de la Escuela Normal Superior equivale para ellas a adquirir un adicional de competitividad y de autoridad y a compensar la desventaja de no haber nacido varones.

Como se ve, la Asamblea no refleja a la sociedad, tampoco en su componente femenino: para tener alguna posibilidad de ingresar a él más vale ser graduado. Salvo que se trate de un comunista: los electos de esa familia escapan a la característica elitista de la formación (37% de ellos poseen a lo sumo un título primario o primario superior, contra el 10% del conjunto de los electos).

Dado el nivel académico de las diputadas, no es de extrañar que ocupen lo alto de la escala social. Si se toma en cuenta la profesión que ejercen en el momento de su primera elección en la Asamblea Nacional, el 64% de ellas (52% de los hombres) se ubican en la categoría de cuadros superiores o profesiones liberales; 24% en las profesiones intermedias (31% de los hombres), mientras que sólo el 3% de ellas (4% de los hombres) se ubica en el sector empleados u obreros. Es de destacar que pertenecen de manera mucho más mayoritaria aun que sus compañeros masculinos a la función pública y a los asalariados del sector público. Más de la mitad (52%) son funcionarias, contra el 43% de los hombres5. En ausencia de un estatuto del electo que proteja a los asalariados del sector privado, necesitan de la red de la función pública para arriesgarse en esa “carrera” tan incierta que es la política. En efecto, sólo quienes forman parte de ese sector tienen la seguridad de recuperar su puesto de trabajo en caso de pérdida del mandato.

De la totalidad de los funcionarios que llegaron a ser diputados, una pequeña minoría (el 11% de las mujeres y el 7% de los hombres) pertenecen a las grandes corporaciones del Estado, la mayor proporción al cuerpo docente, de donde proviene la tercera parte de las mujeres y la cuarta parte de los hombres. Subsisten grandes afinidades electivas entre socialistas y docentes, ya que estos últimos conforman el 37% de los efectivos del grupo socialista y están emparentados. La “República de los profesores”, aunque menos omnipresente6 que en 1981, sigue sin embargo siendo muy vital en esta Asamblea electa en 1997.

Vida privada o poder

Las informaciones en cuanto a la profesión de los cónyuges confirman lo acomodado del medio social de las diputadas: más del 70% de las que viven en pareja tienen un marido o un compañero que pertenece a los “cuadros superiores o profesiones liberales”. Las mujeres políticas se parecen a las demás mujeres: practican de buen grado la homogamia, eligiendo un cónyuge socialmente a la par.

La investigación proporciona otros dos elementos que configuran el perfil de las parlamentarias. Por un lado, las mujeres, aunque quincuagenarias, son un poco más jóvenes que la media de los miembros del hemiciclo (50 años y dos meses, contra 53 años y seis meses). Por otra parte, y sobre todo, no comparten una vida familiar similar. Mientras que la situación “normal” de un diputado es estar casado (84%), solamente un 56% de las mujeres tiene una vida matrimonial. Con mayor frecuencia que sus colegas varones, las diputadas viven en pareja sin estar casadas y son más numerosas quienes viven solas (29%, contra 8% de los hombres), sean solteras, viudas o sobre todo divorciadas. Porque el divorcio marca una gran diferencia entre los parlamentarios de uno y otro sexo: 20% de las mujeres están divorciadas, frente a sólo el 4% de los hombres.

A través de estos guarismos se percibe lo que revelan numerosos testimonios orales: el matrimonio se evalúa como una carta a favor en la vida de un hombre político y como un obstáculo en la de una mujer.

Por último –comprobación simbólica de la dificultad con la que se enfrentan las diputadas para armonizar maternidad y política– es mayor el número de mujeres que no han procreado que el de los hombres: tal es el caso en el 19% de ellas contra el 10% de aquellos. Además, cuando son madres, son menos las que tienen hijos pequeños: en 1997, cuando ingresaron a la Asamblea, solamente el 15% tenía uno o más hijos de menos de 10 años, contra casi el 30% de los hombres. Last but not the least, están menos a menudo a la cabeza de una familia numerosa, con tres hijos o más (la tercera parte, contra más del 45% de los hombres).

De manera que el acceso al poder político parece exigir vidas privadas diferentes según se trate de hombres o mujeres. Mientras que el matrimonio y los hijos (a menudo numerosos) son bien asumidos por los hombres, estas opciones demuestran ser mucho menos compatibles con la carrera de las mujeres. Ellas se ven llevadas con frecuencia a romper su pareja, a limitar su descendencia, incluso a no tener ningún hijo. Allí reside la injusticia que padecen las mujeres en la política: se ven acorraladas por el dilema “vida privada o poder”, mientras que los hombres nunca se ven enfrentados a semejante opción. Hecho que se reproduce por lo demás en la vida empresarial.

De hecho, la feminización de la Asamblea, lejos de haber ampliado las bases del reclutamiento, llevó a la reproducción social7. Las diputadas de la undécima legislatura pertenecen, en su gran mayoría, a una elite muy estrecha. En cierto sentido, son “herederas” que, no contentas con haber recibido una dote social, también recibieron en algunos casos, una “herencia política”: más del 20% fueron educadas en el serrallo por un padre que ejerciera él mismo funciones políticas.

En consecuencia, las representantes del pueblo no reflejan la imagen de las mujeres de este país. Se diría que para acceder a la diputación, tuvieron que compensar la desventaja que les significa pertenecer al “segundo sexo”, acumulando en mayor medida recursos culturales y sociales, pagando un alto precio privado por su compromiso político.

Se puede objetar que en junio de 1997 sólo ocupaban el 10,9% de los 577 escaños. Aunque su proporción se duplicó respecto de la legislatura anterior (eran el 5,9% en 1993), sólo representan una reducida minoría que fue ipso facto obligada a adoptar comportamientos de supervivencia o de sobre-compensación para seguir existiendo.

¿Muerte del burócrata?

Bien podría pensarse que la ley del 6 de junio de 2000, denominada Ley de Paridad, está en condiciones de modificar la situación. Si les permitiera a las mujeres postularse a mandatos electorales en condiciones menos desiguales, podría reducir considerablemente el costo social de acceso al campo político. Las mujeres ya no tendrían entonces que acumular tanto capital social o cultural para convertirse en diputadas, conservando paralelamente la libertad de tener una vida privada mayormente compatible con eventuales maternidades. Si la nueva legislación tornara más banal su presencia en las asambleas electas, podría brindar mayores oportunidades a mujeres más “comunes”. El acceso a la representación política dejaría entonces de ser un cuasi monopolio de las graduadas de la enseñanza superior y de los privilegiadas. El espejo de la Asamblea reflejaría por fin una imagen más fiel de la ciudadanas de Francia.

Parece razonable suponer que un ingreso masivo de mujeres al Parlamento lo rejuvenecería, ya que las recién llegadas vienen a ocupar el lugar de diputados salientes a menudo entrados en años y que ya han cumplido con su segundo o tercero y hasta cuarto mandato. Sin duda también cabe esperar un incremento en la cantidad de mujeres de clase media que se ocupan de lo político. Estos son los efectos derivados de las elecciones municipales, las primeras en desarrollarse bajo la vigencia de esta ley paritaria. Pero es lícito dudar de que se amplíe el vivero en lo alto de la jerarquía política, es decir a nivel de la Asamblea Nacional.

El reclutamiento parlamentario no habrá de dejar de lado sus características elitistas garantizando el carácter mixto de ambas asambleas, dado que la marginación política de las clases populares, que se acentuó en Europa a partir de los años ’60, tiene causas profundas. En todos los Parlamentos la proporción de diputados provenientes de “clases peligrosas” disminuyó considerablemente en beneficio de representantes de la burguesía, mediana o alta, formados en la Universidad y las grandes escuelas8. Si “la elegibilidad de clase” se ha desgastado, tanto como el voto de la misma denominación, ello deriva a la vez del declive de los partidos comunistas (los que propiciaban la inclusión de candidatos del ámbito obrero y sindical) y del aburguesamiento de los partidos socialdemócratas.

Es preciso recordar que entre los diputados franceses designados en 1997, sólo los comunistas se singularizaron al reclutar en mayor medida en las categorías populares (12% son empleados u obreros). En cambio, los electos socialistas no son menos burgueses que los de derecha9.

Suponiendo que la Asamblea nacional que habrá de elegirse en junio próximo incluya un 20% de mujeres o más, la base de su reclutamiento no se verá radicalmente modificada y el pueblo seguirá siendo igualmente inhallable. Sin embargo, se puede apostar a que la feminización de las elites –a falta de colmar la distancia social entre gobernantes y gobernados– puede acarrear una gran renovación, tanto de las prioridades como de las prácticas políticas. Dado que tienen una experiencia diferente, las mujeres, que hasta el momento han asumido la responsabilidad de la vida cotidiana y familiar, están bien ubicadas para influir en el contenido de los programas políticos y colmar las lagunas de un bien común delineado hasta entonces sin ellas. Porque poseen una comprensión distinta de la relación entre vida privada y vida política, las mujeres son asimismo las más indicadas para repensar la profesión política, reducir la dimensión del divorcio entre ágora y hogar. Bien podrían entonces forjar un modelo de actor distinto, más en contacto con la realidad.

¿La feminización de lo político habrá de derivar en la muerte del político burócrata, distanciado de la realidad cotidiana porque hace política de la mañana a la noche? Es lo que los franceses esperan del relevo por las mujeres: que ellas le vuelvan a otorgar centralidad y credibilidad a la función pública para que por fin se puedan sentir bien representados.

  1. Roselyne Bachelot, Geneviève Fraisse, Deux femmes au royaume des hommes, París, Hachette Littérature, 1999.
  2. Mariette Sineau, Profession: femme politique. Sexe et pouvoir sous la Cinquième République, París, Presses de Sciences Po, 2001.
  3. Catherine Achin, “Démocratisation du personnel politique et parité: un premier bilan”, Mouvements, Nº 18, noviembre-diciembre de 2001; Mariette Sineau “Parité an 1: un essai à transformer”, Revue politique et parlementaire, Nº 111, marzo-abril de 2001.
  4. Entre los alcaldes (de las ciudades de más de 3.500 habitantes), los obreros están prácticamente ausentes: 0,5% en el caso de mujeres alcaldes y 0,3% en el de los hombres; los empleados representan respectivamente el 4,8 5 y el 2,3 5; las profesiones médicas el 2,6% y el 0,7%; los maestros, el 4,8% y el 2,6%. El total de estas categorías representa un 12,7% de las mujeres alcaldes y un 5,9% de los hombres alcaldes (fuente: Ministerio del Interior).
  5. Estos porcentajes fueron calculados a partir de las estadísticas elaboradas por la Asamblea Nacional.
  6. Hasta la fecha, más de un diputado de cada tres era docente. Señalemos que la proporción de docentes en la Asamblea Nacional es más elevada cuando la mayoría es socialista. Es así como cayó de un 27% en 1988 (mayoría de izquierda) a un 18% en 1993 (mayoría de derecha) para volver a trepar hasta el 26% en 1997.
  7. De la misma manera, la feminización del gobierno conservó intactas las vías de reclutamiento, que aún son tecnocráticas, vía la ENA. Tanto como los hombres, las mujeres siguen el recorrido forzoso que va desde la ENA a los gabinetes ministeriales para luego llegar al gobierno.
  8. Alain Gresh, “Représentant(e)s du peuple”, Manière de voir, 44 , marzo-abril de 1999.
  9. A lo sumo, están compuestos por una mayor proporción de diputados ubicados en las profesiones intermedias, mientras que los electos de derecha son en su gran mayoría provenientes de los “cuadros superiores/ profesiones liberales”.
Autor/es Mariette Sineau
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 33 - Marzo 2002
Páginas:32,33
Traducción Dominique Guthmann
Temas Sexismo, Estado (Política), Movimientos Sociales, Políticas Locales
Países Francia