El gobierno argentino quiere pagar

La ventaja de crisis graves es que muestran con total transparencia los comportamientos de cada actor social. Los negociadores argentinos en Washington rechazaron de plano una propuesta que podría haber significado una quita importante de la deuda externa. Ocurre que el sector financiero que domina en la Argentina desde 1976 se opone porque debería hacerse cargo de parte importante de esa pérdida.

Agotadas las seductoras promesas del modelo (aumentos de competitividad gracias a las privatizaciones, baja de la deuda merced a los excedentes que se generarían, pleno empleo al amparo de la flexibilización laboral), el sector financiero se encuentra frente a la inviabilidad de la economía que creó y a la disolución social engendrada. La respuesta que ofrece, dictada por su naturaleza rapaz y el deseo de aferrarse a los últimos negocios, corresponde a la dimensión mágica: el tótem-convertibilidad nos guía y protege, el tabú del endeudamiento no debe ser siquiera mencionado so pena de terribles calamidades.

Sólo así es posible comprender las extrañas negociaciones sobre reprogramación de la deuda externa del gobierno argentino con el FMI y la Secretaría del Tesoro estadounidense. Porque fueron los representantes del sector financiero local, ungidos como delegación oficial, quienes se opusieron a cualquier negociación que pudiera conducir a una rebaja. Se enfrentan con claridad dos intereses contrapuestos: el del país, que se beneficiaría con una quita importante, y el del sector financiero, que tendría que pagarla. El gobierno argentino se opuso a esa quita, propuesta por el gobierno de Estados Unidos.

Con el nuevo gobierno, los sectores ahora hegemónicos en el país del norte son el complejo militar-industrial y el eléctrico-petrolero, en vez del financiero. Es por eso que el Secretario del Tesoro, Paul O’Neill, atacó a los banqueros que prestan a tasas muy altas a gobiernos insensatos que no pagarán. Esos prestamistas saben que en última instancia el FMI irá en rescate de los acreedores con los fondos del contribuyente estadounidense. Lo que O’Neill no dice es que al final paga el Estado del país deudor: la crisis del tequila, por ejemplo, le costó a México 60.000 millones de dólares¹.

De todos modos, la nueva propuesta estadounidense consiste en que los acreedores asuman el riesgo y carguen con una parte significativa de los préstamos impagos. O’Neill dijo que “debemos encontrar una fórmula para que los inversores que obtienen grandes ganancias sufran las consecuencias del riesgo sin que salgamos a salvarlos con el dinero de los contribuyentes”². Esta fórmula provocaría a los acreedores una pérdida sustancial por los préstamos que no pueden pagarse favoreciendo al país deudor, que así se libera de parte de la deuda. Sin embargo, fue rechazada de plano por el ministro Cavallo y su misión negociadora.

El sector financiero se vale de todos los instrumentos a su alcance –tanto la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) a nivel local y del FMI– para imponer condicionalidades que poco tienen que ver con la sustentabilidad de la economía, pero mucho con su sistema de poder. No parece que a O’Neill le importe mucho la propiedad del ANSES o del PAMI, pero al sector financiero local sí. Se trata de los mismos grupos que afirmaban el cierre perpetuo de los mercados internacionales de capitales si el país iba a una moratoria o renegociaba la deuda. Pero ahora resulta que son los dueños del mercado quienes proponen una renegociación con una quita sustancial de la deuda.

En esta lucha entre el interés nacional y el interés del sector financiero, la actitud de Estados Unidos muestra que existe margen de maniobra para elaborar soluciones alternativas. Las condicionalidades de la propuesta estadounidense aún no se conocen y podrían muy bien ser inaceptables, pero marcan un significativo avance y demuestran que es posible renegociar la deuda³.

¿Por qué esta acción en contra del interés del deudor, que se hubiera beneficiado con una baja importante de la deuda? ¿Qué factores pueden anteponerse a la posibilidad de realizar una reestructuración de la deuda, a sugerencia de Estados Unidos? Ocurre que una parte significativa de los propietarios de la deuda externa son argentinos o residentes en el país. Tienen el 43% de la deuda, como se muestra en el cuadro, con detalle de cada bono y su tenencia por residentes y no residentes. El gobierno defiende así los intereses del sector financiero instalado en la Argentina, que tendría que cargar con una parte importante de la rebaja. Ellos son los dueños de casi la mitad de la deuda externa; el resto está en manos de otros bancos y entidades financieras residentes fuera del país, pero con fuertes ligazones con el sector financiero argentino (que es extranjero pero que actúa y manda aquí). Lo que se antepone al interés nacional es nada más que la propia necesidad del sector financiero para controlar la economía y condicionar cualquier desarrollo político. La deuda externa se convierte así en un problema de reparto de riquezas y de poder entre argentinos.

1. Gabriel Grinberg, “El polvorín bancario mexicano”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, septiembre 1999.
2. Clarín, Buenos Aires, 25-8-01.
3. Alfredo Eric y Eric Calcagno, “¿Por qué no una moratoria?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto 2001.