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Economía de la sublevación

Todo golpe de Estado lleva consigo una idea del funcionamiento económico de la sociedad, define qué sectores sociales deben ser favorecidos, cuáles perjudicados. Esto es patente en los sucesos de Venezuela, donde la dimensión económica del golpe es nítida: entregar el petróleo; suprimir las leyes de reforma agraria y del Banco Central de Venezuela; asegurar el Área de Libre Comercio de las Américas.

En Venezuela, como en el resto de América Latina, el establishment económico nacional y extranjero no permite que otros grupos sociales manejen la economía. Es una cuestión de principios: están convencidos de que el gobierno –y en especial la economía– les pertenece y que, si no la manejan ellos mismos, la única alternativa válida es que lo hagan partidos políticos dóciles, cuyos dirigentes designan como ministros a gerentes de las mayores empresas. De allí su oposición visceral, con rasgos de fundamentalismo racista y clasista, con que rechazan al gobierno del presidente Hugo Chávez. En verdad, éste no perjudicó sus intereses; sólo impidió sus latrocinios, como la venta de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). Pero el establishment sí dañó al país, entre otras cosas mediante una gigantesca evasión de capitales, que en 2000 fue de 7.294 millones de dólares y en 2001 de 7.350 millones1. La primera finalidad económica del golpe fue entonces la recuperación para el establishment de la conducción económica: el efímero Presidente nombrado por los golpistas era el presidente de la central empresaria.

Esta cerrada oposición es estimulada por el gobierno de Estados Unidos, interesado en la privatización del petróleo y el derrocamiento de un gobierno independiente y opuesto al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

La mayor fuente de poder económico en Venezuela es el petróleo, que pertenece al Estado. La renta petrolera mueve la economía y la política: quien la capte domina el país. Por eso es la presa más codiciada por las petroleras internacionales y sus socios menores venezolanos. El objetivo mayor es su privatización, que ya había sido puesta en marcha por la administración anterior y fue interrumpida por Chávez en cuanto asumió el gobierno. Chávez no sólo impidió esa enajenación, sino que otorgó jerarquía constitucional a la propiedad pública del petróleo. El art. 303 determina que “por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria petrolera”. Este obstáculo fue el que pretendió suprimir el golpe de Estado cuando derogó de un plumazo la Constitución de la República y la Ley de Hidrocarburos, que establecen la propiedad estatal sobre el recurso natural y reglamentan su explotación de acuerdo con el interés nacional. La avidez no es elegante.

La Ley de Hidrocarburos, sancionada en noviembre de 2001, establece la propiedad nacional sobre todos los yacimientos de hidrocarburos, de acuerdo con la Constitución. Las actividades primarias, de exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento iniciales quedan reservadas al Estado, a empresas de propiedad estatal o a aquellas empresas mixtas en las que el Estado mantenga una participación mayor al 50%. Las actividades de comercialización interna y externa de los hidrocarburos naturales sólo podrá ser efectuada por empresas estatales. A su vez, la comercialización de los productos derivados podrá ser realizada por el Estado, por empresas mixtas o privadas.

Sobre los volúmenes extraídos de cualquier yacimiento, el Estado cobra una regalía del 30%. Además, quienes realizan estas actividades deben pagar impuestos, de los cuales el mayor es el que grava con un porcentaje entre el 30 y 50% a cada litro de derivados de hidrocarburos vendidos en el mercado interno. Los dividendos de PDVSA, las regalías y los impuestos significan alrededor del 35% de los ingresos fiscales. La actividad petrolera, en todas sus etapas, es considerada un servicio público y el gobierno fija los precios de los derivados: el litro de gasolina al consumidor cuesta en Venezuela el equivalente de 10 centavos de dólar. Esto se debe a que el cálculo para el consumo interno se efectúa por los costos nacionales, y no como en Argentina, cuyos consumidores pagan como si se tratase de un país importador (a finales de abril, la gasolina costaba unos 35 centavos de dólar).

El plato fuerte de este menú es Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, empresa cuyo único accionista, según la Constitución, sólo puede ser el Estado. Se creó hace 25 años y tiene una base de activos de 55.860 millones de dólares; cuenta con las mayores reservas de hidrocarburos del continente americano (78.000 millones de barriles de crudo); puede producir 3,8 millones de barriles diarios, con una infraestructura que incluye 20.000 pozos activos y más de 6.000 km de oleoductos. Está implantada en Estados Unidos, la Unión Europea, el Sudeste de Asia y varios países de América Latina y el Caribe. Exporta 2,7 millones de barriles diarios, de los cuales el 70% va a Estados Unidos. Es la mayor empresa de América Latina en cuanto a ventas, utilidades y patrimonio.

Esta joya de la corona es la que se quería privatizar; por eso los autores del golpe de Estado derogaron la Constitución y la Ley de Hidrocarburos. Si hubieran tenido éxito, no sólo la economía sino también la soberanía de Venezuela hubieran sufrido un durísimo deterioro, como el que sufrió Argentina con el despojo de YPF.

Ya que estaban, los golpistas derogaron también la Ley de Reforma Agraria. Esta es una ley capitalista y productivista. Tiende a radicar a los campesinos, a los cuales adjudica parcelas de tierra, insumos y seguro contra catástrofes naturales. Se propone además eliminar el latifundio y rescatar las tierras ociosas o incultas. Determina que las tierras de propiedad del Estado o las tierras de particulares (previa expropiación) que se encuentren improductivas podrán ser otorgadas en adjudicación a quienes se dediquen a la actividad agraria y tengan aptitudes para transformarlas en fundos productivos. Se establece una modalidad jurídica que concede a los beneficiarios el derecho de trabajar la tierra, percibir sus frutos y transmitirla a sus herederos; pero no pueden venderla, ni el Estado revocar la adjudicación. Junto con este cambio en la propiedad de la tierra, se establece un impuesto que grava a las tierras privadas y públicas con baja productividad. Excluye de los beneficios de la ley a quienes hayan optado por la violencia para ocupar tierras. Se establece un minucioso procedimiento judicial para la determinación del carácter de tierra ociosa o inculta, con dos instancias y casación.

Según la ley chavista, existen tres clases de tierras: las ociosas o incultas, que se someten a la intervención del gobierno, a la expropiación y al impuesto, con todas las garantías judiciales; las mejorables, en las que se apoya al propietario para que incremente la productividad; y las productivas, a las que no afecta esta ley.

Los fracasados golpistas también derogaron la ley que determina la estructura y el funcionamiento del Banco Central de Venezuela. En general, las tesis prevalecientes han tendido a constituir a los bancos centrales en fortalezas del neoliberalismo, por encima de los gobiernos. A tal efecto, les han otorgado una autonomía que los pone a cubierto de cualquier instrucción u orden del gobierno central y además confiere a sus autoridades una inmunidad y continuidad por encima del Poder Ejecutivo. En varios países el Presidente de la República no puede remover al presidente ni al directorio del Banco Central. En especial, la política cambiaria es un coto privado del Banco Central.

La Ley del Banco Central que intentó derogar el golpe establece que “el diseño de la política cambiaria será regulado por medio de los correspondientes convenios que acuerden el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Finanzas, y el Banco Central de Venezuela por intermedio de su Presidente”. De tal modo se restablece la posibilidad de una política económica coherente, en la que la política cambiaria sirva de modo adecuado al programa de gobierno y no a los financistas atrincherados en el Banco Central, como ocurre en varios países latinoamericanos.

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es uno de los principales puntos del programa del presidente George W. Bush, que procura cumplir con un objetivo permanente de la política estadounidense. Desde las lejanas épocas de la Unión Panamericana (1889) hasta ahora, Estados Unidos ha tratado de uniformar la política regional bajo su égida. La más reciente iniciativa en curso de cumplimiento es el ALCA2. Se trata de incorporar en una única zona económica a todos los países de América. En otras palabras, implantar el arancel cero para las manufacturas estadounidenses, lo que impediría la industrialización de los países sudamericanos. Pero ocurre que si se oponen Brasil y Venezuela no hay ALCA: entre ambos, totalizan el 42% del Producto Interno Bruto de América Latina; y sus dos gobiernos se han manifestado en contra de la entrada al ALCA. Ante esta realidad, la táctica de Estados Unidos es aislar a Brasil y proceder al derrocamiento del gobierno de Chávez. Que es precisamente lo que se intentó.

En síntesis, la dimensión económica del golpe hubiera significado un brutal retroceso, mediante la privatización del principal eje del Estado venezolano que es PDVSA; el mantenimiento del latifundio; la moneda en manos de los financistas; y la renuncia a la industrialización que significa el ALCA.

Es de esperar que el fracaso del golpe acelere la afirmación del interés nacional venezolano; el pasaje de la economía de renta a una de producción, así como fuertes políticas de redistribución del ingreso a favor de los más pobres. En ese caso, será posible avanzar en una integración económica sudamericana que dé continuidad y solidez a los procesos democráticos sobre la base de una alianza entre iguales que posibilite recuperar y crear soberanía. u

  1. Datos de CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2001, Santiago de Chile, 2001.
  2. Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “¿Quieres ser ALCA?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2001.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 35 - Mayo 2002
Páginas:7
Temas Militares, Estado (Política), Políticas Locales
Países Venezuela