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Ofensiva estadounidense sobre los OGM

La presión de la Unión Europea (UE) obligó a introducir en la declaración final de la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio celebrada en Doha, Qatar, en noviembre de 2001, una mención sobre el medio ambiente. Pero el precio pagado fue altísimo: la UE ya no impondría la condición de la prueba de inocuidad para importar organismos genéticamente modificados y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente sólo serán obligatorios para los países firmantes, lo que podría dejar en manos de la OMC el control de los mismos.

El inicio de una guerra mundial “ilimitada” contra el “terrorismo” por parte de Estados Unidos no fue la única consecuencia del 11 de septiembre de 2001. El terrorismo también le permitió a George W. Bush hacer votar en la Cámara de Representantes, con muy escaso margen (216 votos contra 215), y en nombre del patriotismo, la Trade Promotion Authority (Autoridad para la Promoción del Comercio) anteriormente denominada fast-track (vía rápida). Si el Senado se pronuncia en el mismo sentido, el Ejecutivo podrá firmar acuerdos comerciales internacionales que el Congreso deberá adoptar o –hipótesis poco verosímil– rechazar. Sin tal medida, los negociadores estadounidenses no serían considerados suficientemente creíbles por sus interlocutores, que temen las enmiendas parlamentarias que ulteriormente podrían vaciar de su contenido a los acuerdos.

Aun antes de la decisión final del Congreso, la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), celebrada en noviembre de 2001 en Doha, capital del emirato de Qatar, ya había representado una afrenta para los movimientos de lucha contra la mundialización liberal y un éxito indiscutible para el mundo de los negocios1: en esa ocasión se lanzó una nueva ronda de negociaciones generales, llamada de “desarrollo”, destinada a reemplazar la Ronda del Milenio, que había fracasado lastimosamente en Seattle en diciembre de 1999. Entre los numerosos temas que engloba esa negociación, uno de los más sensibles en lo inmediato es sin dudas el del medio ambiente.

Si el mismo figura en la declaración final de Doha es fundamentalmente gracias a la presión ejercida por la Unión Europea (UE), apoyada por Japón, Noruega y Suiza, mientras que India se opuso enérgicamente, seguida con mayor o menor resolución por la mayoría de los países en desarrollo y Estados Unidos. Pero el precio de esa inclusión fue muy alto, hasta exorbitante. En primer lugar, en razón de una cláusula restrictiva de magnitud: los resultados de las futuras negociaciones sobre la compatibilidad entre las reglas de la OMC y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AME) sólo serán obligatorios para los países que ya hubieran firmado esos AME. Con lo cual se incita a todos los países a imitar el lamentable ejemplo de Estados Unidos: no firmar ningún acuerdo o renegar de lo firmado. En segundo término, y en total contradicción con los objetivos proclamados, ello puede dar a la OMC el control de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. Es lo que esperan los medios de negocios, fundamentalmente en el terreno de las biotecnologías.

El comisario europeo de Comercio, el francés Pascal Lamy, parece compartir esa visión. Antes de la firma de la declaración de Doha, y con intención de tranquilizar a su amigo Robert Zoellick, representante especial del Presidente estadounidense para el comercio internacional (USTR), le había escrito: “Usted me comunicó las profundas preocupaciones de su gobierno, particularmente en lo concerniente al comercio de productos biotecnológicos y a la ejecución de los aspectos comerciales de los acuerdos multilaterales sobre la bioseguridad, actuales o futuros, y expresó su inquietud porque Europa podría utilizar negociaciones resueltas en Doha como un medio para justificar barreras ilegítimas al comercio. A ese respecto, y en tanto que negociador de la Comisión Europea, le escribo para asegurarle que ése no será el caso. Igualmente quiero asegurarle que no utilizaré esas negociaciones para modificar el equilibrio de los derechos y obligaciones en el seno de la OMC, en lo que concierne al principio de precaución”2.

Inversión de prueba

La última frase es más que elocuente: el comisario escribe que de ninguna manera la UE pedirá el refuerzo del principio de precaución. En particular, no exigirá en absoluto la inversión de la prueba en materia de bioseguridad: el país o el grupo de países que se negara a importar tal o cual producto (como ocurre con la UE respecto de la carne vacuna tratada con hormonas), se verá siempre obligado a probar que tal producto constituye un peligro. Por su parte, el exportador seguirá eximido de probar la inocuidad de la mercancía. Semejante capitulación era sin dudas la compensación exigida por Washington para que el tema del medio ambiente figurara en la declaración final.

Esa buena disposición de la UE podría tener próximamente consecuencias en el crucial terreno de los organismos genéticamente modificados (OGM), dado que Estados Unidos no tiene respecto de Europa los miramientos que el comisario Lamy tiene por Washington. En efecto, apenas un mes después de Doha, Zoellick aumentó la presión, dando a entender que la administración Bush pasaría a la ofensiva sobre los “retrasos” europeos en las autorizaciones para importar nuevos OGM y sobre las directivas concernientes a la trazabilidad y el etiquetado de los productos que los contienen.

Cabe recordar que desde 1998 existe una moratoria de la UE sobre importación de nuevos OGM. Las medidas sobre la trazabilidad y el etiquetado de esos productos, propuestas al Consejo y al Parlamento europeos en julio de 2001, pero aún no aplicadas, son la vía que utiliza la Comisión para permitir nuevas importaciones. Pero para que los consumidores se tragaran la píldora, se les daría la posibilidad de “elegir” entre productos con o sin OGM. Estados Unidos no quiere oír hablar ni de moratoria ni de reglas de trazabilidad y de etiquetado: para Washington esos productos no representan ningún peligro, y punto3.

Presión de los lobbies

Francia es actualmente el pilar de la minoría que bloquea los OGM en las reuniones del Consejo de ministros europeos de Medio Ambiente, secundada por Dinamarca (que podría cambiar de campo con su nuevo gobierno de derecha), Grecia, Austria, Italia y Luxemburgo. Esa minoría es frágil, y se opone a un sector poderoso. En vísperas de la reunión de Doha, el 6 de noviembre de 2001, sesenta y cuatro de los más importantes grupos y asociaciones de productores agrícolas estadounidenses (entre ellos Cargill, Monsanto, Farm Bureau, Grocery Manufacturers, etc.), que representan miles de millones de dólares de exportaciones, escribieron a los secretarios de Comercio y de Agricultura –también a Zoellick– para denunciar el principio de precaución y las “medidas ilegítimas y otras barreras técnicas al comercio” adoptadas por la UE. Esos organismos intimaban al gobierno a hacer cesar el incumplimiento de dos acuerdos de la OMC: el referido a las medidas sanitarias y fitosanitarias (en inglés, sigla SPS), y el que concierne a los obstáculos técnicos al comercio (OTC, o TBT en inglés).

El lobby estadounidense, apoyado desde Washington por toda la máquina gubernamental, sostiene que la moratoria europea representa un lucro cesante de 300 millones de dólares considerando sólo el maíz y presiona aun más, seducido por la perspectiva de un potencial monopolio estadounidense sobre todos los productos agrícolas OGM. En efecto, los grandes grupos europeos de biotecnología, desanimados por los movimientos opositores, abandonaron la agricultura para concentrarse en el rubro de la salud4. En enero de 2002, la secretaria de Agricultura estadounidense, Ann Veneman, en un discurso pronunciado en Oxford, recordó que su país se apoya siempre en la “ciencia sólida” (sound science), mientras que “lamentablemente, en Europa (existe) un concepto diferente llamado principio de precaución, que parece apoyarse en la premisa de la mera existencia de un riesgo teórico… Ese concepto podría bloquear fácilmente algunos de los productos agrícolas más prometedores, sobre todo los derivados de las biotecnologías”. Una semana después, su subsecretario, Alan Larson, subía el tono en Bruselas al declarar que “la paciencia de Estados Unidos llegó a su límite”.

Confrontación

La presión para llevar el tema de los OGM ante la OMC va en aumento. Larson sugiere a la Comisión Europea que haga comparecer a los países de la minoría de bloqueo –Francia en primer lugar– ante la Corte de Justicia de Luxemburgo, invocando el precedente de una decisión de la misma en contra de Francia, que se negaba a importar carne vacuna británica durante la crisis de la vaca loca. Y Larson amenazó: “No descartamos ninguna opción, pero de una o de otra manera será necesario que los presidentes, primeros ministros y cancilleres europeos comprendan que para nosotros este asunto es de la mayor importancia. Cuando existen comportamientos a la vez inapropiados e ilegales, la única forma de modificarlos es la confrontación”5.

Por su parte, en enero de 2002, Zoellick envió catorce páginas de instrucciones a los embajadores estadounidenses en todo el mundo, dándoles argumentos contundentes para utilizar contra eventuales reticencias de países miembros de la OMC, en particular los de la UE. Según Zoellick, las medidas propuestas por la UE sobre la trazabilidad y el etiquetado de los productos de consumo y de los alimentos para el ganado que contengan OGM “son imposibles de aplicar y de verificar, su implementación sería muy costosa, no alcanzarían los objetivos fijados y perjudicarían el comercio”. De todas maneras, esas medidas “afectarían a productos cuya utilización ya fue aprobada”… por las autoridades estadounidenses, claro. Zoellick concluye interrogándose “cómo hará la UE para garantizar que una autorización se basa en la ciencia y no en consideraciones políticas”6. Este horror democrático posiblemente podrá evitarse si Estados Unidos juega correctamente sus cartas. Y allí está la Comisión Europea para ayudarlo.

En octubre de 2001, el comisario encargado de la Salud y del Consumo, David Byrne, declaró durante una visita a Washington que descontaba un levantamiento de la moratoria a partir del Consejo europeo de Barcelona de marzo de 2002. Tres meses más tarde, y con más realismo, el comisario Pascal Lamy, también de visita en la capital estadounidense, informaba a sus interlocutores que el tema de la aprobación de nuevos OGM no podría ser abordado tan rápidamente, debido al “clima político”. Según dijo, la “mejor oportunidad” se situaría “este año, más adelante”. ¿Luego de las elecciones francesas y alemanas, por ejemplo?

Tony van der Haegen, ministro consejero a cargo del Consumo y de la Seguridad Alimentaria en la delegación de la Comisión Europea en Washington, se considera también consejero… de los estadounidenses. Fundamentalmente se sinceró respecto de su patrón: en su opinión, el mecanismo de decisión de la UE para la importación de nuevos OGM es una “posición insostenible”. Para no dejar dudas, el alto funcionario europeo agregó que si Estados Unidos reclamaba por ese caso ante la OMC, “nosotros perderíamos”. No contento con poner el dedo sobre los puntos débiles de la posición que se supone debe defender, Van der Haegen explicó que sin embargo a Estados Unidos no le conviene hacer comparecer a Europa ante la OMC sobre el tema de la trazabilidad y del etiquetado de los OGM. Si por ventura Washington perdiera ese litigio, tal resultado “minaría aun más la confianza del Congreso y del público estadounidenses en la OMC”. ¿Y si lo ganara? En tal caso, “por razones políticas, la UE jamás podría aceptar cumplir con la decisión”. El conflicto que se crearía sería entonces “mucho peor que el de la carne vacuna con hormonas”7.

Gracias a esos lúcidos consejos, la administración estadounidense afina su estrategia sobre los OGM, tomando en cuenta las futuras elecciones en Francia y en Alemania. En efecto, Washington no quiere que “un litigio políticamente explosivo en la OMC se transforme en una cuestión electoral clave y que alimente las campañas anti-biotecnologías de los partidos verdes”8. Pero no por eso renuncia a sus objetivos…

  1. Bernard Cassen y Frédéric F. Clairmont, “Globalización a marchas forzadas”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2001. Por su parte, un informe redactado por Béatrice Marre por cuenta de la delegación para la UE de la Asamblea Nacional francesa, considera que los resultados de la conferencia de la OMC representan más bien un progreso. El texto se titula “Doha: un essai à transformer” (Les Documents de l’Assemblée Nationale, N° 3569, 2002, 264). -01.
  2. Carta del comisario Pascal Lamy al embajador Robert Zoellick, Doha, 14-11-01, Inside U.S. Trade, Arlington, Vol. 19, N° 4, 23-11
  3. Los productos en cuestión que contienen OGM son la achicoria, el maíz, la soja, los tomates, los aceites de soja, de maíz y de colza, ciertos jarabes y almidones de maíz, aditivos, alimentos para el ganado; pero no los productos derivados de animales engordados con alimentos que contienen OGM.
  4. Le Monde, París, 20 y 21-1-02.
  5. International Trade Reporter, Washington, Vol. 19, N° 2, 10-1-02.
  6. El 7-2-02, Zoellick y Ann Veneman, ministro de Agricultura, criticaron en términos casi idénticos las restricciones a la importación de OGM decididas por China.
  7. Declaraciones de Van der Haegen citadas en Chris Rugaber, “US to analyze EU Biotech Rules, Plans WTO Submission”, Bureau of National Affairs, International Environment Reporter, Washington, Vol. 24, N° 25, 5-12-2001.
  8. Inside US Trade, Vol. 19, N° 51, 21-12-01.
Autor/es Susan George
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 35 - Mayo 2002
Páginas:16,17
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Transgénicos, Unión Europea, Medioambiente