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Hambre en el país de la tierra
“Hemos tocado fondo y ahora es el momento de romper con lo peor que le tocó vivir al campo argentino en las últimas décadas”, afirmó Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), ante productores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia y Chile, en el discurso inaugural del Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de la Tierra, llevado a cabo en Buenos Aires el 30 de junio y el 1 de julio pasados. ¿Tocar fondo, un país que viene batiendo todos sus récords de producción agropecuaria? Es que un brutal proceso de concentración de la tierra ha expulsado del campo a decenas de miles de productores y trabajadores; conduce al país a una situación de cuasi monocultivo y lo expone a una fuerte degradación ecológica. Las cifras de producción esconden un proceso de deterioro social, un verdadero retroceso que pagan millones de ciudadanos en situación de indigencia y pagarán las generaciones futuras.
"Por una
agricultura con agricultores. Tierra, trabajo y equidad, hacia un
nuevo proyecto nacional", fue la consigna que marcó el pulso del
Congreso, cuyo eje de debate fue el problema de la concentración de
la propiedad de la tierra, en particular su extranjerización, y la
expulsión de miles de empresas familiares agrarias: entre 1988 y 2002
desaparecieron más de 103.000 productores. "El tema de la tierra es
el principal problema estructural que padece hoy el productor
agropecuario, por eso se llamó al Congreso. Nuestra intención fue
tratar de forzar que este tema aparezca en la agenda pública, que lo
asuman funcionarios del gobierno y que lo tomen las asociaciones que
representan los distintos niveles del campo", explicó a el
Dipló el coordinador general
del Congreso, Pedro Cerviño.
No hay dudas de que
las demás asociaciones de campesinos tomarán nota de estas
inquietudes, pero con respecto al gobierno, el interés
manifestado por un evento de esta importancia fue mínimo. Apenas se
acercaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo
Luis Duhalde, y el subsecretario de Agricultura, Claudio Ernesto
Sabsay. En cuanto a los medios de comunicación, la gran mayoría
brilló por su ausencia, seguramente porque estaba a punto de
empezar en Perú el campeonato sudamericano de fútbol. "No sé qué
lectura puede hacerse de esta actitud, pero la verdad es que para
nosotros la ausencia de los medios de prensa no es increíble; se esperaba.
Es también un síntoma de lo que es la realidad de este país",
reconoció Cerviño.
En el encuentro
(la multitud de participantes se dividió en ocho comisiones de
trabajo) se destacaron elementos centrales del contradictorio
presente del campo argentino: el impetuoso avance del cultivo de
soja, que degrada el suelo y el medio ambiente; la pérdida de
soberanía y recursos naturales a causa de la creciente
extranjerización de la tierra; el endeudamiento de los pequeños y
medianos productores; la ignorancia de la sociedad urbana sobre el
problema; la ineficacia de los organismos de contralor del Estado
para el cumplimiento de las leyes y la ausencia de políticas
educativas.
"Hace cuarenta años que se dejó de
discutir sobre la tierra, sobre su uso y tenencia. Hay que retomar el
camino de democratizarla como una de las acciones pendientes para
terminar con la inmoralidad del hambre en este país. No hay que pagar
la deuda externa y el superávit fiscal debe ser destinado a
recuperar el mercado interno, mediante políticas concretas que
promuevan la equidad distributiva. Es un momento de inflexión para
girar hacia un cambio o seguir consolidando el modelo que dio paso a
la ignominia del hambre en un país que tiene todo para evitarlo",
aseguró Buzzi, en un contexto marcado por la crítica y la
generación de propuestas superadoras.
Los
participantes acordaron en que la principal necesidad que aparece
hoy en el escenario del campo es la construcción de una fuerza
representativa en lo político y gremial: "Existe una gran
expectativa alrededor de la necesidad de organización, de algo
que represente al conjunto. En todas las comisiones surgió la
necesidad de trabajar para contar con una representación en ese
sentido, porque necesitamos una fuerza que gremialmente nos
contenga y que políticamente pueda expresar todo lo que estamos
sintiendo", explicó Cerviño.
Entre las
resoluciones finales sobresalieron las que impulsan un cambio
radical, en la situación de los pequeños productores: necesidad de
un control legislativo eficaz, de una reforma agraria, de un
proyecto moderno de colonización y de frenar la extranjerización
y concentración de tierras; rechazo al Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA, definida como una propuesta económica que pone en
peligro la subsistencia del campo argentino) y exigencia de un
gravamen a las tierras improductivas. También acordó que es
prioritaria la coordinación y articulación con las
organizaciones de productores de toda América Latina, sumidas en
una problemática similar.
Otro de los
debates fue el suscitado por los representantes de los pueblos
originarios, que denunciaron un presente de penurias y atropellos
constantes, ante la indiferencia de gran parte de la sociedad
argentina. "Los pueblos originarios somos hijos de la tierra, que
para nosotros es sagrada. Por eso afirmamos que no somos dueños de la
tierra sino parte de ella; que no la queremos para explotarla sino
para convivir con ella, para trabajar cuidando la naturaleza con un
desarrollo equilibrado para el bienestar común de la humanidad,
bajo el principio de trabajo, producción y equidad", señala el
documento elaborado por los miembros de las comunidades presentes.
La suspensión de los trámites de desalojo en curso, el reingreso de
los que ya fueron desalojados y la reivindicación histórica de
restitución a las comunidades de los territorios vendidos o
transferidos a terceros, fueron las resoluciones acordadas en
asamblea.
Luego de destacar
el éxito del Congreso, el presidente de la FAA reconoció que "ahora
es momento de organizar una fuerza que sea capaz de poder exponer
esta realidad y hacerla avanzar hacia los objetivos que nos hemos propuesto".
Por primera vez en mucho tiempo, el problema de la tenencia de la
tierra fue el protagonista excluyente de un debate protagonizado
por un núcleo altamente representativo de los sectores
agropecuarios, en los que la necesidad de cambios y nuevas políticas
productivas y de distribución se hacen cada vez más urgentes.
Desequilibrio en
la distribución
Hablar de
concentración de la tierra en Argentina no es solamente la forma de
definir la realidad del campo, implica además subrayar un fenómeno
que viene profundizándose desde los '60 y que empuja al sector a un
presente de contradicciones y a un futuro de incertidumbre. En 2002
hubo una cosecha récord (70 millones de toneladas de granos) y en
2003 se superó el récord histórico de exportaciones agropecuarias;
pero ya por esas fechas un 17,5% de los hogares del país pasaba hambre y
más de la mitad de la población vivía por debajo del índice de
pobreza. En los últimos 15 años la cantidad de productores
disminuyó un 25% (103.000 menos); y en la región pampeana las
explotaciones cayeron un 30,5% 1.
Los dueños de la
tierra son cada día menos y el negocio agropecuario está cada vez más
concentrado. El grupo que encabeza la lista de terratenientes es el
del empresario textil italiano Luciano Benetton, poseedor de
900.000 hectáreas (dos veces el tamaño del Gran Buenos Aires y 40 veces
la superficie de Capital Federal); donde unas 270.000 ovejas
producen cerca de un millón de kilos anuales de lana y pastan 9.000
vacunos y 1.000 caballos. El grupo Cresud, cuyo principal
accionista es el financista húngaro George Soros, posee 468.000
hectáreas, de las cuales 115.000 están ubicadas en la región pampeana
(extrañamente, Soros declaró en el reciente Foro de Davos que él era
el mayor terrateniente del país). Bunge y Born es la tercera empresa
en la lista y la primera nacional, con un total de 260.000 hectáreas,
110.000 de las cuales están en la provincia de Buenos Aires. De hecho,
si se suman las propiedades de los primeros cuatro terratenientes
del país (el cuarto en el ranking es el grupo de Amalia Lacroze de
Fortabat, con 220.000 hectáreas), se alcanzan casi los dos millones de
hectáreas, una extensión similar a la de Bélgica. En la zona más
fértil y más cara del país, la pampeana, la tendencia concentradora
se agudiza: de los casi 80.000 propietarios, los primeros 1.250
acaparan 9 millones de hectáreas; un 35%. En 1996, los 50 propietarios
más importantes de la provincia de Buenos Aires contaban con 2,4
millones de hectáreas, un 15% más que a finales de los '80 2.
"Desearía que no fuese así, pero nosotros no tenemos ningún
mecanismo desde el Estado para controlar la concentración de la
tierra", reconoció el secretario de Agricultura, Miguel Campos,
consultado por el Dipló.
No hay que
profundizar demasiado para entender las razones de la fiebre
compradora que manifiestan grandes grupos extranjeros en
Argentina ("El remate de la Patagonia", 11): en comparación con
otros lugares del mundo, el precio de las tierras productivas es más
que ventajoso. Durante el primer semestre de 2002 los precios de las
tierras dedicadas a la ganadería se derrumbaron hasta un 40%, y las
de laboreo hasta un 35%. Por ejemplo, el precio promedio de la
hectárea para siembra en Estados Unidos es de 7.500 dólares; en
España, 15.000; en Nueva Zelanda, 19.000 y en Alemania, 23.750. En
Argentina, antes de la devaluación de 2002, era de 2.500 dólares 3.
En cuanto al total
de tierras en manos privadas y fiscales (de propiedad del Estado o
las provincias), resulta imposible obtener información
actualizada. En 1960 el 17% de la superficie agropecuaria (unos 29
millones de hectáreas) estaba en manos del Estado, lo que en
principio aporta una base para una reforma agraria importante sin
recurrir a expropiaciones traumáticas. Argentina cuenta con 279
millones de hectáreas, de las cuales 64 millones son aptas para el
desarrollo agrícola, pero el promedio anual de la superficie
sembrada en los últimos seis registros agrícolas es del orden de los
24 millones y el de las cosechadas de 21 millones de hectáreas.
Demasiada tierra suelta e inexplotada, demasiada tierra para
pocos dueños, y en la dinámica actual va a ser peor: sólo el Banco de
la Nación tiene hipotecadas 12 millones de hectáreas de la pampa
húmeda, no precisamente de grandes propietarios.
Aunque la
realidad exhibe un evidente desequilibrio en la distribución de
tierras, para el secretario de Agricultura la verdad es otra: "Creo
que Argentina es uno de los países que mejor y más equitativa
distribución de tierras posee", afirma. El papel que cumple el Estado
desde hace algo más de 10 años en relación a la ocupación de tierras
fiscales se limita al Programa Arraigo, que depende del Ministerio
de Desarrollo Social. Según explicó a el Dipló el coordinador de la iniciativa, José
Rocha "lo que se busca es impulsar la regularización dominial de las
tierras fiscales nacionales mediante su transferencia a favor de
sus actuales ocupantes".
Unas 2.000
empresas tienen el control de 20 millones de las 24 millones de
hectáreas explotadas anualmente; es decir que el 80% de la producción
está en manos de 2.000 firmas 4. El proceso concentrador es más
evidente en la exportación: en 2002 apenas tres empresas manejaron
casi la mitad de los embarques de granos, aceites y harinas, por un
total de 49 millones de toneladas. Compañías como la
estadounidense Cargill (21% de las exportaciones totales); la
argentina Bunge (el 13%) y la francesa Dreyfus (el 11%) concentraron
el 45,8% de los embarques. En 2001 habían absorbido el 40,9% y en 2000,
el 34,9% 5. Cargill inició la construcción de una nueva planta de
procesamiento de oleaginosas y una terminal portuaria propia de
exportación en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. Como todo el
sector exportador, estas tres empresas (que juntas facturan algo así
como la mitad del Producto Bruto Interno argentino) fueron las
grandes beneficiarias de la devaluación. De hecho, los
exportadores cancelaron deudas con el Banco Provincia por 140
millones de pesos -la tercera parte de lo que adeudaban cuando un peso
era igual a un dólar- entre marzo de 2002 y enero de 2003.
Pero los que no
pudieron cancelar sus préstamos son los pequeños y medianos
productores regionales (según estimaciones de la Secretaría de
Agricultura, de los 318.000 productores que quedan no menos de 60.000
son minifundistas con pocas hectáreas), cuyas ventas dependen de la
reactivación del consumo local. Sin contar aquellos que sufrieron la
pérdida de sus campos por las inundaciones o la caída en las cosechas
por la sequía que padeció gran parte del campo argentino hasta
mediados de 2003.
Contrarreforma
agraria
La fuerte
precarización laboral de la última década también afectó al sector
rural. Cuando en 1999 se creó por ley el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre), el porcentaje de trabajadores en
negro llegaba al 60%, sobre un total de casi un millón 7. En ese
momento, la obligatoriedad de proveer al peón de una libreta que
probara su relación laboral y ayudara a efectivizar sus aportes era
el argumento esencial para combatir la evasión. Dos años después,
cuando finalmente el plan se puso en marcha, el trabajo en negro -y
por lo tanto la evasión de aportes- ascendía al 75% y los trabajadores
rurales eran 1.200.000. Según estimaciones del Renatre, en la
actualidad la cantidad de peones en negro habría ascendido al 78,7%
y el salario promedio sería de 230 pesos. Consultado por el
Dipló sobre este tema, el
secretario Campos explicó cómo piensa el gobierno revertir la
situación: "Tenemos un delegado en la Comisión de Trabajo Agrario,
ya que junto con el Ministerio de Trabajo y otras entidades estamos analizando
cuál debe ser el criterio que va a definir el salario del peón rural.
Justamente creemos que la mejor alternativa es manejar ingresos de
acuerdo con el tipo de trabajo que hace y no definir un solo precio o
un solo salario para todo el país". Por su parte, Eduardo Buzzi,
presidente de la FAA, marcó una diferencia: "El porcentaje de
informalidad en el trabajo rural es un escándalo. Lo que sucede es
que los que sí están registrados, que son alrededor de 300.000, cobran
550 pesos. Eso me consta porque nosotros lo impulsamos y lo acordamos
con otras organizaciones y sindicatos". El presidente de la
Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, afirmó: "Son cosas
que van en ambas direcciones: por un lado el patrón debe sentir la
obligación de cumplir con todos los aportes, pero por otro lado es
importante también que el trabajador, pueda entrar en el sistema y
requiera y ejerza su posibilidad de que se lo registre, se lo
contrate y que tenga todos los beneficios sociales que le
corresponden". Como si un peón que trabaja aislado y en el marco
general de corrupción del sindicalismo argentino tuviese esa
posibilidad...
Desde el Grito de
Alcorta ("Las luchas campesinas", 6) hasta la actualidad, el
reclamo de una genuina reforma agraria ha sufrido altibajos
acordes al escenario político imperante. En los últimos quince
años, con el profundo desmantelamiento del Estado y el consiguiente
paso a manos privadas de muchas de sus antiguas funciones y
derechos, la propiedad de la tierra no fue la excepción. Con el arribo
masivo de inversiones extranjeras sin regulación alguna se está
produciendo en el país una verdadera contrarreforma agraria, con la
consecuente destrucción de cientos de productores pequeños, la
pérdida de miles de puestos de trabajo, la concentración de la tierra
(el 70% en manos del 20% de los productores), la imposición de
convertir al país en un monoproductor a través de la soja y sus
derivados ("Artículos publicados", 6), y la destrucción del suelo
que la falta de rotación agrícola provoca. En un contexto en el que la
producción relacionada con los agroalimentos genera más de la mitad
del PBI, con multinacionales dominando las mejores tierras
productivas y las exportaciones, con la amenaza del ALCA
sobrevolando las vastas extensiones, los reclamos por una mejor
distribución de la tierra apenas se oyen.
Uno de los datos
más relevantes a la hora de analizar por qué en Argentina nunca se
planteó con fuerza el debate de una reforma agraria es, sin duda, la
tremenda concentración de la producción: mientras en México, que
tiene unos 100 millones de habitantes, existen 3.200.000 productores
(3,2%), en Argentina, con 37 millones de habitantes, apenas superan
los 300.000 (1,2%). Según Noemí Girbal, investigadora del Conicet,
"la reforma agraria no se da porque la estructura social de la
Argentina, con un gran colchón de clase media, la frena. Acá no
tenemos un campesinado luchando. Hay malestar agrario, pero no
piden la tierra, sino mejores condiciones laborales".
La FAA elaboró un
proyecto de ley sobre democratización de la propiedad, el uso y la
tenencia de la tierra, a la que considera como un bien social que debe
generar riqueza para quien la trabaja. El documento, titulado "Límites
y restricciones a los dominios de inmuebles rurales", fue
presentado en el Senado en marzo de 2003, pero aún no fue tratado. Por
su parte, el proyecto 2579/02 prohíbe a los extranjeros y a las
empresas filiales o subsidiarias la adquisición de tierras que no se
utilicen para un objetivo social y que excedan la unidad económica
(el mínimo necesario para que un campo sea rentable) que establezca
cada gobierno provincial. Los senadores fundamentan que "la
concentración ha hecho más pobres a los pequeños y medianos
productores, generando una expulsión y concentración sin
precedentes de sus segmentos más vulnerables. (...) La política
sectorial quedó acotada a prácticas asistenciales, sanitarias y de
promoción de negocios que se mostraron insuficientes para
compensar los efectos de la apertura realizada". El proyecto
propone un impuesto a la tierra libre de mejoras a través de una
profunda reforma fiscal; promulgar una ley contra la
extranjerización de las tierras; estipular una nueva regulación
jurídica para los arrendamientos para controlar la manipulación
por parte de los fondos de inversión hacia los productores
endeudados y aprobar una ley de colonización que regule la compra y
venta de tierras, asegure la democratización y detenga la
concentración.
Esta iniciativa
se complementa con el proyecto de ley 2580/02 redactado por la
senadora radical de la provincia de Chubut, Marta Raso, que busca
limitar la venta sin control de grandes extensiones de tierra
(principalmente en la Patagonia), a extranjeros y empresas que
vienen adquiriendo porciones con altísimo valor económico y
social en esa zona, favorecidos por la crisis de muchos propietarios
y por la devaluación. El proyecto restringe a los extranjeros la
posesión de tierras que superen el 2% de la superficie total de una
provincia o el 10% de una comuna, aunque sus efectos no serán
retroactivos para "no afectar derechos adquiridos que implicarían
una suerte de expropiación". En los fundamentos se estipula que "la
compra de predios en grandes extensiones puede obstaculizar el
diseño y ejecución de planes de desarrollo comunal, puesto que
chocaría con los intereses de los dueños".
El proyecto fue
elaborado en consonancia con la legislación de la mayoría de los
países. En Indiana, Estados Unidos, los extranjeros que no se
nacionalicen no pueden conservar tierras de más de 320 acres (128
hectáreas); en El Salvador la Constitución estipula un máximo de
245 hectáreas de tierra rústica, siempre que cualquier salvadoreño
tenga el mismo derecho en el país del que proviene el propietario. La
senadora Raso resumió la situación claramente: "Sacrificar
reservas naturales para solucionar problemas de índole político
significa comprometer el futuro de las generaciones venideras.
La experiencia de la privatización de las empresas públicas
debería servirnos de aprendizaje, si resultan ser ciertas las
versiones de que el segundo paso de dilapidación del patrimonio
nacional sería garantizar la deuda con reservas naturales de
nuestra Nación". Raso elaboró un proyecto de ley para proteger las
tierras fiscales pertenecientes al Estado nacional o
provinciales, ante la denuncia que apareció en los medios de
comunicación a mediados de 2002 sobre un supuesto canje de deuda
externa por recursos naturales, ubicados principalmente en la
Patagonia.
Luciano Miguens
estimó que el proceso de compra de tierras en Argentina se da en el
contexto de la "tendencia globalizadora de todas las empresas y de
todos los sectores económicos del mundo, que se va a seguir manifestando
en los próximos años". En el otro arco ideológico se ubica el
presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, quien señaló a el
Dipló que "una reforma agraria
puede resolver el problema de la pobreza y el de la inequidad social.
Un gran paso sería frenar la extranjerización de la tierra y ordenar
los arrendamientos, lo que generaría empleo y produciría un
reequilibrio demográfico en el país, que hoy cuenta con trece
millones de personas abarrotando el Gran Buenos Aires".
- Matías Longoni, "Fuerte
concentración en el campo", Clarín,
Buenos Aires, 1-4-03.
- Roberto Navarro, "Los dueños de la
tierra", Página/12,
Buenos Aires, 5-3-00.
- Larry Rohter, "Algunos en
Argentina ven la secesión...", The New York Times, Nueva York, 28-8-02.
- Susana Díaz, "La tierra es de unos
pocos", Página/12,
Buenos Aires, 30-3-03.
- "Agro: Ventas concentradas", Clarín, Buenos Aires, 24-2-03.
- Dirección de Economía Agraria,
Secretaría de Agricultura de la Nación, septiembre de 2003.
- Ismael Bermúdez, "Los sindicatos
manejarán la plata de los peones rurales", Clarín, Buenos Aires, 8-11-99.
Las luchas campesinas
Latorraca, Martín, Montero, Hugo y Martínez, Maximiliano
En Argentina nunca pudo consolidarse un movimiento campesino homogéneo y de envergadura. Algunas causas fueron sintetizadas a el Dipló por Noemí Girbal: “Cuando en 1912 nació la Federación Agraria Argentina (FAA) como representante de los arrendatarios y pequeños productores, la demanda que surgía era tener arriendos por tiempo más largo, poder comercializar libremente la cosecha y pagar menos canon. Recién en 1918 esa entidad comenzó a reclamar la tierra para quien la ocupaba y la trabajaba. Cuando en 1921 se sancionó la Ley de Arrendamientos Rurales, que regía para las superficies de no más de 300 hectáreas, los ánimos se aplacaron. Luego exigieron parches a la ley, pero no más que eso. De esta forma, si la tierra se dividió algo en el país fue por el propio crecimiento de las ciudades, por las características de un país que crecía en forma desigual y desordenada. Podían buscarse alternativas; de hecho en 1919 se reformó la Carta Orgánica del Banco Hipotecario y se permitió que la gente pudiera tener crédito accesible para comprar sus propiedades. En muchos casos los arrendatarios lo lograron en los años 1920 y 1925. Pero si se coteja la relación arrendatario-propietario antes y después de la crisis de 1930 e incluso mucho más adelante en la historia, la lógica es siempre la misma: la propiedad de la tierra importó poco mientras sirviera para comercializar”.
Sin embargo, el proceso de concentración de tierras sufrió con las irrupciones esporádicas de trabajadores rurales que, gracias a su organización y lucha por mejoras en sus condiciones laborales, obtuvieron conquistas que marcaron la historia argentina. A mediados de 1912, tras varios meses de sequía, estalló en Santa Fe lo que más tarde se conocería como el Grito de Alcorta, motorizado por una conjunción de causas. La mala cosecha de 1910, que aceleró el proceso de deterioro económico de los agricultores, hizo evidente la ausencia de una legislación agraria que equilibrara las desiguales relaciones jurídicas entre los propietarios y los arrendatarios y peones, que no contaban más que con su fuerza de trabajo.
Los arrendatarios podían ser desalojados del campo en el que trabajaban sin previo aviso, además de perder sus máquinas y útiles de labranza. Cualquier mejora que introdujeran quedaba a beneficio del patrón. El diputado socialista Juan B. Justo sostuvo que había que asegurar al agricultor la inembargabilidad de sus elementos de trabajo, indemnizarlo por las mejoras realizadas en el campo, asegurarle la libertad de cosechar con las máquinas que creyera conveniente, abolir los impuestos que gravaban la producción, eximir del pago de la contribución directa a la pequeña propiedad rural y dar alojamiento digno a los obreros del campo. Un año más tarde, Justo elaboró el primer proyecto de ley de arrendamientos presentado en el Parlamento Nacional, el 4 de agosto de 1913.
El martes 25 de junio de 1912, en la zona adyacente a las localidades santafesinas de Alcorta, Bigand, Bombal, Máximo Paz y Carreras, se paralizaron las faenas en el campo. Millares de agricultores se dirigieron hacia Alcorta y se reunieron en la Sociedad Italiana para convenir las bases de un acuerdo que lograra uniformar el canon de arrendamiento de las tierras. Al poco tiempo, el conflicto se extendió a todos los departamentos de Santa Fe y al norte y oeste de la provincia de Buenos Aires.
El joven abogado italiano Francisco Netri presidió la asamblea que declaró la huelga por tiempo indeterminado, hasta tanto se obtuvieran mejoras como la rebaja general de los arrendamientos y aparcerías, contratos por un plazo mínimo de cuatro años y libertad de trillar y asegurar las sementeras.
La huelga duró casi cuatro meses. El movimiento se propagó sobre la base de la unánime solidaridad que se estableció durante el conflicto. La respuesta de los poderes públicos fue distinta según se tratara del gobierno de Santa Fe o el nacional. La huelga representó un principio de cohesión y organización que acabó triunfando y cristalizó en una entidad gremial: la Federación Agraria Argentina.
En 1918 otra gran huelga rural se propagó por Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. Las compañías comenzaron a despedir a muchos arrendatarios. Pero a pesar de todo el conflicto campesino se extendía, y en 1919 se celebró una multitudinaria convención de la Liga Agraria en Santa Rosa (La Pampa), donde los representantes de 7.000 agricultores aprobaron un documento con consignas precisas que obligaron a los propietarios a otorgar mejoras en el sector 1.
Algunas décadas después, bajo el gobierno de Juan Perón, se crearon los Centros de Oficios Varios, organismos que obligaban a los productores de mejores ingresos a otorgar trabajo. Pero las esporádicas irrupciones campesinas continuaron. En la década del ‘70 muchas provincias sufrieron una crisis económica muy fuerte a causa de la caída de los precios agrarios –el algodón chaqueño, por ejemplo– lo que provocó un éxodo constante de obreros rurales y pequeños y medianos productores, que abandonaron sus campos hacia las grandes ciudades. Los grandes monopolios que operaban en la compra y venta y en la industrialización de los productos primarios fijaban los precios de acuerdo a su conveniencia. Fue entonces cuando en Chaco surgieron las Ligas Agrarias, desprendimiento de la FAA, que no logró contener a todo un sector. Su asamblea fundacional se realizó en Roque Sáenz Peña, la zona algodonera más importante de la provincia. Este movimiento logró fuertes conquistas, como el precio compensatorio de la cosecha, la creación de los sindicatos de trabajadores rurales y el acceso al crédito. Las organizaciones campesinas también frustraron negocios como el que en 1971 intentó lanzar una compañía inmobiliaria llamada Pedro Lanusse (en ese momento, un primo del propietario, Alejandro Lanusse, era presidente de la Nación). El plan, vendido como de “colonización” con el nombre de “Plan AGRES”, era en realidad un negociado escandaloso con centenares de miles de hectáreas fértiles en la cuenca del Río Bermejo. La movilización de campesinos contra este fraude fue tan poderosa que tuvo que ser dejado de lado. Pocos años después, los dirigentes de las Ligas no escaparon al sangriento final que padecieron otros tantos miles de militantes durante la dictadura militar. Varios de ellos, como Pablo Pezchak 2, fueron torturados hasta la muerte.
Hoy, muchos grupos de trabajadores rurales continúan en lucha. En el noroeste argentino, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE, “Artículos publicados”, 11) enfrenta desde hace años los aprietes y la persecución de los terratenientes de la zona. Con la complicidad del clan cuasi feudal de los Juárez (que gobernó la provincia desde 1949 hasta la intervención del gobierno nacional, este año), estos hacendados envían grupos armados para amedrentar a las más de 9.000 familias que integran el movimiento a lo largo de casi todo el territorio santiagueño. A pesar de las presiones, esta organización continúa en pie de lucha por la posesión de las tierras que habitan desde hace más de 150 años y que según la ley 23.302 les pertenecen, ya que se reconoce la posesión a quienes habitan en ellas por más de 20 años. También el Movimiento de Campesinos de Formosa (MOCAFOR) combate las injusticias en el sector rural. Trabaja con pequeños productores agropecuarios (que son el 95% del total), comunidades indígenas, organizaciones barriales y desocupados. En esa zona, las parcelas son muy pequeñas y no alcanzan a constituir la unidad productiva para el desarrollo de una familia 3.
En Misiones, 320 familias (unas dos mil personas) habitan la zona de la represa Yaciretá. Algunas de ellas tomaron tierras improductivas para vivir y trabajar, luego de presentarle un proyecto productivo a la Empresa Binacional Yaciretá (EBY) y no recibir respuesta. No hay mucho más por el lado de las organizaciones sindicales campesinas, en un país tan extenso. Esto subraya el llamado de la FAA a la unidad de pequeños y medianos propietarios, arrendatarios y trabajadores rurales.
- Hugo Chumbita, Última frontera, Planeta, Buenos Aires, 1999.
- Carlos Gabetta, Todos somos subversivos, Bruguera, Buenos Aires, 1983.
- “Formosa: el movimiento campesino en lucha” 11-7-03.
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El remate de la Patagonia
Latorraca, Martín, Montero, Hugo y Martínez, Maximiliano
Esa tarde del 8 de marzo de 1872, en San Carlos de Bolívar, justo en la frontera oeste de la provincia de Buenos Aires, la historia de la Patagonia cambió para siempre. El cacique mapuche Cafulcurá era derrotado por primera vez por el ejército argentino. Comenzaba así el final del dominio del indio en el Sur y se afirmaba lo que años después se conocería como la Conquista del Desierto. “Sólo el poder de la fuerza puede imponerse a estas hordas y obligarlas a respetar nuestra propiedad y nuestros derechos”, había sentenciado décadas atrás Bernardino Rivadavia, y su sentencia fue escuchada. Bajo la excusa del avance civilizatorio y el temor por los malones, el ejército comandado por el general Julio A. Roca masacró un sinnúmero de comunidades indígenas y preparó el terreno para la rapiña del reparto de las tierras deshabitadas de la Patagonia. Después sería el tiempo de las grandes familias terratenientes, de los alambrados interminables y de la explotación demencial a la peonada. Los Braun (que llegaron a disponer de más de un millón de hectáreas en 1920), los Menéndez Behety, los Martínez de Hoz, eran los clanes terratenientes más importantes en el sur a principios del siglo XX, cuando se mezclaba el negocio de la lana con las primeras huelgas obreras y el petróleo todavía era una promesa escondida.
Mucho tiempo después, una nueva Conquista del Desierto parece estar en marcha. Se trata del desembarco de nuevos compradores de tierras, beneficiados por los irrisorios costos de riquísimas parcelas y amparados por la pasividad oficial. A principios de los ‘90 comenzó esta invasión sobre los campos patagónicos y más de una década después sigue la furia compradora de estos nuevos conquistadores. La familia Benetton es la mayor propietaria de tierras en el sur argentino. Consultado por el Dipló, el escritor e historiador Osvaldo Bayer afirmó que “antes, las calles que atravesaban su estancia tenían barreras que se levantaban cuando pasaban los viajeros. Ahora no, eso se ha cerrado todo con alambre de púa. Todo es exclusivo del señor Benetton”. En octubre de 1997, y con la adquisición de la estancia Lai-Aike en Santa Cruz (61.250 hectáreas por 800.000 dólares), los Benetton desplazaron del primer lugar en el ranking al financista húngaro George Soros, poseedor de otras 400.000 hectáreas, incluido el hotel Llao-Llao, por el que pagó en 1995 unos 30 millones de dólares. Pero no sólo los negocios motivan a los multimillonarios extranjeros; también son atraídos por las bellezas naturales del Sur: Ted Turner, el magnate de la cadena informativa CNN, fue uno de los primeros en elegir la región andina para adquirir, en total, unas 62.000 hectáreas. Incluidas las 4.500 de su estancia “La primavera”, a orillas del paradisíaco río Traful. La lista de poderosos en el Sur no se termina: los herederos de James Sharp, uno de los fundadores de la empresa electrónica; el empresario polaco radicado en Austria Gernod Langer Swaroski, dueño del equipo de fútbol Tirol, entre tantos.
Otro de los polémicos dueños del Sur es el empresario británico Joe Lewis, uno de los dueños del famoso Hard Rock Cafe, quien en la orilla del lago Escondido construyó una casa de 2.500 metros cuadrados e impide el paso a todos aquellos que quieran acercarse a su propiedad. Aunque el lago, claro está, no es suyo sino del Estado. Una paradoja similar se repite en la estancia Leleque de Benetton: “Nosotros no prohibimos pescar porque el río es del Estado, pero no dejamos pasar porque es una propiedad privada”, explicó hace unos años el gerente de la estancia, Ronald Mac Donald.
Pero el conflicto por el derecho de paso no es el único que sucedió en los terrenos comprados por nuevos dueños de la Patagonia. El caso más grave fue el denunciado por la Organización Mapuche 11 de Octubre contra la familia Benetton. “Los mapuche se han convertido en mano de obra barata para la compañía Benetton, que los explota sin consideración y los exprime sin compasión”, asegura la gente de 11 de Octubre, y agrega que “en el verano, cuando la sequía es más importante y los pobladores cuentan con el río Lepá como único sustento de vida, la compañía corta el paso del agua”. El conflicto con los mapuche tuvo otro capítulo en agosto de 2002, cuando las familias Curiñanco y Nahuelquir ocuparon 25 hectáreas en el predio Santa Rosa del paraje Leleque, a 90 kilómetros de la ciudad chubutense de Esquel. Pero apenas dos meses después los mapuche fueron desalojados por la policía, y la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino los demandó por usurpación. En mayo de este año, el juez Jorge Eyo, sobreseyó a las familias, pero las obligó a la devolución definitiva de las tierras. En julio pasado el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel publicó en el diario italiano La Repubblica una carta abierta dirigida a Luciano Benetton: “Usted se ha valido del dinero y la complicidad de un juez sin escrúpulos para quitarle tierras a una humilde familia de hermanos mapuches” 1.
La imagen que resume el presente de la Patagonia es una gigantesca contradicción: por un lado, los grandes millonarios del mundo disfrutando de las bellezas naturales del paisaje; por otro, miles de trabajadores a la deriva. u
- Omero Ciai, “Benetton, restituisci la terra agli indios”, en La Repubblica, 12-7-04.
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| Autor/es | Martín Latorraca, Hugo Montero, Maximiliano Martínez |
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| Publicado en | Edición Cono Sur |
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| Número de edición | Número 62 - Agosto 2004 |
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| Páginas: | 4,5,7 |
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| Temas | Agricultura, Desarrollo |
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| Países | Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay |
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