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Recuadros:

El “cuco” de la inflación

La política argentina gira en torno a la benevolencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitirá dos conquistas fundamentales: el equilibrio fiscal, remedio de todos los males, y el equilibrio cósmico, que impida que el país se caiga del mapa. Para justificar un nuevo ajuste, que prolongaría la recesión y aumentaría el ya intolerable índice de pobreza nacional, se agita el fantasma de la inflación, pero ésta no se debe a presiones de demanda o aumentos de salarios, sino a falta de políticas activas y alternativas desde el Estado.

La exclusión social y sus consecuencias ya no son fantasmas sino realidades: caída sin precedentes –cuatro años consecutivos– del Producto Bruto Interno (PBI; se estima en -15% para 2002); 25% de desocupación abierta; 18 millones de pobres (más de la mitad de la población total), entre ellos 8 millones de menores de 18 años1, de los cuales la mitad son indigentes (ver cuadro). Para medir cabalmente el deterioro y evaluar los resultados de la década de oro del modelo neoliberal, debe recordarse que en 1992 el 10,0% de los hogares de la región metropolitana estaban bajo el límite de la pobreza, de los cuales el 1,0% eran indigentes2.

La pobreza e indigencia también alcanza a los asalariados, cuyos ingresos son los más bajos de los últimos 50 años. Los salarios no se han modificado desde la devaluación, pero los precios al consumidor crecieron 25,9 % entre enero y mayo, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para los grupos de menores ingresos este aumento es mayor: la canasta básica de productos esenciales subió 46,5% desde la devaluación3. Esta situación de miseria afecta a 3,3 millones de asalariados, que constituyen la mitad de los trabajadores del sector privado, que gana menos de 375 pesos por mes, cifra que no alcanza para comprar una canasta básica de alimentos para una familia tipo4. Por si fuese poco, el 60% de esos trabajadores “está en negro”, con lo que no tiene acceso a los beneficios sociales. Esta es la catástrofe social que provocó el modelo de renta financiera, que destruyó gran parte del sistema productivo, devastó la industria, multiplicó la desocupación, deterioró los salarios reales, redujo la inversión, cerró el crédito interno y externo.

Frente a este panorama, al gobierno y a los economistas del establishment lo único que se les ocurre es seguir con el endeudamiento externo –que imploran con desesperación– y cumplir con el programa de ajuste dictado por el FMI, que impide la reactivación económica. Se agita con creciente insistencia el espantapájaros de la inflación: no deben aplicarse políticas de reactivación porque requerirían de emisión monetaria, lo que dispararía la inflación. Según los economistas del establishment, hay que esperar que la renovada competitividad permita un aumento de exportaciones y alguna sustitución de importaciones, pero no se debe tratar de incrementar la demanda interna.

Vale la pena detenerse en el argumento. Por una parte, existe una larga historia de pensamiento económico sobre el tema. Por la otra, está la experiencia argentina. Ambos elementos, el teórico y el empírico, deben ser considerados. En la teoría monetaria existen dos escuelas, personificadas en el siglo XVIII por David Hume y Richard Cantillon. Hume decía que el nivel de precios dependía de la cantidad de moneda. Imaginaba que si en una noche se duplicaba la cantidad de moneda que tenía cada persona y al día siguiente esa persona trataba de adquirir más cosas, sólo lograría duplicar los precios. Cantillon, en cambio, se preguntaba cómo se crea moneda en el mundo real, y cómo al ser recibida por determinados agentes, que le dan usos específicos, se modifican la estructura económica y los precios relativos, y no solamente el nivel general de los precios.

Hume fue el precursor de los monetaristas, una tradición seguida por León Walras, Don Patinkin y Milton Friedman, para quienes cualquier emisión de moneda es inflacionaria. Cantillon inauguró otra escuela de pensamiento, en la que sobresalen Michal Kalecki, Joseph Schumpeter y Piero Sraffa, quienes plantean que la emisión monetaria tendrá efectos diferentes según quién la reciba y en qué la use: puede incrementar el nivel de actividad y no el de precios.

En cuanto a la tradición argentina, varios años con estabilidad de precios parecen haber hecho olvidar algunos mecanismos básicos de los procesos inflacionarios que sufrió el país. Uno de ellos es que la inflación se acelera durante las recesiones y disminuye durante los auges. Ello es así porque las recesiones son habitualmente iniciadas por una devaluación, resultado de un desequilibrio externo, a su vez causado porque en los períodos de expansión las importaciones crecen más rápido que las exportaciones.

La devaluación se transmite entonces a los precios de los bienes “transables” (los que se pueden exportar o importar, especialmente los alimentos), con lo que caen el salario real, la demanda interna y la producción manufacturera. Hasta cierto punto, ese aumento es normal para corregir la estructura de precios relativos distorsionada durante la convertibilidad, pero en la situación actual no es justo dejar que vaya más allá de lo razonable ni que se prolongue. La forma de poner coto a esa alza de precios es con impuestos (retenciones) que equilibren el incentivo de exportar en vez de vender en el mercado interno. El mecanismo es además justo, porque incluye a los beneficiarios de la devaluación, entre otros a exportadores agrarios y de hidrocarburos.

Sin las retenciones, los empresarios trasladan la totalidad de la devaluación a los precios internos; por ejemplo, si en el régimen de convertibilidad un producto valía 100 dólares (o 100 pesos: la equivalencia era 1 a 1) y si como consecuencia de la devaluación 1 dólar pasó a valer 3,60 pesos, el empresario tenderá a exportar su producto, puesto que cobrará 360 pesos en lugar de 100 pesos. Frente a esta situación hay dos soluciones: que el precio interno también sea de 360 pesos (con lo que se desencadena la inflación), o que se implante un impuesto (las retenciones) que capte la diferencia, con lo que al productor le dará igual vender en el mercado interno o externo. El efecto es doble: no sólo se evita la suba de los precios internos, sino que se aumenta sustancialmente la recaudación.

Por el contrario, en la situación actual –como en anteriores experiencias– la devaluación del peso se traslada a los precios por el mecanismo señalado, con el consiguiente deterioro de las cuentas fiscales y del sistema financiero, que induce una emisión descontrolada de moneda. Esta emisión es recibida por agentes que utilizan esos fondos para comprar dólares, realimentándose así el alza del dólar y de los precios.

De este modo, el auxilio sin límites del Estado a los bancos frente a las demandas de los ahorristas es un factor inflacionario, en la medida en que el gobierno se hace cargo de esas devoluciones a través de redescuentos, en vez de forzar a la banca extranjera a financiarse con sus casas matrices. Otro factor inflacionista es la revisión de las tarifas de los servicios públicos privatizados, que se negocia bajo presión del FMI. También es importante factor de inflación la autorización a las empresas petroleras para que dispongan en total libertad del 70% de los dólares que exportan; esta medida, adoptada por simple decreto del ex presidente Carlos Menem, ha sido confirmada por el actual gobierno5.

Ante los índices de pobreza y caída del salario, está claro que la inflación no se debe a un exceso de demanda. La causa no es un aumento de salarios, ni una emisión excesiva que haya redundado en un frenesí de consumo. Hay inflación por la política de ajuste, porque no se aplicó realmente el control de cambios, se dejó hacer a los exportadores y banqueros, permitiendo entonces que escapara la cotización del dólar a niveles excesivos. Ahora, cuando se acepte que aquellas empresas que con las ganancias de los últimos años ya recuperaron su inversión reajusten sus tarifas, la inflación recibirá otro impulso.

En un contexto económico caracterizado por la capacidad ociosa de la industria, el alto desempleo y las bajas remuneraciones de los trabajadores, una política que busque reactivar la demanda a través de la distribución de ingresos a los desempleados y marginados no es inflacionista, aun si se financia en un primer momento con emisión monetaria. Por supuesto, tal política debe completarse con la provisión de crédito a las industrias productoras de los bienes que demandarán los grupos de menores ingresos.

Pero para pensar en otras políticas no sólo es necesario un mejor y mayor conocimiento económico que la vulgata neoliberal, sino también tener otros objetivos. Risible en otros contextos, frente al hambre de millones de personas la inconsistencia económica y política es criminal. Sobre todo cuando no existe un problema de oferta, puesto que los alimentos existen, sino de demanda, debido a la escandalosamente desigual distribución del ingreso.

En términos keynesianos, hay varios “equilibrios” posibles. El actual argentino es uno de bajo nivel de actividad; hay otros, en los que la producción, el empleo y el ingreso distribuido son mayores, con el mismo nivel general de precios. En ese marco, la oferta y la demanda de crédito están en equilibrio, pero en valores más altos, justificados por el elevado nivel de actividad, la cantidad de moneda es mayor, pero mayor es también la demanda de moneda. El gasto público es más alto, pero más alta es también la recaudación.

En Argentina, el paso de un nivel (deprimido) a otro (expansivo) puede ser rápido, ya que no requiere de grandes inversiones, dada la capacidad ociosa. Precisa de demanda interna, de la inyección de poder de compra en estratos sociales que no lo usarán para comprar dólares o viajar al exterior, sino para comprar bienes de primera necesidad fabricados en el país. No se trata de desestimar el aporte que puede y debe dar la demanda externa en un proceso de crecimiento sostenible; pero lo más urgente es reactivar la economía, y hacerlo “desde abajo”, a través de la restitución de poder de compra a los pobres y los indigentes, a través de subsidios que pueden ser financiados con impuestos y también con emisión monetaria correctamente orientada. Al mismo tiempo, deben aumentarse sustancialmente los salarios –en especial los mínimos– pagados en los sectores privado y público. En este reclamo no hay sólo imperativos éticos y políticos, sino que es lo más conveniente desde el punto de vista económico.

  1. La canasta básica de indigencia comprende sólo alimentos imprescindibles; la de pobreza incluye además algunos servicios no alimentarios, como vestimenta o transporte. Son indigentes o pobres quienes ganan menos que el costo de las canastas consideradas para cada categoría.
  2. CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1994, Santiago de Chile, 1995.
  3. Artemio López, Consultora Equis, Clarín, Bs. As., 6-6-02.
  4. Ismael Bermúdez, Clarín, Buenos Aires, 24-5-02, sobre datos de la Consultora Equis y del INDEC.
  5. Clarín, 20-6-02.

La Argentina acreedora

Calcagno, Alfredo Eric y Calcagno, Eric

Dentro de algunas semanas comenzará la negociación acerca del default de la deuda externa argentina, sin considerar que si los intereses no hubieran sido usurarios y si no se hubiera abultado la deuda con préstamos inexistentes, ya estaría pagada varias veces. Pero para diseñar un panorama correcto, el análisis no debe detenerse en la Argentina deudora: es necesario considerar a la Argentina acreedora.

En este momento existe una cuantiosa deuda externa, contraída por los bancos transnacionales cuyas sucursales y filiales en Argentina no devolvieron los ahorros depositados por miles de residentes. De acuerdo con cifras del Banco Central, a fines de diciembre de 2001 los bancos de capital extranjero y las sucursales de entidades financieras del exterior tenían depósitos por 34.459 millones de dólares o pesos, que no han sido devueltos a sus titulares. Ante la falta de cumplimiento de sus obligaciones por las filiales o vinculadas, las casas matrices deben responder por ellas. Este principio es el adoptado por la jurisprudencia argentina, que hace ya 30 años estableció la responsabilidad del conjunto empresario por las deudas de cualquier filial1.

En el caso de la banca instalada en Argentina, los bancos de capital extranjero y las sucursales de entidades financieras del exterior están sujetas a estas responsabilidades. Las pruebas de que se trata de un solo conjunto empresario son múltiples, comenzando porque los accionistas son los mismos y los beneficios se transfieren a las casas matrices. Pero aun si se negara esta realidad, existe una sociedad de hecho, comprobada por la propaganda realizada por las filiales con respecto a su solvencia derivada del respaldo de sus casas matrices. Resulta de ello la responsabilidad directa, ilimitada y solidaria que tiene cualquier socio de una sociedad no regularmente constituida (art. 23 de la ley 19.550)2. En estos casos, no sólo responden las casas matrices con sus haberes, sino los socios con sus bienes personales. Miles de ahorristas han tomado debida nota y se organizan para iniciar juicios contra las casas matrices. Si recibieran apoyo desde un Estado que defendiera los intereses del conjunto, sus posibilidades serían mayores.

  1. El fallo más relevante es el dictado en 1971 por el juez Salvador María Lozada en el caso Swift-Deltec, que extendió el concordato preventivo de Swift a otras sociedades del grupo económico estadounidense Deltec International, al que pertenecía Swift de Argentina. Recientemente, esta tesis fue confirmada por el Tribunal Superior de Río Negro, que hizo extensiva a la casa matriz italiana una condena a la Banca Nazionale del Lavoro de Argentina. Ver Salvador María Lozada, “Los bancos extranjeros y sus deberes incumplidos”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2002.
  2. Exposición del profesor Julio Otaegui, en el Instituto de Derecho Comercial de la Universidad Notarial Argentina (25 de abril de 2000).


Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 37 - Julio 2002
Páginas:4,5