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La Iglesia contra los políticosEn un intento de institucionalización de la difundida consigna "que se vayan todos", el Episcopado apuesta en el seno del Diálogo Argentino a la caducidad de todos los mandatos y a la reforma política. La interpelación a la dirigencia política y su protagonismo en la ayuda social, que garantizan a la Iglesia la aprobación de grandes sectores de población, dejan sin embargo incólumes su rol legitimador dentro del Estado, sus tradicionales concepciones sobre las políticas de seguridad y su propio pasado, que algunos sacerdotes cuestionan con valentía.La Iglesia insiste en los últimos meses en la necesidad de renunciar a los reclamos sectoriales, exigencia que constituye en sí misma una fuerte presión sectorial. El Episcopado parte del supuesto de que el determinante de la crisis en Argentina es la ausencia de un proyecto de Nación. Crisis de valores y pecado serían la piedra de toque de la decadencia argentina. Este discurso, explícito en Queremos ser Nación1, se complementa con el reclamo de que los diferentes sectores renuncien a privilegios y prebendas. Ahora bien: ¿no hay proyecto, o la crisis actual resulta precisamente del desarrollo y vigencia del proyecto que impulsó la retirada discrecional del Estado y dejó inermes a amplios sectores de la sociedad?2. Esta situación abrió las puertas para el avance social de la Iglesia, que en la actualidad no sólo se hace cargo de los pobres, sino que hasta emite bonos de trueque para la distribución de la ayuda social. Según el economista Marcelo Lascano, la Iglesia se legitima ante la sociedad porque “da de comer”. Pero habría que preguntarse por qué persiste la ambigüedad en el discurso eclesiástico: se cuestionan las formas políticas parlamentarias y se incentiva un diálogo sectorial que evoca una armonía corporativa; se denuncia la inhumanidad del capitalismo, pero sólo en referencia a sus formas políticas liberales. Al mismo tiempo, la Iglesia no parece dispuesta a renunciar a que el Estado la sostenga económicamente3, ni a cuestionar el rol legitimador que en tanto institución cumple dentro de éste. Es sintomático que conforme se profundizan las críticas a los políticos, se diluyen las posiciones eclesiales respecto de sectores como las Fuerzas Armadas y de seguridad y de lo que genéricamente se podría llamar “los ricos”. En la medida en que se sigue interpretando la crisis argentina desde la noción de pecado, quien se arrepiente es perdonado. El cardenal Jorge Bergoglio aludió en una homilía a la conversión de Zaqueo, un rico recaudador de impuestos al que Jesús elige en Jericó, según San Lucas. El camello pasa por el ojo de la aguja, los ricos pueden entrar en el reino de los cielos: la conversión, el arrepentimiento y el sacrificio compartido. El Diálogo Argentino, con representación eclesiástica ampliada de tres a seis miembros pero en estado de agonía desde febrero, apuesta a que se lleve adelante la reforma política y la caducidad de todos los mandatos, en un intento de institucionalizar el reclamo popular de “que se vayan todos”. En tanto, sectores influyentes de la Iglesia, como el cardenal Raúl Primatesta, sabotearon la participación de la Iglesia en el Diálogo y su secretario Guillermo García Caliendo difundió un documento fuertemente crítico4. Según sus alocuciones individuales, los obispos pueden ser clasificados como “solidarios” o “batalladores”. Los primeros, como Jorge Casaretto o Estanislao Karlic, insisten en la necesidad de solidaridad entre los argentinos; los segundos, como Bergoglio o Carmelo Giaquinta, han adoptado un lenguaje agresivo, caracterizando la situación nacional como una sorda guerra que se libra en las calles. Esta asimetría en la toma de posiciones adquiere más relevancia cuando se verifican avances en las posiciones relativas de las Fuerzas Armadas5; varios obispos advierten acerca de la violencia creciente producto de la pobreza y sobre irresponsables que “juegan a la guerra civil”6; a todo lo cual se suma la denuncia de venta de armas de guerra en el Gran Buenos Aires7. La Comisión Permanente del Episcopado advirtió acerca de nuevas expresiones de protesta social que pueden ser “causa de preocupación, pues hieren directamente los derechos de terceros y pueden desembocar en un ambiente de anarquía generalizada”8. El 24 de marzo último caceroleros y asambleístas le hicieron un “escrache” al cardenal Juan Carlos Aramburu ante su domicilio en Buenos Aires, lo que provocó la inmediata condena de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que adujo que Aramburu procuró “la libertad de las personas y el efectivo respeto de los derechos humanos cuando fueron conculcados por la represión ilegal y por la violencia guerrillera”9. El solitario y consecuente párroco de Villa La Angostura, Rubén Capitanio, respondió el 26 de marzo pasado enviando una carta a la CEA, en la que denuncia la complicidad del cardenal con la dictadura militar (ver recuadro). Es en el contexto de agudización de las pugnas corporativas propio de los períodos de crisis donde la Iglesia impone su agenda desde una supuesta imparcialidad. El debilitado poder político da lugar a la discrecionalidad de las presiones sectoriales. En primer lugar, las de la Iglesia, uno de los actores predominantes en la sociedad argentina.
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