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Putsch químico estadounidense

El 22 de abril de 2002, luego de una pulseada que duró varias semanas, Estados Unidos obtuvo la destitución del director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), el brasileño José Mauricio Bustani 1. La política que dio lugar a su desplazamiento, parte de una ofensiva de Washington para controlar la OPAQ, promete extenderse a otras organizaciones internacionales.

La exclusión de Bustani, veterano diplomático, experto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarme, que dirigía la OPAQ desde 1997, y que en 2001 había sido reelegido de manera unánime por los 145 Estados miembros, fue motivada por las acusaciones de “gestión desastrosa” y de “falta de transparencia, de responsabilidad y de discernimiento”. Estados Unidos le imputaba además la responsabilidad por la crisis que atraviesa la OPAQ, denunciando “sus actitudes caprichosas y arbitrarias”.

Sin embargo, su caída se explica por la voluntad de Washington de controlar la OPAQ, a fin de favorecer una política de enfrentamiento con Saddam Hussein. En efecto, el “crimen” de Bustani consiste en haber querido persuadir a Bagdad de firmar la Convención para la prohibición de las armas químicas. Desde su nominación, el funcionario procuraba convencer no sólo a Irak, sino también a Libia, Siria y Corea del Norte de integrar la organización por él dirigida. A su entender, Irak, en tanto que país miembro debería someterse a las inspecciones que regularmente efectúa la OPAQ en las fábricas químicas de cincuenta países. Como la Convención obliga además a sus firmantes a destruir sus armas químicas, el arsenal iraquí habría podido ser neutralizado en ese marco.

Pero la administración republicana no podía aceptar ese acercamiento, pues dicha adhesión habría privado a Washington de motivos válidos para lanzar una acción militar contra el régimen iraquí. Por otra parte, la actitud independiente de Bustani, que trataba de proteger a los miembros de la OPAQ de las imposiciones de las grandes potencias, y su intención de hacer inspeccionar por sus equipos las fábricas químicas de Estados Unidos, irritaba notablemente al entorno de George W. Bush. Además, el diplomático brasileño había organizado un programa de cooperación entre la OPAQ y los países pobres desprovistos de industrias químicas (y por lo tanto sin inconvenientes para firmar la Convención). Ese programa, que brindaba doce becas universitarias anuales en el Reino Unido para ingenieros del Tercer Mundo, apuntaba a permitirles –de regreso en sus países– crear una industria química nacional.

Los legisladores estadounidenses habían demorado la firma de la Convención sobre la prohibición de armas químicas. A pesar de que Estados Unidos fue el inspirador del texto, fueron necesarios tres años para convencer al Congreso. William Clinton utilizó el peso de su prestigio para obtener el acuerdo de su adversario más obstinado, Jesse Helms, el poderoso presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Un fracaso hubiera afectado seriamente la influencia diplomática de Estados Unidos, que finalmente, el 24 de abril de 1997, se unió a los 74 países que ya habían ratificado la Convención. Pero las resistencias de Washington respecto a la inspección de fábricas estadounidenses por parte de extranjeros se mantuvieron vigentes.

“Desde un comienzo me encontré con problemas”, nos afirma Bustani en La Haya. “Los estadounidenses no aceptan que los funcionarios de la OPAQ puedan investigar en su país. A menudo, ni siquiera tenían acceso a las fábricas químicas. En tales condiciones no era posible verificar si las mismas fabrican productos químicos con fines pacíficos. El principal problema era el análisis de las muestras tomadas. Era prácticamente imposible hacerlas analizar en laboratorios que no fueran estadounidenses, por lo que no teníamos ninguna garantía de que los resultados no fueran falsificados. Tampoco admitían que durante una inspección pudiese decidirse una intimación. A cada inspección querían cambiar las reglas de juego”.

Los inspectores –percibidos por Washington como potenciales espías– insistían cada vez más para que Estados Unidos respete la Convención, lo que aumentaba la irritación de los estadounidenses. Pero, como lo subraya Bustani, “en la época de Clinton yo percibía un poco de mala voluntad. Sin embargo, podíamos cumplir con nuestro trabajo. Los verdaderos problemas comenzaron a principios de 2001, algunas semanas después de la llegada de la administración republicana a la Casa Blanca”.

Entró entonces en escena John Bolton, subsecretario de Estado para Asuntos de Seguridad Internacional y para el Control de Armas. Ese conservador, ex consejero de Ronald Reagan y de la Heritage Foundation, nunca ocultó su oposición a la participación estadounidense en las agencias multilaterales, en particular en las Naciones Unidas. “Designar a Bolton para ocuparse de las cuestiones de desarme, era como nombrar a un pirómano como director de una fábrica de petardos. Para tener una idea de su rigidez basta recordar sus durísimas posiciones en la negociación sobre el control de armas nucleares con los rusos, o su compromiso a favor del proyecto ‘Guerra de las Galaxias’”, afirma el analista Ian Williams2.

Apenas designado, Bolton llamó por teléfono a Bustani pidiéndole su renuncia. “Me llamó para darme órdenes”, asegura Bustani. “Quería que yo cerrara los ojos sobre los resultados de ciertas inspecciones realizadas en Estados Unidos. Exigía que yo designara representantes estadounidenses en ciertos puestos de la Organización, para contar con más poder. Durante los siete años que pasé al frente de la OPAQ, sufrí presiones de países miembros, como Alemania, sin ceder en ningún caso. Tampoco hice concesiones a Bolton”.

En marzo de 2002 Bolton llega a La Haya con un mensaje, relata Bustani: “Washington exige que usted renuncie a la OPAQ mañana, antes de la reunión del Consejo Directivo. Y que abandone Holanda inmediatamente”. Cuando Bustani pide explicaciones, la respuesta es áspera: “Su estilo de gestión no gusta”.

En esa cruzada, Estados Unidos no dudó en enrolar a Kiribati, un país formado por 30.000 diminutas islas del Pacífico, diseminadas sobre 3 millones de km2, cuyo ingreso por habitante llega apenas a 850 dólares anuales, gracias a la exportación de bananas, cocos y batatas… Kiribati, firmante de la Convención, sin haber pagado jamás sus cuotas, fue invitado por Estados Unidos a participar de la destitución de Bustani. Durante la asamblea general extraordinaria, su delegado comenzó pagando la deuda que su país tenía con la organización. Luego votó contra el director general. Por último aplaudió el feliz desenlace del combate.

La revocación del diplomático brasileño aparece como la primera de una serie que hará caer otras cabezas en las organizaciones multilaterales. “Las reglas de esas organizaciones prohíben la renuncia del director general, con el objeto de brindarle toda la independencia y la libertad que necesita para ejercer sus funciones. No puede sentirse amenazado ni someterse a la voluntad de los Estados miembros, por más importantes que sean. Sólo puede perder su puesto en ocasión de una nueva elección”, protesta amargamente el diplomático. Estados Unidos logró realizar en el seno de la OPAQ lo que el diario británico The Guardian calificó de “golpe de Estado químico”3. A la espera de la designación de un nuevo director general, el vicedirector general, el australiano John Gee, heredará las funciones de Bustani.

Según Ian Williams, otros dirigentes de organizaciones internacionales están en la mira de la Casa Blanca: Mary Robinson, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; Hans Blix, responsable de la Comisión de Control, de Verificación y de Inspección de la ONU (Cocovinu); Terje Roed Larsen, mediador de la ONU en las negociaciones de Oslo, y Peter Hansen, comisionado general de la Oficina de la ONU para la ayuda a los refugiados palestinos (Unrwa). Williams cita incluso el caso de Kofi Annan, cuyas recientes iniciativas para contener a Ariel Sharon cayeron muy mal. “No sería raro –afirma– que la administración estadounidense inicie una campaña para obligar al secretario general de las Naciones Unidas a dejar su cargo.”

  1. Por 48 votos a favor, 7 en contra y 43 abstenciones (entre ellas la de Francia), es decir, una mayoría de dos tercios a favor de la moción de destitución presentada por Estados Unidos.
  2. “The US Hit List at the United Nations”, Foreign Policy in Focus, Silver City-Washington, 30-4-02. http://www.foreignpolicy-infocus.org/
  3. 16-4-02.
Autor/es Any Bourrier
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 37 - Julio 2002
Páginas:12
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Tecnologías, Armamentismo, Militares, Justicia Internacional, Estado (Política), Geopolítica
Países Estados Unidos